A partir de este jueves (MAÑANA)
Defensa de la Sanidad Pública pide a los profesionales sanitarios que apoyen las movilizaciones contra los recortes
MADRID, (EUROPA PRESS)
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios para que participen masivamente en las movilizaciones que se desarrollarán en toda España a partir del próximo jueves, promovidas por la Federación de Servicios Públicos de UGT, CC.OO., CEMSATSE, SATSE y CSI-F, tanto por la "defensa de sus derechos laborales, como para garantizar una "adecuada" atención sanitaria a la ciudadanía.
"Estamos viviendo la mayor agresión contra la Sanidad Pública de nuestro país que se concreta en la medidas contenidas en el Programa Nacional de Reformas y en el RD Ley 16/2012 que suponen el inicio de la contrarreforma sanitaria", advierte.
A su juicio, ésta agresión se produce sobre los usuarios y los profesionales que "han visto un deterioro de sus condiciones de trabajo y de sus derechos laborales". Y, recuerda, el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la garantía "no solo del acceso de la población a una atención sanitaria de calidad", sino también del "desarrollo profesional" de los trabajadores de la salud.
CRITICA AL DECRETO-LEY 16/2012:
“La contrarreforma sanitaria”
Publicado en la WEB de la “Plataforma Sanidad Pública Asturias”, ayer.
El RDL reúne medidas muy importantes, de gran calado, en ámbitos muy diferentes. Una especie de revoltijo, que en todo caso no expresa improvisación sino una estrategia de cambio de modelo sanitario vigente…
1.- Se elimina la universalidad en la asistencia sanitaria (Capitulo I De la asistencia sanitaria, con un articulo único y tres apartados) El nuevo marco legal: “la cobertura sanitaria estará garantizada para quien ostente la condición de asegurado”, rompe la universalidad de la asistencia sanitaria que quedó consagrada enla Ley General de Sanidad de 1986 y que posteriormente se ratificó en la ley dela Universalidad de la asistencia de 2001″. Va a destruir el Sistema Nacional de Salud porque ya no habla de ciudadanos beneficiarios de la asistencia, sino de asegurados, de afiliados ala Seguridad Social. Deja sin asistencia a miles de españoles que no han cotizado nunca; a las personas que se encargan de cuidar a familiares que tampoco paganla Seguridad Social y a los ciudadanos que viven de rentas, que tributan a Hacienda pero que no están dados de alta, así como a las divorciadas.
- Deja abierta, además, una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría la posibilidad de modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población
Lo más regresivo y grave (desde el punto de vista humanitario y de salud pública) es dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. A partir del 31 de julio, solo recibirán atención en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto y en el caso de ser menores de 18 años.
- 1) Se excluye al sector de población mas desprotegido de la asistencia sanitaria que es un derecho humano básico. La mayor parte de estos inmigrantes sin permiso de trabajo oficial, trabajan en la economía sumergida y pagan algunos impuestos como es el caso del IVA, contribuyendo en parte a la financiación de los servicios públicos.
- 2) Gran parte de los inmigrantes “irregulares¨ son jóvenes y sanos. Existe evidencia científica de que los inmigrantes, ni utilizan con más frecuencia los servicios hospitalarios con ingreso (donde se produce la mayor parte el gasto sanitario), ni abusan de los servicios sanitarios.
- 3) La falta de atención sanitaria en patologías crónicas provocara complicaciones y la utilización de las urgencias hospitalarias (la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generara un incremento de ingresos hospitalarios, que provocara un mayor gasto final, en contra de lo que se dice pretender.
- 4) Efectos negativos sobre la salud de la población general: perdida de cntrol y propagación de las enfermedades transmisibles y (tuberculosis, HIV). Aumentaran también los costes por esta vía al excluirles de tratamientos inicialmente baratos, como suelen ser los de las enfermedades infecciosas, y dejarles como única opción las urgencias e ingresos hospitalarios cuando ya es demasiado tarde. Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos mas desfavorecidos. Reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud a la aplicación efectiva del Real Decreto Ley.
- 5) En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se hacen son mínimas porque como es bien conocido el problema sobre todo es la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada.
Por tanto, no sólo es inmoral e injusto, sino también peligroso en términos de salud pública.
2.- Se introducen Copagos. Con el pretexto de “racionalizar el gasto¨ se divide la cartera de servicios en categorías: básicos, accesorios y suplementarios. (Capitulo II, un artículo y seis apartados) El acceso a los servicios requiere el copago del usuario: Prestación farmacéutica, orto protésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente.
Las prestaciones accesorias, también sujetas a copago, no están concretadas todavía (en manos del Ministerio, previo acuerdo del Consejo interterritorial, en un plazo de 6 meses. No hay previsión de limites a los copagos)…
Se definirá una Nueva Cartera Común de Servicios (de la que se excluirán prestaciones con toda probabilidad) que se revisarán anualmente (obviamente a la baja).
El copago farmacéutico será para los pensionistas del 10% del precio de las medicinas y se incrementará en el resto de la población. Establece 4 tramos de aportación (60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000€; 40% para rentas inferiores a 18.000€ y 10% para los pensionistas), a la vez a estos últimos se les ponen unos topes máximos de mensuales (8€ para rentas menores de 18.000€, 18€ para las situadas entre 18.000 y 100.000€ y 60€ para las superiores a esta cantidad). Los excesos pagados por encima de estos topes máximos (casi todos los casos) serán “objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral”. Se contempla una revisión periódica de los copagos por órdenes del Ministerio de Sanidad.
Con ello, se establece un impuesto a los enfermos, desaparece la solidaridad basada en los impuestos: no paga más quien más tiene sino quién está más enfermo. En todo caso, lo que se produce de hecho es una reducción de las pensiones. La pensión media es de poco mas de 800 €/mes. ¿Cómo van a hacerlo los 4.500.000 pensionistas que cobran menos de 650€ mensuales? ¿Con que dinero comerán, pagaran la luz, etc. hasta que les lleguen las devoluciones? ¿Y más aún cómo es posible que además se les haga copagar el transporte sanitario, la dietoterapía, etc. y que se les vayan a excluir prestaciones de la cartera básica y la financiación de mas medicamentos. Para ajustar los copagos a los niveles de renta será necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias del Estado -47 millones-, con un gasto estimado según las fuentes entre 450 y 900 millones; gasto que habrá que realizar cada ano para actualizar el nivel de renta de cada usuario.
Simplemente con la persecución del fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), en lugar de amnistiar a los defraudadores; el incremento de los controles para el cobro del IVA dejado de recaudar ( 17.000 millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles); recuperar los 44.000 millones al año perdido al anular los impuestos de sucesiones o los tramos mas altos del IRPF, etc. podría no solo mantenerse el sistema sanitario actual, sino construir otro nuevo similar.
Llama la atención que las durísimas medidas adoptadas producirán un ahorro escaso que no llega a los 7.000 millones pretendidos. La reforma parece más ideológica y destinada a abrir a las aseguradoras el negocio de la sanidad que un instrumento de ahorro económico.
Se mantiene la posibilidad de que las CCAA tengan una cartera de servicios complementaria diferenciada con el único condicionante de que tienen que ser financiada con fondos propios
3.- Medidas de cohesión y de garantía financiera del SNS (Capitulo III, un artículo)
Establece el Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario, que en teoría se dedicara a compensar los gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras distintas. La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo. No obstante su carácter extrapresupuestario, parece indicar que va a carecer de fondos y, por tanto, de efectividad.
4.- Medidas sobre la prestación farmacéutica (4 artículos y múltiples subapartados). Modifica cuestiones importantes de la ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional (que fue objeto de amplio debate social y parlamentario), afecta a numerosos aspectos regulatorios del medicamento, pero está hecha sin ninguna participación de los agentes implicados y con tan confusa redacción que genera ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias importantes en su interpretación. El decreto es de un fuerte aroma centralista e incurre en intromisiones graves en las funciones de las CCAA que serán, con seguridad, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal Constitucional. En resumen, una chapuza legislativa
- Prescripción por principio activo. Se pervierte su significado al permitir que se prescriban medicamentos de marca, en los tratamientos crónicos, si no hay diferencia de precios. La prescripción por principio activo tiene valor más allá del precio.
- Usos fuera de indicación. El RD 1015/2009 de medicamentos admitía usos fuera de indicación en situaciones especiales, bajo responsabilidad del médico, consentimiento informado del paciente, y el filtrola Comisión correspondiente de Farmacia y Terapéutica. En la práctica estaba funcionando bien. Ahora se decide volver a la burocracia de un registro que ya mostró en el pasado que es inoperante.
- Receta electrónica obligatoria
- Información de apoyo a la prescripción. Con interacciones, etc. Propone incluir protocolos de tratamiento de las sociedades científicas, sin establecer criterios…
- Financiación selectiva. Una medida positiva (¿la única?) No todos los medicamentos que se registren se financien, o se financien con condiciones, es decir, para unos pacientes determinados o bajo contratos de riesgo compartido. Se hace desde hace años en otros países y ya estaba recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y en iniciativas de algunas CCAA
- Exclusión de medicamentos actualmente financiados. Lo que el RD-Ley propone es un puro y simple recorte. Una transferencia de gasto público a gasto privado. No es desinvertir (dejar de invertir si no hay efectividad demostrada). – .Los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo en las siguientes situaciones: a).- Medicamentos para síntomas menores (gran repercusión social), incluye . Entraran aquí medicamentos realmente útiles para el control de síntomas como antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos…, que al dejar de estar financiados, como el propio RD-Ley establece, los precios pasarán a renegociarse al alza. Además, se estipula que ningún medicamento que no necesite receta podrá ser financiado.
- Otras medidas. Un abanico de medidas de menor transcendencia, algunas de ellas ya están en marcha como la dispensación del de menor precio y del genérico. Otras abstractas sobre la fijación de precios o restrictivas sobre las competencias autonómicas (obviamente dirigido a Andalucía). Por último, se opta por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 tipos de tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el funcionamiento de la asistencia sanitaria
- En resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a las personas con pocos recursos. Hay algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de carácter débil y no se aborda seriamente a los verdaderos responsables del gasto farmacéutico cuyos beneficios económicos se mantienen en lo esencial.
5. Medidas en materia de recursos humanos (3 artículos)
- Estas medidas poco o nada tienen que ver con el título del RDL. Incluye cuestiones referidas a la acreditación, el registro de los profesionales y algunas modificaciones del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. El Ministerio de Sanidad establecerá las equivalencias entre las categorías profesionales de los servicios de salud. Esta medida es aparentemente inocua, pero puede incidir en el empleo y la remuneración. Incorpora la “retribución variable” de acuerdo con la “evaluación del desempeño”, sin asegurar criterios y controles de transparencia y mérito.
Disposiciones Adicionales
Algunas ya reseñadas, pero merecen un comentario
- Adicional cuarta: Medidas de eficiencia:
- A pesar de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una agencia de compras del SNS, todo se queda en que el CI “fomentara” la “compra conjunta y centralizada”, es decir poco o nada concreto
- Plan de ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA “adoptaran las medidas oportunas”, otro brindis al sol.
- Plazo de 6 meses para adecuar los envases comerciales a las pautas y tiempos habituales de tratamiento, abandonando cualquier intento de prescripción por tratamientos, de manera que el despilfarro de medicamentos una de las supuestas razones del RDL seguirá más o menos igual
Plataforma Sanidad Pública Asturias
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