La UE desmiente a Montoro sobre el ´céntimo sanitario´
Recuerda al ministro que "nunca autorizó este gravamen" y que "lanzó un procedimiento de infracción en 2002"
28.02.2014, EP/Bruselas.
La Comisión Europea ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que nunca autorizó el 'céntimo sanitario' -que ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE- sino que por el contrario se opuso desde el principio a este gravamen con argumentos similares a los que esgrime el fallo.
Montoro afirmó este jueves que la sentencia del Tribunal "está desautorizando" a la Comisión Europea y responsabilizó a Bruselas de haber dado luz verde al Gobierno y a las comunidades autónomas para implantar esta medida.
"La Comisión Europea nunca autorizó este gravamen especial sobre los carburantes contra el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia", ha dicho la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor, en rueda de prensa.
"Al contrario, la Comisión expresó reservas sobre la compatibilidad de este impuesto (con la legislación de la UE) desde el principio y lanzó un procedimiento de infracción en 2002. Y los argumentos del Tribunal sobre este gravamen están completamente en línea con el punto de vista expresado por la Comisión en el procedimiento de infracción", ha resaltado la portavoz.
"Ahora corresponde a los tribunales españoles dar seguimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia y decidir cómo continuar con este caso", ha señalado Traynor.
Pymes y autónomos asturianos cifran en 250 millones la devolución por el 'céntimo sanitario'
Estiman que un camionero con un consumo anual de 65.000 litros pagó de más por este impuesto 3.000 euros durante cada uno de los ejercicios en los que el impuesto estuvo en vigor
01.03.14 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acaba de declarar ilegal el 'céntimo sanitario' abre la puerta al reintegro del impuesto, aunque, según los juristas consultados, para iniciar la batalla contra el Ministerio de Hacienda será indispensable contar con las facturas de las gasolineras. Las asociaciones asturianas de pymes y autonómos han sido de las primeras en sacar la calculadora para realizar un primer cálculo sobre a cuánto puede ascender la devolución global que debería realizarse en la región a los profesionales agrupados dentro del sector de pymes y autónomos. De acuerdo con la estimación realizada por el vicepresidente de las Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (Afas) y presidente de la Unión Independiente de Transportistas Asturianos (UITA), José Fernández, las devoluciones podrían alcanzar los 250 millones de euros, por los diez años en los que el impuesto estuvo en vigor. Una cantidad que, no obstante, parece difícil que se pueda alcanzar, ya que según los técnicos del Ministerio de Hacienda, fiscalmente solo son válidos los cuatro últimos años de tributación. El resto habría prescrito.
Al margen del debate sobre a cuántos ejercicios fiscales afectará finalmente la devolución, Fernández argumenta que llega a esa cifra considerando una flota de 11.000 camiones de gran tonelaje que realizan tanto servicios públicos como privados y de 2.000 ligeros (furgonetas de reparto, entre otros). Los primeros, con un consumo anual estimado de 65.000 litros de gasóleo, y, los segundos, de 15.000 litros, por los que pagaron de más, fruto de este impuesto, unos 4,8 céntimos por litro durante cada uno de los ejercicios en los que dicho tributo se habría cobrado de manera indebida. Así, una empresa con una flota de tres camiones de gran tonelaje podría reclamar, según el responsable de UITA, alrededor de 9.000 euros por año. Es decir, 3.000 por camionero. La cifra de devolución estimada por el colectivo también tiene en cuenta el reembolso que, a su juicio, tendría que realizarse a autónomos por servicios particulares como los del taxi que, no obstante, resultan mucho más difíciles de precisar y, también, de reclamar. Sin un recibo plenamente legal no habrá nada que hacer, por lo que para un particular será muy complicado optar a la devolución del impuesto cobrado ilegalmente.
Por contra, los profesionales del transporte por carretera sí suelen guardar religiosamente cada factura de repostaje, lo que les podría facilitar la batalla. Recuerda Fernández que ya en 2008 desde UITA se canalizaron las reclamaciones a la Agencia Tributaria por el cobro de este impuesto durante cuatro años que fueron rechazadas.
En esta ocasión, el presidente de la asociación asegura las reclamaciones deberán hacerse, al menos en un primer momento, de manera individual, presentando una reclamación en la delegación de Hacienda para abrir un procedimiento de reintegro de cobros indebidos aportando las facturas oficiales correspondientes. En teoría, se estudiará caso a caso y la Agencia Tributaria verificará los datos.
El Principado irá a los tribunales si le obligan a abonar las compensaciones
Fernández alega que Asturias tiene «la razón jurídica» y que debe ser el Gobierno central, «sin ninguna duda», el que asuma la responsabilidad
01.03.14 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado acudirá a los tribunales si el Gobierno central descarga en las autonomías la responsabilidad de devolver el dinero ingresado ilegalmente a través del 'céntimo sanitario', anulado el jueves por el Tribunal de Justicia de la UE. Al Ejecutivo regional le asiste la «razón jurídica», apuntó el presidente, Javier Fernández, en una breve comparecencia en los pasillos de la Junta General en la que instó al gabinete de Mariano Rajoy a asumir las hipotéticas compensaciones derivadas del fallo.
Son 13.000 millones los que están en juego, la recaudación obtenida por este tributo en España hasta 2012, 363 de ellos en Asturias. La parte de ese dinero que haya que reintegrar a quienes en su momento lo abonaron debe salir de las arcas estatales y no de fondos de las comunidades, remarcó ayer Fernández poniendo voz al mensaje que el mismo jueves ya había avanzado la Consejería de Hacienda. «Es un impuesto cuya titularidad corresponde al Estado», reflexionó el presidente. «Si es así, dígame usted de quién es la responsabilidad» de asumir esas devoluciones, agregó, limitando el papel de las autonomías a meras perceptoras de los recursos que llegaban por la vía de ese gravamen.
«Sin ninguna duda», remarcó Fernández, es el Gobierno central el que debe «hacer frente» a las consecuencias de la sentencia. De no ser así, apostilló, «con toda seguridad presentaríamos un recurso».
La cadena de reacciones a la sentencia continuó ayer. Foro recordó que en sus programas electorales ya contemplaba la eliminación del 'céntimo', de efectos «perversos» para la actividad de los transportistas. IU, por su parte, pide que la nueva financiación autonómica resarza a las comunidades «ya que este impuesto fue utilizado en sustitución de una verdadera financión».
El Gobierno central afirma que "cumplirá y ejecutará" la sentencia
01.03.2014, Oviedo, Agencias, en La Nueva España.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo "cumplirá y ejecutará" la sentencia que anula el "céntimo sanitario" en los "términos que los tribunales señalen". Los gobiernos autonómicos, mientras tanto, comparten mayoritariamente la visión del asturiano y entienden que es la administración central la que debe hacerse cargo de las devoluciones, pero hay excepciones. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, admitió que, en virtud del Convenio Económico, su comunidad deberá asumir la devolución, y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, avanzó que si es el Estado el que devuelve el dinero, él pedirá una compensación económica para su región, que no aplicó el impuesto.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la devolución no será inmediata y de que sólo se podrá recibir lo cobrado en los últimos cuatro años, ya que el resto de ejercicios están prescritos, y colectivos de pequeñas y medianas empresas y de autónomos estudian la presentación de una reclamación colectiva.
¿Qué es el céntimo sanitario y cómo le afecta a usted que se declare ilegal?
El varapalo a España por parte del Tribunal de Justicia de la UE genera dudas entre los contribuyentes sobre si Hacienda les devolverá el dinero cobrado indebidamente y cómo reclamarlo
Republica/EP, Madrid
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' aplicado en algunas comunidades autónomas vulnera la legislación comunitaria.
¿Qué es el ‘céntimo sanitario’?
Es un impuesto sobre los carburantes que aplicaron algunas comunidades autónomas desde 2002 hasta diciembre de 2012 para financiar la sanidad o con fines medioambientales, aunque el TJUE considera que su finalidad ha sido más bien recaudatoria.
¿Qué comunidades autónomas lo aplicaron?
Estuvo implantado en 13 comunidades autónomas. Se aplicó en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Navarra, Madrid, Asturias y Galicia.
¿Actualmente se aplica en alguna CCAA? ¿Por qué se suprimió?
Actualmente, no. Desde el 1 de enero de 2013 y con el objetivo de corregir las deficiencias investigadas ya entonces por el TUE, fue corregido y quedó integrado en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). De esta forma, su vigencia, al menos desde enero de 2013, cumpliría con la legislación comunitaria y no estaría sometida a cuestionamiento.
¿Aplicaron el mismo gravamen todas las CCAA?
No. Osciló a lo largo del tiempo y dependiendo de la comunidad autónoma, entre 1,2 y 4,8 céntimos de euros por litro de carburante. A finales de 2013, cuando ya estaba integrado en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), su valor era el que se refleja en el gráfico que encabeza esta noticia.
¿Por qué el Tribunal de Justicia de la UE considera que es ilegal?
Porque no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.
Según los jueces, para que se cumpla esto, lo obtenido con el impuesto debería haberse utilizado para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos.
¿Por qué ha investigado este impuesto la UE?
Porque una empresa de transporte establecida en Cataluña, Transportes Jordi Besora, acudió a los tribunales para que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pidió a la justicia europea que se pronunciara.
¿Cómo afecta el fallo a España?
España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, aunque el Ministerio de Hacienda ha señalado que la cifra será “sensiblemente inferior”. Los transportistas calculan que en todo caso el importe asciende a 2.300 millones de euros.
¿Se va devolver el dinero a los que echaron gasolina esos años?
Fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que no todo se podrá devolver a los contribuyentes, ya que, por un lado, una parte ya está prescrita y, por otro lado, la devolución se hará a quienes lo reclamen y después de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria, inspecciones que llevará su tiempo realizar.
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