TRIBUNALES

Por desgracia esto sólo afecta a los compañeros de Justicia, el resto seguimos con que tienen que devolvernos la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio de la que, por cierto, en Asturias nada sabemos aún ¿qué pasa con “nuestros representantes”?

Un juez ordena "por primera vez" la devolución íntegra de la paga extra retirada en 2012

El retraso en la modificación legal para aplicar la eliminación de la extra, ha sido la razón esgrimida por un juez de Sevilla para decir que la medida no se ajusta "a derecho" y pedir su devolución

El caso concierne especialmente a los 55.000 funcionarios de Justicia, ya que el cambio en la ley que permitía quitar la extra llegó en diciembre, cuando la paga ya había sido totalmente devengada

EUROPA PRESS – SEVILLA

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla ha dictado sentencia por la que reconoce que la retirada de la paga extra de Navidad, decretada por el Gobierno central en 2012 es "contraria a derecho" y obliga a esta Administración a su devolución íntegra, según indica el sindicato CSIF, que defiende al funcionario afectado y que asegura que "es la primera vez que a nivel nacional se ordena la devolución íntegra desde que se produjeron los recortes"

 

En la sentencia, consultada por Europa Press, dicho juzgado declara "contraria a derecho" la minoración de una cuarta parte de la cuantía anual de sueldo y trienios "sufrida por el actor en sus nóminas de julio a diciembre de 2012" y declara el derecho del actor a "ser resarcido por la administración demandada, abonándole las anteriores minoraciones, más sus intereses legales".

 

Según indica CSIF-A en su nota, esta sentencia supone "un éxito judicial y sindical en una denuncia que recoge que Hacienda retiró la paga extra de manera 'anómala e ilegal' a los funcionarios de Justicia y que se dicta en vísperas de nuevas movilizaciones de CSIF contra el recorte a las extra de 2014 de los empleados públicos en Andalucía".

 

El sindicato precisa que J.A.R, secretario del Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla) se ha convertido en "el primer empleado público en ganar la batalla jurídica al Ministerio de Hacienda", toda vez que "se trata de la primera vez en la que un juzgado ordena la devolución íntegra de esta paga extra, pues hasta ahora, los juzgados tan sólo habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno".

 

La sentencia concierne en este caso a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado, incluyendo obviamente los más de 7.000 empleados públicos de Justicia en Andalucía. Las relaciones laborales de este personal están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Gobierno tuvo que modificar para aplicar el recorte sobre sus nóminas.

 

Esta modificación legal se produjo el mismo mes de diciembre, cuando la paga extra ya había sido devengada íntegramente. Por tanto, tal y como destaca la sentencia, el Gobierno simplemente "llegó tarde", por lo que la minoración salarial es "contraria a derecho". "En resumidas cuentas, se trata de una anomalía e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración", destaca la sentencia.

 

CSIF-A asevera que el caso de J.A.R "no será el último", toda vez que "la sentencia es firme y de entrada todos los funcionarios de Justicia de la provincia de Sevilla podrán adherirse a la misma, y a continuación, los del resto del Estado, con reclamaciones individuales que promoverá CSIF".

 

El sindicato considera que el Ministerio de Hacienda "debe tomar buena nota y sentarse de una vez a negociar la devolución de la paga extra, tal y como viene reivindicando CSIF desde hace meses".

 

Asimismo, precisa que la sentencia "llega en vísperas de las nuevas movilizaciones contra el recorte de las pagas extra de los empleados públicos andaluces para 2014, que lideradas por CSIF-A vuelven a repetirse este miércoles en todas las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de manera simultánea en todas las provincias".

 

CSIF indica que "siempre se ha opuesto a todos los recortes de los diferentes gobiernos sobre unos empleados públicos que ha visto disminuido su poder adquisitivo en Andalucía casi un 40 por ciento en los últimos cuatro años por los recortes del Gobierno central y los de la Junta de Andalucía".

 

A su juicio, la sentencia dictada en Sevilla, tras denuncia promovida por CSIF, "no hace sino dar la razón" al sindicato "en su lucha contra los recortes desproporcionados, arbitrarios, injustos y discriminatorios a los derechos de los empleados públicos".

 

Primera sentencia que obliga a devolver íntegra la paga extra a un funcionario

La sentencia da más argumentos a los trabajadores de la Administración de Justicia para reclamar el reingreso de la extra de Navidad retirada en 2012

RAFA BERNARDO, CADENA SER.

"El legislador orgánico llegó tarde". Es el argumento en el que fundamenta su sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla para devolver al funcionario de Justicia que acudió a los tribunales la paga extra íntegra que el Gobierno retiró a todos los empleados públicos en 2012. Dice el Juzgado que el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio (el que retiraba la extra a todos) necesitaba, en el caso de los empleados públicos de la Justicia, una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa modificación no se hizo hasta diciembre de 2012, cuando la extra está ya devengada, "y puesto que el legislador orgánico no dio efecto retroactivo a esta disposición", dice el Juzgado, "resulta que la detracción [...] carecen de cobertura legal y son, por tanto, contrarias a derecho".

Hasta ahora, las sentencias en favor de los empleados públicos en materia de paga extra sólo habían dado la razón a los trabajadores en la parte proporcional que había sido devengada hasta julio; así que esta es la primera sentencia que devuelve la extra íntegra y, además, es una sentencia firme. El sindicato de funcionarios CSIF, que defendía a este funcionario, cree que esta decisión judicial acerca la devolución de la extra a todos los funcionarios de Justicia. "Desde luego, esta sentencia abre la puerta y nos hace ser muy optimistas en un primer momento para los funcionarios de Justicia de nuestro país, y seguiremos luchando desde CSIF para que sea para todos los empleados públicos de España", decía a la SER el presidente del sindicato, Miguel Borra.

CSIF va a mantener este martes una reunión con el Ministerio de Justicia para pedirle que aplique el contenido de esta sentencia a todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Si no lo hace, el sindicato promoverá reclamaciones individuales entre esos trabajadores para que, con la sentencia en la mano, tengan un argumento más sólido (tanto ante la Administración como ante los tribunales) para reclamar esa devolución. "La sentencia se refiere a una persona, pero la extensión de efectos en un cuerpo nacional como son los funcionarios de Justicia, nos hace ser tremendamente positivos en nuestras expectativas de que a final acabará afectando a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia de nuestro país", resumía Borra.

 

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De un tema anterior, a mi entender, inconcluso, a esto

Un sindicato acusa al jefe de urología del HUCA por desviar pacientes a su consulta

La denuncia está respaldada por nueve médicos del mismo servicio y alcanza también a la Consejería de Sanidad por no haber tomado medidas

09.11.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El sindicato de funcionarios USIPA denunció ayer ante la Fiscalía Superior del Principado al jefe de urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el supuesto desvío de pacientes de la sanidad pública a su consulta privada. La denuncia sindical está respaldada por nueve médicos del mismo servicio y también alcanza a los responsables de la Consejería de Sanidad, por no haber tomado medidas pese a estar informados de la existencia de esas prácticas con varios pacientes.

La denuncia plantea la existencia de "un supuesto desvío de pacientes a la medicina privada con ánimo lucrativo, una situación que al parecer viene ocurriendo desde hace tiempo en el servicio de urología del HUCA" por parte del jefe de ese departamento, Ramón Abascal. El sindicato de funcionarios argumenta su denuncia en varios escritos firmados por nueve doctores de ese mismo servicio, donde se documentan de manera detallada varios casos de "desvío injustificado" de enfermos a la medicina privada.

El grupo de nueve médicos expone en uno de esos documentos que el jefe del servicio se presentó "sin estar de guardia" el domingo 10 de febrero de este año en la habitación de un paciente que 48 horas antes había sido intervenido en el HUCA para decirle que "tiene un tumor "muy malo" que necesita operarse urgentemente y en este servicio tiene una lista de espera de 49 pacientes", tal y como el propio paciente relató de manera literal "durante el pase de visita del ingreso actual, en presencia de tres médicos de urología, dos estudiantes de Medicina en prácticas y la supervisora de la planta".

Ante la demora en el tratamiento que supondría esa lista, el jefe de urología propuso al enfermo ser operado "inmediatamente por él" en un quirófano de la sanidad privada el jueves 14 de febrero. Así se hizo. "El paciente manifiesta que los honorarios médicos ascendieron a 20.000 euros aparte de los honorarios de hospitalización y de otros especialistas médicos", prosigue el escrito que el grupo de urólogos envió desde el pasado 18 de octubre y en días sucesivos tanto al director médico del HUCA como a la inspección de servicios sanitarios, al gerente del área IV sanitaria, Jaime Rabanal; a la gerente del Sespa, Celia Gómez, y al consejero de Sanidad, Faustino Blanco.

Los nueve urólogos sostienen que "comprobada la lista de espera de esas fechas, este paciente podría haber sido intervenido el 27 de febrero, ya que el paciente que se operó en esa fecha estaba en la lista de espera desde el día 18 del mismo mes, es decir ocho días después de la fecha en la que él habría entrado si se le hubiese dado una información veraz y ética". El escrito de los nueve urólogos concluye que "si lo referido por el paciente es cierto, todo parece indicar que estando aún ingresado, recibió una información falsa, que le indujo a operarse en un centro privado, con consecuencias económicas importantes que podrían repercutir en el Sespa en caso de reclamación".

En la denuncia se da cuenta de, al menos, diez casos más de pacientes que o bien fueron desviados a la sanidad privada o "adelantados del lugar que les corresponde por la fecha de entrada en la lista de espera, por delante (y en perjuicio) de decenas de pacientes". La denuncia, formalizada por el letrado de USIPA, Eduardo Rueda, considera que esos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones ilegales, así como de negociaciones prohibidas a funcionarios.

LA NUEVA ESPAÑA intentó contactar ayer con el jefe de urología del HUCA, pero no resultó posible. El sindicato de funcionarios USIPA también extiende su denuncia ante la fiscalía a los responsables de la Consejería de Sanidad Faustino Blanco, Celia Gómez y Jaime Rabanal, y a los superiores y directivos de la inspección de servicios sanitarios, por omisión del deber de impedir delitos y encubrimiento, ya que no adoptaron medidas tras conocer esos hechos.

El coordinador general del sindicato USIPA, José Luis González, justificó la presentación de esta denuncia en la defensa que han asumido del empleo público "y porque como funcionarios tenemos la obligación de denunciar esas prácticas. No podemos mirar para otro lado y menos cuando se juega con la vida y la muerte", concluyó.

RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS:

USIPA denuncia el desvío de pacientes a la privada y adelantos en la lista de espera

-El sindicato basa la denuncia ante la fiscalía asturiana en varios escritos firmados por nueve médicos de urología.

-Los especialistas dan detalles de varios casos en los que pacientes de la unidad atendida por el jefe de urología, Ramón Abascal, "desaparecen" de la lista de espera y acaban operados en un centro privado o "son adelantados del lugar que les corresponde" en la lista de espera de la sanidad pública.

-Los urólogos que han advertido de esas prácticas, "en cumplimiento del código deontológico", son José María Burón, Félix Fernández, Francisco Javier Regadera, Luis Pérez, Jesús Fernández, Alfonso Sanmartín, Jorge García, Faustino González y Antonio Jalón.

-USIPA pide a la fiscalía que abra una investigación.

Un servicio en guerra que en la pasada huelga médica cerró filas en torno a su jefe

09.11.2013, Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Las graves acusaciones de nueve urólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) contra su jefe de servicio, Ramón Abascal, se enmarcan en una situación interna que es muy convulsa desde hace años. Las severas desavenencias personales en el área de urología del complejo ovetense son bien conocidas en los ambientes sanitarios de la región, pero sus repercusiones nunca habían llegado tan lejos.

En este clima volcánico, resultó cuando menos novedoso el hecho de que en diciembre del año pasado la práctica totalidad de la plantilla del servicio cerrara filas con Ramón Abascal cuando éste fue apartado de forma provisional tanto de la jefatura como del propio servicio por supuestas irregularidades durante el desarrollo de la huelga de médicos que sufrió la sanidad pública asturiana en el último tramo de 2012.

En aquel momento, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) responsabilizó al doctor Abascal de un supuesto incumplimiento de los servicios mínimos, que habrían dado lugar, entre otras consecuencias, a la suspensión de la operación de una paciente ovetense enferma de cáncer que padecía una metástasis en la glándula suprarrenal y acumulaba ya diez intervenciones quirúrgicas.

La reacción de la práctica totalidad de los urólogos del HUCA fue firmar una carta en la que respaldaban a Ramón Abascal y calificaban de "arbitraria" la actuación de la Consejería de Sanidad de apartarle cautelarmente de la jefatura y del servicio. Asimismo, culpaban en exclusiva a la administración y a "su nefasta gestión del conflicto médico" de la suspensión de la citada intervención.

Finalmente, una sentencia judicial obligó al Sespa a reponer en su cargo de jefe del servicio de urología, al considerar que su apartamiento no estaba justificado y había supuesto la vulneración de los derechos constitucionales del doctor Abascal. En consecuencia, declaró la nulidad radical de la medida y estableció que la administración sanitaria debía abonarle los 3.800 euros de salario que había dejado de pagarle durante los días en los que la sanción estuvo vigente.

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Dilación incompatible con la enfermedad, considera el juez.

ENLACE CON LA SENTENCIA INTEGRA

El Sespa debe pagar más de 23.000 euros por la demora en una operación

El juez considera que «se superaron los plazos razonables» para atender a un enfermo cardíaco que optó por acudir a una clínica privada tras cinco meses de espera

09.11.13 - REDACCIÓN | GIJÓN, El Comercio.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a pagar a un paciente 23.188 euros, una indemnización equivalente al coste económico que tuvo que afrontar por la intervención quirúrgica realizada en una clínica privada. El juez entiende que la sanidad pública no le trató con la urgencia requerida y que hubo una dilación incompatible con el tipo de enfermedad. Afirma que «se superaron los plazos razonables».

Según recoge la sentencia el demandante, que padecía estenosis aórtica por calcificación de la arteria, acudió el 21 de diciembre de 2009 a una consulta privada de cardiología, donde le recomendaron una evaluación para operarse. Por ello acudió a su médico de familia, quien el 29 de diciembre le envió al Servicio de Cardiología de Cabueñes.

Desde allí, en febrero de 2010 le derivaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fue atendido el 1 de marzo de 2010. Se le dijo que la operación no sería antes de cinco o seis meses. En vista de los plazos y ante la gravedad, el hombre decidió acudir a la asistencia sanitaria privada. Fue operado con éxito en el Centro Médico el 3 de marzo. Posteriormente, desde el HUCA se le comunicó que se había decidido que se le iba a operar y se le dio cita para el 5 de mayo.

A la vista de los acontecimientos, el paciente decidió acudir a los tribunales, amparada por el abogado Manuel José Rodríguez, al entender que debían indemnizarle desde el sistema público, al existir urgencia vital en su enfermedad, que no fue atendida. El juez considera que «hasta mayo de 2010 pasó meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación». Cree el magistrado que sufrió una «dilación incompatible con su enfermedad».

El Principado deberá indemnizar a un paciente por la espera de una operación

El SESPA deberá pagar al hombre, que tenía una afección cardiaca, el equivalente al coste que tuvo que afrontar por la intervención en una clínica privada

EUROPA PRESS

Una sentencia del Juzgado de lo Concencioso-Administrativo número 5 de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a pagar a un paciente una indemnización equivalente al coste económico que tuvo que afrontar por la intervención quirúrgica realizada en una clínica privada. El juez entiende que la sanidad pública no le trató con la urgencia requerida y que hubo una dilación incompatible con el tipo de enfermedad.

El Juzgado ha estimado su demanda al entender que el Sespa no proporcionó al hombre la asistencia sanitaria que requería en atención a la urgencia que demandaba su enfermedad. Le obliga así a pagarle 23.188 euros más los intereses legales desde la primera reclamación que hizo en vía administrativa.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre, que padecía una enfermedad cardiaca consistente en estenosis aórtica por calcificación de la arteria acudió el 21 de diciembre de 2009 a una consulta privada de cardiología, donde le recomendaron una evaluación para operarse . Tras esa consulta, acudió a su médico de familia, quien el 29 de diciembre emitió volante de consulta al Servicio de Cardiología de Cabueñes.

Allí llegó en febrero de 2010 y le derivaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), diciéndole que el caso sería evaluado de forma conjunta por Cardiología y Cirugía Cardiaca y que le comunicarían la decisión adoptada.

El paciente acudió nuevamente al HUCA el 1 de marzo de 2010, sin que le concretasen fecha de intervención. Se le dijo que, en cualquier caso, no sería antes de cinco o seis meses. En vista de los plazos y ante la gravedad, el hombre decidió acudir a la asistencia sanitaria privada, Fue operado con éxito en el Centro Médico el 3 de marzo. Posteriormente, desde el HUCA se le comunicó que se había decidido que se le iba a operar y se le dio cita para el 5 de mayo.

A la vista de los acontecimientos, el paciente decidió acudir a los tribunales al entender que debían indemnizarle desde el sistema público, al existir urgencia vital en su enfermedad, que no fue atendida. Comenzó así un proceso de reclamaciones que al final ha conseguido darle la razón en un procedimiento en el que sus intereses han sido defendidos por el abogado Manuel Rodríguez Alonso, del bufete Norabogados.

En los argumentos jurídicos, el juez entiende que en este caso la sanidad pública debía haber atendido al hombre "a la mayor brevedad", una vez que tenía el diagnóstico en diciembre de 2009. "Podemos concluir que se superaron los plazos razonables para realizar una intervención quirúrgica", afirma el juez en la sentencia.

"Hasta mayo de 2010 pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación", añade, de tal forma que considera que el paciente sufrió una "dilación incompatible con el tipo de enfermedad". Por ello condena al Sespa a que abone los gastos de la operación en la clínica privada, más los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.

El Principado tendrá que pagar una operación en un centro privado por la excesiva demora

El coste de la intervención de corazón ascendió a 23.188 euros

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Tras una larga espera para operarse del corazón decidió acudir a una clínica privada. La operación costó 23.188 euros. Un juez ovetense ha decidido ahora que es el Servicio de Salud del Principado (Sespa) quien debe hacerse cargo de esta factura -más los intereses- bajo el argumento de que sometió al paciente a "una dilación incompatible con el tipo de enfermedad" que padecía: una estenosis aórtica debida a una calcificación de la arteria. El paciente, cuya identidad no ha trascendido, reside en Gijón y tiene más de 80 años.

La sentencia del Juzgado de lo concencioso-administrativo número 5 de Oviedo juzga una situación que comenzó en diciembre de 2009, cuando el enfermo acudió a una consulta privada de cardiología y, días después, su médico de familia le dio un volante para el servicio de Cardiología del Hospital de Cabueñes, de Gijón, con el fin de que los especialistas valorasen la posibilidad de operarlo para sustituirle la válvula aórtica.

En esa consulta de Cabueñes, en febrero de 2010, fue derivado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para que el caso fuera valorado de forma conjunta por cardiólogos y cirujanos cardiacos. Se le dijo entonces que le sería comunicada la decisión adoptada. En una segunda consulta en el HUCA, el 1 de marzo, se le dijo que la operación no se llevaría a cabo "antes de cinco o seis meses". Fue entonces cuando el paciente gijonés decidió acudir al Centro Médico de Asturias, donde fue intervenido con éxito el 3 de marzo de 2010. Posteriormente, el HUCA le informó de que sería operado y le citó para una nueva consulta el 5 de mayo.

Riesgo vital

El Sespa se negó a pagarle la intervención, y el paciente presentó una demanda que fue desestimada por el Juzgado de lo social número 3 de Gijón. La nueva resolución judicial sí le da la razón. "La sanidad pública ya tenía un diagnóstico de estenosis sintomática en diciembre de 2009, y ya se sabía que el paciente tenía síncopes de repetición desde octubre de 2009", señala la sentencia del Juzgado de lo concencioso-administrativo número 5 de Oviedo.

El juez concluye que "su decisión de acudir a la sanidad privada para el recambio valvular por prótesis no se antoja irrazonable, dado el riesgo vital que demuestran todos los informes privados y públicos". La sentencia niega al demandante su pretensión de recibir una indemnización por daños morales, ya que "no se acredita un perjuicio psicológico clínicamente demostrado".

Si alguno aún tiene la esperanza de que el gobierno central no recurra que se le vaya quitando de la cabeza

El alcalde de Oviedo desvela que el Gobierno recurrirá la sentencia de los fondos

El ministro de Industria afirma que la Abogacía del Estado "estudia" el fallo, y el PSOE reclama en el Congreso que se acate la decisión judicial

Foto.- La pelota en el tejado del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Langreo / Mieres, L. M. D. / M. PÉREZ / Agencias, en La Nueva España.

El alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, desveló ayer, tras las consultas realizadas por su Ayuntamiento, que el Gobierno central tiene previsto recurrir la sentencia judicial que estima parcialmente el recurso presentado por el Principado en el que reclamaba al Estado más de 213 millones de euros de obras de los fondos mineros. Desde el Ministerio de Industria, su titular, José Manuel Soria, afirmó ayer en Madrid que la Abogacía del Estado "está estudiando" la sentencia y la forma de recurrirla. El PSOE, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la cual insta al Ejecutivo a "dar cumplimiento inmediato" a la sentencia, y con la que exige que "no se interponga recurso de apelación" con el fin de "evitar más dilación en la ejecución de unas infraestructuras esenciales" para las comarcas mineras asturianas.

 

La posición defendida en el Congreso por el PSOE fue refrendada ayer por la Federación Socialista Asturiana (FSA), que ya por la mañana solicitó públicamente al Gobierno de Mariano Rajoy que no recurra. El PP asturiano, por su parte, guardó silencio sobre la cuestión, mientras que IU considera que sería factible incluso reclamar "todos los fondos del Plan del Carbón" que se suprimieron, "unos 500 millones". UPyD afirma que se trata de una sentencia positiva para Asturias, pero que es "muy inconcreta" y que "será compleja" en su fase de ejecución.

 

Agustín Iglesias Caunedo expuso en Oviedo, antes de una conferencia en el Auditorio Príncipe Felipe, que "tenemos que esperar a que esa sentencia sea firme. El Gobierno tiene un plazo de 15 días para recurrir, y me han informado en el Ayuntamiento de que consta que el Gobierno va a recurrir esa sentencia. Luego, hasta que no sea firme, no podremos reclamar los fondos" que le corresponden a su municipio. Por su parte, José Manuel Soria, que participó ayer en el XVII Fórum de la Automoción Española, afirmó que la sentencia y el recurso "está siendo estudiada" por los servicios de la Abogacía del Estado.

 

La postura que mantiene el PSOE es completamente contraria. Los diputados socialistas asturianos en el Congreso reclaman al Gobierno que se cumpla de manera inmediata la sentencia y "asuma el pago de las cantidades adeudadas al Principado, en cumplimiento a los convenios firmados para la ejecución de infraestructuras incluidas en las actuaciones del desarrollo alternativo de las Cuencas". Los socialistas, a través de una proposición no de ley en el Congreso, exigen que se "repongan al Instituto del Carbón las cantidades correspondientes a los compromisos adquiridos", y reclaman que no se interponga "recurso de apelación ante la Audiencia Nacional", para que no haya más retrasos en la ejecución y la financiación de los proyectos, valorados en 213 millones de euros.

 

Jesús Gutiérrez, secretario de Organización de la FSA, subrayó que "hoy le pedimos al Gobierno que acate la sentencia, que la acepte, y que vea que la lealtad institucional es necesaria". Gutiérrez llamó a hacer un "frente común" entre los partidos asturianos para que el Ejecutivo atienda esta demanda, un frente en el que tiene que estar "el PP de Asturias. Debe estar con el resto de las fuerzas del Principado para defender los intereses de la región". Jesús Gutiérrez instó a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, a "dar la cara por los asturianos" y "reclamar al Ejecutivo central que se paguen estos proyectos. Tiene que dar la cara por la gente de su región, y tiene una gran oportunidad para hacerlo. El PP de Castilla y León ya lo ha hecho, y aquí, de momento no".

 

El coordinador de IU en Asturias, Manuel González Orviz, indicó ayer que, a su entender, se podría intentar "recuperar todos los fondos secuestrados por el PP", es decir, "reivindicar unos 500 millones del Plan del Carbón que "se arrebataron a las comarcas mineras". Orviz afirma que el recorte de estas partidas "fue una aprobación ilegítima por parte del PP. Los fondos mineros no eran una cesión graciosa del Gobierno, estaban motivados por el cierre y la disminución de las plantillas de las minas. Las Cuencas cumplieron sobradamente con su parte del trato". IU también criticó a los socialistas porque, durante su etapa en el Gobierno, "retrasaron la transferencia de recursos y las firmas de los convenios".

 

Desde UPyD, su diputado regional, Ignacio Prendes, indicó que la sentencia deja "muchas cuestiones en el aire", y que habrá que trabajar, convenio a convenio, "para saber las cantidades que se adeudan". Prendes criticó además la gestión de los fondos mineros por parte tanto del PSOE como del PP.

 

Los sindicatos consideran que el Ejecutivo de Rajoy cometería un grave error si apelara el fallo

08.11.2013, Mieres / Langreo, Andrés VELASCO, en La Nueva España

Los sindicatos mineros se congratularon ayer por la sentencia que tumba la eliminación de los fondos mineros por parte del Gobierno del PP. Tanto desde el SOMA-FITAG-UGT como desde la Federación de Industria de CCOO calificaron el fallo como "una buena noticia", y reclamaron que el Gobierno central cumpla la sentencia y ponga sobre la mesa los cientos de millones de euros para proyectos a desarrollar en el Principado de Asturias.

 

El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, señaló que la valoración sobre la sentencia es "positiva", ya que viene "a refrendar la política sindical que venimos manteniendo sobre los fondos mineros y el evidente incumplimiento del Gobierno a la hora de abonar el dinero pendiente". Por otra parte, el responsable del SOMA instó al Gobierno central a no recurrir la sentencia y dar cumplimiento al mandato del juez, ya que a su juicio "el fallo tumba todos los razonamientos del Gobierno para anular los fondos mineros". Además, valoró que ahora se abre un proceso largo "en el que habrá que analizar cada convenio detenidamente". "Confiamos en que el actual Gobierno del Principado de continuidad al trabajo del anterior ejecutivo", sentenció.

 

Mientras, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Asturias, Damián Manzano, aseguró que la sentencia "demuestra que el Partido Popular, en todo lo que está relacionado con la minería, como en muchos otros ámbitos, es un experto en incumplir y mentir". "Lo hicieron con las prejubilaciones, con las ayudas a la producción de carbón y con los fondos mineros, y en esta caso la justicia nos ha dado la razón, porque aunque se haya reclamado desde el plano político, lo cierto es que estas partidas nacen de una negociación de los agentes sociales". El responsable sindical agregó que "espera que el Gobierno no lo reclame, porque sería un nuevo error, y se ponga a trabajar para cumplir la sentencia". Un fallo judicial, dijo el responsable de la Federación de CCOO en Asturias, que "es muy importante para el tejido empresarial y productivo de las comarcas mineras, así como para la reconversión industrial de los valles y su futuro".

 

Las cuencas mineras piden al Gobierno “lealtad” y el abono de los fondos mineros

RTPA

Los alcaldes de las cuencas son tajantes al señalar que el pago de los fondos mineros que se adeudan a los concejos no solo supondría un balón de oxígeno para las arcas municipales, que llegaron a adelantar el dinero para algunos proyectos, permitiría además poner en marcha otras iniciativas muy necesarios, comprometidas y en algunos casos hasta licitadas o adjudicadas.

 

En Aller, según explica su regidor, recibir el dinero que se adelantó permitiría al concejo salir del plan de ajuste.

 

Mieres, con una situación económica delicada, llegó a adelantar 400.000 euros de fondos mineros y paralizó una obra de suma importancia para la ciudad como el parking de Oñón.

 

En Lena los fondos pendientes ascienden a 20 millones de euros y su alcalde espera comprensión por parte de la Administración Central.

 

Los concejos mineros no renuncian a ninguno de los proyectos firmados, cuyo coste total asciende a 213 millones de euros.

 

Los alcaldes mineros esperan recuperar los fondos adelantados para obras locales

Los regidores califican la sentencia como una "buena noticia", aunque se muestran cautos ante un posible recurso

08.11.2013, Langreo / Mieres, L. M. D. / A. V., en La Nueva España.

Los alcaldes de las comarcas mineras calificaron ayer de "muy buena noticia" el fallo del Juzgado Central Contencioso-administrativo que tumba la supresión de los fondos mineros, tal y como reclamó por vía judicial el Gobierno del Principado. Los regidores coinciden en que el dinero servirá para recuperar fondos que ya se habían adelantado, aunque se muestran cautos ante la posibilidad de un recurso por parte del Gobierno central.

 

La alcaldesa de Langreo, María Fernández, se mostró prudente en su valoración de la sentencia porque "el Gobierno puede recurrirla", aunque "es sin duda una buena noticia". Langreo, añadió la regidora, "adelantó, en tiempo y forma, dinero para hacer proyectos. Nos gastamos dos millones de euros en Talleres del Conde, las expropiaciones del barrio del Pilar y en El Cadavíu. Se nos abre la puerta a reclamar estos convenios para recibir el dinero, en un momento en el que los ayuntamientos tenemos tensiones de tesorería". Adrián Barbón, alcalde de Laviana y representante socialista en Acom (Asociación Comarcas Mineras), aseveró que "si fuese Montoro estaría nervioso. La sentencia dice que hay que cumplir con los compromisos adquiridos. Igual se abre la puerta a que se recurran otros incumplimientos en otras materias". Barbón subrayó que "lo que se hizo fue eliminar los fondos, cuando el Principado y los ayuntamientos habríamos estado dispuestos a negociar los pagos".

 

El regidor de San Martín, Enrique Fernández, aplaudió la sentencia porque "nos da posibilidades de recuperar una financiación para proyectos importantísimos en las Cuencas", aunque "es cierto que puede recurrirse". "Los fondos mineros", afirmó, "no fueron ningún capricho. Son una necesidad social de unas comarcas, fruto de unos acuerdos firmados". En su concejo están pendientes proyectos como "el plan de vivienda joven, la mejora de núcleos rurales o la continuación de la creación de suelo industrial". Por su parte, el alcalde de Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad del Nalón, Marcelino Martínez, y el regidor de Caso, Tomás Cueria, destacaron que "la justicia reafirma que los acuerdos hay que cumplirlos".

 

En la comarca del Caudal, el alcalde en funciones de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, expresó la "satisfacción" y su "deseo de que el fallo sirva para recuperar el dinero ya invertido y no recuperado en algunas actuaciones, pero también para que haya un cambio de política por parte del Gobierno central". En este sentido, apuntó a que Mieres ha adelantado en torno a 400.000 euros parar la adquisición del edificio para el Museo de la Tonada y para el proyecto de adecuación de locales para salas de ensayo musical en La Peña. Además, recordó que otros proyectos vitales para Mieres, como el aparcamiento subterráneo de Oñón tuvieron que frenarse ante las dudas sobre la llegada de financiación. En esa línea se expresó también el alcalde de Aller, David Moreno, que aseguró que "es una muy buena noticia" y agregó que en este caso "la justicia nos ha devuelto lo que nos corresponde, y que a algunos ayuntamientos podrían incluso sacarnos de los planes de ajuste a los que estamos sometidos". De hecho, apuntó, "un 90% de nuestro plan de proveedores corresponde a dinero que adelantamos de los fondos mineros".

 

Para el regidor de Lena, Ramón Argüelles, la sentencia supone "un paso adelante", aunque, eso sí, "hay que tomársela con cautela". "Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central, que en vez de recurrir debería de ser leal con una administración, y abonar el dinero que se nos adeuda, que en el caso de Lena llegaría a los 20 millones de euros en diferentes proyectos". Por último, el regidor de Riosa, José Antonio Muñiz, calificó el fallo como "razonable y muy bueno para las administraciones locales", mientras que el alcalde de Morcín, Jesús Álvarez Barbao, indicó que la sentencia "permitirá recuperar iniciativas que nos vimos obligados a aparcar y que son muy importantes para nuestro desarrollo".

 

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Las excusas de Rajoy se vienen abajo: Ni hay imposibilidad económica sobrevenida, ni los posibles retrasos o defectos de forma a la hora de certificar las obras por parte del Principado son eximente para que el Estado deje de pagar

La gestión de los recursos de reactivación del plan del carbón en los tribunales…

La juez tumba la supresión de los fondos mineros

La magistrada estima en parte el recurso del Gobierno regional en el que reclama al Estado 213 millones y ordena revisar cada convenio para fijar "el pago de las cantidades que procedan"

Foto.- El soterramiento de las vías de Langreo, uno de los proyectos afectados por la supresión de fondos.

07.11.2013, Oviedo / Langreo, J. A. A. / M. Á. G., en La Nueva España.

La reclamación del Principado sobre los fondos mineros pendientes de cobro ha encontrado amparo en los tribunales. El Juzgado Central Contencioso-administrativo número cuatro ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno regional en el que reclama al Estado más de 213 millones de euros. El fallo de la magistrada Ana María Aparicio sostiene que las políticas de contención en el gasto adoptadas por el Ejecutivo central no conllevan una "imposibilidad económica sobrevenida" para hacer frente al pago de las subvenciones. También expone que los posibles retrasos o defectos de forma a la hora de certificar las obras por parte del Principado no eximen al Estado de tener que pagarlas.

 

La sentencia -contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Nacional- declara que ahora deben revisarse cada uno de los convenios en litigio para identificar "los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procedan". En este proceso, la juez insta a dar audiencia al Principado para que pueda plantear alegaciones y la "subsanación de las posibles deficiencias apreciadas". El Gobierno regional ya aventuró ayer que previsiblemente será un procedimiento judicial complejo y prolongado en el tiempo.

 

El litigio se inició después que el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 presidido por Mariano Rajoy adoptara, en el marco de sus políticas de ajuste, un acuerdo de no disponibilidad de créditos que repercutió directamente sobre la financiación de las partidas de los fondos mineros. En febrero de 2012, el Gobierno regional, presidido entonces por Francisco Álvarez-Cascos, planteó una reclamación judicial para exigir el pago de los fondos. No obstante, la demanda se presentó ante la Audiencia Nacional y no ante el Juzgado Central Contencioso-administrativo, lo que obligó al actual Ejecutivo del PSOE a reiniciar todo el proceso. La reclamación se centra en obras en marcha o ya ejecutadas que no fueron justificadas a tiempo en su integridad o sobre las que el Gobierno central manifestó reparos. Los convenios caducados sin ejecución quedaron fuera de la demanda.

 

A la hora de argumentar su fallo, la magistrada explica que la carencia o insuficiencia de crédito es una causa de resolución de la concesión de una subvención, pero indica que en este caso no se establece "la expresa declaración de imposibilidad económica sobrevenida para atender al pago de la concreta subvención que nos ocupa". También detalla que los acuerdos adoptados por el Gobierno central no determinan "el definitivo impago de la subvención sino que el expediente de pago no podrá tramitarse dentro del ejercicio presupuestario de 2011".

 

El fallo alude, asimismo, a los defectos en la certificación de las obras por parte del Principado para esgrimir que esos incumplimientos formales no eximen al Estado del abono de las partidas pendientes. "No todos los incumplimientos del objetivo o actividad que fundamenta la concesión, ni todos los casos de incumplimiento de la obligación de justificación, o justificación insuficiente -que en este caso se corresponden con justificaciones tardías- deben llevar inexorablemente a la pérdida o reintegro del importe íntegro (de la subvención)". En esta línea, la juez manifiesta que no se ha tenido en cuenta la posible "graduación de los incumplimientos", que recoge la Ley de Subvenciones y que permite "determinar las cantidades que finalmente deba percibir el beneficiario en cada caso o el importe a reintegrar".

 

El fallo supone un punto y aparta en un litigio con el Estado que el Principado prevé muy largo. El portavoz consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer que el Gobierno asturiano "estará muy activo y exigente" en la ejecución de una sentencia "que admite parte de nuestros planteamiento" pero que entraña "complejidad" en su cumplimiento. Incluso en el caso de que el Gobierno central acatara el fallo de primera instancia, se abriría una nueva etapa procedimental, ya que el Estado debe elaborar un informe en el que determine el grado de cumplimiento de cada convenio y tiene que incluir en el mismo las alegaciones que presente el Principado. Martínez reconoció que el cumplimiento del fallo judicial puede originar un cúmulo de incidentes de sentencia, ya que la administración asturiana "estará vigilante para que se ejecute y se resuelva en el plazo de tiempo más breve posible".

 

El portavoz del Ejecutivo asturiano también instó a FAC a no arrogarse ningún éxito ya que el anterior Gobierno regional, al cometer un "error" al presentar la reclamación, retrasó "dos o tres meses" el proceso y provocó un gasto de 36.456 euros "por recurrir al servicio de un despacho privado". "A los gobiernos les corresponde hacer las cosas bien. Lecciones, las justas", expresó Martínez. En una línea similar se expresó, Jesús Gutiérrez, secretario de Organización de la FSA, quien apuntó que Cascos "no puede sacar pecho" porque "metió la pata" al presentar el recurso. También destacó que el fallo puede suponer "una inyección económica muy importante" para esta región.

 

Ajeno a las críticas, el presidente de Foro Asturias defendió la labor de su Ejecutivo. "La sentencia estima el recurso presentado por el Gobierno del Principado durante mi presidencia". Y añadió: "La excusa inicial del Ministerio de Industria como fundamento de la eliminación de los fondos mineros (acuerdos de no disponibilidad) queda sin sostén jurídico y la sentencia acepta los argumentos usados por el Principado".

 

Cascos insta a Rajoy a «no intentar ganar tiempo» presentando recursos

«Vamos a actuar con todos los instrumentos a nuestro alcance para que se resuelva en el plazo de tiempo más corto», asegura el Principado

07.11.13 - J. A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

 

Francisco Álvarez-Cascos no ocultaba ayer su satisfacción después de conocer la sentencia que obliga al Gobierno central a abonar al Principado ayudas correspondientes a los fondos mineros, que fueron suspendidos en su primer Consejo de Ministros sin «sostén jurídico alguno». «Espero que esto sirva para que Asturias pueda ser resarcida», aseguró el presidente de Foro, que pide a Rajoy que no intente «ganar tiempo» presentado recursos y se ponga «manos a la obra» para colaborar con el Principado y los ayuntamientos con el fin de pagar todas las cantidades pendientes.

 

Al igual que pide a Rajoy inmediatez en el cumplimiento del fallo, Cascos cree que el Gobierno asturiano tampoco puede perder tiempo para reclamar lo que corresponde a la región. En este sentido, trasladó la disposición de su partido a colaborar en la reclamación.

 

Una invitación, por cierto, que fue desestimada por parte del Ejecutivo de Javier Fernández. Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, fue tajante: «Lecciones, las justas». Esta respuesta era la continuación de una larga exposición, por parte del Consejero de Presidencia, en la que advirtió de que había sido el actual Gobierno y no el de Foro el que había actuado de la forma adecuada y puesto las bases para el fallo que se conoció ayer.

 

Según explicó Martínez, el Ejecutivo de Cascos presentó «mal» el recurso ya que lo formuló ante la Audiencia Nacional y no ante el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo, que era el órgano correspondiente. El Gobierno afea igualmente al presidente de Foro que recurriera a una empresa privada para elaborar la documentación en lugar de echar mano de los servicios jurídicos del Principado. Dicho esto, el Ejecutivo de Fernández tuvo que recurrir también a esta mismo despacho ante el escaso margen de tiempo para «rectificar el error» provocado por el anterior Gabinete. Ambos servicios tuvieron un coste para las arcas regionales de 18.000 y 36.400 euros, respectivamente.

 

Al margen de esta polémica, el Principado valora el dictamen de los tribunales y lo considera «un paso importante». No obstante, Martínez apeló a la prudencia y no quiso adelantar acontecimientos ante la posibilidad de que el abono de las cantidades correspondientes a distintas actuaciones permitan al Gobierno disponer de más recursos.

 

Aseguró que corresponde al Ejecutivo central dar el siguiente paso, que no es otro que evaluar todos los proyectos afectados y cuantificar la ejecución de los mismos. El Principado podrá aportar a este informe sus propias alegaciones y observaciones. «Vamos a actuar con todos los instrumentos a nuestro alcance para que se resuelva en el plazo más corto posible», añadió el portavoz del Gobierno, que confía en que el segundo recurso de Asturias, que hace referencia a una cuantía de 56 millones, sea resuelto en los mismos términos.

 

Desde la FSA , el secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, pidió a Foro que «abandone el cinismo», y recordó que hace pocas semanas el partido de Cascos presentó una moción en el Parlamento en la que cuestionaba el papel del Gobierno socialista en aras de defender los fondos mineros y la culminación de las obras. «Foro debe plantearse que la Junta General no es un sitio para enredar y no vale que ahora Cascos saque pecho, porque no creía en la sentencia», apostilló Gutiérrez.

 

Los convenios pendientes

El Comercio.

 

Aller

Infraestructuras básicas para el desarrollo económico del Alto Aller

Abastecimiento de aguas a Santibáñez en Murias.

Mejora del abastecimiento de agua potable al núcleo de Boo.

Paseo peatonal Levinco-Bello.

Paseo peatonal Santa Ana- Valdegatín.

Rehabilitación de la escuela de Piñeres para casa de oficios.

Saneamiento de La Cortina-Moreda.

Centro social de Corigos.

Centro social de Bello.

Centro social de Felechosa.

Reparación de la carretera de acceso a Heros, Villar de Murias y Cabanilles.

Centro social de Boo.

Acondicionamiento de locales para servicios del Polígono Industrial de Caborana.

Plan de mejora de los accesos a las zonas ganaderas del concejo.

Refuerzo del abastecimiento de agua a Cuérigo.

Pago por la adquisición de terrenos para la construcción de consultorios médicos en el concejo.

 

Cangas del Narcea

Plan de dinamización turística en torno a los recursos hídricos de la comarca del Narcea.

Equipamiento deportivo en Cangas.

Parque multiaventura en Río Castiello.

Proyecto turístico integral de Besullo.

 

Ibias

Redacción de ingeniería y otras asistencias técnicas para la redacción de cuatro proyectos técnicos en el concejo.

Ejecución del proyecto de carretera de Cecos a Luiña.

 

Langreo

Compra de terrenos y redacción del proyecto para la rehabilitación de Talleres El Conde para uso ferial, cultural y comercial.

Compra de suelos para vivienda y para usos industriales.

Ecomuseo Valle de Samuño.

Compra de suelos para el área deportiva de El Pilar.

 

Riosa

Proyecto Angliru Base.

 

Laviana

Complejo cultural en La Vega de Pola y Barredos.

 

Lena

Centro de Visitantes Puertas de Asturias.

Acondicionamiento del Camino de La Flor e infraestructuras en Palacios y Piedracea.

Continuación del plan de mejora urbana de Campomanes.

Glorieta de acceso Norte a Pola de Lena en la carretera AS-242.

Obras para la ejecución de seis actuaciones.

Ejecución del Polígono Industrial de Villallana.

Urbanización de la calle Ramón Pérez de Ayala, de Pola de Lena.

Prolongación de las aceras de La Vega’l Ciegu.

Acondicionamiento de la carretera a Linares.

 

Mieres

Adquisición de edificio para el Museo de la Toná.

Campus de Mieres, quinta actuación.

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de urbanización del entorno del Museo Etnográfico de Gallegos.

Construcción de locales y salas de ensayo para grupos de música en el barrio de La Peña.

 

Morcín

Reforma de las antiguas escuelas de Las Mazas para ubicar el nuevo centro social.

 

Oviedo

Saneamiento del Ventanín y depuradora de Casares, en Olloniego.

Construcción de gradas en el campo de fútbol del Nalón, en Olloniego.

 

Ribera de Arriba

Ejecución del proyecto de mejora del firme y ensanchamiento de carreteras municipales, con habilitación de acera en la carretera entre el Alto del Caleyo y Bueño.

 

Siero

Ejecución del proyecto de rehabilitación de las escuelas El Quintanal, en Lieres.

 

San Martín del Rey Aurelio

Ejecución del proyecto del plan de suelo para viviendas para jóvenes.

Construcción de una biblioteca y un centro de estudios en Blimea.

Proyecto técnico de rehabilitación de fuentes y lavaderos públicos.

 

Teverga

Proyecto de adquisición del Palacio de Valdecarzana.

Proyecto de instalaciones para el campo de tiro al plato de Teverga.

 

Tineo

Ciudad del Motor.

Ejecución del proyecto técnico y terrenos para el polígono industrial de Navelgas.

 

Varios municipios

(Siero, Bimenes y San Martín del Rey Aurelio) Proyecto del Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, IV Fase: Enlace de Lieres.

(Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio) Pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para estudios y proyectos de plataforma del tren-tran.

(Allande y Tineo) Ejecución del proyecto de carretera de Bárcena de Monasterio a Pola de Allande.

(Caso, Siero, Mieres, Laviana y Aller) Ejecución de la redacción de siete proyectos técnicos de carreteras.

 

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Recurso iniciado en tiempos del gobierno de Cascos y continuado por el actual gobierno aunque el Ministerio de Industria puede recurrir ante la Audiencia Nacional en el plazo de 15 días.

Una sentencia reconoce el derecho de Asturias a recibir los fondos mineros anulados

RTPA

El Juzgado Central número 4 ha estimado parcialmente el recurso puesto por el Gobierno de Asturias durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos contra la decisión adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de eliminar más de 213 millones de euros los fondos mineros destinados a infraestructuras.

 

La sentencia, contra la que puede recurrir el Ministerio de Industria ante la Audiencia Nacional en el plazo de 15 días, ha sido dada a conocer hoy por Álvarez-Cascos, que ha afirmado que le toca ahora al Gobierno socialista de Javier Fernández y a los ayuntamientos mineros afectados reclamar los convenios que fueron anulados en el primer consejo de ministros celebrado por Rajoy el 30 de diciembre de 2011.

 

El fallo establece que la decisión del Consejo de Ministros no responde a una "imposibilidad económica sobrevenida", que no pueden eliminarse esos fondos de forma unilateral y que deben ser revisados los convenios objeto de recurso uno por uno para determinar la cantidad adeudada.

 

El Ejecutivo de Álvarez-Cascos interpuso este recurso contencioso-administrativo, que ha mantenido activo el actual Gobierno socialista, al considerar que la decisión adoptada por Rajoy para contener el déficit era ilegal y alteraba la lealtad institucional.

 

En declaraciones a los medios, Álvarez Cascos ha mostrado hoy satisfacción por ver reconocida en parte las tesis del Principado, que se vio obligado entonces a hacer frente al pago de obras que debían financiarse con cargo a los fondos mineros, destinados a compensar el ajuste del carbón.

 

La sentencia, según ha señalado Cascos, deja claro que los convenios de los fondos mineros son de colaboración, que están amparados por la ley general de subvenciones y que, por lo tanto, tampoco pueden ser denunciados unilateralmente por una de las partes.

 

Ha añadido que la sentencia confirma que los acuerdos de contención del gasto público y consolidación fiscal con los que el Gobierno de Rajoy pretendía eliminar y no transferir esos fondos mineros "no suponen una imposibilidad económica sobrevenida para el pago de las subvenciones concedidas".

 

Según Cascos, la sentencia estima parcialmente el recurso del Principado porque establece que, frente a los 213 millones de euros en los que se cifraba el perjuicio del que había sido objeto el Principado, se determinen las cantidades a pagar por los compromisos adquiridos por el Estado convenio por convenio con el fin de determinar qué parte de las obras han sido ejecutadas y qué incidencias se ha producido en cada caso.

 

El presidente de Foro Asturias ha destacado además que el fallo tiene en cuenta que, aún en el caso de que los gastos de las obras se hayan justificado fuera de plazo, no puede producirse una pérdida total de la subvención acordada.

 

"Espero que el Gobierno socialista esté a la altura a la hora de reclamar las cantidades adeudadas al Principado convenio a convenio", ha subrayado Álvarez-Cascos, que ha incidido en que lo más importante del fallo judicial es "que la excusa inicial del Gobierno de Rajoy y del Ministerio de Industria se ha quedado sin sostén jurídico".

 

Por último, ha asegurado que espera que esto sirva para que Asturias pueda ser resarcida de forma muy importante por la eliminación de 213 millones de euros que debía haber recibido para mejorar sus infraestructuras.

 

El secretario de organización de la FSA-PSOE pide a Cascos "que no saque pecho"

Gutiérrez celebra la sentencia sobre los Fondo Mineros y dice que la misma refleja las contradicciones de Foro Asturias

 

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS)

 

El secretario de organización de la FSA-PSOE y diputado socialista, Jesús Gutiérrez, ha celebrado la sentencia que obliga al Gobierno del Estado a abonar los fondos correspondientes a los convenios de fondos mineros caducados del año 2011, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy suspendió por falta de presupuesto, la ha considerado "una muy buena noticia para Asturias y para las comarcas mineras", y ha indicado que la misma es "una gran contradicción de Foro Asturias".

 

"Digo que hay una gran contradicción porque desde Foro parece que no tenían mucho aprecio por la sentencia judicial, quizás porque de mano también metieron la pata presentando el recurso donde no debían", ha dicho Gutiérrez, que ha recordado que ha sido el Ejecutivo de Javier Fernández el que ha presentado la demanda en la instancia que correspondía.

 

Gutiérrez, en declaraciones a los medios en los pasillos de la Junta, ha manifestado que Foro Asturias debe "dejarse de cinismos" y ha recordado que hace pocas semanas el partido que lidera Francisco Álvarez-Cascos presentó una moción en el Parlamento en la que cuestionaba el papel del Gobierno socialista en aras de defender los Fondos mineros y la culminación de las obras.

 

El diputado socialista ha insistido en que Foro ha errado con la interpelación parlamentaria y la moción subsiguiente porque cuestionaba no sólo que el gobierno de Asturias estuviese adelantando el dinero de esos Fondos Mineros sino también ponía en duda que diesen la razón que ellos mismo habían interpuesto aunque fuese en la instancia incorrecta.

 

"En cualquier caso creo que la sentencia es una buena noticia, pero también creo que Foro debe plantearse que la Junta General no es un sitio para enredar y no vale que ahora Cascos saque pecho, porque no creía en la sentencia", ha indicado Gutiérrez.

 

Ha insistido en la satisfacción del Gobierno asturiano porque "siempre ha creído que debía seguir trabajando y culminando las obras" con cargo a esos fondos mineros.

 

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Marcelo pronuncia la célebre frase en el Hamlet de Shakespeare: “Algo huele a podrido en Dinamarca”, como preludio de lo que se va a revelar si, algo huele a podrido, pero no en Dinamarca precisamente, bastante más cerca.

Los exconsejeros de Sanidad de Madrid, imputados por prevaricación en la privatización sanitaria

El magistrado confirma que las adjudicaciones se hicieron a sociedades de accionariado opaco y que más tarde terminaron contratando a los dos políticos

Raúl Rejón, en eldiario.es

Los ex consejeros de Sanidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes son imputados finalmente por prevaricación. Ambos ex dirigentes del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre tendrán que responder criminalmente por el proceso de adjudicación de hospitales y laboratorios a empresas privadas. El magistrado Marcelino Sexmero rechaza el recurso interpuesto por Güemes -al que se adhirieron los demás querellados y fue respaldado por la Fiscalía- en un auto de 29 de octubre, ya que los hechos que denuncia la asociación de médicos AFEM "son constitutivos de delito".

Lamela y Güemes, además del actual director general de Hospitales de la Comunidad Antonio Burgueño, están imputados por ser los responsables políticos de las, según el auto, " adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos". Y luego resalta el escrito del juez: "Para después contratar los servicios de los anteriores Consejeros de Sanidad". Güemes fue nombrado consejero de la empresa Unilabs, después de que ésta comprara la concesión de los laboratorios centrales a la adjudicataria original. Al conocerse la noticia dimitió. Lamela, por su parte, apareció en una sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital del Tajo (centro en cuya planificación participó como consejero). Sexmero llega a incluir como argumento en su decisión el hecho de que la Sanidad madrileña dirigida por Aguirre, Lamela y Güemes llegó a fichar a directivos de las empresas que, más tarde, participarían en la entrada de contratistas en la gestión médica. Así especfica: "Habiéndose contratado incluso al señor Antonio Burgueño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alcira".

De esta manera, el magistrado entiende que "resulta indispensable la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos relatados" en la querella. AFEM en un relato, según el juez no del todo claro, expuso que se da una derivación de pacientes hacia los centros de gestión privada (llevados por empresas) "con amenazas o intimidación contra su voluntad" mediante el centro de citación telefónica (call center). También expusieron la "ausencia de control en el precio de adjudicación de un centro de especialidades (Pontones)" así como la "ausencia de control en la facturación intercentros -se ha facturado de menos a los tres centros de gestión privada-".

De todo ello se deriva la "prevaricación" de los políticos que llevaron el proceso desde la consejería: Güemes y Lamela. AFEM entiende que esta decisión "vuelve a dar esperanza porque legitima la acción de los ciudadanos que detectan una irregularidad y la pueden llevar ante la justicia". El portavoz de Sanidad del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Freire, ha contado a eldiario.es, nada más leer el auto, que "llega en un momento clave, ya que no creo que el TSJM levante la suspensión cautelar de la privatización de hospitales bajo estas circunstancias jurídicas".

Este proceso saltó el 20 de junio cuando el mismo magistrado decidió la imputación de la cúpula sanitaria que había iniciado la privatización de centros hospitalarios y analíticos en la región madrileña. Sin embargo, no se había producido la declaración como imputados de los políticos por el recurso de Güemes y la falta de diligencia de la consejería -según indicó el tribunal- en enviar información requerida por el juzgado. Ahora el paseíllo hacia el magistrado está corroborado.

Lamela y Güemes, imputados por prevaricación y cohecho

El juez del Instrucción número 4 desestima los recursos interpuestos por los exconsejeros de Sanidad contra la querella de Afem

PÚBLICO

El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación de los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid,  Juan José Güemes y Manuel Lamela por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella interpuesta por Afem fue recurrida por Güemes, Asisa y Unilabs, pero el magistrado ha desestimado, en un auto fechado el pasado martes, dichos recursos, a los que también se habían unido la actual viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonell; la empresa Capio —ahora llamada IDC Salud—; e, incluso, la Fiscalía.

Sin embargo, Sexmero considera que la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) está legitimada para actuar como acusación particular ya que "al colectivo médico le asiste un interés legítimo en el proceso de la llamada “privatizacion o externalización” de los servicios médicos en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la señalada querella".

Asimismo, el juez ratifica que los hechos que fundamentan la querella son constitutivos de delito; otro de los motivos para admitirla a trámite y desestimar los recursos contra la misma. "No puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos", sentencia Sexmero en el auto publicado hoy [ver pdf].

Así, imputa a Capio, Ribera Salud y Asisa —empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales "externalizados" antes citados— por un presunto delito de "realización arbitraria del propio derecho y/o coacciones" por derivar pacientes de la pública a la privada a golpe de call center.

Por su parte, Flores, Burgueño y Juan Antonio Álvaro de la Parra —director regional de IDC Salud, gestora de la Fundación Jiménez Díaz—, así como la propia Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa están acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. ¿Los motivos? "Ausencia de control del precio del concierto con la Fundación Jiménez Díaz sin que se haya fijado un canon; ausencia de control, también, en la facturación intercentros; y la concesión de una subvención encubierta por la amortización de obras", entre otras cuestiones citadas en el auto.

Por último, Güemes y Lamela están imputados por prevaricación y cohecho por haber utilizado la puerta giratoria. "Se imputa el delito de prevaricación y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley [...] y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores Consejeros de Sanidad como el Sr. Güemes y el Sr. Lamela", especifica el juez. Sexmero considera a ambos exconsejeros —ratificando las acusaciones de Afem— como "responsables políticos de la adjudicación, en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Sr. Burgüeño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alzira".

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ALGO MAS SOBRE EXPOLIACIONES Y EXPOLIADORES DE “NUESTRA” SANIDAD…

La explicación del recurso en la “libre designación” la da el portavoz del gobierno regional, Guillermo Martínez

El Ejecutivo recurre la sentencia porque los jueces han dado validez a siete nombramientos

31.10.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El Gobierno regional recurrirá la sentencia del TSJA que ha anulado los nombramientos de doce directores generales porque ese mismo fallo judicial da validez a otros siete que tampoco son funcionarios.

El portavoz, Guillermo Martínez, fundamentó ayer el recurso de casación ante el Supremo en que el Ejecutivo regional considera que "los nombramientos rechazados están conformes a la norma y nos asiste el derecho a recurrir". El titular de Presidencia quiso desligar el recurso que el Principado presentará contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la reforma de la ley de Función Pública, que aguarda su tramitación en el Parlamento asturiano y que en el texto del proyecto suprime el requisito de que los directores generales tengan que ser funcionarios de carrera del grupo A. "El Gobierno realizó esos nombramientos conforme a la ley vigente, que contempla la excepcionalidad de que se pueda nombrar a directores generales que no sean funcionarios de carrera", precisó Martínez. El sindicato USIPA, que promovió este pleito, recurrió 19 de los 36 nombramientos de director general, pero la Sala de lo contencioso-administrativo ha dado validez a siete de esos altos cargos, cinco de la Consejería de Economía y a los responsables de Política Lingüística y de Cooperación al Desarrollo.

¿Por qué unos directores generales son válidos, aun sin cumplir el requisito de funcionarios, y otros no? La sentencia analiza cada caso. En la Consejería de Economía, los magistrados entienden que "la excepción se halla debidamente motivada" porque afecta a un área de gran complejidad, que abarca desde políticas sectoriales hasta funciones relativas a la gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico, "lo que exige un conocimiento y experiencia general que excede a la propia de un funcionario". Respecto a la Dirección de Política Lingüística, consideran los jueces que "la especial función de desarrollo que garantice y normalice socialmente el bable pudiera exigir que la persona que deba dirigirlo no ostente necesariamente la condición de funcionario". Y en Cooperación al Desarrollo, consideran que ante "la amplitud y naturaleza humanitaria" del cargo "puede resultar conveniente que sea desempeñado por quien no ostenta la condición de funcionario público".

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