El interés del bono y el crecimiento económico se atenazan entre sí
Oviedo, J. C., en La Nueva España
El miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo que, con primas de riesgo tan elevadas como las actuales «es muy difícil que la economía pueda crecer». Pero lo relevante es que si la economía no crece, será difícil ver tipos de interés de la deuda asequibles.
Mientras España no crezca, los inversores podrán en duda la solvencia española para hacer frente a los 1,7 billones de euros que los españoles debemos al resto del mundo (0,9 billones netos), por lo que la percepción de riesgo de impago (y, por ello la prima) seguirán elevadas.
La falta de crecimiento y de señales vitales de la economía determinan mermas recaudatorias por impuestos y tasas, lo que fuerza a hacer nuevos recortes de gasto para contener el déficit. Pero estos ajustes (en un escenario de ínfima demanda interna y débil exportación), junto con la caída de salarios y alzas impositivas, deprime de nuevo la economía, lo que vuelve a reducir la capacidad recaudatoria del Estado, que se ve obligado a nuevos recortes sin fin y sin futuro.
La huida de capitales y la prima de riesgo se agudizan al caer el PIB
El otro error conceptual es atribuir el ataque de los mercados con carácter determinante al déficit y deuda públicos, cuando, sin restar relevancia a estos factores, el hecho capital que genera la desconfianza y el pánico al riesgo español no es tanto ese dato ni el elevadísimo endeudamiento exterior del país (mayoritariamente contraído por empresas y ciudadanos, y no tanto por el Estado), como las dudas sobre la capacidad de pago que los mercados de capitales perciban en el conjunto de la economía nacional para hacer frente a esos débitos. De ahí que haya países con mucha más deuda que no son objeto de ataques.
El comportamiento de la prima de riesgo española arroja alguna luz sobre ello. Las grandes tensiones sobre el bono español no se produjeron en 2008 y 2009 (cuando el déficit se disparó del 3,8 al 11,3 del PIB y seguía una tendencia peligrosamente alcista), sino a partir de enero de 2010. Es decir, después de que el 26 de septiembre de 2009 el Gobierno de Zapatero, a la vista de que España se disponía a salir de la recesión (se confirmó en el primer trimestre de 2010) hubiese girado ya hacia el ajuste y la contención.
Pero esa tensión sobre el riesgo español se aceleró aún más tras el abrupto plan de ajuste de mayo de 2010. Es decir, la desconfianza sobre la economía española aumentó de forma paradójica a medida que el Estado se volvía más austero y cuando la tendencia del déficit ya no era al alza, sino a la baja (9,3% en 2010 y 8,9% en 2011), por más que se mantuviese en niveles aún muy altos y que su efecto acumulativo estuviese acrecentando de forma acusada el endeudamiento total.
De hecho, fue ya en 2012, tras el ajuste de gasto de 15.000 millones por el Gobierno de Zapatero y los 40.000 millones adicionales comprometidos y en vías de ejecución por el de Rajoy, cuando la desconfianza sobre España alcanzó niveles récord: el 15 de junio la prima de riesgo llegó a los 589 puntos básicos y el tipo de interés del bono a diez años, al 7,28%, niveles sin precedentes desde que España entró en el euro. Unos mese antes, en diciembre de 2011, cuando Rajoy formó Gobierno abanderando un discurso de ajuste, austeridad y máxima disciplina presupuestaria, la prima de riesgo estaba casi en la mitad: rondaba los 311 puntos y aún se movía por debajo de la de Italia.
Pero aún son más esclarecedores los movimientos de capitales. Entre 2008 y buena parte de 2011 España siguió teniendo entradas netas de capital y la afluencia de inversores internacionales fue positiva. Por el contrario, desde fines de 2011, y sobre todo en lo que llevamos de 2012, justo cuando más esfuerzos de recorte y contención se está haciendo (subida del IRPF y del IBI, reforma laboral, recorte de 10.000 millones en sanidad y educación, copago farmacéutico, congelación de los salarios públicos, descenso de las pensiones en términos reales por el efecto de la inflación y de la subida del IRPF, recorte en becas y otras medidas) la huida de capitales de España se ha disparado: entre el 1 de enero y el 30 de abril las salidas rebasaron a las entradas en 121.892 millones cuando en ese mismo periodo de 2011 (último año de Gobierno de Zapatero) las entradas habían superado a las salidas en 26.578 millones.
Todo ello lo que delata es una creciente desconfianza en la economía española, cuyo principal motivo de desazón no es el gasto ni el endeudamiento público (sin que quepa infravalorarlos), sino la continuada caída del PIB español.
El gasto público español (aún con las comunidades autónomas y demás administraciones y el elevadísimo coste del desempleo) es 10 puntos de PIB inferior a la media europea. Y aunque el déficit público sigue alto, la deuda pública, y pese a su acelerado incremento, sigue por debajo de la media de la zona.
No son éstos, por tanto, los problemas «número uno» de España. Lo verdaderamente alarmante es que la economía no responde. Y los recortes, sin estímulos, la están ahogando aún más. Para este año se espera un retroceso del PIB del 1,7% (de los más acusados de la UE) y para 2013 los pronósticos apuntan a que España será la única gran economía que siga en recesión. Pero lo peor es que el miércoles el Banco de España anunció que en el segundo trimestre hubo una caída del PIB más intensa de lo previsto. Ésta es hoy la máxima urgencia. Porque sin aumento del PIB no habrá empleo ni recaudación, y, sin ambos, el Estado no será capaz de financiarse por intensos y brutales que sean los recortes que vengan. El dilema es éste: «O camina o revienta». O crecer o morir.
Erre que erre en confundir síntomas con enfermedades…
Una subida fiscal inevitable e inminente
El Gobierno estudia elevar hasta el 18% el IVA de bienes con tipos reducidos
La reforma detraería el consumo y perjudicaría la economía
España es el país de la UE que menos ingresa por este tributo
Jesús Sérvulo González / Amanda Mars, Madrid, en El País.
España gasta más de lo que ingresa. Así ha sido en los cinco primeros meses del año, cuando el Estado ha registrado un desequilibrio presupuestario del 3,41%, casi todo el déficit previsto para este año. El Estado está magro: el gasto corriente ha caído un 30% y apenas quedan partidas donde podar sin rebajar el sueldo de los funcionarios o tocar las pensiones. “A diferencia de otros países europeos, España tiene poco margen donde recortar, la clave está en los ingresos fiscales”, explicaba hace unas semanas el investigador de Fedea Michele Boldrin, que defiende un cambio en la estructura tributaria (bajar el IRPF y subir el patrimonio). El gasto público es 5,5 puntos del PIB inferior a la media de la UE. Pero los ingresos son 9,5 puntos menores que la media europea, según Eurostat. Y ahí está la raíz del desequilibrio español.
Al tiempo, la recaudación fiscal está en caída libre: las arcas públicas han ingresado casi un 5% menos hasta mayo. El Gobierno se encuentra como el capitán de un barco que hace agua y la fuga es mayor que la capacidad de la tripulación para achicar la inundación. A pesar de que ya ha subido el IRPF, ha eliminado deducciones y desgravaciones del impuesto de sociedades, ha elevado el impuesto sobre el tabaco y ha puesto en marcha una amnistía fiscal para las rentas ocultas en el extranjero, estas medidas apenas han tenido influencia en la recaudación hasta ahora.
Mientras, el sector financiero ha estallado en las manos del Gobierno. Las consecuencias de esta fenomenal metástasis en una buena parte de la banca española ha desembocado en una multimillonaria petición de rescate a Bruselas. Así, las recomendaciones que la Comisión Europea planteó a finales de mayo se convierten en obligaciones, según reconoció el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, la semana pasada. Y una de las medidas más reclamadas por Bruselas es la subida del IVA. España es el país de la Unión Europea que menos recauda por este impuesto —el 5,5% del PIB frente al 7,3% de la zona euro— y uno de los que tienen el gravamen más bajo —un tipo medio del 14,6% frente al 21,3%—, según datos de Eurostat publicados en mayo. Tras la cumbre europea cerrada el pasado viernes, donde España consiguió ganar tiempo y algo de alivio en la presión sobre la deuda soberana, la insistencia de los socios europeos en una reforma del IVA hace prever alguna decisión inmediata al respecto. Sea una contrapartida de la asistencia financiera europea, o no, el Gobierno está abocado a subir este tributo, cuya recaudación ha caído más de un 10% en lo que va de año. Esta tendencia hace peligrar el objetivo comprometido con Bruselas de dejar el déficit público este año en el 5,3% del PIB.
Como el 23% de Portugal
Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, cree que el tipo general irá subiendo progresivamente del 18% hasta niveles como el de Portugal, por ejemplo, del 23% o más. “España no tiene margen de maniobra para no hacerlo: ha pedido un rescate y esto será necesario”, apunta. El país, agrega, tendrá que reducir sus costes y salarios y romper el círculo vicioso de austeridad, decrecimiento y falta de crédito con las exportaciones. En este contexto se entiende que el Gobierno haya admitido que estudia subir el IVA de productos con tipos reducidos del 8% al 18%. “En un momento en el que cae el consumo es perjudicial subir el impuesto que lo grava, pero ahora, cuando lo importante es aumentar la recaudación, no hay muchas más opciones. Es mejor que haber subido el IRPF”, explica José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense.
Los expertos consultados coinciden en que el alza del IVA es inevitable e inminente, pese a que el Gobierno se haya mostrado en repetidas ocasiones contrario a hacerlo mientras caiga el consumo. La reforma del IVA provocaría un retroceso del gasto y perjudicaría la recuperación económica a corto plazo. La solución que maneja Hacienda pasa por un cambio en la estructura del impuesto sin tocar los tipos para “ensanchar las bases imponibles”. Por eso, el Gobierno estudia qué bienes con tipo reducido —8%— puede subir al tipo general del 18%. Este IVA intermedio se aplica a la mayoría de los productos alimenticios, sanitarios, transporte de viajeros y equipajes, servicios de hostelería y construcción de viviendas. También están sujetas a este porcentaje las entradas a espectáculos culturales.
Entre los bienes sujetos al tipo superreducido —4%— se encuentran los de primera necesidad, como pan y cereales para su elaboración, leche, queso y huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales, libros, periódicos y revistas, coches, prótesis para minusválidos y viviendas de protección oficial. Aunque el Gobierno no ha precisado si analiza pasar algunos de estos bienes del 4% al 8%, es previsible que lo haga.
Aumento de la recaudación
José Felix Sanz, investigador de Funcas, ha publicado esta semana un informe sobre los efectos de la reforma del IVA en el que se concluye que la eliminación del tipo reducido aumentaría la recaudación en 8.618 millones de euros solo en el sector de los hogares. La supresión del tipo superreducido aportaría a las arcas públicas 4.428 millones adicionales, aportados solo por las familias. “Habría una pérdida del efecto redistributivo de este impuesto, pero sería mínimo”, precisa este experto en tributos. Por su parte, subir el tipo general del 18% al 20% supondría un alza de la recaudación de 2.699 millones. “Lo mejor para aumentar los ingresos públicos es subir el tipo general —el 18% es uno de los más bajos de Europa—, eliminar el tipo reducido y pasar parte del superreducido al general. Habría que dejar el tipo mínimo para productos de primera necesidad y reformar el IRPF”, agrega.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también alerta del efecto de la subida del impuesto sobre la economía. “Viendo cómo está el consumo en nuestro país, la medida provocaría un agravamiento”, explica Ramsés Pérez Boga, vicepresidente de IHE, que cuestiona los planes del Gobierno. “El ensanchamiento de bases que plantea Hacienda afectaría a algo tan sensible como la hostelería —que tiene uno de los tipos más bajos de Europa—, vinculada al turismo. Precisamente esta industria está siendo uno de los motores de la economía en estos momentos y no es bueno subirle los tipos”. Pérez Boga defiende una subida selectiva a determinados artículos, como las prótesis, los libros o la vivienda, aunque su solución pasa por reforzar la lucha contra el fraude. “Así también se ampliarían las bases de IVA como piden las instituciones internacionales. Hemos detectado que se ha disparado el fraude en este impuesto”, puntualiza.
Sustento básico
“Tal vez sea un objetivo deseable suprimir tipos reducidos”, señalaba el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en un documento publicado a finales de 2011. “Tendría efectos redistributivos negativos. En el caso de España, una reforma que eliminara los tipos reducidos permitiría bajar el general hasta el 12,7%. Ahora bien, se producirían efectos indeseables sobre los tramos más bajos de renta”. Por eso, el IEF considera que “una reforma como la que se propone resulta inviable. Ello no significa que se pueda limitar en parte la aplicación de los tipos reducidos, pero hay ciertos bienes para los que entendemos no se pueden suprimir. En especial, para aquellos que suponen el sustento básico de las familias”.
En la misma línea se manifiesta Antonio Durán Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Subir los tipos bajos provoca un efecto en la recaudación más importante que si se sube el tipo general. Pero afecta más a las clases medias y bajas”, explica este profesor de la Pompeu Fabra. Su tesis se confirma al echar un vistazo a la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE. Según esta, cerca del 60% del gasto familiar está sujeta al tipo de IVA reducido o superreducido. “Cambios en el tipo reducido provocarán un empobrecimiento de la población y un cambio de hábitos de consumo”, precisa. Durán Sindreu considera que la subida del IVA debe ir acompañada de una rebaja de las cotizaciones sociales. “El efecto perjudicial del incremento del impuesto sobre el consumo en la economía se podía compensar en parte con el efecto de dinamización de la disminución del coste laboral”, añade.
Gasto en alimentos
El aumento del IVA no afecta a todas las familias por igual. El gasto medio en alimentos representa cerca del 20% de la cesta de consumo para el 10% de los hogares con menos renta, pero menos del 10% para el 10% con más ingresos, apunta Miguel Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. A la postre, “no deja de ser un alza real de unos pocos euros”. Y la subida del tipo general —en dos puntos porcentuales, por ejemplo— también puede tener un impacto similar, o incluso mayor, en los hogares con menos renta o con más hijos, añade el profesor, ya que las familias de menor renta destinan más de un 70% de su gasto en la cesta de consumo a bienes que probablemente tributen al tipo general. “Un incremento de dos puntos sobre el 75% del gasto podría tener un impacto similar o mayor que un incremento de ocho puntos sobre el 20% del gasto”, añade. Estos cálculos excluyen la compra de vivienda nueva, que paga un 4% de IVA.
Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, es escéptico respecto a los efectos que tendrá en la recaudación la ampliación de las bases imponible. “Si no se toca el tipo general, los efectos serán mínimos en la recaudación, pero muy importantes para sectores muy concretos como el turismo, que pasará de un IVA del 8% al 18%”. Varias organizaciones empresariales de este sector, de hecho, ya han manifestado el desacuerdo.
Rodríguez apunta que “los tipos reducidos sobre algunos bienes y servicios representan una subvención implícita de la Administración hacia sus productores y consumidores”. “Gráficamente, es como si Hacienda les cobrase el IVA del 18% y simultáneamente el Ministerio de Economía les entregase una subvención —un cheque— por el 8% o el 14%”, añade.
