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PRENSA

Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, junto con los “ingenuos”que a estas alturas aún les creen…

Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, junto con los “ingenuos”que a estas alturas aún les creen…

El PP asegura que los españoles asumirán los recortes porque «las cosas están muy mal»

Mariano Rajoy desvelará el miércoles en el Congreso los nuevos ajustes, que afectarán a funcionarios, parados y pensionistas y que traerán más impuestos

Foto: Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los diputados.

La Nueva España.

El portavoz del PP, Alfonso Alonso, aseguró ayer que el presidente Mariano Rajoy debe seguir adoptando medidas de ajuste «difíciles» para que España pueda salir de la crisis y que los ciudadanos «están dispuestos a recorrer ese camino» y a «confiar» en el Gobierno porque «las cosas están muy mal».

Alonso culpó de todo a la «mala gestión» de los socialistas, que han dejado una «herencia» de más de cinco millones de parados y un grave problema de «desviaciones en las cuentas públicas». El dirigente popular aludió a una foto del anterior presidente del Gobierno participando en una carrera en Edimburgo. «Zapatero ahora se dedica a hacer medias maratones, pero con lo que nos ha dejado tendremos que hacer varias maratones para sacar el país adelante».

Para que España vuelva a «crecer» y «a la senda de la creación de empleo» para el próximo año será necesario adoptar ahora nuevas medidas «difíciles», sobre las que no ofreció más detalles. «Los ciudadanos están dispuestos a recorrer ese camino con nosotros y a confiar en nosotros para salir de la crisis», añadió. Alonso abogó por actuar con determinación para que la crisis no se convierta en un problema «crónico».

En la misma línea, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que al llegar a Moncloa se encontró «un descontrol general en las cuentas públicas» y que el Ejecutivo trabaja para que la protección social y el Estado del bienestar sufran la menor merma posible con los ajustes.

Sobre la próxima subida del IVA, afirmó que el Gobierno trabaja en reformas para fortalecer la consolidación fiscal, dinamizar la economía, liberalizar servicios y elevar la seguridad jurídica. La Vicepresidenta añadió que el Estado autonómico debe «cambiar de chip» y «ponerse a punto», y que ahora le toca a la Administración local. «Hay que definir mucho más las competencias y los recursos sin solapamientos», dijo.

En esta semana crucial para el país, Mariano Rajoy anunciará los primeros tijeretazos para afrontar una reducción de gastos de 30.000 millones. Será a partir de mañana, martes, cuando los socios europeos concreten si dan un año más España para situar el déficit en el 3 por ciento. El Presidente avanzará el miércoles en el Congreso el calendario de los nuevos ajustes y el alcance de la subida del IVA, la eliminación de la deducción por la compra de viviendas, recuperada hace seis meses, la bajada del salario a los funcionario, la congelación de pensiones y el recorte del subsidio de paro.

Todo lo anterior supondrá que los Presupuestos de 2012 que entraron en vigor el pasado día 1 habrán durado una semana. El Gobierno tiene sobre la mesa subir el IVA del 8% al 18% e implantar el «céntimo verde» sobre los hidrocarburos, quitar la paga de Navidad y otros complementos a los empleados públicos, así como suprimir puestos de interinos laborales, especialmente de ámbito universitario. A los parados se les reducirá la duración de la prestación y la perderán en cuanto rechacen una oferta de trabajo. Se acelerará el retraso de la jubilación a los 67 años o se irá más allá en la extensión el período de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años y ampliarlo a toda la vida laboral. Antes de agosto se permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos. El plan afectará a Renfe, Aena, Puertos y Paradores e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las regiones. Habrá desinversiones en empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España.

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Una reforma que en realidad es toda una derogación de la Ley de Dependencia…

Una reforma que en realidad es toda una derogación de la Ley de Dependencia…

Casi 9.000 asturianos quedarán sin ayuda con la reforma de la Ley de la Dependencia

Colectivos de afectados negocian para impedir que Sanidad apruebe el decreto que deja fuera los casos leves y obliga a los menores a pagar

09.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

Casi 9.000 asturianos pueden quedar mañana sin la ayuda a la que tienen derecho hoy. Porque mañana el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad buscará el visto bueno del Consejo Territorial de la Dependencia -donde están presentes todas las comunidades autónomas- al polémico real decreto que supondrá, previa aprobación el viernes del Consejo de Ministros, la reforma integral de la Ley de la Dependencia.

Tal y como ya adelantó EL COMERCIO, el borrador de decreto elaborado por el equipo de Ana Mato -al que ha tenido acceso este periódico- incluye, entre otras medidas, que las personas con dependencia leve verán retrasada su entrada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Es decir, todos los que dispongan de un dictamen de grado I, en sus niveles 1 y 2. A ellos no les llegará hasta 2015 la cobertura - teleasistencia, centro de día, ayuda a domicilio o plaza residencial - que el actual texto legal, en vigor desde abril de 2007, les da hoy.

En esa situación, con dictamen de grado I, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dice que en junio había 8.801 asturianos. La cifra hoy en día puede superar ya los 9.000, ya que el Imserso aún no ha actualizado las estadísticas correspondientes a julio.

Por si fuera poco, en Asturias a ese elevado volumen de casos condenados a esperar por asistencia a la dependencia hay que sumar casi otros tantos, ya que 8.630 expedientes también se verán afectados si mañana las comunidades autónomas aprueban el real decreto ministerial.

Lo serán porque la luz verde a la reforma supondrá que la ley quedará paralizada durante un año, con lo que los 3.057 asturianos que aguardan a que se valore su grado de dependencia deberán seguir esperando, al menos, doce meses más por la visita del valorador.

En su espera se encontrarán con las 5.653 personas que, en estos momentos, tiene el Principado en la situación que el Observatorio de la Dependencia denomina 'limbo': las que ya saben que tienen derecho a una ayuda o prestación, porque así lo dice el dictamen oficial que han recibido, pero por retraso de la Administración regional aún no la perciben.

En total, serán cerca de 20.000 expedientes los que se verán bloqueados por esta propuesta de reforma de la Ley de la Dependencia, contra la que ya se han manifestado tres comunidades autonómicas. Asturias, junto con Andalucía y el País Vasco, harán frente común ante la propuesta de Ana Mato, un frente que no se limitará a intentar mañana modificar el decreto sino que incluirá, según anunció la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, la exministra Trinidad Jiménez, acudir a los tribunales.

Reuniones in extremis

Pero no serán sólo las tres comunidades con gobierno socialista las únicas que se movilicen contra el real decreto. Los colectivos de afectados, que ya pusieron el grito en el cielo nada más conocerse el borrador, están trabajando de forma intensa durante todo el fin de semana, a la espera de convencer a los autores de la reforma de los inconvenientes de la misma.

A las organizaciones de discapacidad les gusta poco el retraso hasta 2015 de la cobertura a la dependencia leve, pero aún les gusta menos la universalización del copago. Tal y como adelantó este periódico, el real decreto extiende el copago a las rentas de 400 euros al mes e incluye a los beneficiarios menores de edad, lo que supone que, en toda España, 32.996 menores de 18 años tendrían que sufragar parte del servicio que reciben.

El problema es que no lo harán ellos, sino sus padres, afectados por otra medida que también enfada a los usuarios: la inclusión de la vivienda familiar en el cómputo de patrimonio. Los colectivos de discapacidad ya han dicho que esta reforma de la Ley de la Dependencia es, en realidad, su derogación.

El Principado adeuda 1,5 millones de euros a los geriátricos concertados

La petición del pago la hará hoy a la consejera de Bienestar Social su exvicealcalde en Langreo, Paulo González

09.07.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

«La deuda sigue en pie. El Principado no nos debe un millón, la cifra ya llega a 1,5 porque se retrotrae al 1 de enero de 2011. Todos los gobiernos han dicho que nos pagarían; el último, el de Foro Asturias, pero ninguno lo ha hecho. El de Foro dejó la resolución aprobada, pero no llegó al Consejo de Gobierno». Jesús Kocina, directivo de la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), resume de esta manera lo que hoy la patronal geriátrica asturiana que más plazas concertadas aglutina le planteará a la nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda: «¿Cuándo nos pagará?».

Se refiere a la deuda que el Gobierno regional mantiene con todos los geriátricos privados en los que concierta plazas, una deuda basada en la actualización de los precios que fija el propio Principado. El equipo de Izquierda Unida en Bienestar Social confirmó en 2011 que tenían derecho a la actualización, pero la resolución confeccionada por ellos no ha recibido aún el visto bueno.

No obstante, no será Kocina quien hoy plantee la cuestión a la consejera de Bienestar Social y Vivienda. La socialista Esther Díaz escuchará la petición de un viejo conocido, el que fue su vicealcalde en el Ayuntamiento de Langreo: Paulo González.

Paradójicamente, quien también suma en su tarjeta de visita la Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad -con la que el PSOE retomó en 2008 la aplicación de la Ley de la Dependencia que IU había puesto en marcha en Asturias en abril de 2007- es hoy el representante de Ascege, asociación en la que está integrado La Serena, centro para el que González trabaja en la actualidad.

78 plazas en el aire

Desde su nuevo puesto, González reclamará a su exalcaldesa no sólo el pago de la deuda por el coste de la plaza concertada sino, también, la aclaración de qué ocurre con las 78 que estaban pendientes de actualizar. Según explicó Kocina, «el 1 de junio ya se tenía que haber publicado la actualización del contrato de 78 plazas en vigor. Nos dijeron que lo harían el 1 de julio, pero tampoco ha sido así. Tenemos mucho que aclarar». Lo harán Díaz y González.

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Desde luego que hay otras alternativas, el problema es que no hay ninguna voluntad en el PP de ir por otra vía…

Desde luego que hay otras alternativas, el problema es que no hay ninguna voluntad en el PP de ir por otra vía…

Modificar el IVA, las pensiones y los sueldos de funcionarios recaudaría menos que un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades

Los recortes pedidos por las Instituciones Europeas se podrían conseguir igualmente con la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades.

nuevatribuna.es

La aprobación de las medidas de ajuste que desde las Instituciones Europeas se exige a España para cuadrar su déficit, como son la subida del IVA, el recorte de los sueldos de los empleados públicos o la congelación de las pensiones, tan sólo aportaría una recaudación de 14.000 millones de euros anuales, cifra que se podría conseguir igualmente con la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con beneficios por encima del millón de euros, según señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De este modo, el colectivo GESTHA indicó que el alza del IVA, de los Impuestos Especiales y de otros impuestos indirectos tan sólo elevaría en unos 8.000 millones de euros la recaudación del Estado, mientras que el recorte del 5% del sueldo a más de 2,6 millones de empleados públicos en el conjunto de Administraciones supondría un ahorro de 4.500 millones de euros. Por su parte, la congelación de las pensiones (tanto las contributivas de la Seguridad Social como de las clases pasivas) a más de nueve millones de pensionistas únicamente se traduciría en 1.530 millones de euros.

Pese al teórico impacto positivo para las arcas públicas, la puesta en marcha de estas medidas reduciría notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, Gestha considera que la subida del IVA es "injusta" en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y es "regresiva" porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA –que grava el consumo–, los segundos además tienen posibilidad de ahorrar, sobre lo que no se aplica este impuesto.

Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas, quienes a su vez sufrirían una nueva congelación de sus ingresos pese a ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte los empleados públicos tendrían que soportar una nueva rebaja de sueldos que vendría a sumarse a la rebaja de 2010 y a las congelaciones aprobadas en anteriores legislaturas, creando un efecto ’bola de nieve’ que reduciría drásticamente su calidad de vida desde el estallido de la crisis.

Alternativas con mayores ingresos

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social.

De este modo, bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales –declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas– para elevar los ingresos en 13.943 millones de euros anuales, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

Sin embargo esta no es la única alternativa: la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravase este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, generaría unos 4.500 millones. Por su parte, la compra de Deuda Pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reduciría en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.

¿Se atreverán en Portugal a quitar las pagas extras a todos los trabajadores, y en España si van por ese camino y el T. Constitucional mantiene ese mismo criterio de que es discriminatorio?

El Tribunal Constitucional de Portugal ve discriminatorio el recorte del sueldo a los funcionarios

El Tribunal Constitucional de Portugal ha determinado que la eliminación de las pagas extra a los funcionarios supone una medida discriminatoria y perjudica a los empleados públicos frente a los del sector privado.

nuevatribuna.es

El Gobierno acordó revisar las pagas de verano y Navidad de los funcionarios dentro del plan para acceder al plan de rescate y cumplir con su objetivo de déficit presupuestario, fijado para este año en el 4,5 por ciento.

Nueve de los doce jueces del Constitucional han resuelto que el sacrificio no puede aplicarse únicamente al sector público, lo que no evitará que la eliminación de pagas se aplique este año como estaba previsto.

Passos Coelho ha reiterado este viernes su "compromiso" con el "control del déficit" y, en un mensaje televisado, ha subrayado que su Gobierno adoptará "todas las medidas que sean necesarias" para cumplir los objetivos en materia fiscal. El Ejecutivo estudiará ahora si hacer obligatorios los recortes también para los empleados del sector privado.

El portavoz de la Comisión Europea, Simon O’Connor, ha destacado en rueda de prensa que el Constitucional luso haya autorizado "explícitamente" la aplicación de los recortes para este año, con el objetivo de no perjudicar al país de cara a lograr los objetivos acordados.

"El objetivo para 2012, aunque complicado en un contexto macroeconómico difícil, sigue siendo posible", ha señalado O’Connor, a la espera de que Portugal haga nuevas propuestas para 2013. Para el próximo año, el país luso deberá reducir su déficit hasta el 3 por ciento.

El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Lisboa, Albert Jaeger, ha advertido en un comunicado de que es "especialmente importante" que los presupuestos de 2013 sigan "en línea" con los compromisos de Portugal, que en agosto y septiembre volverá a pasar un examen de la denominada ’troika’ -FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo-.

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Con tanto recorte uno se pierde…

Con tanto recorte uno se pierde…

LO QUE VIENE:

El Gobierno impondrá más recortes adicionales al plan de ajuste del Principado

Las regiones deberán aprobar nuevas medidas tras el Consejo de Política Fiscal de la próxima semana

El Ejecutivo acelera el fin de las mancomunidades

Oviedo, Agencias / Eloy MÉNDEZ, en La Nueva España

Las exigencias de austeridad suman otro capítulo. El Gobierno impondrá más recortes al Principado y al resto de las comunidades autónomas durante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el 12 de julio y que deberá valorar el primer plan de ajustes elaborado por el equipo de Javier Fernández, después del rechazo que encontró el redactado por el anterior Ejecutivo de Foro Asturias. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que las comunidades deberán adoptar «algunas medidas que son imprescindibles» para avanzar en la estrategia de consolidación fiscal y del cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, el gabinete dio los primeros pasos de cara a aprobar la gran reforma de la Administración local, que prevé la supresión de las mancomunidades y la reordenación de competencias.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera servirá para que el Ministerio de Hacienda examine el plan de ajustes presentado por el Ejecutivo regional, de 498 millones de euros. Este documento incluye una importante subida de impuestos, que se aplicará en base a una mayor presión fiscal sobre las rentas altas y mediante la aprobación del tipo máximo en la carga sobre hidrocarburos. Además, también prevé la venta de participaciones públicas de la constructora Sedes, el Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones y el hotel de La Reconquista, así como la supresión del Instituto Regional de Estadística, único organismo público eliminado.

Unos planes que se quedarán cortos a tenor de las exigencias de Hacienda, que ya había transmitido al Principado la necesidad de aprobar unos recortes que llegaran hasta los 616 millones de euros. Por eso, aunque el Ministerio dé por bueno el primer plan autonómico, es seguro que el Ejecutivo asturiano deberá ampliarlo, al igual que el resto de las autonomías, durante las próximas semanas.

También para proseguir con las medidas de ahorro se aprobará el nuevo plan de reestructuración de los gobiernos locales. En este sentido, la Vicepresidenta subrayó ayer que esta reforma se verá reforzada también con la ley de Transparencia, que establecerá que los Presupuestos Generales del Estado fijen los baremos de los sueldos de alcaldes y concejales, como sucede con los del presidente, los ministros y otros miembros de instituciones públicas. El Ejecutivo tiene intención de aprobar con «gran inmediatez», durante este mes, la norma de racionalización y sostenibilidad local, cuyo nombre ha desvelado hoy la Vicepresidenta y que modificará la actual ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.

Por lo tanto, la clarificación de estas competencias y de la estructura afectará a la financiación y la aplicación de las medidas de la ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales y «a las que queden después de ese procedimiento».

En el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado marzo, el Ejecutivo calculaba ahorrar 3.500 millones de euros gracias a la ordenación de las «competencias impropias» y la agrupación de municipios. Según ha avanzado en las últimas semanas el Ejecutivo, la reforma no implicará la eliminación de ayuntamientos, pero sí la supresión de todas las mancomunidades, al considerarlas unas entidades «opacas» por su funcionamiento y atribuciones.

LO QUE HAY ACTUALMENTE:

En respuesta al Gobierno central

El Principado afirma que trabajan con el único escenario de reducir el déficit al 1,5% del PIB

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ante las últimas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo asturiano ha querido destacar que trabaja con el único escenario de reducir el déficit al 1,5% del PIB este año. En este sentido ha indicado que con este propósito, ha elaborado un Plan Económico Financiero que será evaluado en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para este mes pero aún no convocada.

En nota de prensa el Ejecutivo regional ha recordado que el presidente del Principado, Javier Fernández, se comprometió en su discurso de investidura a reordenar el sector público (fundaciones, sociedades y empresas con participación del Principado).

Además han manifestado que el Plan Económico Financiero incide también en esta cuestión y, entre otras medidas, como la revisión del objeto social de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA), la reordenación de los instrumentos de promoción; la supresión del Instituto de Estadística; la enajenación de la participación en Sedes; la enajenación de las participaciones en varias sociedades y la reducción de las aportaciones presupuestarias a la RTPA.

El Gobierno asturiano considera que las medidas propuestas en el Plan Económico Financiero -entre las cuales está la reducción del sector público- garantizan el cumplimiento del objetivo de déficit público previsto legalmente. "Este es el único escenario con el que trabaja en la actualidad el Gobierno asturiano", ha incidido el Principado.

El Principado defiende su plan de ajuste y rechaza cerrar más empresas públicas

Replica a Santamaría que cumplirá el 1,5% de déficit, mientras Foro y PP reclaman una reforma más profunda del sector público asturiano

07.07.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El Gobierno asturiano considera que las medidas recogidas en su plan de ajuste, que incluye cambios en el sector público regional, son suficientes para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB previsto para 2012, por lo que descarta ir más allá, al menos de momento. Es la respuesta del gabinete que lidera Javier Fernández al Ejecutivo central, que el jueves, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apremió a las comunidades autónomas a cerrar de inmediato empresas públicas para poner bajo control sus números rojos.

Es evidente que el Gobierno de Mariano Rajoy intenta presionar a las autonomías para que metan en cintura sus cuentas, acuciado como está por la UE para que España cumpla con los topes de déficit y agobiado por un continuado descenso de los ingresos que deja prácticamente en papel mojado las políticas que se aplican por la vía del gasto. Las palabras de Santamaría urgiendo una reducción drástica del sector público autonómico, integrado por más de 2.300 empresas, entes y fundaciones, se enmarcan en ese contexto. Igual que su aviso de ayer, al término del Consejo de Ministros, de que en el Consejo de Política Fiscal del próximo día 12, en el que se someterá a debate el plan de ajuste de Asturias, se pondrán nuevos deberes a las regiones -léase nuevos ajustes- para intentar cerrar el ejercicio sin desviaciones.

El Principado no quiso entrar en una confrontación abierta con Santamaría pero sí intentó dejar claras algunas cuestiones. La primera, que el plan de ajuste que será evaluado el jueves ya detalla medidas de reordenación del sector público, entre ellas la venta de Sedes, la supresión del Instituto de Estadística, la enajenación de las participaciones en distintas sociedades, la reordenación de los instrumentos de promoción y la reducción de la aportación a la RTPA.

El Ejecutivo recuerda el compromiso de investidura de Fernández de actuar sobre el sector público y pone estas medidas como ejemplo. Estas iniciativas, sumadas al resto de actuaciones que dan forma al plan de ajuste, «garantizan el cumplimiento del objetivo de déficit previsto legalmente». Esto es, que no harían falta decisiones adicionales, al menos de momento. «Se trabaja con el único escenario de reducir el déficit al 1,5% del PIB este año», se remarca desde el gabinete asturiano.

La política del Ejecutivo en materia de sector público no convence a la oposición. Tanto Foro como PP consideran que los socialistas se han quedado cortos en sus propuestas y piden una reforma más ambiciosa y profunda. Aunque con matices.

Foro tiene ya claro dónde actuar. El partido de Francisco Álvarez-Cascos se remite a las propuestas detalladas en su programa electoral, entre las que destaca, por ejemplo, la privatización de la ITV, la supresión de la Sociedad de Recaudación, la fusión de la SRT y Recrea o la integración de Valnalón en el Idepa.

El PP no quiere ir tan lejos de momento y vincula las decisiones a adoptar a un estudio detallado de la situación actual. Pero sí parte de la idea de que el sector público está «sobredimensionado» como consecuencia de los tiempos de ’vacas gordas’, que hay que reducirlo notablemente y que la propuesta del Principado «se queda corta» y es «difusa e inconcreta». Creen los populares que «hay que ir más allá».

La salida a escena de Sáenz de Santamaría no ha gustado a IU. Su coordinador, Manuel González Orviz, ataca el «fundamentalismo neoliberal» del Gobierno central y alerta de que una política de cierre masivo de empresas públicas tendría como consecuencia «más paro y una pérdida de calidad de los servicios».

Orviz destaca además el carácter esencial de entidades públicas como el 112, el ERA, Vipasa o el Idepa y rechaza que se hable de su venta o privatización. «Aquí no tenemos grandes parques de ocio ni cuestiones relativas a negocios prácticamente fracasados», señala el líder de IU abriendo una comparación con otras comunidades autónomas.

UN EJEMPLO DE EN QUE SE TRADUCE LO QUE HAY ACTUALMENTE (aunque hay quienes pretenden que sea peor):

Educación prevé 500 vacantes menos que el año pasado y reduce el calendario escolar

Casi 50 centros de toda Asturias tienen diez o más puestos docentes pendientes de ser cubiertos

El ejercicio 2012-13 comenzará el 13 de septiembre para Primaria y cuatro días más tarde para Secundaria

Oviedo, V. ARDUENGO / E. GARCÍA

Mientras los interinos se manifestaban en la calle en Oviedo, la Consejería de Educación daba marcha atrás y rectificaba el calendario escolar para el próximo curso, calendario que había sido cambiado por la anterior Administración. Ahora, el curso 2012-13 tendrá 175 días lectivos (dos menos que la anterior propuesta) y comenzará el 13 de septiembre para Primaria y el 17 de septiembre para Secundaria.

Se mantienen las vacaciones de Semana Santa a posteriori, es decir, a partir del Lunes de Pascua. La modificación del calendario tiene oficialmente causa organizativa y de dotación de centros, aunque muchos ven en ella un gesto de la nueva consejera, Ana González, hacia los sindicatos docentes.

Las clases han terminado, pero Educación sigue dando noticias. Una, la cifra de 1.759 plazas vacantes (puestos docentes en los que no hay por el momento ningún titular). La concreción de esa cifra marca el inicio de todo el proceso de estructuración de puestos de trabajo.

Esas plazas, que no son el número definitivo, deberán ser ocupadas por personal docente fijo y por interinos. El año pasado la primera convocatoria de plazas superó las 2.200, por lo que se perfila la reducción de personal.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguraron su deseo de que la convocatoria de interinos quede resuelta antes de que finalice el mes de agosto, como viene siendo habitual. Se barajó la fecha del día 27, lunes, para que cada interino sepa cuál va a ser su destino profesional.

Esas 1.759 plazas están muy repartidas, como siempre. En Gijón se convocan unas 270. El IES Concejo de Tineo, con 35 plazas vacantes, es el centro educativo asturiano que más tiene, seguido del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés y el IES La Quintana, de Langreo, con 25 plazas cada uno, y el IES de Llanes, con 23.

En total hay cerca de cincuenta colegios e institutos (incluyendo centros de Educación Especial, centros de arte y conservatorios) que presentan diez o más plazas vacantes. El colegio público con mayor número de plazas es el Aurelio Menéndez, de San Antolín de Ibias, con 19. Responsables del nuevo equipo de gobierno educativo asturiano mantuvieron ayer una reunión con sindicatos (también los de la enseñanza concertada) y padres de alumnos.

En Oviedo, los interinos recuerdan que los recortes afectan a los profesores, a los alumnos, a la calidad de la enseñanza y a quienes estudian para sacar una oposición docente. El día 2 de agosto habrá una nueva movilización -nocturna- en Gijón.

Por otra parte, el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso que viene, 2012-2013, entró ayer en vigor, tras su preceptiva publicación en el BOE.

Unas cincuenta personas se concentraron ayer en Oviedo frente a la Consejería de Educación (en la foto) para protestar por los recortes que sufre el sector de la educación. Los convocantes a estas acciones de apoyo a los interinos, ataviados con camisetas verdes y el lema «Escuela pública de todos y para todos», aseguran que los recortes en Asturias no han sido peores gracias a sus movilizaciones, que se mantendrán en la medida en que el Gobierno regional decida más ajustes.

Suprimir 300.000 empleos, la paga extra de navidad este año y para seguir las dos al año siguiente,… ¿cómo pueden ser tan imaginativos, tal llenos de buenas ideas?

Suprimir 300.000 empleos, la paga extra de navidad este año y para seguir las dos al año siguiente,… ¿cómo pueden ser tan imaginativos, tal llenos de buenas ideas?

El Gobierno estudia quitar temporalmente la paga extra de Navidad a los funcionarios

La Vicepresidenta elude hablar de recortes al confirmar que habrá más reformas y la Generalitat toma en consideración un cuarto tijeretazo

Gif: “Tira y afloja” en La Nueva España de hoy

El Gobierno está valorando suprimir la paga extra de Navidad de los empleados para ahorrar 4.000 millones de euros. Ésta es una de las partidas de gasto del Estado que, según fuentes de la Moncloa, pueden verse reducidas ante el temor de que la caída de los ingresos y las previsiones de recaudación no se cumplan.

Hacienda y el resto de ministerios estudian nuevos recortes para evitar que el objetivo de déficit del 5,3% resulte inalcanzable. Ahí se enmarca la supresión de la paga extra de Navidad de los 2,7 millones de empleados públicos, una medida que, de ser aprobada, no se limitaría a este ejercicio y que se mantendría varios años, según «Cinco Días».

El riesgo de supresión de la extra de Navidad ha saltado a los medios después de que esta misma semana se filtrara que el Gobierno prepara nuevos recortes por valor de 30.000 millones, rebajando los salarios a los funcionarios, recortando las prestaciones a los parados, congelando pensiones y cerrando televisiones públicas.

De consumarse sería el segundo tijeretazo al salario de los funcionarios después de que en 2010 Zapatero se lo rebajara un 5%. Existe además el precedente de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Castilla-La Mancha, que ya metieron la tijera al salario de sus empleados públicos.

Los líderes de CC OO y UGT rechazaron ayer los «estúpidos y malvados» rumores sobre los recortes de las prestaciones a los parados y advirtieron de que con ellos se criminaliza a los que han tenido el infortunio de perder su trabajo.

Los gastos financieros son la única partida que resulta intocable. Está previsto que el 19% del presupuesto de gasto se destine a cubrir los intereses de la deuda. La Seguridad Social participa en 8.900 millones de los Presupuestos y el Gobierno elevará este ejercicio en 1.000 millones el complemento de pensiones mínimas. El Ejecutivo intenta mantener esa partida intacta, aunque no descarta acelerar la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación.

Además, a estas alturas nadie duda de que el IVA subirá. Hacienda reconoce que estudia qué productos que aplican el tipo reducido del 8% pueden pasar al general del 18%. Es el caso de la hostelería, los alimentos elaborados, transporte de viajeros, las entradas de cine y otros eventos culturales o las lentillas y gafas graduadas.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió hablar de recortes en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, confirmó que «van a venir» más reformas de acuerdo con el programa de «cambios profundos» de Mariano Rajoy. El PP acaba de proponer en Castilla-La Mancha reducir un 15 por ciento los ingresos de los interinos, y la Generalitat catalana reconoció que baraja un cuarto tijeretazo y a la vez amenazó con recurrir la ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno andaluz amenazó con responder en la calle al ajuste de 30.000 millones. Por último, Rosa Díez acusó a Rajoy de copiar «lo peor de Zapatero en muy poco tiempo».

Ahorraría unos 4.000 millones

El Gobierno podría quitarle una paga extra a los funcionarios

Se eliminarán 300.000 empleos públicos

El Periodista Digital

El Gobierno eliminará 300.000 empleos públicos con el nuevo plan de austeridad, pero las medidas de Mariano Rajoy no van a quedarse sólo en eso.

Según publican varios medios, el Ejecutivo estaría barajando la posibilidad de retirar una de las dos pagas extra que reciben los funcionarios.

De hacerse efectiva esta medida, que afectaría a la paga extra de Navidad de este año, el Gobierno podría ahorrar unos 4.000 millones de euros. Esta supresión no se limitaría a este ejercicio y se mantendría durante varios años.

Fuentes próximas al Ejecutivo confirmaron a elEconomista que ese nuevo plan de recortes se centrará en tres capítulos básicos de gasto: prestaciones por desempleo, costes de personal de las Administraciones Públicas y las pensiones.

También pensiones y desempleo

Dichas fuentes coinciden en apuntar en que es la materia de desempleo la fórmula que más gusta y está sobre la mesa reducir los períodos máximos de cobro de la prestación por desempleo.

En la actualidad el periodo máximo de cobro del subsidio de paro es de 24 meses y, pese a que no hay plazos definidos, la horquilla que se baraja es rebajar esos dos años a un máximo de 15 o 18 meses.

De esta forma se conseguiría un ahorro del gasto en prestaciones sin tener que tocar la cuantía de la prestación, alternativa que, aseguran, aún no está definitivamente descartada.

Otras alternativas que también resultarían factibles serían la de congelar las pensiones para el año 2013 y recortar o eliminar el periodo transitorio para la jubilación a los 67 años.

Por último, respecto al empleo público, el Gobierno es consciente de que el recorte principal deberán hacerlo las comunidades autónomas.

Por ello, la propuesta que está estudiando el Gabinete pasa por reducir los anticipos de tesorería a las autonomías para obligar a los gobiernos regionales a adelgazar sus costes de personal y a cerrar o privatizar empresas públicas.

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Entrevista a Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

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"El BCE es un lobby de la banca alemana"

En esta entrevista, realizada por estudiantes de Economía de la Asociación de Estudiantes Progresistas de España y cedida a nuevatribuna.es, el profesor Vicenç Navarro explica lo que a su juicio significa la llamada crisis del euro.

nuevatribuna.es

Su voz ha sido una de las pocas voces críticas que han existido del pensamiento económico dominante en los círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos. Su crítica al mensaje que se está promoviendo de que todas las políticas de austeridad en los países periféricos son necesarias para salvar el euro ha sido un ejemplo de esta voz heterodoxa.

R. El euro no está en peligro. Que se presente como que está en peligro es parte de un proyecto que desea crear un clima de crisis para llevar a cabo medidas sumamente impopulares. El euro, sin embargo, no está en crisis. En realidad, la bajada de su valor en los mercados monetarios ha sido menor, facilitando, por cierto, el aumento de las exportaciones. En realidad, es probable que esté todavía sobrevalorado. Recuerde que cuando se estableció el euro, éste era paritario al dólar, es decir, un euro valía un dólar. Subió muy rápidamente y recientemente ha bajado de nuevo, pero continúa estando por encima del dólar.

 

P. Pero en cambio, se dice que está a punto de desaparecer.

R. Se dicen muchas frivolidades que se presentan como obviedades debido a la falta de crítica existente a la sabiduría convencional, resultado de la enorme limitación y escasa diversidad existente en los medios.

 

P. Entonces, usted  no está de acuerdo en que vaya a desaparecer.

R. No, no estoy nada de acuerdo. La economía europea está centrada en la economía alemana. Y el euro le ha ido pero que muy bien al establishment financiero alemán, y en parte también al establishment exportador alemán. Por no hablar también del establishment político. Hoy los bonos del Estado alemán son los que atraen mayor inversión. Hay un flujo de capitales de la periferia de la Eurozona al centro, a Alemania, que está beneficiando enormemente al capital financiero alemán. Y la aplicación de una moneda única, el euro, a todos los países, ha imposibilitado que estos países, tales como España, puedan devaluar su moneda para hacer sus productos más competitivos, con lo cual las empresas automovilísticas alemanas, por ejemplo, pueden competir exitosamente con las italianas, por la imposibilidad de estas últimas de reducir sus precios a base de devaluar su moneda.

 

P. Pero la recesión europea dificulta a las exportaciones alemanes, la mayoría de las cuales van al resto de la UE.

R. Es cierto. Pero fíjense que esto está cambiando. Los mercados alemanes están más y más orientados hacia otros mercados fuera de la Eurozona.

 

P. Usted ha dicho repetidamente que el BCE no es un Banco Central sino un lobby de la banca alemana.

R. Sí. No actúa como un Banco Central normal y corriente. Lo que un Banco Central hace es imprimir dinero, y con ello compra o no compra deuda pública de su Estado, según los intereses de su deuda pública. Cuando estos intereses son muy altos, entonces compra mucha deuda pública, con lo cual fuerza una disminución de tales intereses. El que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados financieros, como constantemente se dice.

 

P. El hecho de que la prima de riesgo de la deuda española sea tan alta, ¿no se debe entonces a la falta de confianza de los mercados hacia tal deuda?

R. La respuesta a esta pregunta que debe hacerse es ¿Por qué los Estados pierden esta confianza? Y la respuesta es que no hay un Banco Central que garantice la deuda pública, es decir, que compre deuda pública. La elevada prima de riesgo en España tiene poco que ver con los mercados. Tiene que ver con que el BCE no ha comprado deuda pública desde hace ya más de tres meses. Ahí está el problema.

 

P. ¿Y por qué el BCE no compra deuda pública?

R. La respuesta clásica es que el BCE tiene prohibido comprar deuda pública. Pero esta respuesta -además de no ser del todo cierta, como lo atestigua que el BCE haya comprado deuda pública de varios países, incluso deuda española-, evita otra más importante, y es ¿por qué el BCE no puede comprar deuda pública?. La respuesta a ello es a dos niveles. Uno, que el BCE es un lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. De ahí que en lugar de comprar deuda pública directamente a los Estados, lo que hace es dárselo -bueno, más que darlo, prestarlo a un interés muy bajo, el 1%- a la banca privada, la cual, con este dinero, compra los bonos del Estado a unos intereses altísimos (del 6 y el 7% en el caso de España e Italia). El chollo del año.

Pero, a otro nivel, el BCE sí que puede comprar deuda pública de un Estado cuando éste ya está a punto de ahogarse. Es entonces cuando el BCE antes de comprar bonos públicos pone como condición que haga unas reformas que representan un ataque frontal al Estado del Bienestar de aquel país y a las condiciones de vida de la población trabajadora. Fuerza toda una serie de medidas que disminuyen el poder del mundo del trabajo a costa de incrementar el poder del mundo del capital (y muy en especial del capital financiero y de la gran patronal exportadora). Como consecuencia de ello, la Seguridad Social y la protección social disminuyen (forzando el crecimiento de las pensiones privadas), la privatización de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y el endeudamiento de la población, medidas todas ellas que favorecen al capital financiero.

 

P. Volviendo al punto inicial. Usted, pues, no cree que el hecho de que la prima de riesgo fuera tan elevada sea un riesgo para el euro.

R. No, en absoluto. Es un problema grave, aunque exagerado para la economía española, pero no para el euro.

 

P. ¿Por qué dice usted “exagerado”?

R. La deuda española es más baja que la del promedio de la Eurozona, incluyendo la de Alemania. Es más, estos dos años ven el vencimiento de gran parte de la deuda a diez años. Incluso el FMI, siempre muy atento a las necesidades del capital financiero, ha reconocido que los intereses de la deuda pública en 2015 representarán alrededor de un 3% del PIB, que es una cifra muy razonable y totalmente asumible. Es lo que paga Alemania ahora, por cierto.

 

P. Pero se dice que estos intereses del 7% son inasumibles. ¿Es cierto?

R. Sí. Pero sólo en parte. Depende de por cuánto tiempo y el volumen total de la deuda, que en España continúa estando por debajo del promedio.

Pero, aunque no fueran asumibles, y el Estado español no pudiera financiarlos, no significaría que el euro fuera a desaparecer. Se confunden los hechos. La economía griega está en una situación desastrosa, y el euro no ha estado en peligro.

 

P. Pero se aduce a que España es un país cuya economía es mucho mayor y su colapso arrastraría el euro.

R. Pero Alemania no permitirá que el euro desaparezca. Piense que la banca alemana tiene 146.000 millones de euros invertidos en España y 134.000 millones en Italia. La salida de España del euro, que sería la lógica conclusión debido al peligro de colapso económico, significaría una enorme pérdida para la banca alemana. Sin olvidar que si se aceptara salirse del euro, y otros países se fueran del euro, se crearía un agujero en la banca alemana de 700.000 millones de euros. Ello significaría, como bien ha reconocido Der Spiegel, el colapso del sistema bancario alemán. Es impensable que el gobierno alemán permitiera que ello ocurriera. De ahí que tenemos euro para rato.

 

P. O sea, que el hecho de que los países periféricos lo están pasando muy mal no quiere decir que el euro esté en peligro.

R. Exacto. En realidad, que lo estén pasando mal se debe al deseo de la banca alemana de que se le pague lo que se le debe. Ahora bien, el gobierno español y el italiano tienen también un poder que hasta ahora no habían utilizado. El poder de decir “Basta ya” al gobierno alemán. Es lo que dijo Monti el fin de semana. Y Alemania cedió.

 

P. Esta información que cita contradice la imagen tan extendida de que el Estado alemán está pagando y ayudando a los países periféricos, convirtiéndose en el gran pagador de la UE.

R. Esta es la imagen promovida por el establishment financiero y político alemán, pero ello no es cierto. Alemania recibe mucho más de la Eurozona de lo que da. Como indicó el dirigente socialdemócrata Gabriel en el parlamento alemán, en uno de los pocos momentos de realismo en el debate político en aquel país, Alemania, desde que se estableció el euro ha ganado más de 556.000 millones de euros más de lo que ha dado en ayuda financiera. En realidad, en términos porcentuales, da un porcentaje a los fondos de rescate financiero MEDE menor que España, un 27% versus un 29,8%. Cuando se calcula per cápita, Alemania está en el sexto lugar. Si se calcula como porcentaje del PIB está en el décimo lugar dentro de la Eurozona. Esta imagen de Alemania como “víctima” no se corresponde con la realidad. De ahí que la desaparición del euro porque Alemania esté harta de ayudar al resto, es una de las frivolidades que aparecen con mayor frecuencia en la prensa financiera y política, no sólo alemana, sino incluso española. Francamente, ridículo.

 

P. Es sorprendente que este punto de vista suyo, tan opuesto a la sabiduría convencional, apenas aparezca en los medios.

R. Por desgracia no es tan sorprendente. La sabiduría convencional es siempre la opinión que el establishment promueve en defensa de sus intereses.

Nota: Entrevista realizada por estudiantes de Economía de la Asociación de Estudiantes Progresistas de España

Entre hoy y el próximo viernes en los consejos de ministros de los ya conocidos comúnmente como “viernes negros”…

Entre hoy y el próximo viernes en los consejos de ministros de los ya conocidos comúnmente como “viernes negros”…

El Gobierno apremia a las autonomías a cerrar de inmediato empresas públicas

El Consejo de Ministros da hoy luz verde a una reforma del régimen local que contempla la desaparición de las mancomunidades

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, con José María Aznar en el campus de Faes, en Navacerrada (Madrid).

06.07.12 - PAULA DE LAS HERAS / ANDRÉS SUÁREZ | MADRID / OVIEDO, en El Comercio.

El Gobierno se mueve para que una de sus grandes apuestas de reducción del gasto público, la reestructuración de la administración, no se quede en agua de borrajas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defiende las medidas adoptadas por el Ejecutivo en ese sentido, especialmente en el ámbito del sector público -empresas, entes, fundaciones...- e insta a las comunidades autónomas a hacer lo mismo y con premura. «Hay que hacer más con menos. El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la mayoría de las 4.000 empresas que hay son autonómicas y por eso las comunidades tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la administración central», señaló ayer la número dos del gabinete popular en su participación en el campus de verano que organiza la fundación Faes.

El Gobierno ha decidido no esperar al PSOE para acometer esa reforma de la administración. A pesar de que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometieron a pactar la reordenación de competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, eliminar duplicidades y ganar eficiencia, el Consejo de Ministros verá hoy el informe de anteproyecto de la futura ley del régimen local, un texto que en ningún caso cuenta con el beneplácito del primer partido de la oposición, y en el que se propone reforzar el papel de las diputaciones en detrimento de las mancomunidades, llamadas a desaparecer por completo.

La propuesta fue trasladada a los socialistas en un primer encuentro entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el responsable de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, hace ya un mes. No fue bien recibida y la semana pasada la formación que lidera Rubalcaba respondió con un documento crítico en el que se planteaban, de forma vaga, alternativas y se fijaban los puntos de discrepancia, entre ellos el de que no se abordan los verdaderos problemas del modelo ni se cumple el prometido principio de 'una administración, una competencia'.

Ni ha habido más contactos ni parece que los vaya a haber. El Gobierno se había comprometido a tener lista la nueva ley antes de final de año y el tiempo apremia. En el Programa Nacional de Estabilidad para el período 2012-2015 remitido a Bruselas se aseguraba que por esta vía se lograría un ajuste de 3.500 millones de euros. España va ya por el mal camino, a tenor de la caída de ingresos sufrida en lo que va de año, para cumplir el objetivo del déficit del 5,3%, y el Ejecutivo quiere lanzar el mensaje de que no se relaja.

El principal punto de conflicto está en que el Ejecutivo propone que las diputaciones se hagan cargo de la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes en caso de que estos no puedan ofrecerlos con la suficiente calidad, y además abre la puerta a su privatización. Dos cosas que no gustan nada al PSOE y que irían acompañadas de la supresión de las más de mil mancomunidades que hay en España; la gran mayoría de ellas, dos tercios, son asociaciones de pueblos que suman juntos menos de 5.000 habitantes.

Soraya Sáenz de Santamaría, habló ayer de «cambios profundos» que irán acompañados, dijo, de medidas para regular el sueldo de alcaldes y concejales y hacerlos públicos. Esa idea, que ya aparecía recogida en el anteproyecto de ley de transparencia, es uno de los pocos puntos de encuentro entre los dos partidos mayoritarios. Ambos coinciden en que no es de recibo que alcaldes de grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza cobren más que el presidente del Gobierno.

La número dos del Ejecutivo hizo igualmente referencia a una futura reducción del número de concejales en función de la población. Pero tampoco en esto hay consenso. Los socialistas no ven esta iniciativa con buenos ojos porque, a su juicio, acabaría con la representatividad de los partidos pequeños. «A nosotros -dice Zarrías- no nos perjudica, pero en términos democráticos no parece muy justo; busca el bipartidismo perfecto».

La fractura es evidente. Tanto que también el PSOE tiene intención de presentar en el Congreso, por su cuenta, una proposición de ley «ambiciosa».

El Gobierno apremia a las autonomías para que reduzcan sus empresas públicas

El Principado mantiene su decisión de eliminar un único organismo a pesar de que todos los partidos, salvo IU, apuestan por más recortes

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

No hay tiempo que perder. El Gobierno central apremia a las autonomías para que metan tijera en su sector público. En Navacerrada, junto al ex presidente Aznar y en un acto de la fundación FAES, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría emplazó ayer a las comunidades a que procedan de inmediato al cierre de empresas dependientes de las administraciones regionales, tal y como, según indicó, ya está haciendo el Ejecutivo de Rajoy con las suyas. «Las administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno central ha aprobado la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas y, por eso, las comunidades tienen que reproducir el esfuerzo», subrayó la Vicepresidenta.

En Asturias, donde todavía no se ha tocado el sector público, el Gobierno regional reaccionó ayer al emplazamiento de Sáenz de Santamaría recordando que, en su investidura como presidente, Javier Fernández se comprometió a reordenar un conglomerado empresarial integrado por 72 entidades y en el que trabajan unas dos mil personas. El Ejecutivo incide en que su plan de ajuste, que ha recibido numerosas críticas por escasa concreción, incluye medidas al respecto. Son la revisión del objeto social de la empresa Serpa, la reordenación de los instrumentos de promoción, la supresión del Instituto de Estadística, la enajenación de la participación en Sedes y en otras sociedades cuya identidad no precisa y la reducción de las aportaciones al ente público de comunicación (RTPA). El Principado estima que las medidas del plan de ajuste, incluyendo las del sector público, garantizan el objetivo de déficit.

Los grupos parlamentarios asturianos, salvo IU, comparten la necesidad de adelgazar la nómina de empresas dependientes de la Administración autonómica, aunque sin entrar en demasiados detalles de cómo hacerlo y hasta qué punto llegar. Foro Asturias, al inicio de su etapa al frente del Ejecutivo, colocó la reforma del sector público entre sus grandes objetivos, fijándose en Sedes y en la RTPA especialmente. Sin embargo, dejó en herencia a Javier Fernández las mismas entidades que recibió de Vicente Álvarez Areces. La dirección del PP abogó ayer por una reducción notable del número de empresas para hacer «más con menos sin perder profesionalidad ni eficacia».

«En las condiciones actuales, solo se puede malvender», señaló el flamante coordinador regional de la coalición, Manuel González Orviz, quien pidió que «no se demonice al sector público, porque todas las empresas cumplen una labor y, alguna de ellas, social». Por su lado, Ignacio Prendes, de UPyD, considera evidente que hay que recortar el sector público, «empezando por las duplicidades y por aquellas entidades que no se justifican con el servicio público».

Sáenz de Santamaría también anunció ayer en Navacerrada que el Gobierno central va a fijar baremos para los sueldos de los alcaldes y los concejales, y que, además, las retribuciones serán públicas.

El Gobierno creará una central única de compras para la Administración del Estado

Se publicarán los sueldos de alcaldes y concejales

Pumpido: «Los recortes son un atraco perfecto, la crisis una gran estafa y el dinero se lo han llevado»

La Nueva España

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reafirmó ayer que el Gobierno seguirá adelante con las reformas y anunció la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la Administración general del Estado. Además, avanzó que «en estos días» iniciará su tramitación una reforma de la ley de Bases de Régimen Local que introducirá «profundos cambios» en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos.

Sáenz de Santamaría aseguró que la reforma institucional debe ser «a todos los niveles» e instó a las autonomías a «reforzar los esfuerzos» y a «analizar sus propias estructuras» para evitar las duplicidades. En concreto, les pidió que imiten la reducción del sector público empresarial del Gobierno -«que culminará con la desaparición» de 80 sociedades, porque «la inmensa mayoría» de las 4.000 existentes depende de estas administraciones.

Del sistema central de compras, explicó que estará encargado de celebrar los contratos y «obtener precios razonables» para la Administración general del Estado. Aseguró que la unificación de la gestión de compras en algunos ministerios ya ha supuesto «grandes ahorros».

La reforma de la ley de Bases de Régimen Local que hoy aprobará el Consejo de Ministros tendrá como objetivo clarificar las competencias entre administraciones y garantizar que los pequeños municipios puedan prestar «servicios adecuados a precios razonables», dijo la Vicepresidenta. La iniciativa, que cuenta con el rechazo del PSOE, en el fondo limitará las atribuciones de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que serán asumidas por la diputaciones.

Mientras, Hacienda retendrá durante cinco años la financiación a unos 2.000 municipios que no han suscrito un plan de pago a proveedores. Por su parte, las 1.032 mancomunidades existentes tienen los días contados. El Gobierno las suprimirá al considerarlas «pacas» y para eliminar las duplicidades entre administraciones públicas. Castilla y León es la que más tiene: unas 200.

La ley de Transparencia establecerá además el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán, así como los de los alcaldes, que serán públicos al igual que los del Gobierno y los altos cargos de la Administración. A estas reformas, la Vicepresidenta sumó la del sistema educativo y la del marco regulatorio, para que existan «menos y mejores leyes», simplificando la normativa en los tres niveles de la Administración y avanzando hacia la liberalización de muchos sectores.

Ante el anuncio de la inminente aprobación por el Gobierno de un nuevo recorte de 30.000 millones que supondrá bajar el sueldo a los funcionarios, reducir las prestaciones a los parados, congelar las pensiones, cerrar televisiones públicas y subir el IVA, el PSOE pidió ayer a Rajoy que explique por qué después de sacar adelante los Presupuestos la semana pasada «es necesario hacer un ajuste adicional inadmisible», porque la sociedad española no puede soportar más sacrificios. Para los socialistas, Rajoy «es el anti Robin Hood que quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El ex fiscal general del Estado y magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, irrumpió ayer en el debate al afirmar que la situación económica y las medidas para paliarla es «la crónica de un atraco perfecto» y, en este sentido, se preguntó por qué todo el mundo habla de crisis «cuando es una estafa». «No nos dejemos engañar. El problema no está en el gasto, ni la solución en la austeridad que nos conduce a la ruina. El dinero se lo han llevado», añadió.

Desde IU, Cayo Lara tildó de «indecencia» más tijeretazos cuando hay una amnistía fiscal «para ladrones de guante blanco. Mientras, el PNV acusó al PP de tomar medidas unilateralmente y rechazó subir el IVA. Por último, los populares votaron ayer con CiU e impidieron que el Parlamento catalán rechazara el euro por receta con el compromiso de valorar su continuidad en 2013.

Más estímulos y facilidades aún para los defraudadores y otros epítetos más apropiados que les podríamos poner…

Más estímulos y facilidades aún para los defraudadores y otros epítetos más apropiados que les podríamos poner…

Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%

Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas

Jesús Sérvulo González, Madrid, en El País.

Hacienda está dispuesta a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal. Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.

El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata. De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio. Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso.

La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio.

Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”. De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital.

Hasta ahora si se quería legalizar el capital oculto de un periodo prescrito se podía hacer mediante una declaración complementaria ordinaria pagando la deuda fiscal, intereses de demora, más un recargo de sanción. Ahora valdría con pagar solo el 10% de los intereses. El Gobierno tapa así una de las fisuras que tenía el Real Decreto 12/2012. Pero lo hace a cambio de rebajar las condiciones de la amnistía fiscal y, por tanto, sus previsiones de ingresos. Hacienda aclara que tendrán que pagar el 10% todos los bienes y derechos que se incorporen a esa cuenta durante periodos no prescritos.

Así, por ejemplo, si un defraudador tenía un millón de euros en negro a cierre de 2007, y ha obtenido una rentabilidad de ese dinero de 30.000 euros anuales (en torno al 3%) en 2008, 2009 y 2010, en la amnistía fiscal le bastaría pagar el 10% de esos 90.000 euros (esto es, 9.000 euros) para blanquear 1.090.000 euros. En lugar de tributar el 10%, bastará con que pague menos del 1% del total del capital aflorado. Cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó el decreto ley de la amnistía fiscal tras ser aprobado por el Consejo de Ministros se refirió a “la regularización de los totales, los saldos, que vengan a España de otros territorios o también afloren desde la propia España”. En el Congreso, al votarse el decreto ley, también dijo que era “un gravamen sobre la regularización de activos que están ocultos”. La propia redacción de la norma y de los modelos tributarios daba a entender que se tributaba por el total de los bienes ocultos aflorados, y así lo interpretaban todos los expertos hasta que Hacienda ha aclarado que favorecerá a los defraudadores.

Hacienda ya había abierto otro boquete con el que facilitaba acogerse a la amnistía fiscal a quienes cometan fraude, al permitir que se regularice el dinero en metálico, para el que “será suficiente la manifestación de ser titular del mismo antes del 31 de diciembre de 2010”, según la orden ministerial que regula la tramitación del proceso, e ingresarlo en una cuenta. El nuevo documento elaborado por Tributos precisa que “no se podrá utilizar la declaración tributaria especial para regularizar rentas no declaradas obtenidas con posterioridad a esa fecha”.

No obstante, como asegura que no hará comprobaciones, abre la puerta a lavar dinero negro obtenido tras esa fecha. En el ministerio recuerdan que los delitos fiscales no prescriben e insisten en que la Ley contra el Blanqueo de Capitales es de aplicación para operaciones ilícitas.

Las cuentas públicas están descuadradas y el Gobierno puso en marcha la amnistía fiscal para aumentar la recaudación y reducir el déficit. Por eso, tiene especial interés en lograr que la regularización fiscal aporte los 2.500 millones previstos. En ese contexto se entiende que el responsable del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, remitiera hace unos días una carta a los bancos donde les sugería que pasaran por alto las operaciones que no sean claramente sospechosas de estar relacionadas con actividades ilícitas.

DESCARGABLE: El documento de Hacienda sobre la amnistía

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