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La demora media en Asturias en esa fecha era de 76 días, 11 menos que la media estatal que está en 87…

La demora media en Asturias en esa fecha era de 76 días, 11 menos que la media estatal que está en 87…

DATOS ESTATALES ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

La demora para operarse en la sanidad pública aumenta en 2015 y roza los tres meses de media

La demora para conseguir cita con un médico especialista se reduce en una semana, pasando de los 65 a 58 días de media

 

Europa Press/El Comercio, Madrid

 

El tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica no urgente en la sanidad pública ha vuelto a aumentar en 2015 hasta los 89 días de media, dos más que el año anterior, mientras que la demora para conseguir cita con un médico especialista se reduce en una semana, pasando de los 65 a 58 días de media.

 

Así se desprende del último informe de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2015, que el Ministerio de Sanidad presentó a las comunidades autónomas este miércoles en el pleno del Consejo Interterritorial, a pesar de que no estaba incluido en el orden del día.

 

El titular de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, reconoció tras la reunión que, pese a la menor demora en las consultas externas con especialistas, "las listas de espera son altas", y por ello pidió a los consejeros autonómicos "seguir trabajando porque para cada persona es lo más importante y cada día cuenta".

 

En el caso de las operaciones no urgentes, la demora media recupera la línea ascendente después del descenso registrado en 2014 (87 días) tras alcanzar un año antes el máximo histórico desde que se tienen datos, con 98 días de espera media en 2013.

 

En 2015 había un total de 549.424 pacientes en lista de espera para operarse, 37.501 más que el año antes, según los datos facilitados por comunidades autónomas, de los que el 10,6 por ciento lleva más de 6 meses esperando (frente al 9,3% de 2014).

 

Las especialidades que acumulaban más pacientes son Traumatología (149.159), Oftalmología (116.548) y Cirugía General y de Digestivo (100.298).

 

Sin embargo, en la que hay que esperar más para operarse es en Neurocirugía, con una demora media de 160 días, seguida de Cirugía Plástica (135), Traumatología (112), Cirugía Pediátrica (105) y Cirugía Maxilofacial (98). En otras como Cirugía Torácica o Dermatología, en cambio, la espera es de 55 y 54 días respectivamente.

 

Con respecto al año anterior en las únicas especialidades en las que baja la espera son Cirugía Torácica (15 días menos) y Angiología/Cirugía Vascular (88 días, 8 menos que en 2014). Del resto, en la que más aumenta la demora es en Urología (75 días de media, 10 más que en 2014).

 

Como muestra de esta demora, el informe revela que el tiempo medio de espera para someterse a una artroscopia está en 106 días, para una prótesis de cadera en 101 días, para una operación de 'hallux valgus' o juanetes unos 100 días, y para una operación de varices unos 90 días. En otras intervenciones, como para la cirugía de cataratas, la espera media es de 69 días.

 

Casi dos meses para la primera cita con el especialista

Por otro lado, el informe de Listas de Espera también muestra como el tiempo medio para la primera consulta con el médico especialista ha bajado nuevamente en 2015, pasando de los 65 a los 58 días de media con respecto a 2014.

 

Este se descenso se registra en todas las especialidades básicas, siendo especialmente significativo en Ginecología, donde se ha pasado de los 109 días de media en 2014 a los 58 del año pasado (51 menos), seguida de Neurología (17 menos) y Oftalmología (13 menos).

 

Pese a este descenso, Oftalmología sigue siendo la especialidad con la espera más alta en 2015, con un tiempo medio de 68 días, seguida de Traumatología (61), Digestivo (59), Ginecología y Dermatología (ambas con 58 días), Neurología (57), Cardiología (49), Urología (47), Cirugía General y de Aparato Digestivo (45) y Otorrinolaringología (44).

 

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Los tribunales decidirán…

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Los pediatras del Central recurrirán su traslado forzoso a Arriondas

Los afectados consideran que las autoridades sanitarias están cometiendo «un abuso» con ellos y que «están convirtiendo en ordinario algo que tiene que ser excepcional»

 

El Comercio

 

Los pediatras del Hospital Universitario Central de Asturias desplazados al de Arriondas para cubrir bajas en este hospital presentarán un recurso de alzada contra esta decisión del Sespa, asesorados por el abogado del Colegio de Médicos, Javier Álvarez Arias de Velasco. Los afectados consideran que las autoridades sanitarias están cometiendo «un abuso» con ellos y que «están convirtiendo en ordinario algo que tiene que ser excepcional», ya que llevan tres años teniendo que desplazarse a Arriondas para hacer sustituciones. Añade el abogado del colectivo médico que, además, no lo están haciendo en igualdad de condiciones ya que «el Sespa se está saltando las normas de traslado que dictó en 2009». Además de con personal del HUCA, las bajas en el servicio de Pediatría de Arriondas se están cubriendo con médicos del Hospital de Cabueñes.

 

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Primera jornada organizada por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), celebrada en el Hospital de Jarrio…

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Los expertos inciden en la prevención para combatir las enfermedades renales

"Asturias está en una situación de privilegio, pero aún se puede mejorar", señalan los facultativos en un encuentro en el Hospital de Jarrio

AREA I

Jarrio (Coaña), G. GARCÍA, en La Nueva España.

 

En Asturias se realizan, de media, entre cincuenta y sesenta trasplantes de riñón al año, y unas setecientas personas reciben un tratamiento renal sustitutivo, a través de hemodiálisis. Y aunque la región presenta buenas cifras en cuanto a diagnóstico y tratamiento de patologías renales, es "esencial" seguir trabajando en la prevención y en la mejora del sistema de trasplantes. Así lo dejaron ayer de manifiesto los participantes en la primera jornada organizada por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER).

 

"La enfermedad renal crónica es una enfermedad silente, que no muestra síntomas específicos en una primera etapa. De ahí la importancia de efectuar controles analíticos periódicos y de llevar una vida saludable, lo más sana posible", advierte Laura Fernández, especialista del área de Nefrología del Hospital de Jarrio. Esta enfermedad afecta a entre un ocho y un diez por ciento de la población mundial, una cifra que va en aumento. "Cada vez es más común, en especial por la mayor longevidad de las personas, y por el aumento de dos de sus causas fundamentales: la hipertensión y la diabetes", señala Fernández, que llama a quienes sufren estas patologías a "extremar el control sobre esos factores de riesgo para evitar la afectación renal".

 

En la misma línea se manifiesta Carmen Díaz Corte, directora del área de Gestión Clínica de Nefrología en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Se debe hacer hincapié en la importancia de la prevención de la enfermedad renal. Lo importante no es hacer muchos trasplantes, sino que la gente no llegue a necesitar un tratamiento renal sustitutivo, ni la diálisis ni el trasplante", asegura Díaz Corte.

 

Sobre el estado en el que se encuentran los trasplantes de riñón, la especialista del HUCA señala que "Asturias y España estamos en una situación de privilegio"… (leer más)

 

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Como todos los meses, nuestra estadística de visitas: Marzo 2016…

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NalonSalud.es y .com, la WEB asturiana en la que puedes encontrar todo lo que necesitas saber, especialmente si eres trabajador/a del Sistema Sanitario Público…”

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Y así nos quedará el regusto de que hay una elevado nivel de connivencia…

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Sanidad, la Comunidad de Madrid y Farmaindustria rehúsan investigar los pagos irregulares de Pfizer a médicos

La Ley del medicamento y el código de autorregulación de la patronal farmacéutica prohíben pagos y obsequios al personal sanitario

Farmaindustria dice no tener indicios para abrir una investigación a uno de los laboratorios más poderosos

Foto.- Sala de acondicionamiento de la farmacéutica Pfizer en su planta de Olot, Girona.

 

José Precedo, Madrid, eldiario.es

 

Ni el Ministerio de Sanidad ni la Comunidad de Madrid ni Farmaindustria, la patronal que agrupa a las grandes empresas farmacéuticas con capacidad para sancionarlas si incumplen el código de buenas prácticas, han investigado los  pagos irregulares de Pfizer a médicos y gestores del sistema público de salud que desencadenaron el pasado noviembre una treintena de despidos en la división española de la multinacional.

 

A pesar de que las malas praxis que la multinacional ha admitido a eldiario.es chocan con la Ley del medicamento -que prohíbe cualquier pago o regalo de los laboratorios al personal sanitario- ninguna administración pública se ha interesado por el asunto.

 

 

Ni el Ministerio de Sanidad ni la Seguridad Social, partes implicadas de la historia puesto que los tratamientos ahora en duda se financiaban con dinero público, han sido avisados por Pfizer, aunque, según las fuentes médicas consultadas, el medicamento Enbrel (objeto de la polémica y cuya patente iba a caducar) venía costando cada año a las arcas públicas alrededor de unos 5.000 euros por paciente.

 

Nadie en el Gobierno central ni en la Comunidad de Madrid (donde está la sede española de la multinacional) tiene pistas sobre cuáles fueron las prácticas que empujaron a Pfizer a poner en marcha semejante purga. No hay noticias sobre los médicos o gestores hospitalarios involucrados. El montante de los supuestos pagos también es un misterio.

 

"Competencia de las autonomías"

Un portavoz oficial del Ministerio de Sanidad ha explicado a eldiario.es que las competencias para investigar malas praxis relacionadas con médicos "corresponden a los gobiernos regionales".

 

En la denuncia interna que precipitó la crisis de Pfizer aparecen involucrados delegados comerciales y médicos y gestores hospitalarios de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía. La Comunidad de Madrid respondió ayer a través del gabinete de Comunicación de la Consejería de Salud que no hay prevista ninguna investigación: "La  Consejería se planteará estudiar el caso si hay algún dato concreto".

 

Los presuntos pagos irregulares que Pfizer ha reconocido chocan con la Ley de Garantías de uso racional de medicamentos de 2006, que en su artículo 4.6 prohíbe "el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos"… (leer más)

 

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Amplia información del Consejo Interterritorial de ayer…

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ESPADAS EN ALTO POR LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA, EL DÉFICIT DE LA HEPATITIS C Y LOS RECORTES

Los consejeros socialistas marcan el debate del Pleno del Consejo Interterritorial del SNS

 

Luis Ximénez, Madrid, en Acta Sanitaria

 

La mayoría de las comunidades autónomas del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), presididas por ejecutivos regionales del PSOE, reprobaron el real decreto de Prescripción Enfermera, sin que en la actual coyuntura política haya realmente posibilidad jurídica de que se produzca su derogación.

 

El pleno del Consejo Interterritorial, convocado para la tarde de este miércoles 13 de abril, puso de manifiesto las diferencias entre un Gobierno en funciones, que se defiende agónicamente con tibias llamadas a un diálogo que no siempre ejerció, y una oposición, fundamentalmente socialista, pujante y organizada en el terreno sanitario pero que, de momento, sólo gasta la pólvora en salvas.

 

De paseíllo a marcha cerrada

Mucho ha cambiado el panorama autonómico de la Sanidad en lo tocante al CISNS, en cuanto al equilibrio de fuerzas. Mientras que en las anteriores citas acudían prácticamente en solitario los consejeros de Asturias y Andalucía como única oposición socialista a las políticas sanitarias del Partido Popular, las últimas elecciones autonómicas cambiaron de forma diametralmente opuesta el panorama. Sin embargo, en el pleno celebrado este miércoles,  no pudo sustanciarse en acuerdos realmente concluyentes ese nuevo desequilibrio de poder… (leer más)

 

Déficit y hepatitis C asaltan el Consejo Interterritorial

Todas las comunidades dan por hecho que el RD de prescripción no será derogado

Redacción Médica 

La reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles ha comenzado con dos reproches principales de los consejeros socialistas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, si bien buena parte de una de ellas afecta directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En una reunión previa celebrada horas antes del Interterritorial, los consejeros socialistas han acordado introducir dos preguntas en el turno de ruegos, una sobre la decisión de que el coste de los tratamientos de hepatitis C haya computado como déficit y sobre si la negativa a que se incluya en el techo de gasto de las comunidades.

 

En este sentido,  José María Vergeles, titular de la sanidad extremeña ha afirmado a su llegada al ministerio que “es una barbaridad decir que todos los pacientes de hepatitis C están tratados y habrá que aclarar si computan para el déficit o no”. Un conflicto sobre el que la consejera balear, Patricia Gómez, ha querido distinguir entre decisiones económicas "o en las que priman los derechos sociales": "¿Qué tenemos que hacer si computa en el déficit?, ¿cerrar camas de hospitales?", ha añadido.

 

En el mismo sentido se ha expresado el consejero andaluz, Aquilino Alonso, que ha recordado la reunión que ha celebrado esta misma semana con la Hacienda andaluza y en la que se ha dictaminado un “no rotundo” a que el gasto en estos fármacos compute en el déficit autonómico. Su compañera de partido y titular de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, ha calificado la decisión de incluirlo como déficit como “una vergüenza” y ha denunciado que a la Comunidad Valenciana “le faltan 27 millones de euros por asignarles, lo que pone en riesgo la salud de muchas personas”.

 

Esta es la misma postura que ha mantenido María Luisa Real, consejera socialista de Cantabria… (leer más)

 

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Ajustando todas las exigencias para cumplirlas a rajatabla… ¡¡confiamos en que así será!!.

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El Sespa renueva por 63 millones los conciertos hospitalarios

Los nuevos convenios incluyen las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas

Foto.- El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y el gerente del Sespa, José Ramón Riera, durante la firma del convenio con los cuatro hospitales.

 

Redacción Médica

 

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha asistido este martes a la firma del convenio entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) con los cuatro hospitales concertados que trabajan con la sanidad pública: el Sanatorio Adaro, el Hospital de la Cruz Roja de Gijón, Hospital de Jove y el Hospital Fundación de Avilés. El Sespa financiará con más de 63 millones de euros estos convenios.

 

Este acuerdo regula la relación del Sespa con los hospitales de la red de utilización pública mediante convenios singulares. Según ha explicado el consejero, mediante esta firma se satisface, al mismo tiempo, un mandato del parlamento asturiano, las exigencias de la Sindicatura de Cuentas y el compromiso con los profesionales y pacientes. “Hemos unido todos los compromisos y vamos a cumplirlos a rajatabla”, ha señalado.

 

El convenio llega después de que la Sindicatura de Cuentas haya exigido más transparencia en algunos aspectos de los de años anteriores. En línea con las recomendaciones del órgano que hace las funciones de tribunal de cuentas en el Principado, aparece la constancia “clara” de las tarifas, o la diferenciación de Jove como un hospital de distrito con actividad propia. También figura la fijación de unos límites impuestos por la Comisión de la Competencia, relativa a los beneficios que deben generar estos hospitales sin ánimo de lucro.

 

También se impulsarán las comisiones mixtas que velarán por el  buen funcionamiento de los convenios y el cumplimiento de sus objetivos. Además, y de acuerdo con los propios centros, se llevarán a cabo auditorías de carácter pedagógico, económico y de análisis de costes en cada uno de los hospitales concertados.

 

Con este acuerdo, ha dicho Del Busto, se ha firmado “un convenio mucho más real” y acorde con la actividad que se desempeña en estos centros.

 

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Carta a los lectores, publicada en La nueva España, sobre la que sólo puedo decir que comparto plenamente lo que dice…

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Sobre la OPE de Medicina Interna

3 de Abril del 2016 - Isabel Carrio Montes (Avilés)

 

Me duele el alma. Se me revuelven las tripas y la diarrea mental fluye desbordando cualquier límite que la cordura me trate de imponer. Mi espíritu se estremece y vuelve a vagar entre el mundanal ruido de la desvergüenza y la osadía, negándose una vez más al aletargamiento y al pasotismo.

 

Hoy los corruptos se mimetizan entre nosotros, a ver si pasando de puntillas una vez más se salen con la suya aprovechándose de la cobardía, el miedo o el silencio de una sociedad cabreada por tal putrefacción pero a la vez acomodada en el sillón del espectador viéndola pasar cual película de ficción. Puede que no todos seamos iguales ante la ley, como tantos proclaman, pero intentaré exigir el mismo rasero para todos, negándome a participar de tanta farsa.

 

Ya escribí en este mismo medio una carta acerca de la sentencia dictada por el TS sobre la OPE de 2008 para Médicos Especialistas en Medicina Interna. La sentencia dejaba meridianamente claro que se había producido una filtración grave entre el presidente del Tribunal y varios opositores obligando a repetir el ejercicio en situación de igualdad. Todo ello supondrá un gasto económico para las arcas públicas, inconvenientes para la atención sanitaria y, lo que es peor, un gran sufrimiento personal para aquellos que con gran meritaje y honradez lograron una plaza en propiedad, ahora arrebatada gracias a la acción ilícita e inmoral de quien se suponía velaba por sus derechos y los de todos.

 

Recientemente preguntaron por este asunto al consejero de Sanidad en la Junta. He de confesar que la estupefacción que me produce comprobar la falta de exactitud en los datos vertidos acerca de la propia sentencia sólo es comparable a la que me produce la indolencia a la hora de perseguir responsabilidades.

 

La interpretación surrealista del fallo judicial por parte de los políticos, consistente en que hay que repetir el ejercicio, pero no es responsabilidad de nadie, es bochornosa. Vamos a ver si nos entendemos. Una cosa son las consecuencias administrativas (repítase el acto incorrecto), y otra depurar responsabilidades. Los gobernantes que nos administran tienen el deber de exigir acatamiento legal a sus cargos de confianza y retirársela si no es así. Aún no se han tomado medidas frente al responsable y, lo que es peor, el Consejero apunta que posiblemente no se vayan a iniciar.

 

Sr. Francisco del Busto de Prado, consejero de Sanidad del Principado de Asturias: si usted no ve ningún indicio de delito, ni ve la obligación de exigir responsabilidades directas al presidente del Tribunal de la OPE, está dando patente de corso a cualquier filibustero que desde dentro de un Tribunal pretenda manipular el desarrollo de la misma. Total, si a alguien le destrozo la vida que me lleve al Juzgado, nunca pasa nada. Estoy segura de que aún le queda suficiente hombría de bien y sentido de la justicia y el deber para no permitir que el ejecutor directo de tal iniquidad quede impune y sirva de espejo a venideros No deberíamos olvidarnos de que la única forma de influir en los demás es el ejemplo, sobre todo si se tienen responsabilidades de gobierno y se sustentan sobre unos ideales políticos que últimamente más que nunca destacan como valores supremos la honestidad, la regeneración y la lucha contra la corrupción.

 

Desconozco si la actuación descrita en la sentencia se adecua más a un tipo penal o a otro, pero la actuación no debería quedar sin sanción. Resulta totalmente incomprensible cómo a día de hoy su autor continúa ejerciendo puestos de responsabilidad decidiendo sobre contrataciones, organización y utilización de recursos públicos. No olvidemos que es director de una Unidad de Gestión Clínica, además de cargos relacionados entre otros con fármacos de alto impacto económico. ¿Con qué autoridad gestiona esos recursos?

 

Me cuesta entender cómo aún nadie haya levantado un dedo para señalarlo y pedirle la más sencilla de las asunciones: que abandone sus cargos. La generosidad llamará a su puerta si no se le inhabilita incluso para el ejercicio de su profesión, como ocurrió temporalmente con otro miembro de otro Tribunal, y eso que la implicada no desempeñaba cargos relevantes (deberían leer la noticia en LNE). Además, se encuentra en comisión de servicio y la dirección que ocupa fue impugnada en dos ocasiones, y en ambas se obligó a su destitución, pero el SESPA alegó que no había sido aún nombrado, por lo que técnicamente su nombramiento oficial aún está pendiente. Una irregularidad, aunque sin embargo puede ser una ventaja: pueden destituirle con el mismo dedo con que lo pusieron.

 

¿Acaso debemos pensar que se trata únicamente de méritos políticos, amiguismos y apoyos donde todo vale? ¿Qué políticos y cargos de responsabilidad apoyarían la corrupción en su máxima expresión pública pese a sentencias que retratan graves perjuicios para la sociedad? En Alemania se dimite de un Ministerio por haber copiado en la Facultad. En Inglaterra se abandona el Parlamento por una multa de tráfico. ¿Y aquí? ¿Seguimos condenando según sople el aire, a unos sí y a otros no, disculpando a quien prevarica, roba o miente si “es de los nuestros”? Si el autor de los hechos tuviera un mínimo de dignidad, ya hubiera dimitido el mismo día de conocer la sentencia. No sólo se es corrupto por hechos delictivos grandiosos, también por omisión, y no puede admitirse minimizar actuaciones intolerables ética y legalmente.

 

Es hora del despertar de las voluntades ejerciendo las medidas sociales y legales necesarias que persigan y castiguen tanto a los ejecutores materiales como a los responsables administrativos y políticos que consientan y perpetúen los abusos.

 

Quien mantiene a un corrupto o a un inmoral es aún más deleznable. No puede ser que el culpable se vaya de rositas y los únicos castigados sean los opositores condenados a un calvario inmerecido.

 

Por eso yo, Isabel Carrio Montes, como internista, como médica y como ciudadana “ruego” el cese inmediato de todos los cargos en el sistema público del identificado en la sentencia como responsable. A criterio de los opositores perjudicados queda el interponer demandas patrimoniales a los responsables tanto por ejecución como por omisión. Asimismo, por mi parte y la de todos los que como yo se sientan estafados por un sistema que no diera la talla emprenderé las medidas legales necesarias para evitar tal ignominia… Y es que yo no me resigno.

 

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