Sobre la OPE de Medicina Interna
3 de Abril del 2016 - Isabel Carrio Montes (Avilés)
Me duele el alma. Se me revuelven las tripas y la diarrea mental fluye desbordando cualquier límite que la cordura me trate de imponer. Mi espíritu se estremece y vuelve a vagar entre el mundanal ruido de la desvergüenza y la osadía, negándose una vez más al aletargamiento y al pasotismo.
Hoy los corruptos se mimetizan entre nosotros, a ver si pasando de puntillas una vez más se salen con la suya aprovechándose de la cobardía, el miedo o el silencio de una sociedad cabreada por tal putrefacción pero a la vez acomodada en el sillón del espectador viéndola pasar cual película de ficción. Puede que no todos seamos iguales ante la ley, como tantos proclaman, pero intentaré exigir el mismo rasero para todos, negándome a participar de tanta farsa.
Ya escribí en este mismo medio una carta acerca de la sentencia dictada por el TS sobre la OPE de 2008 para Médicos Especialistas en Medicina Interna. La sentencia dejaba meridianamente claro que se había producido una filtración grave entre el presidente del Tribunal y varios opositores obligando a repetir el ejercicio en situación de igualdad. Todo ello supondrá un gasto económico para las arcas públicas, inconvenientes para la atención sanitaria y, lo que es peor, un gran sufrimiento personal para aquellos que con gran meritaje y honradez lograron una plaza en propiedad, ahora arrebatada gracias a la acción ilícita e inmoral de quien se suponía velaba por sus derechos y los de todos.
Recientemente preguntaron por este asunto al consejero de Sanidad en la Junta. He de confesar que la estupefacción que me produce comprobar la falta de exactitud en los datos vertidos acerca de la propia sentencia sólo es comparable a la que me produce la indolencia a la hora de perseguir responsabilidades.
La interpretación surrealista del fallo judicial por parte de los políticos, consistente en que hay que repetir el ejercicio, pero no es responsabilidad de nadie, es bochornosa. Vamos a ver si nos entendemos. Una cosa son las consecuencias administrativas (repítase el acto incorrecto), y otra depurar responsabilidades. Los gobernantes que nos administran tienen el deber de exigir acatamiento legal a sus cargos de confianza y retirársela si no es así. Aún no se han tomado medidas frente al responsable y, lo que es peor, el Consejero apunta que posiblemente no se vayan a iniciar.
Sr. Francisco del Busto de Prado, consejero de Sanidad del Principado de Asturias: si usted no ve ningún indicio de delito, ni ve la obligación de exigir responsabilidades directas al presidente del Tribunal de la OPE, está dando patente de corso a cualquier filibustero que desde dentro de un Tribunal pretenda manipular el desarrollo de la misma. Total, si a alguien le destrozo la vida que me lleve al Juzgado, nunca pasa nada. Estoy segura de que aún le queda suficiente hombría de bien y sentido de la justicia y el deber para no permitir que el ejecutor directo de tal iniquidad quede impune y sirva de espejo a venideros No deberíamos olvidarnos de que la única forma de influir en los demás es el ejemplo, sobre todo si se tienen responsabilidades de gobierno y se sustentan sobre unos ideales políticos que últimamente más que nunca destacan como valores supremos la honestidad, la regeneración y la lucha contra la corrupción.
Desconozco si la actuación descrita en la sentencia se adecua más a un tipo penal o a otro, pero la actuación no debería quedar sin sanción. Resulta totalmente incomprensible cómo a día de hoy su autor continúa ejerciendo puestos de responsabilidad decidiendo sobre contrataciones, organización y utilización de recursos públicos. No olvidemos que es director de una Unidad de Gestión Clínica, además de cargos relacionados entre otros con fármacos de alto impacto económico. ¿Con qué autoridad gestiona esos recursos?
Me cuesta entender cómo aún nadie haya levantado un dedo para señalarlo y pedirle la más sencilla de las asunciones: que abandone sus cargos. La generosidad llamará a su puerta si no se le inhabilita incluso para el ejercicio de su profesión, como ocurrió temporalmente con otro miembro de otro Tribunal, y eso que la implicada no desempeñaba cargos relevantes (deberían leer la noticia en LNE). Además, se encuentra en comisión de servicio y la dirección que ocupa fue impugnada en dos ocasiones, y en ambas se obligó a su destitución, pero el SESPA alegó que no había sido aún nombrado, por lo que técnicamente su nombramiento oficial aún está pendiente. Una irregularidad, aunque sin embargo puede ser una ventaja: pueden destituirle con el mismo dedo con que lo pusieron.
¿Acaso debemos pensar que se trata únicamente de méritos políticos, amiguismos y apoyos donde todo vale? ¿Qué políticos y cargos de responsabilidad apoyarían la corrupción en su máxima expresión pública pese a sentencias que retratan graves perjuicios para la sociedad? En Alemania se dimite de un Ministerio por haber copiado en la Facultad. En Inglaterra se abandona el Parlamento por una multa de tráfico. ¿Y aquí? ¿Seguimos condenando según sople el aire, a unos sí y a otros no, disculpando a quien prevarica, roba o miente si “es de los nuestros”? Si el autor de los hechos tuviera un mínimo de dignidad, ya hubiera dimitido el mismo día de conocer la sentencia. No sólo se es corrupto por hechos delictivos grandiosos, también por omisión, y no puede admitirse minimizar actuaciones intolerables ética y legalmente.
Es hora del despertar de las voluntades ejerciendo las medidas sociales y legales necesarias que persigan y castiguen tanto a los ejecutores materiales como a los responsables administrativos y políticos que consientan y perpetúen los abusos.
Quien mantiene a un corrupto o a un inmoral es aún más deleznable. No puede ser que el culpable se vaya de rositas y los únicos castigados sean los opositores condenados a un calvario inmerecido.
Por eso yo, Isabel Carrio Montes, como internista, como médica y como ciudadana “ruego” el cese inmediato de todos los cargos en el sistema público del identificado en la sentencia como responsable. A criterio de los opositores perjudicados queda el interponer demandas patrimoniales a los responsables tanto por ejecución como por omisión. Asimismo, por mi parte y la de todos los que como yo se sientan estafados por un sistema que no diera la talla emprenderé las medidas legales necesarias para evitar tal ignominia… Y es que yo no me resigno.
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