OPINION

“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”, Malcom X (1925-1965).

La manipulación de los datos sobre la huelga general

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

nuevatribuna.es

Como era de esperar, la mayoría de los medios de información de mayor difusión de España (que son de persuasión conservadora y neoliberal) intentaron minimizar el éxito del paro como parte de la huelga general convocada por los sindicatos, subrayando que la disminución de la actividad económica había sido menor, mostrando la limitada caída del consumo de la electricidad como indicador de ello. Según estos rotativos, la cantidad de esta reducción variaba dentro de un abanico que iba del 17% al 22% sobre el consumo normal. Se daba así una imagen encaminada a señalar que había habido una participación muy reducida en la huelga general, transmitiendo que la mayoría de la población desoyó la llamada a dejar de trabajar.

A ello se sumó una gran visibilidad de los actos violentos en los que participantes de la huelga general aparecían quemando propiedades privadas o públicas, y golpeando a personas, ya fueran civiles que querían trabajar, ya fueran los agentes del orden. En el programa del Sr. Cuní en 8TV, propiedad del Grupo Godó (también propietario de La Vanguardia), dedicó especial atención a tales actos violentos. En realidad, en muchos de tales medios aparecía la imagen de la huelga a través de actos de violencia, en los que el fuego y las llamas siempre aparecían en las fotos. Ni que decir tiene que todas estas informaciones correspondían a una campaña de desprestigio de las movilizaciones del movimiento trabajador, liderado por los sindicatos.

Los datos, sin embargo, muestran la manipulación (y no hay otra manera de definirlo) de estos reportajes. En primer lugar, señalar el descenso de consumo eléctrico en su totalidad no tiene mucho significado, pues la población que no trabaja también consume electricidad, pues está en casa o en algún lugar donde se consume electricidad. La manera más rigurosa es calcular el consumo de electricidad del día de huelga respecto al de un día festivo, digamos domingo, cuando la mayoría de la gente no trabaja. Esto es lo que debe hacerse para comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, hay que comparar el consumo de electricidad entre dos días comparables, es decir, un día sin trabajo (el domingo) y un día de huelga general que intenta que, como ocurre con los domingos, la gente no trabaje. Pues bien, tomando este indicador, se puede ver que, como bien han documentado un grupo de economistas (Economistas Frente a La Crisis) la huelga general fue un gran éxito, pues el consumo de la electricidad fue casi el mismo de un día festivo cuando la gente no trabaja (El País fue el único rotativo que hizo esa distinción, ningún otro rotativo la hizo). En realidad, la caída del consumo fue un 87%. Si hubiese sido un 100%, ello indicaría que el consumo de electricidad había sido el mismo que el de un domingo. Un 87% es bastante cercano a un domingo. Ello es una muestra clara de que la gran mayoría de la gente no trabajó el día de la huelga general. En realidad, comparando tal indicador con los anteriores de otras huelgas generales, se ve que la huelga general en contra de las medidas altamente impopulares del gobierno Rajoy, fue una de las más exitosas de las que han existido durante la democracia, dato que el gobierno PP y sus avaladores, las élites gobernantes de la Unión Europea, incluyendo la Comisión Europea, intentan ocultar. Las declaraciones de portavoces de tal comisión se centraron en indicar que el “fracaso” de la huelga general era una señal más del apoyo popular hacia las medidas que estaba tomando el gobierno Rajoy. Pero lo que alcanzó unos niveles de cinismo (y no hay otra manera de definirlo) inadmisibles es cuando el gobierno PP, a través de la Ministra de Trabajo, indicó que el gobierno estaba llevando a cabo las medidas que el pueblo español, a través de las últimas elecciones, había instruido al gobierno a realizar. En realidad, ninguna de las reformas impuestas por el gobierno Rajoy estaba en su programa electoral. La huelga general, por lo tanto, era también una protesta en defensa de la democracia española, protestando por el incumplimiento de las promesas electorales del PP.

En cuanto a los actos violentos –que, sin lugar a dudas, deben denunciarse con toda contundencia- éstos representaron una proporción minúscula de los participantes en la huelga. Centrarse en ellos es un insulto a la objetividad y equilibrio mediático que debería exigirse de tales medios. Las treinta personas violentas que hicieron gamberradas en la estación de Sants, en Barcelona, no se merecían la promoción gratuita que el Sr. Cuní les proporcionó, consumiendo una sección muy prominente en su programa. El 99,8% de todos los participantes fueron no violentos. ¿Por qué entonces se dio tanta cobertura a los violentos? La imagen deseada era relacionar una huelga general con un acto violento. Es así como la imagen de uno de los eventos políticos, económicos y sociales del año, la huelga general, se intenta desacreditar por los medios del establishment mediático del país al servicio de las fuerzas conservadoras responsables del subdesarrollo social de España.

Oportuno análisis para el día de hoy y sucesivos

En el día después

Por Martín Landa en nuevatribuna.es

Foto: Trabajador de la Adción. pública asturiana pasando a trabajar por delante de uno de los piquetes en el “edificio inteligente” ayer.

El éxito incuestionable de la huelga general y de las movilizaciones está ahí para quienes quieran observar la realidad sin las orejeras del sectarismo o de la manipulación.

En una situación muy complicada para cientos de miles de trabajadores de la pequeña y mediana empresa, en unos casos por la presión directa de los empresarios para que no secundaran la huelga, y en otros, por la propia situación de incertidumbre en la que viven al preguntarse quienes serán despedidos mañana; la huelga general se ha abierto paso y los trabajadores y las trabajadoras, a pesar de lo que decían las encuestas, han secundado masivamente el llamamiento unitario de los sindicatos, dando muestras de compromiso, unidad, conciencia social y especialmente de un gran civismo. Aunque siempre habrá quien quiera poner el acento y destacar algún que otro incidente.

Por cierto que las empresas encuestadoras, se lo deberían de replantear. No es normal que en menos de dos semanas se equivoquen tanto. Primero en Andalucía “regalando mayorías absolutas al PP” que han estado muy alejadas de la realidad, y después con los trabajadores y las trabajadoras de este país que no iban a secundar la huelga general.

Quizás sea que están poniendo demasiada “cocina” a gusto de quien las paga y eso les está llevando a alejarse de la realidad.

La España Social que recoge la Constitución Española, esta vez ha querido salir a la calle el día 29, para decirle y dejarle muy claro a Rajoy, que se está equivocando. Que su pretensión de hacer pagar el grueso de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras de este País no le va a salir gratis.

La indignación es tan grande que hace que la gente pierda el miedo y por eso, la movilización de este pasado día 29, ha sido mucho mayor de lo que algunos anunciaban y de lo que ahora quieren reconocer. Pero da igual, los hechos y los datos están ahí. Los trabajadores han parado las fábricas y han salido a las calles masivamente para decirle alto y claro a este gobierno y a la Europa que nos mira, que esta Reforma Laboral que ya está provocando miles de despidos a precio de saldo, se tiene que cambiar. Y que si no lo hacen pronto, las movilizaciones seguirán acompañándoles todo el tiempo que sea necesario.

¿Que esta ha sido una huelga política? Lo lanzan a los cuatro vientos como si fuera un gran fiasco de los sindicatos… Claro que esta huelga ha sido una huelga socio política, y hay que decirlo alto y claro. Se ha agredido frontalmente la España Social que proclama nuestra Constitución. Se ha pisoteado el consenso que hizo posible que, en base a esta “Ley de Leyes” viera la luz el Estatuto de los Trabajadores que ha venido regulando las relaciones laborales y la negociación colectiva con el papel destacado de los sindicatos…

Por eso, ante una agresión tan brutal como hace esta reforma que quiere imponer el gobierno del Partido Popular, a los trabajadores y a sus sindicatos les asiste todo el derecho y toda la fuerza moral para convocar ésta y las huelgas que sean necesarias hasta revertir la situación.

Y si, los sindicatos tienen que estar contentos de la respuesta obtenida. Porque millones de personas en las calles les han cargado de razones (más todavía) para que sigan exigiendo la modificación sustancial de esa reforma. Y si no hacen caso o si se niegan…, a la calle compañeros. A dar vida a ese precioso poema de nuestro gran Gabriel Celaya en una de cuyas estrofas dice: “a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo…”

Porque los trabajadores y las trabajadoras de este país, amén de trabajar y crear riqueza con su trabajo, no se han llevado un euro que no hayan ganado y sudado con su esfuerzo. Y no es de recibo ni van a permitir, que ahora, se les quiera hacer pagar el grueso de la factura de una crisis en la que nada han tenido que ver.

Por eso se equivocan también las encuestas, y por eso se equivoca ahora Rajoy como antes lo hiciera Zapatero, porque metidos en su urna de cristal no quieren o no saben escuchar la profunda indignación que late por las venas de quienes levantan, con su esfuerzo, cada día este país.

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Lo paradójico es que en algunos centros de Asturias, parte de esos datos ya se publicaban y, misteriosamente, dejó de hacerse de ello hablaremos específicamente otro día.

La transparencia en la Sanidad

Por Hixinio Beiras Cal, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

nuevatribuna.es

El anuncio del Gobierno de la aprobación de un proyecto de Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas y que se somete a la valoración previa de los ciudadanos, merece algunas reflexiones

En primer lugar es tan positivo como urgente que se garantice la transparencia de las Administraciones Públicas porque es imprescindible que los ciudadanos sepan el destino que se da a sus impuestos y el resultado de los gastos realizados.

Desde muchas entidades, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se viene reclamando hace muchos años (desde la finalización de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas) la exigencia de datos públicos y homogéneos que permitan conocer a la ciudadanía y a los investigadores los principales parámetros para evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

En este orden de cosas parece especialmente importante que sean de conocimiento público el gasto farmacéutico hospitalario, el gasto en financiación de centros privados y semiprivados, los datos de funcionamiento principales de centros públicos y otros sufragados con dinero público (numero de camas, ocupación, estancia media, índice de complejidad, derivaciones a otros centros, morbilidad nosocomial infecciones hospitalarias y mortalidad, asi como las tasas de supervivencia y de complicaciones de las patologías y actividades mas frecuentes) y que estos datos se conozcan desagregados por comunidades autónomas y centros sanitarios.

Lo mismo puede decirse de las listas de espera, quirúrgicas, diagnosticas, de consulta con especialistas y en atención primaria, etc. Un apartado específico es el relativo a la oscura vía de financiación de construcción de hospitales y centros de salud a través de la PFI diseñada entre otras cosas para ocultar los costes a la ciudadanía y a sus representantes.

Es de esperar que este proyecto de ley no sea una cortina de humo y que se garantice de manera fehaciente el acceso a los datos principales del funcionamiento del sistema sanitario público , de manera actualizada, desagregados por comunidades autónomasy centros, lo que es perfectamente posible con el grado de informatización que ya existe en el SNS. En definitiva se trata, ya que tanto se habla de la libertad de elegir médico y hospital, de que los usuarios sepan cuales son los hospitales que son buenos en determinadas técnicas y en que otras necesitan serias mejoras. Sin eso la elección solo es objeto de marketing

De todas maneras habida cuenta de que han sido las comunidades autónomas gobernadas por el PP las que han ocultado mas datos sobre el funcionamiento del sistema sanitario, cabe la duda de si realmente esta información transparente va a hacerse efectiva, especialmente en los centros gestionados por empresas privadas que son aquellos en los que la información disponible es prácticamente nula. Habrá que ver su contenido concreto después del tramite parlamentario. Ahora queda en manos de las organizaciones sociales, profesionales, etc, el velar porque la ley realmente garantice la transparencia y además que se cumpla de una manera efectiva.

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“#NIMILEURISTAS” en el diario El Pais

¿Generación cangrejo? No parece

La idea de que los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres está muy extendida

Sin embargo, no está claro qué es “vivir mejor”

¿Es mejor poseer una casa o contar con una buena formación?

Por Carmen Morán, El País.

¿Qué más pueden pedir los jóvenes de hoy en día? La pregunta suena a conflicto intergeneracional, pero la respuesta es sencilla: la mayoría se conformaría con un empleo y, si puede ser, que esté acorde con su formación. En todo lo demás, la comparación con la juventud de sus padres no resiste un análisis fino: ahora tienen formación, viajes, amigos por medio mundo, idiomas, moda, cultura, ocio, información, tecnologías y libertades. Todas. Muy pocos cambiarían su vida por la que llevaron sus padres a la misma edad. ¿Quién quiere estar casado con 24 años, tener tres hijos a los 28, vivir en un cuarto sin ascensor, viajar al mismo pueblo cada verano y comer paella todos los domingos? ¿Podemos hablar de que esta generación vivirá peor que la de sus padres? Cabe dentro de lo posible, pero, en términos históricos, España apenas se está desperezando de una larga siesta de carencias. Por eso, es difícil concebir que los jóvenes de hoy vayan a vivir peor que ellos, en una suerte de generación cangrejo.

“Decir que van a vivir peor que nosotros, cuando dos tercios de la población de entonces carecía de estudios universitarios, es improbable. Tenían un empleo, si, pero qué empleo; y tenían un piso, sí, pero qué piso. Lo que los jóvenes quieren tener es lo que tienen sus padres ahora, no lo que tenían a su edad”, dice Lorenzo Navarrete, profesor de Sociología de la Universidad Complutense. “El bienestar actual lo han proporcionado los años que vinieron a partir de la Transición, pero no los anteriores. Los que lo tenían antes eran una minoría en España”, añade.

Tampoco puede decirse que aquellos que fueron padres entre los setenta y los ochenta fueran una legión de infelices. Viajar en el tiempo requiere una revisión de las expectativas. Toñi Martínez, la madre de Bárbara, una treintañera que pasea su amueblado currículo sin éxito de una puerta a otra, lo explica muy bien: “Yo me casé con 24 años, después de ocho de novios, y no quise estudiar: mi meta era casarme y tener un piso y los hijos. Si hubiera estudiado me habría ido mejor, pero yo elegí mi vida. Bárbara ha tomado como prioritario tener un buen trabajo y yo creo que algún día lo tendrá. Está preparada para ello”. El de Toñi, que ahora tiene 57 años, fue en la industria del calzado, en Elda (Alicante), de poca estabilidad y unos ingresos bajos: “Había meses que no entraba un duro en casa, unos meses nos daban de alta, otros no; unos teníamos trabajo, otros no”, dice. “Mi vida fue buena, pero toda nuestra aspiración es que los hijos se formaran y tuvieran un futuro mejor”, explica. Ahora tiene 57 años y si le preguntan si cambiaría su vida por la de su hija, dice que sí: “Ahora no sería tan tonta”, se ríe. “Hubiera seguido estudiando y tendría un buen empleo”.

“Es verdad que el mercado de trabajo se ha precarizado tanto que se está poniendo complicado hasta para los titulados superiores”, explica el profesor de Economía de la Universidad de Oviedo Florentino Felgueroso. Esos empleos estables que permiten organizarse la vida, llegan ahora alrededor de los 35 años, dice Felgueroso, pero el futuro, señala optimista, “solo puede ir a mejor”. Apunta, sin embargo, dos nubarrones: la enfermedad holandesa y el efecto cicatriz. La primera afecta a los universitarios que no encuentran empleo: “Hemos dedicado tantos recursos a sectores que demandaban poca cualificación, como la construcción, el turismo y la hostelería, que se ha descuidado la cantera para otros empleos cualificados. Pasó en Holanda en los sesenta y setenta: se volcaron en los yacimientos de gas y desatendieron otras cosas”, resume Felgueroso.

Del efecto cicatriz sí tiene la culpa la crisis. Felgueroso lo explica así: “Lo que le ocurre a una cohorte lo arrastras toda tu vida laboral. Si hay una generación en edad de trabajar que ha coincidido con la crisis y obtiene trabajos precarios será difícil compensar eso a lo largo de la vida. Esa cicatriz se habrá quedado. Afecta a los que están entrando a trabajar y a los que salen por despidos”. Quizá alguno de estos viva peor que sus padres, pero todo está por ver. La reforma laboral, que, entre otras cosas, puede traducirse en prescindir del trabajo de los padres, mejor pagados, para sustituirlo por el de los hijos, mileuristas, también podría lastrar el futuro de estos jóvenes.

¿Va a recuperarse Rodrigo Monreal de la crisis que no le deja avanzar a sus 28 años? ¿Conseguirá tener estabilidad laboral, comprar un piso y salir de vacaciones sin que le ayuden sus padres? Habrá que preguntarle de aquí a unos años. Por ahora, solo dice que no cree que pueda aguantar mucho más como está: en un piso compartido con otros tres por una de cuyas habitaciones paga 395 euros, más 20 de otros gastos. Apenas le quedan 100 para vivir. Eso el mes que ingresa 500 euros, que no es siempre. Estudió Enfermería y Podología, habla inglés, italiano y catalán. Pero cobra por cliente en la clínica de podología y a diario está ocupado una hora, dos, tres a lo sumo. La clínica se queda con el 60% de lo que abona el usuario. “Bueno, es que ellos ponen todo, y montar una clínica no es fácil”, reconoce.

Rodrigo va a preparar oposiciones a Enfermería que se convocan en el País Vasco y en Canarias. “En Madrid, la bolsa de trabajo está parada”. “No vivo mal, te acostumbras a lo que tienes, pero cuando mis padres se casaron, jóvenes, ambos trabajaban, ella enfermera y él empleado de banca, y se compraron un piso con garaje por cuatro millones y medio de pesetas en Talavera de la Reina. Solo querría tener las oportunidades de trabajo que ellos tuvieron”. Y nada más. A Rodrigo no le ha faltado de nunca de nada. Tampoco ahora, porque sus padres le ayudan cuando lo necesita. Esa es otra de las grandes diferencias en esta generación, que sus padres pueden cobijarles del chaparrón hasta que escampe... Rodrigo se irá con la familia este verano a Croacia.

Para el profesor Navarrete, “el disfrute, el consumismo de los jóvenes en las dos últimas décadas es, precisamente, el resarcimiento de sus familias, que les dan lo que ellos no tuvieron”, por eso no puede decirse que a la misma edad, vivieron mejor. Pero “ese bienestar no activa la agresividad darwinista necesaria para salir adelante, la que los padres sí tuvieron; no es más que un retardo, pasado un tiempo, con la preparación y la capacidad que tienen reconducirán la situación”. Son como dos caras de una moneda. La sobreeducación, y quizá la sobreprotección (algunos padres van a la universidad a interesarse por los estudios de sus pequeños), les anestesia para buscarse la vida, pero Navarrete está convencido de que una ley primará: aquella que dice que “el que sabe más, puede más y tiene más”, así que todo parece cuestión de tiempo.

Pero el tiempo no pasa igual para todos. O mejor dicho, para todas. Aunque las expectativas de las mujeres no sean hoy las mismas que las de sus madres en los setenta y ochenta, no quiere decir que hayan renunciado a la maternidad, por ejemplo. Y para eso hay un reloj, que no solo se activa con el deseo de ser madres, también manda la economía. “Si hemos de tener en cuenta la teoría de la aversión al riesgo como un condicionante de las tasas de fecundidad, desde luego la estabilidad laboral y el nivel salarial van a ser determinantes. La incertidumbre por el propio futuro y por el de los hijos puede llevar la fecundidad a tasas aún más bajas”, opina Margarita Delgado, demógrafa del CSIC. “Hay un déficit entre el número de hijos que desean las mujeres y los que se tienen [en los hombres no se ha medido]. Eso indica una maternidad insatisfecha”, añade Delgado. Quizá este si pudiera servir como indicador de haber dado un paso hacia atrás. Quizá.

El economista Javier Andrés cree que no se ha medido con rigor científico nada que pueda dar una respuesta sobre si hay una generación de hijos que vive peor que sus padres. “¿Qué significa vivir peor? Habría que hacer un análisis de los salarios a lo largo del tiempo, del poder de compra, y todo eso no se ha hecho. Personalmente, no creo que vivan peor, ni que eso vaya a ocurrir. Hay muchos avances, incluidos los de la medicina, por ejemplo”, dice. En efecto, hasta para alargar la edad de la maternidad hay soluciones que empiezan a parecer magia.

Javier Andrés es optimista. Cree que España aún tiene margen intergeneracional. “Todavía hay ganancias entre generaciones, aunque lógicamente estas se irán reduciendo, porque llegará un día en que la mayoría de los padres tengan estudios superiores, por ejemplo, y un buen nivel de vida, como ocurre en otros países. Y los hijos tendrán más difícil superar eso, claro”. Lo que hay que frenar, dice, es el paro. “No es posible que hayamos tenido tres crisis, la de los ochenta, los noventa y ahora esta, en que el paro haya superado el 20% y todo en tan corto espacio de tiempo. Eso solo ha pasado en España”. Para Andrés, ciertas reformas laborales ayudarían a salvar ese extremo. “Si se reduce el endeudamiento se aliviará el futuro de las nuevas generaciones y si nosotros trabajamos más años, ellos tendrán que pagar menos por nuestro retiro”, opina.

Visto así, a Rodrigo ciertamente le costaría pagar la prejubilación de su padre en la banca, que a sus 59 años ya lleva varios retirado. Tomás Monreal peleó para compaginar estudios y trabajo, pero ganó el trabajo: aunque hubo décadas en que tener un título universitario se traducía de inmediato en un excelente empleo, también ocurría que algunos puestos se heredaban. Tomás Monreal obtuvo su primer empleo, a los 17 años, en el banco donde trabajó su padre. “Era así, en algunas ocupaciones los hijos nos colocábamos donde estaba el padre. Yo empecé poniendo sellos, luego hice algún curso y acabé fijo. A los 28 me casé, mi mujer era enfermera y tuvimos a los hijos rápidamente. Por eso no íbamos de vacaciones, pero vivíamos bien. Yo lo que cambiaría de mi generación sobre la de mis hijos es el uso de las nuevas tecnologías y cómo manejan toda la información con ellas”, dice. Y aquel piso en Talavera que no llegaba a los cinco millones de pesetas... Rodrigo pone cara de envidia solo de pensarlo. Si ahora estuvieran a esos precios...

La crisis, opina el profesor Navarrete, solo ha sido una ducha de agua fría, que puede incluso despabilar a esta generación. “Los padres actuaban de una manera inmediata para vencer las dificultades, eran más competitivos y rápidos en la primera batalla. Pero los jóvenes de hoy conquistarán más que sus padres. Todas las sociedades que han tenido una generación con esas potencialidades han ido a más. Solo están atrapados por la crisis. Eso, como decía mi abuelo, es trigo en la cámara”. Falta que el trigo se haga pan.

El objetivo principal que tienen es el debilitamiento del mundo del trabajo (el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora) que a nadie le quepa la menor duda.

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conseguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU – están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anticlase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Artículo publicado en la revista digital SISTEMA

Otros puntos de vista en el debate de la fusión de ayuntamientos

«No es tan urgente modificar la actual organización»

20/03/2012, en La Voz de Asturias

José Ángel Fernández Prieto, en cambio, no considera urgente la reordenación del mapa municipal, al menos en Asturias. Este investigador del Cecodet entiende que la crisis y la falta de recursos de las administraciones públicas pueden ser acicates para alimentar el debate sobre el futuro del municipalismo, pero cree que ni a corto ni a medio plazo se va traducir en un nuevo mapa de ayuntamientos en España. Fernández Prieto defiende, al margen del aspecto económico, otros factores para explicar el arraigo de los concejos en el Principado.

¿Es necesario revisar el actual mapa de los ayuntamientos asturianos?

La actual crisis económica ha reavivado ese debate, el que se plantea si es necesario reducir el actual número de ayuntamientos. Sin embargo, Asturias no es Castilla y León o Navarra, donde hay municipios muy grande en superficie, sin apenas población ni actividad social y donde la situación puede justificar más este tipo de planteamientos.

¿Entonces usted no tocaría los 78 concejos asturianos?

Es cierto que muchos están perdiendo población. Pero, si se plantea la fusión de municipios, el primer objetivo serían esos concejos de la zona rural, que quizá sean los que ahora más necesitan un ayuntamiento cerca, los que necesitan más ayuda y servicios, los que merece la pena tirar por ellos. Si conservan sus ayuntamientos, podrían seguir teniendo voz. Si también se les quita el ayuntamiento, entonces lo pierden todo.

¿No estaría justificado por una cuestión de ahorro, por una mejor eficiencia de los recursos?

No creo que supusiese un gran ahorro. Si ahora se unen, por ejemplo, Los Oscos, no creo que esa fusión fuese a suponer una reducción muy notoria. Otra cosa muy diferente es que se plantee un caso concreto, con unas circunstancias concretas que habría que estudiar. Pero ya no responde a un criterio general de reordenación por ingresos o población.

¿Y usando algunos otros criterios, distintos?

En Asturias, podría tener más sentido una fusión de ayuntamientos en el área central. Sería más difícil, pero también mucho más coherente, porque ayudaría a planificar el urbanismo, los desplazamientos en el transporte y un montón de temas que dependen de los ayuntamientos. Sería más difícil porque tienen más población, y sería mucho más impopular. En todo caso, para la zona rural se podría profundizar en la organización de comarcas, de las que hay experiencias muy positivas.

En caso de que se impulse la fusión, ¿cree solo se debe tener en cuenta criterios numéricos?

Las cifras son útiles en general, pero hay otros muchos factores a tener en cuenta, como la gente, la historia o la forma de vida. Los modelos pueden ser numéricos pero flexibles, nunca totalmente rígidos.

¿Cree que, tras años de debates intermitentes, la sociedad asturiana está madura para afrontar una reorganización de las entidades locales?

No estoy seguro de que la idea se haya madurado lo suficiente, como sí ha sucedido en otros países europeos, donde se han introducido cambios. Ahora el tema se vuelve a tratar por la fusión de los dos concejos gallegos, pero volverá a pasar. No creo que a corto plazo este tema se vaya a tratar en profundidad. Solo si esta crisis se prolonga mucho en el tiempo, entonces se lanzarán a hacerlo.

La antítesis

Sólo 21 concejos son viables según los criterios europeos

El Consejo de Europa considera que los ayuntamientos deben tener más de 10.400 habitantes para lograr su sostenibilidad.

El Gobierno de Rajoy afirma que en España sobran la mitad.

20/03/2012, Susana D. Machargo, Oviedo, en La Voz de Asturias

Oza y Cesuras han vuelto a agitar el recurrente debate sobre el futuro del municipalismo en España y la viabilidad de los pequeños concejos que jalonan la geografía española, pequeños pueblos de grandes o pequeñas extensiones que tienen en común la escasa densidad de población. Oza y Cesuras son los dos concejos que la Xunta de Galicia ha decidido fusionar en las últimas semanas. A este carro se ha subido también el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que confirma la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de negociar la reestructuración del actual mapa municipal. Es más, Beteta cree que sobran la mitad de los ayuntamientos. En cifras redondas, 4.000 de los 8.000 existentes.

¿A cuántos concejos asturianos afectaría esa poda? ¿Qué criterios se deberían seguir?

Beteta, en una entrevista concedida a El Mundo, no lo puntualiza. Solo habla de la viabilidad económica. Pero lo cierto es que los expertos, economistas y geógrafos, que estudian estos temas suelen tomar como referencia un mínimo de población de 5.000 habitantes. Con ese suelo, el Principado perdería 47 ayuntamientos. En cambio, el Consejo de Europa, en un estudio con plena vigencia, recomienda un mínimo de 10.400. Según ese criterio, Asturias perdería 57 consistorios. Es decir, que las directrices de organización según la población dejarían una Asturias en la que estarían a salvo 21.

El despoblamiento aún no es tan acuciante como en otras autonomías, aunque hay muchos territorios con una baja densidad de población. Yernes y Tameza apenas tiene censados a 178 habitantes; Pesoz, 189; Santo Adriano, 265: Villanueva de Oscos, 364 e Illano, 444. El resto ya está por encima de 500. Entre 500 y 1.000 se sitúan otros 11 más.

El Consejo de Europa también apunta otros factores que tener en cuenta a la hora de medir la viabilidad de un concejo. A partir de 10.400 vecinos, considera que las finanzas locales podrían estar saneadas. Para garantizar una ordenada planificación urbanística, el baremo se eleva a 11.600 habitantes. Una gestión eficaz de los organismos de control requiere de 9.800 residentes y son necesarios 8.200 para garantizar la calidad de los servicios sociales.

Índices correctores

En esta ensalada de cifras no se tiene en cuenta ninguna característica social, geográfica o histórica, algo imprescindible si finalmente se inicia un proceso para rediseñar el mapa municipal español. Es más, especialistas como el asturiano Tomás Cortizo proponen que se tenga en cuenta la extensión y la orografía. Cortizo incluso sugiere una distancia máxima entra la capital administrativa de un municipio y el pueblo más alejado. Los índices correctores son necesarios para tener en cuenta la singularidad de los territorios y la eficacia de los servicios.

No obstante, la economía parece tener en todo este proceso un peso incuestionable. La consultora Russell Bedford está elaborando un informe sobre la fusión de municipios en España, utilizando como referencia las cifras del Ministerio de Economía y las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). A raíz del caso de Oza y Cesuras, La Voz de Galicia adelantó alguno de los datos que la compañía auditora está barajando.

Por ejemplo, toma como mínimo de población los 5.000 habitantes. Con esa referencia, señala que el 63% de los municipios gallegos está por debajo y que ese 63% solo gestiona el 17,2% de los recursos municipales de la comunidad autónoma. La conclusión es que la actual organización, al menos en Galicia, es muy poco eficaz y que una agrupación podría mejorar la gestión económica de los recursos.

Los planes del Gobierno

Con este panorama, la vista se vuelca en el Estado pero, sobre todo, en las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en esta materia, tal y como consta el Título VIII de la Constitución. Aún así, Antonio Beteta anunció que la intención del Gobierno de Rajoy es negociar los posibles cambios con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Su planteamiento de partida es claro: “Más de la mitad de los ayuntamientos no tiene viabilidad económica. Es decir, su número de vecinos es tan pequeño que es complicado ser un centro eficiente de prestación de servicios”. Pero no propone ningún criterio concreto, ningún límite de habitantes, de extensión o de ingresos. Lo único que sugiere es que hay que conectar “eficiencia en la gestión y representatividad” políticas. El objetivo es limitar el número de cargos y el gasto en sueldos políticos, adelgazando las actuales estructuras.

La fusión no será la única arma que utilice para conseguirlo. También se fomentarán las comarcas y las mancomunidades y, en las comunidades que no son uniprovinciales, se potenciarán las diputaciones como órgano de prestación de servicios.

Asturias ya tiene experiencia en organizaciones supramunicipales, con la alianza de concejos en mancomunidades desde que el Valle del Nalón, fundara la primera, ya en el siglo pasado. La región también fue pionera en la creación de organizaciones supramunicipales entre ayuntamientos de diferentes autonomías. Fruto de ese entendimiento surge la mancomunidad del Bajo Deva, que integra a consistorios del oriente asturiano y también de Cantabria.

Esta opción comarcal parece, ahora mismo, menos viable, una vez comprobados los graves problemas económicos que afrontan las mancomunidades. En algunos casos, como el de la Comarca de la Sidra, se ha traducido en la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y en otros lugares se viven graves impagos.

Al margen de las fórmulas, de las experiencias y del marco legal que se puede utilizar, el ruido del debate parece cada vez más ensordecedor, lo que se puede traducir en medida concretas a corto o medio plazo. Eso no quiere decir que haya unanimidad. Entre los geógrafos consultados ayer por LA VOZ no existe un criterio único ni sobre la necesidad de la fusión de ayuntamientos, ni tampoco sobre la profundidad de la restructuración.

«Esperaba ya un ataque de sensatez que cambie el mapa»

20/03/2012, La Voz de Asturias

Tomás Cortizo lleva años propugnando la reordenación del mapa municipal, una estructura dinámica desde su fundación, en el año 1812, y que se anquilosó con la Constitución Española de 1978. Cortizo es incluso más drástico que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que dice que en España sobran la mitad de los ayuntamientos. Este geógrafo asturiano y colaborador de LA VOZ reduciría los actuales 8.000 a solo 2.500. Para Asturias no da cifras cerradas, aunque tiene las ideas muy claras sobre cuál es el único modelo que puede pervivir. Para Cortizo, la reforma es urgente.

¿Qué le parece que el secretario de Estado de Administraciones Públicas diga que sobran la mitad de los ayuntamientos españoles? Creo que ya era hora de que alguien lo dijera. Lo que pasa es que esa es una competencia que no le corresponde al Estado, sino a las comunidades autónomas. El Gobierno puede promover, dotar de fondos, coordinar, tomar la iniciativa. Pero la decisión final es de las regiones y con ellas es con las que tiene que ultimarlo todo.

¿Cuáles deben ser los límites numéricos y sociales para abordar esa reordenación del mapa municipal? Para la prestación de servicios, el límite siempre tiene que estar por abajo, siempre hay que garantizar unos servicios mínimos y de calidad. La representación política es otra cosa. Una forma de ver este cambio es que lo que se gana o se ahorra en la representación política se puede aprovechar para invertir en los servicios. Los propios edificios de los ayuntamientos pueden reconvertirse en centros de servicios. Lo que se gana en eficacia redunda en servicios.

¿Pero también habría que establecer criterios numéricos, fijar límites? El número de habitantes es un criterio a tener en cuenta y también los kilómetros, la distancia. 5.000 ó 10.000 habitantes pueden ser muchos o pocos, en función del territorio que se quiera aglutinar. En un territorio muy poco poblado reunir 5.000 habitantes puede suponer una superficie demasiado extensa para la prestación de servicios. Cangas del Narcea es el tercer municipio de España en superficie y Avilés apenas tiene extensión. Son aspectos a tener en cuenta. Lo ideal sería buscar un equilibrio.

¿Podría ponerme algún ejemplo de fusiones en Asturias? Los Oscos, nacido de la fusión de los tres ayuntamientos actuales, sería un municipio perfecto, que tiene facilidades hasta para su nombre. También sería ideal la fusión de Teverga, Santo Adriano, Quirós y Proaza. Sin forzar mucho, en Asturias se podrían dejar los 78 en 42.

¿Entiende las reticencias sociales a la reordenación municipal? Es difícil de comprender. Desde que se aprobó la actual ordenación, en el año 1812, con la Constitución de La Pepa , y hasta 1978, se redujo en unos 1.250 el número total de ayuntamientos. La actual Constitución paraliza ese proceso de simplificación, en parte porque se salía de una dictadura y se temía que se produjese un déficit democrático. El municipio entró a formar parte de la identidad, en la voz política, lo que diferenciada a los ciudadanos. En otros países como Francia o Bélgica ha seguido haciéndose como algo natural.

¿Espera que se concreten pronto estos cambios? Esperaba desde hace años un ataque de sensatez, que, por otra parte, solo podía llegar en un momento como estos, de crisis.

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Técnicos de Hacienda ... RESPONDEN:

¿Cómo afrontar el recorte adicional del déficit fijado por Bruselas sin estrangular la economía?

nuevatribuna.es

Tras el envite de Mariano Rajoy situando el objetivo de déficit para España en el 5,8% al cierre de este ejercicio, la Comisión Europea ha admitido la relajación del desfase entre ingresos y gastos aunque de forma más limitada, en el 5,3%. Esto significa que nuestro país deberá hacer un esfuerzo adicional de unos 5.000 millones de euros para atenerse a lo acordado, o de lo contrario deberá afrontar sanciones por parte de Bruselas.

Son muchas las opciones que se están barajando para adaptarse a este nuevo objetivo, centradas generalmente en un aumento de los ingresos por la vía fiscal para evitar así tener que acometer recortes en el estado del bienestar.

Si bien el titular de Hacienda acaba de descartar –tras no pocas especulaciones- la subida del IVA, IRPF e Impuestos Especiales, mucho nos tememos que cualquier actuación en materia fiscal afectará a las clases más débiles, mermando su poder adquisitivo, limitando su capacidad de consumo y lastrando, cómo no, la tan ansiada recuperación económica.

En lugar de ello, desde Gestha insistimos una vez más en la necesidad de obtener los ingresos de una manera equitativa, esto es, de todos aquellos que abierta o sutilmente, amparándose muchas veces en instrumentos legales, descuidan sus obligaciones con el Fisco.

Por poner un ejemplo muy gráfico, sólo con reducir en diez puntos la economía sumergida de Andalucía –ahora mismo en el ojo del huracán con motivo de las elecciones autonómicas-, hasta situarla en el entorno de la media europea, ya se obtendrían más de 5.260 millones de euros adicionales al año. Más que suficiente para cumplir con los nuevos deberes encomendados por Bruselas.

No es difícil imaginar, por tanto, lo mucho que cambiaría nuestra situación económica si estos avances se extendieran a todo el territorio nacional y nos pusiéramos a la altura de los países más avanzados de nuestro entorno en esta materia: recaudaríamos la friolera de 38.500 millones de euros más al año.

Por una vez, en lugar de contestar a una pregunta seremos nosotros quienes la lancemos: ¿A qué esperamos para convertir la lucha contra el fraude en una prioridad?

¿Como puede afectar la existencia de paraísos fiscales al Estado del Bienestar?

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Los paraísos fiscales suponen, hoy por hoy, un grave problema para el Estado del Bienestar. El propio Fondo Monetario Internacional señala que una cuarta parte de toda la riqueza mundial se encuentra depositada en este tipo de territorios, aunque otros estudios elevan la cifra hasta una tercera parte de los activos a nivel global.

Esta situación se debe en gran parte a que la planificación económica y fiscal de las corporaciones multinacionales pasa por deslocalizar la producción hacia países con menores costes laborales y ambientales, así como por la creación de sociedades de cartera o instrumentales en uno o varios paraísos fiscales para saldar sus negocios al margen de la tributación de los países de origen o de destino.

Actualmente, algunos paraísos fiscales facilitan información a terceros países, con los que tienen firmados acuerdos sólo de manera puntual ante investigaciones judiciales o policiales en curso, por lo que se hace necesario exigir que suministren, de forma automática, y en todo caso, información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en dichos territorios.

¿Cuánto pagamos de más por culpa de la evasión fiscal?

nuevatribuna.es

Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, nuestro país se ve lastrado por una tasa de economía sumergida superior al 23,3% de su Producto Interior Bruto, lo que equivale a unos 245.000 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica?

La respuesta es, si me permiten, indignante. Y es que cada ciudadano español carga ni más ni menos que con 839 euros de más cada año –entre 200 y 300 euros más los vascos, madrileños y navarros- en concepto de impuestos y cuotas sociales para compensar la evasión fiscal y poder mantener el estado del bienestar con el nivel actual de prestación de servicios públicos e inversiones, ahora un tanto incierto.

Dicho de otra manera, los contribuyentes -y principalmente aquellos que estamos controlados a través de las rentas del trabajo- somos quienes estamos pagando de nuestro bolsillo lo que otros muchos -en su mayoría grandes empresas y fortunas- dejan de pagar gracias a instrumentos legales de elusión fiscal, a los que habría que poner coto de manera efectiva.

Por Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

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Dando caña con coña: Por LADISLAO DE ARRIBA...

¿Se levanta la veda del copago?

La Nueva España

Con la aquiescencia del Partido Popular. la Generalitat de Catalunya ha impuesto la tasa de un euro por cada receta médica que se pida. Esto del copago parece no desagradar al partido actualmente en el Gobierno de España. Por eso, me temo lo peor.

Y lo peor es que puede venir el copago en toda actividad ciudadana. Si se empieza con las recetas médicas, que es algo muy serio, supongo lo que harán con lo demás.

Pagar peaje por cruzar las calles por el paso de cebra; copagar el asiento en los bancos de los parques y jardines; adquirir un tique para darse un chapuzón en la playa; por beber un sorbo de agua en las fuentes públicas (excepto en los abrevaderos de la clase política); por tirar un periódico ya leído en las papeleras urbanas; por tostarse al sol en el Rinconín, etcétera...

Comprenderán que la lista puede llegar a ser interminable.

La ciudadanía catalana sufrirá el copago a partir de junio. ¿Cuánto tardaremos los demás? A mi juicio, será en seguida, por aquello del «si no hago lo que veo, me meo» y porque estas ocurrencias de sacar dinero al personal les van a ir muy bien a las comunidades autónomas, endeudadas hasta las cejas.

Salvo que los «brotes verdes» que ve el ministro De Guindos tengan la misma identidad que aquellos que ilusionaron en su día a la vicepresidenta señora Salgado. A mí, personalmente, lo de brotes verdes me suena a viejos verdes.

Espero que no sea lo mismo.