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Cinco médicos denuncian ante la Fiscalía al tribunal de la oposición de medicina interna
Los facultativos ven responsabilidad penal en el presidente de los evaluadores
15.05.2016, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.
Cinco médicos presentaron anteayer viernes, ante la Fiscalía Superior de Asturias, una denuncia contra el presidente del tribunal calificador de un concurso-oposición que ha sido anulado parcialmente por el Tribunal Supremo a causa de las filtraciones de preguntas por parte de algunos miembros de la comisión evaluadora a determinados opositores.
Los firmantes consideran que los hechos podrían tener "carácter delictivo con responsabilidad penal", y quieren que la Fiscalía "practique las diligencias que estime necesarias para delimitar la responsabilidad penal de D. Victoriano Cárcaba Fernández, y otros si así se definiese, e inicie si hubiera lugar las consecuentes acciones encaminadas a su enjuiciamiento", según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Entre las denunciantes figura Isabel Carrio Montes, una de las participantes en el proceso selectivo que en el año 2011 otorgó plaza fija en la sanidad pública asturiana a 23 especialistas en medicina interna. De los cinco firmantes de la denuncia, cuatro participaron en el concurso-oposición. Dos obtuvieron plaza y otros dos (entre ellos la doctora Carrio) no lo superaron. El quinto firmante es ajeno a la especialidad.
La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de febrero, ordena el nombramiento de un nuevo tribunal calificador y la repetición del segundo ejercicio, el afectado por las filtraciones. La Consejería de Sanidad del Principado se ha comprometido a ejecutar la sentencia en estos términos, pero aún no ha aclarado si impondrá alguna sanción al doctor Cárcaba (director del área de medicina interna del Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA) o a otros integrantes de la comisión evaluadora.
El pasado jueves, en la Junta General del Principado, el titular de Sanidad, Francisco del Busto, afirmó que ha leído personalmente la sentencia "diez o doce veces" y que de esa lectura no deduce que el presidente del tribunal "haya filtrado las preguntas". En ese mismo Pleno de la Cámara autonómica, el PP reclamó al Consejero que exija responsabilidades al tribunal de la oposición.
A juicio de los médicos que han presentado la denuncia ante la Fiscalía, tanto ellos como el Supremo entienden que "la utilización en el ejercicio de casos prácticos que fueron proporcionados por el presidente tiempo atrás a algunos opositores colocó a estos en ventaja en la oposición". Si esto fuera así, declararon a este periódico, "esta actuación representaría un flujo de información privilegiada llevado a cabo por un funcionario al que se le confió una responsabilidad máxima, como es vigilar escrupulosamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las plazas, desde su puesto de máximo responsable del tribunal calificador".
Con esta denuncia sobre la mesa, la Fiscalía dispone de seis meses para estudiarla y adoptar una decisión: archivarla (en cuyo caso los denunciantes podrían como alternativa acudir a un Juzgado) o remitirla a un Juzgado de Instrucción para que indague con mayor profundidad al respecto.
