El Principado da marcha atrás y anuncia ahora que mantendrá el plus a 14.000 funcionarios
El Gobierno pagará el complemento según la fórmula anulada por el Tribunal Superior de Justicia al considerar que el fallo no es firme - Migoya rechaza aprobar el abono al resto de trabajadores, unos cinco mil, «pues no es oportuno ir contra la sentencia»
Oviedo, Marcos PALICIO / J. A. ARDURA, para La Nueva España
El Principado seguirá pagando el plus de la carrera profesional -hasta 216 euros por persona- a catorce mil funcionarios, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló el complemento. El Gobierno del Principado da marcha atrás -su portavoz Ana Rosa Migoya había anunciado tras la sentencia que la Administración dejaría de pagar el complemento debido a la «debilidad jurídica» del acuerdo que lo desarrollaba- y asegura ahora que no tocará la carrera profesional.
La Administración seguirá así pagando los complementos retributivos sólo a los funcionarios que ya los estaban percibiendo, los 14.000 que firmaron la carrera, y mantendrá sin plus a los 5.000 que no se adhirieron al acuerdo. El Ejecutivo regional prolongará los pagos pese a que la sentencia del TSJA anuló el desarrollo de la carrera y, más concretamente, ese procedimiento de pagar sólo a quien firmara.
El Principado, que se comprometió a acatar el fallo del TSJA, incluso al día siguiente de conocer el recurso al Supremo presentado contra él por el sindicato ANPE, decide ahora mantener los pagos. El Gobierno, que se había posicionado, a través de su portavoz Ana Rosa Migoya, incluso contra los recursos, porque podrían acabar forzando una devolución del dinero, mantiene el pago al entender que la sentencia no es firme, puesto que los recursos de casación interpuestos -por UGT y CC OO, además de por ANPE- aplazan la resolución definitiva del proceso. Según fuentes jurídicas, sin embargo, el Principado no está obligado a seguir pagando, toda vez que la mera presentación de los recursos no anula la validez de la sentencia. De esta forma, el Ejecutivo era libre para elegir.
La rectificación llega tras una reunión entre el Gobierno regional y los sindicatos representados en la mesa de negociación general: UGT, CC OO, CEMSATSE y USIPA, que se mostraron «satisfechos».
Con esta decisión, el Principado aleja el problema. Ataja la crítica de los funcionarios al seguir pagando y gana alrededor de cinco años, la media que tarda el Supremo en resolver, para legalizar la carrera. Ayer se comprometió de nuevo a agilizar los trámites legislativos sin dar los plazos concretos que pedían los sindicatos mayoritarios.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, afirmó, según un comunicado hecho público ayer, que la Junta General recibirá una propuesta para legalizar la carrera profesional «en el próximo período de sesiones» -tras el verano- y admitió, eso sí, las situaciones distintas en que se encuentran los funcionarios docentes y el resto de funcionarios. «El marco definitivo para recoger a todo el conjunto de empleados públicos del Principado», aseguró el Presidente, «se va a poder hacer a través de una ley de Función Pública del Principado y de un estatuto básico docente, cuyo desarrollo exige que previamente lo aborde el Gobierno de España». A la tramitación de esta ley, que está paralizada, le queda, según el Ministerio, al menos un año.
Portavoces de sindicatos sectoriales, CSIF y ANPE entre ellos, llamaron la atención sobre el cambio de postura del Principado. El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, tiene una explicación. «No van a acatar la sentencia», apunta, «porque tras la presentación de nuestro recurso se asesoraron en una consultoría de Madrid muy renombrada y les dijeron que el recurso estaba bien planteado y que debían seguir pagando».
Mientras tanto, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, descartó ayer ampliar los pagos a cuenta de la carrera profesional a los 5.000 profesores que no se incorporaron a ella dentro del plazo preceptivo, bien porque no lo juzgaron oportuno o porque no cumplían las condiciones fijadas por el Principado. Migoya justificó esa negativa en el interés del Gobierno regional de acatar la sentencia del TSJA. «No parece oportuno abrir en este momento decisiones que van en dirección contraria al fallo».
La reunión de ayer -en la imagen- escenificó el «cambio de escenario» que habían anunciado los sindicatos mayoritarios respecto al ámbito de negociación. Este mes se convocarán las mesas sectoriales a las que UGT y CC OO se oponían hasta ahora en contra de la postura de los sindicatos minoritarios. Éstos ponen reparos al modo en el que se ha acordado su constitución. SAE, Sindicato de Auxiliares de Enfermería, detecta un detalle en la «letra pequeña» según el cual «los acuerdos de las mesas sectoriales, donde UGT y CC OO no tienen mayoría, deberán ser ratificados por la mesa general y quedarán, por tanto, subordinados a su aprobación en ésta, donde sí la tienen».
Los denunciantes ven «una huida hacia delante que profundiza en una actuación ilegal»
SUATEA afirma que el Gobierno «sólo alarga el problema» y reclama «una solución dentro de la legalidad»
Oviedo, M. PALICIO, para La Nueva España
Una «huida hacia delante para ganar tiempo» que «no es solución», «sólo alarga el problema» y profundiza en «una actuación ilegal de la Administración». José Antonio Alonso, del sindicato educativo SUATEA, valora así la decisión del Principado de mantener el pago a cuenta de la carrera profesional para los funcionarios que se adhirieron a ella. La organización sindical, una de las que apoyaron el recurso presentado por CSI contra la carrera, considera que la opción escogida por el Gobierno regional «les permite seguir discriminando a 5.000 docentes que no cobran y que tendrían derecho a ello, avalados por la justicia». Alonso se refiere a los funcionarios que se negaron a «firmar en blanco» su adhesión a la carrera y completa el argumento proclamando que «no vamos a admitir una salida ilegal».
A su juicio, la única admisible sería «una solución dentro de la legalidad», consistente en incluir los pagos a cuenta de la carrera profesional «dentro de uno de los conceptos retributivos que la sentencia del TSJA declara legales, es decir, el sueldo base, el complemento específico... Así se ha hecho en Cantabria, Castilla y León, Murcia o Castilla-La Mancha, comunidades con gobiernos del PSOE y del PP», afirma.
Detrás de todas estas decisiones, asegura el portavoz de SUATEA, «no está Ana Rosa Migoya, sino otros como Luis Iturrioz, viejo compañero de Areces, o el director general de Función Pública, Daniel Álvarez, es decir, el sector socioliberal del PSOE».
Los juristas, entre un «error» jurídico y una «decisión política razonable»
El Principado «no hace mucho caso de la sentencia del TSJA», afirman
Oviedo, M. P., para La Nueva España
Expertos juristas observan la postura del Principado respecto a la carrera profesional de sus funcionarios como «un notable error» jurídico que puede llegar a ser una «solución razonable» desde el punto de vista político. Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, la entiende como «decisión política que no hace mucho caso de lo que dice la sentencia del TSJA», pero que alcanza objetivos políticos al no molestar a los funcionarios.
«No les perjudica», afirma Bocanegra, y la solución es políticamente «razonable y sensata», si se tiene en cuenta además que «es completamente improbable que alguien pida la ejecución provisional de la sentencia, porque se le pediría una fianza altísima». El jurista repite que el Principado «no estaba obligado a seguir pagando; de hecho, no iba a hacerlo», y considera éste un pleito «atípico» en el que ni una parte -los sindicatos denunciantes- ni la otra -el Gobierno- es partidaria de la devolución del dinero cobrado. Estas circunstancias excepcionales dan al Ejecutivo, a su juicio, «más campo abierto, más libertad de acción».
Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de Cataluña, considera que el Principado comete «un error notable» al seguir pagando los complementos asociados a la carrera profesional sin tener «esa norma que se necesita para sanear la situación previa». Junceda opina que la situación se mantiene «al albur de que cualquier persona pueda pedir ante el Tribunal de Cuentas que se reingrese el dinero desembolsado al Tesoro Público asturiano» y considera «improbabilísima» la estimación de los recursos interpuestos por los sindicatos contra la sentencia del TSJA. «La resolución es impecable», argumenta.
Desde el Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies, Xabiel Villa mantiene la visión de una «chapuza» que mantiene «una situación impresentable». Se refiere a la discriminación del pago a unos funcionarios que deja fuera a otros y afirma que «nuestra posición sigue exigiendo que se pague a todo el mundo, al que lo pidió y al que no, porque el acuerdo de pago sigue vigente». Siguiendo esa misma línea argumental, el colectivo de funcionarios mantiene viva la recomendación de reclamación judicial del complemento para los trabajadores que no lo perciben. Desde un punto de vista jurídico, Vega entiende que la sentencia no es firme y que la presentación de los recursos de casación «suspende la eficacia de la sentencia».
El Principado acepta negociar por sectores los cambios entre sus empleados públicos
03.07.09 - RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio
Confirma que seguirá dando a 14.000 trabajadores un plus de hasta 216 euros mientras no lo impida el Supremo
UGT y CC OO le conceden dos meses para consensuar una norma que legalice los pagos y sea votada en la Junta
El Principado aceptó ayer ampliar el tablero donde negocia las condiciones de sus empleados públicos. Hasta ahora la Consejería de Administraciones Públicas asumía toda la responsabilidad en las políticas de personal del Principado. A su vez, el departamento que dirige Ana Rosa Migoya sólo contaba como interlocutores con UGT, CC OO, Cemsatse, Usipa y Usae. Todos formaban una mesa general que dejaba fuera al resto de sindicatos.
El caso más paradójico era el de los docentes: el gremio cuenta entre funcionarios e interinos, con unos 12.000 trabajadores que en las pasadas elecciones sindicales optaron mayoritariamente por otorgar su representación a Suatea. Pese a ese respaldo, la central no tiene asiento en la mesa general.
Ayer los integrantes de ese foro aprobaron una iniciativa firmada por UGT y CC OO que abre la convocatoria de cuatro mesas sectoriales. Serán para el personal docente, el de Justicia, el Estatutario, y el resto de los empleados vinculados a la Administración general del Principado.
«Es verdad que hasta ahora nos negábamos a esto, pero la situación ha cambiado», defendió Luis Ángel Ardura, responsable de Administraciones Públicas de UGT. Sus palabras evidencian hasta qué punto ha sacudido al escenario sindical la sentencia que hace dos semanas dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El fallo declaraba «anulables» unos pluses de hasta 216 euros que en los dos últimos años percibían 14.000 empleados públicos. La decisión tenía, además, otro efecto secundario: ahondaba aún más la brecha que divide a los sindicatos asturianos. Por un lado quedaban UGT y CC OO, firmantes con el Gobierno del acuerdo que dio pie a esos complementos; del otro lado aparecían cuatro sindicatos (CSI, CSI-CSIF, USO y Suatea), sin un sólo puesto en la mesa general, y que fueron los que llevaron a los tribunales ese pacto alcanzado sin su participación.
La convocatoria de mesas sectoriales permite ahora que los sindicatos profesionales encuentren foros en los que influir sin que para ello tengan que acudir a los tribunales. Según admitieron UGT y CC OO en el texto que llevaron a la mesa general, «dentro del espíritu democrático es deseable la mayor conjunción posible de las distintas organizaciones sindicales».
Andamio jurídico
La reunión de ayer también sirvió para que el Gobierno confirmara la noticia avanzada por EL COMERCIO: el Principado seguirá pagando los pagos a cuenta de la carrera profesional. La sentencia del TSJA los anulaba, pero el fallo ha sido recurrido por tres sindicatos. Ese trámite implica que la decisión de los jueces asturianos queda en suspenso, por lo menos hasta que el Tribunal Supremo decida si admite a trámite los recursos.
Mientras el Alto Tribunal decide, el Ejecutivo regional prepara un 'Plan B'. La sentencia del TSJA tumbaba los pluses porque no están amparados en una norma con rango de ley, requisito imprescindible cuando se cambia las condiciones de los funcionarios. El error del Principado fue, a ojos de los jueces, activar los complementos aprobando para ello sólo una resolución de la entonces Consejería de Economía y Administraciones Públicas.
Para remediarlo «haremos un planteamiento acorde con la sentencia», avanzó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, durante una entrevista en Punto Radio. «Para restituir el pago al conjunto de los empleados que lo tenían reconocido, haremos una iniciativa legislativa en el próximo periodo de sesiones», abundó en la radio.
UGT y CC OO intentaron meter presión y exigieron que esa solución «llegue cuanto antes». «Hemos aprobado que la Administración nos presente borradores para tener consensuado esa solución jurídica antes de septiembre, que es cuando empieza el periodo de sesiones», informaba Manuel Nieto 'Lito', secretario de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. «Les damos un voto de confianza», agrega Luis Ángel Ardura, de UGT.
La decisión despierta optimismo y críticas entre las centrales minoritarias
Tres sindicatos presentan hoy un voto particular contra el acuerdo de que las mesas sectoriales queden supeditadas a lo que diga la general
Las centrales minoritarias tienen ahora las próximas semanas para acreditar que la representación que ostentan les da derecho a participar en unas mesas sectoriales que, según el Principado, deberían estar constituidas antes de que acabe el mes. El ofrecimiento cayó ayer como «la demostración de que cuando salíamos a la calle a pedir esas mesas, teníamos razón, aunque sólo ahora con la sentencia del TSJA se avengan a dárnosla», apunta Gumersindo García, presidente de Anpe.
La versión del Principado es diferente. «Nosotros nunca nos hemos opuesto a las mesas sectoriales», explicó ayer el presidente, Vicente Álvarez Areces. «El Gobierno siempre manifestó que no sería obstáculo a la constitución de las mesas sectoriales siempre que existiera unanimidad de la parte social presente en la mesa general», reafirmó la Consejería de Administraciones Públicas mediante una nota de prensa.
Es cierto que los docentes protagonizaron en este curso tres manifestaciones y dos huelgas exigiendo, entre otros puntos, la convocatoria de esos foros sectoriales, «pero la verdad es que hasta ahora nadie lo había solicitado en tiempo, forma y el lugar adecuado», esgrime Manuel Nieto 'Lito', secretario de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. Ese lugar, según Administraciones Públicas, es la mesa general convocada por el artículo 34 del Estatuto Básico del Empleado Público, y no la que se reúne en base al artículo 36, a la que los minoritarios dirigieron sus reclamaciones.
Se trataría por tanto de un formalismo que ayer llegó rodeado de polémica. La mesa del artículo 34 cuenta con la presencia de Cemsatse, Usae y Usipa. Los tres habían reclamado en ocasiones anteriores la convocatoria de mesas sectoriales, pero nunca lograron el apoyo de UGT y CC OO. Ayer «nos encontramos por sorpresa con un texto que invita a aprobar 'a propuesta de UGT y CC OO' esas mismas mesas», expone María José Fernández, secretaria autonómica de Usae. El problema no es sólo la autoría de la iniciativa, «es que luego la Administración nos entregó otra propuesta que señala que esas mesas sectoriales tratarán lo que decida la mesa general, que tendrá en última instancia que bendecir los acuerdo que allí se tomen», abunda. Por ese motivo, los tres sindicatos registrarán un voto en contra. «En las legislaturas donde hubo mesas sectoriales nunca necesitaban la ratificación de la general», lamentan las centrales.
