El Gobierno aprueba su tercera reforma financiera
Y la venden como ‘gratis total’…
Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos han “vendido” la tercera reforma financiera del Gobierno señalando que no “costará ni un euro al contribuyente” y que con ella "se previene al sector de futuras crisis bancarias". La norma aprobada en el Consejo de Ministros articula el armazón del ’banco malo’ que tendrá un plazo máximo de 15 años para vender sus activos.
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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la tercera reforma financiera, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros –y que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso–, culmina la reestructuración del sector y se hace con un objetivo "básico y fundamental: que no cueste ni un euro al contribuyente".
"Que sea una reforma que, aprovechando la ayuda de la UE, pueda solventarse sin coste", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional", ha insistido.
Según la portavoz, ésta es una regulación muy "completa" que diseña los mecanismos necesarios para la prevención y resolución de crisis bancarias futuras, y con la que se conseguirá el "imprescindible" objetivo de sanear el sistema financiero para que se pueda recuperar el crédito y, así, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Sáenz de Santamaría también ha asegurado que el decreto ley incluye medidas "de calado" para la protección de los inversores, y que conseguirá dinamizar el mercado inmobiliario con la creación de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) para que el sistema inmobiliario pueda "hacer la digestión" de su stock, sacando la vivienda acumulada a la venta "a precios razonables".
Además, con las medidas incluidas en el decreto se da cumplimiento a las condiciones incluidas en el Memorándum de Entendimiento sobre el rescate bancario de la UE, y también se "adelanta" la adaptación a la legislación española de directivas comunitarias actualmente en tramitación.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ofrecido explicaciones más pormenorizadas sobre los contenidos del decreto, que incluye seis tipos de medidas: para gestionar crisis bancarias, regular el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzar la protección de inversores, dar marco legal al ’banco malo’, definir cómo se reparten los costes de las reestructuraciones y otros aspectos de requerimientos de capital o remuneraciones.
"Es una norma muy importante, compleja y extensa, que se ha elaborado con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye una pieza legislativa que modifica sustancialmente el entramado de supervisión y prevención de las crisis bancarias", ha añadido, asegurando que si estos instrumentos ya existieran "la crisis se podría haber abordado de una forma completamente distinta".
GESTIÓN DE CRISIS
Así, se prevén tres posibilidades de gestión de crisis: en los casos de entidades con dificultades "leves" y capacidad de recuperación en "no más de dos años" habrá una "actuación temprana" con la sustitución de los consejos de administración, planes de reestructuración de la deuda e incluso la posibilidad de intervención del FROB.
Para las entidades que necesiten recursos durante un máximo de cinco años (prorrogables dos más) se prevé ayuda financiera en diferentes modalidades, así como el traspaso de los activos deteriorados al ’banco malo’.
La novedad que introduce el decreto es la posibilidad de acometer una resolución ordenada de entidades con problemas que no se pueden resolver en un plazo razonable. En estos casos se procederá a la sustitución inmediata de los órganos de administración y la intervención del FROB, que elaborará planes de resolución incluyendo medidas como la transmisión de los de productos con problemas al ’banco malo’ para dejar los activos y pasivos sanos en un ’banco puente’ que intente venderlos para "minimizar los costes".
NUEVO FROB
El FROB será, según el ministro, el "nuevo protagonista" junto con el Banco de España en todos estos procedimientos. Para ello, se refuerzan sus competencias y se le dota con mayor presupuesto a cargo de las arcas públicas. Además, también podrá financiarse con deuda hasta un máximo de 120.000 millones de euros este año, frente a los 99.000 millones fijados hasta ahora.
Para optimizar su funcionamiento, el FROB dejará de contar con el sector privado en sus órganos gestores y no realizará más aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El Fondo tendrá una comisión rectora formada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y del Banco de España, y contará con un director general nombrado por Economía a propuesta del Banco de España, con plenas funciones ejecutivas. También tendrán una función consultiva representantes de la Intervención y la Abogacía General del Estado, aunque sin voto.
"Es fundamental que haya un control y una transparencia absolutos en sus actuaciones, lo que se consigue con un control financiero permanente de la Intervención. Además, trimestralmente el presidente del FROB –que también es subgobernador del Banco de España– irá a la Comisión de Economía del Congreso", ha apostillado De Guindos.
REPARTO DE LOS COSTES
Con respecto al reparto de los costes de los procesos de reestructuración no habrá, según el ministro, modificaciones sustanciales, manteniéndose la normativa europea de competencia que prevé que los canjes máximos sean a precios de mercado más un 10%. Esto sólo afecta a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.
“La única novedad es que, cuando el FROB considere que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente, podrá imponer un ejercicio de canje determinado", ha precisado De Guindos. El objetivo de estas excepciones es "minimizar el impacto de los costes para el contribuyente" y que sean los accionistas y acreedores los que "paguen" las crisis bancarias.
Con respecto a los afectados por las participaciones preferentes no se incluye ninguna normativa, pero sí se regula "con todo tipo de cautelas" la venta de estos productos a futuro. Así, se exigirá que al menos el 50% de la colocación de productos complejos se haga en inversores institucionales, que determinarán las condiciones exactas de los ahorradores individuales. Además, habrá límites en las diferentes inversiones y los clientes minoristas deberán firmar de su puño y letra una declaración de conocimiento de riesgos.
EL ’BANCO MALO’
El decreto incluye también la creación del ’esqueleto’ del ’banco malo’ en el que se aglutinarán los activos problemáticos de las entidades intervenidas, que en principio serán las únicas que puedan acceder a este sistema para conseguir "mayor solvencia" y un "balance más saneado".
Esta Sociedad de Gestión de Activos, que debe estar en funcionamiento a principios de diciembre, enajenará los activos por un plazo de entre 10 y 15 años para venderlos posteriormente y recuperar el máximo posible de su inversión, ya que debe ser una entidad "viable".
Antes de que entre en funcionamiento se deberá redactar un reglamento donde se determine cómo se financia la SGA –habrá una participación minoritaria del FROB y otra mayoritaria de inversores privados–, qué tipo de activos se transfieren y la metodología para calcular sus precios. Éste es el punto clave del proceso, ya que de la valoración dependerá que la sociedad incurra en pérdidas o no, si bien para De Guindos las últimas reformas y el incremento en las provisiones obligatorias "facilitará" el procedimiento.
El resto de medidas eliminan la "extracontribución de los depósitos de alta remuneración" para evitar la venta de pagarés, que implican menos protección para los consumidores al no estar cubiertos por el FGD; elevan los requerimientos de capital al 9%, traspasan competencias sancionadoras y de autorización al Banco de España y reducen las retribuciones a directivos.
Para Izquierda Plural con el ’banco malo’ se está ’socializando la estafa’
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha manifestado su rechazo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley que regula la creación del "banco malo" ya que a su juicio con ello se "socializa la estafa".
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A través de su Twitter, Lara señala que "banco bueno o banco malo (el Gobierno) quiere socializar la estafa" y critica que la solución que se ofrece es que "el agujero de unos lo paguemos todos". "El banco bueno pasa activos tóxicos al banco malo. El valor al que los pase fijará si paga las pérdidas el bueno o el malo. Siempre el Pueblo", añade.
Por su parte, el portavoz económico de la Izquierda Plural en el Congreso, Alberto Garzón, critica también a través de la red de microblogging la solución propuesta por el Ejecutivo para la crisis bancaria porque, a su juicio, "es un mecanismo que limpiará las pérdidas de los bancos con nuestro dinero".
"El banco malo es reflejo de un Gobierno terrible. Todos los activos inmobiliarios deberían pasar a un banco bueno que forme un stock de viviendas para alquiler público barato", añade el diputado malagueño.
Por su parte, el secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, denunció que la que supone la tercera reforma financiera del Partido Popular en tan sólo nueve meses sólo tiene un objetivo: "pasar a los ciudadanos la factura de los problemas de las entidades financieras".
"El denominado ’banco malo’ impuesto por Bruselas significa que todos vamos a tener otro ’repago’, esta vez por las deudas tóxicas de bancos y cajas", señaló.
García Rubio advirtió de que "este ’repago financiero’ "se va a hacer por partida doble". "Primero, porque es el Estado, es decir, con el dinero público de los contribuyentes, quién devolverá los créditos que se desbloqueen para ayudar a la Banca. Ahora, en segundo lugar, mediante la creación de este ’banco malo’ que recibirá los activos tóxicos del sistema financiero. Es una operación que se financiará, directa o indirectamente, mediante recursos públicos que pagaremos todos", añadió.
COSCUBIELA SEÑALA QUE LA REFORMA ES UN FRACASO DEL GOBIERNO
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha afirmado que la reforma financiera aprobada por el Gobierno este viernes prueba "el fracaso" del Gobierno que preside Mariano Rajoy y evidencia que España ya está intervenida.
En un comunicado, ha criticado también que no se haya detallado cómo se valorarán los activos tóxicos, y ha advertido de que, en función del precio al que el ’banco malo’ compre estos activos a los bancos actuales, puede generar pérdidas "que al cabo de los años deberán ser sufragadas por el erario público".
Para el diputado ecosocialista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, "mienten otra vez cuando dicen que la creación del ’banco malo’ no costará ni un euro a los ciudadanos".
"Estaremos vigilantes y exigiendo la transparencia para evitar que el proceso acabe con una orgía de beneficios privados y un nuevo agujero de recursos públicos", ha continuado Coscubiela.
El diputado de ICV ha reclamado que el ’banco malo’ debe ser una oportunidad para hacer políticas públicas de vivienda, como por ejemplo, utilizar las viviendas compradas como activos tóxicos para hacer políticas públicas de alquiler.
El PSOE contrario a que el ‘banco malo’ socialice pérdidas
La Secretaria de Política Económica, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha manifestado la oposición del PSOE a la creación de un banco malo contemplado en la reforma financiera aprobada en el Consejo de Ministros “que sirva para socializar las pérdidas de la burbuja inmobiliaria”.
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Para Rodríguez-Piñero, esta tercera reforma está hecha “al dictado de Bruselas” y supone que el Ejecutivo ha perdido “toda la soberanía en materia de política monetaria y financiera”. Una reforma, ha señalado, que tiene lugar después del “fracaso” de las dos primeras para resolver un problema “en gran parte generado por el propio Gobierno como consecuencia de poner en riesgo a todo el sector financiero y de la pésima gestión realizada con Bankia” que ha sembrado de dudas “la solvencia del conjunto del sector financiero”.
Piñero ha denunciado que el Gobierno ha señalado que el mismo Ejecutivo que había negado que fuera a crear esta entidad es el que hoy ha dado luz verde a su establecimiento, y que no se habían dado garantías de que no vaya a costar dinero a los contribuyentes.
La dirigente socialista ha lamentado que el Ejecutivo haya planteado este Real Decreto de reforma financiera sin haberlo hablado y debatido antes con el principal grupo de la oposición parlamentaria, lo que refleja “la falta de cultura democrática del PP”.
Respecto a los últimos datos de salida de capitales que se han conocido recientemente, Rodríguez-Piñero ha exigido al Gobierno que rectifique su política económica, que trabaje por recuperar la confianza de los mercados y que detenga “esta sangría”.
En clave europea, Piñero ha demandado al Gobierno que exija a Alemania que “deje de interferir en la autonomía del Banco Central Europeo” a través del Bundesbank. Y que Rajoy sea “firme ante Merkel para defender Europa y, sobre todo, para defender los intereses de España en Europa”. El PSOE aconseja al jefe del Ejecutivo que “busque muy bien” quiénes son “nuestros aliados; y desde luego Hollande es el que más está haciendo por defender los intereses de España y por defender un modelo de Europa que es por el que apostamos todos los socialistas”.
Por último, Rodríguez-Piñero ha puesto en cuestión la subida del IVA que entra en vigor mañana, que sucede “en el peor momento para las familias españolas” y que ha decidido un gobernante, Rajoy, que dijo de la subida que aprobó el PSOE que era “un sablazo” para las familias. Piñero se preguntó qué tendría que decir ahora Rajoy de un incremento del gravamen que va del 4 al 21% en algunos casos, como la tasa que se pasará a abonar por el material escolar.
