OPINION

Didáctico, pedagógico y oportunísimo

Amigos y enemigos en Valencia

Por José Antonio García Sáez,  Investigador del Institut de Drets Humans Universitat de València.

ATTAC País Valencià

Carl Schmitt fue un jurista alemán procesado en los juicios de Nüremberg por colaborar con el régimen nazi. Resultó finalmente absuelto, sin embargo sus teorías influyeron de forma determinante a lo largo de la historia en la forma de comprender y gestionar lo político. Para Schmitt la esencia de lo político consistió en la capacidad para distinguir entre amigo y enemigo. La identidad del Estado se construía en base a poder determinar quiénes son amigos y quiénes enemigos. Una vez se ha calificado a un Estado o grupo como enemigo, no hay ya reglas para combatirlo. Todo vale porque el enemigo encarna el mal absoluto y, como tal, no merece seguir existiendo. Cualquiera puede reconocer estas ideas en la justificación que el gobierno de George W. Bush utilizó para invadir Irak en 2003, vulnerando todas las normas del Derecho Internacional.

Cuando el señor Antonio Moreno, jefe de la policía —nombrado, por cierto, por el ex-ministro Rubalcaba, en un acierto más a tener en cuenta en su palmarés— identifica a las personas que protestan en las calles de Valencia con el enemigo quizá no se trata más que un producto de su torpeza. No sabemos si Moreno es tan poco aficionado a los libros como los antidisturbios que bajo sus órdenes han aporreado con saña a la gente. En cualquier caso, es significativo que use la expresión enemigo para referirse a la ciudadanía. ¿Se ha convertido la ciudadanía en el enemigo mientras que los Correas, Bigotes y otros empresarios y políticos corruptos son el amigo —el amiguito del alma—? En tierras valencianas parece que sí.

La Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, no ha visto por ningún lado desproporción en la actuación policial. Siendo Ministro de Gobernación en el año 76, Manuel Fraga —insigne fundador del partido que ahora nos gobierna— tampoco apreció desproporción en la actuación policial que se produjo en una asamblea de trabajadores celebrada en una iglesia de Vitoria, con un resultado de cinco jóvenes muertos y cientos de heridos. Entonces Fraga utilizó una justificación parecida a la que estos días han usado varios responsables políticos, haciendo recaer la culpa de los resultados sobre quienes habían instigado las protestas. Es decir, sobre los enemigos, contra los cuales cualquier cosa valía.

Mariano Rajoy ha afirmado que hoy no podemos dar ya esa imagen ante el mundo. Igualmente, Carlos Fabra ha insinuado que la gran repercusión de los acontecimientos se debe a que hay quien tiene interés en dañar la imagen de la Comunitat. La apariencia es lo que les preocupa. Si no hubiera imágenes de los excesos policiales y todo hubiera quedado en el anonimato del calabozo, no habría problema. Pero hay imágenes y son escandalosas. Imágenes propias de una época preconstitucional que una democracia no se puede permitir. Imágenes que dañan nuestra apariencia. Y es fundamentalmente la apariencia es lo que ha contado hasta ahora. Qué bonita está Valencia, con su Ciudad de las Ciencias. Qué bonita estaba mientras nuestros adolescentes estaban estudiando en barracones indecentes. Qué lujo de Copa América y de Fórmula 1. Qué lujo, pero muchos de nuestros investigadores se han quedado sin un lugar de trabajo desde donde aportar a la sociedad su conocimiento. Qué honor la visita del Papa. Qué honor para algunos, pero qué vergüenza para todos que en nuestros centros sanitarios falten medios para atender a las personas enfermas. Y así con aeropuertos sin aviones, estudios de cine sin cámaras ni actores, parques de atracciones sin público y un largo etc., hasta acumular la deuda per capita más alta de España.

¿No se dan cuenta de que la imagen de la Comunitat ya estaba por los suelos? La han hundido ellos con su delirante gestión de lo público. La han hundido ellos y sus amiguitos del alma con desfalcos como su Gürtel, su Brugal, su Emarsa o su Noos, siempre apoyados por su CAM, su Bancaja y su Banco de Valencia. La han hundido ellos construyendo una administración de pandereta, donde cuanto más sinvergüenza seas, mejor te irá. La han hundido ellos, humillando a los profesionales de la información que trabajan en Canal 9, obligándoles a disfrazar la realidad de fallera. Ellos, y no la gente que protesta en la calle para reivindicar los derechos que la constitución les reconoce, son quienes han hundido la imagen, y no sólo la imagen, de Valencia.

Ellos son los enemigos, y no quienes se manifiestan con un libro en la mano. Ellos representan la nueva dictadura de tipo financiero impuesta por la globalización, que obliga a privatizar servicios públicos en nombre de la austeridad exigida por los mercados; pero también encarnan las viejas formas autoritarias del antiguo régimen, que permitían vulnerar los más básicos derechos civiles de las personas. Quienes se manifiestan con un libro en la mano, en cambio, han representado la dignidad. La dignidad de un pueblo consciente de sí mismo, que está determinado a luchar para defender sus derechos, que sabe que se está jugando su futuro.

Es fundamental distinguir entre amigos y enemigos. Y parece que vamos teniendo claro quiénes son los verdaderos enemigos. Pero no podemos caer en la provocación de la teoría de Schmitt. Cualquier medio no vale para enfrentarse al enemigo. De esta primavera valenciana podemos aprender una lección común: hay causas que permiten crear un amplísimo frente popular y, si esas causas son planteadas de forma colectiva y coordinada, ningún gobierno se puede resistir a ellas. Una de esas causas es la defensa de la educación pública y de calidad, base de una sociedad libre. Otra de esas causas es el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho. Según este principio, los poderes públicos están sometidos a la ley y, por lo tanto, cualquier funcionario es responsable de su actuación cuando la infringe.

Un requisito básico para que se puedan exigir las responsabilidades de cualquier funcionario por su actuación ilegal es, obviamente, que se le pueda identificar. Esto no pasa con los agentes antidisturbios que hemos visto actuar estos días en Valencia. Se ha convertido ya en una costumbre violar la norma que obliga a cada agente a identificarse con claridad. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque si un policía no está identificado no es un funcionario responsable de sus actos ante la ley; sino que se convierte en un pandillero anónimo que usa la violencia a discreción. Por eso una de esas reivindicaciones fuertes y unitarias debe consistir en pedir la identificación de cada agente antidisturbios. No ya con una pequeña placa que con dificultad se puede apreciar en una situación de conflicto, sino con un número grande en cada uniforme, de modo que cada agente sea identificable con claridad en los vídeos que la ciudadanía graba. ¿Quién puede no estar de acuerdo con esta reivindicación? Sólo quienes sean los verdaderos enemigos de la democracia y de los derechos fundamentales. El resto, la ciudadanía en su conjunto, debe unirse en reivindicaciones como ésta. Se trata simplemente de exigir el cumplimiento de las reglas del juego democrático. Nuestras armas están precisamente en aquello que ellos, los enemigos del alma, están atacando: la educación y el conocimiento. Los libros en alto. La imaginación al poder. La ley en la mano.

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Artículo de opinión de nuestro consejero publicado ayer en El Comercio

Fortaleza y amenazas de la sanidad asturiana

Gracias a la enmienda destructiva del 'PPSOE', el hachazo de Asturias a la sanidad española será de 85 millones de euros, en vez de ser una de las tres autonomías que defienda el futuro económico de la sanidad pública

Por JOSÉ MARÍA NAVIA-OSORIO, CONSEJERO DE SANIDAD DEL PRINCIPADO.

En las últimas semanas se han publicado varios documentos y artículos comparando el estado de los servicios de salud de las comunidades autónomas españolas. Como quiera que se trata de documentos publicados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Comisiones Obreras o el diario 'El País', que no se caracterizan por su afinidad ideológica con el Gobierno del Principado de Foro Asturias, podemos dar por sentado cierta dosis de imparcialidad.

El más llamativo es el artículo rotativo madrileño, publicado el pasado domingo y titulado 'Hachazo de 5.000 millones a la sanidad'. En él se compara el presupuesto que dedicaron las comunidades autónomas a la sanidad en el año 2010 con el que contemplan sus presupuestos para 2012. Sólo en tres de las 17 autonomías españolas se incrementa el presupuesto: Asturias, Madrid y las Islas Baleares. En el caso de Asturias, el artículo no menciona que el incremento se debe exclusivamente al presupuesto elaborado por el Gobierno de Foro para el año 2012, ya que en los dos años anteriores se había reducido.

Los presupuestos de Foro Asturias para sanidad son, con mucho, los que más aumentan de toda España en 2012, nada menos que un 6,7%. Le sigue en crecimiento la Comunidad de Madrid, que no llega al 0,5%. ¿Por qué esta diferencia? La respuesta es sencilla: en estos momentos de crisis, el Gobierno de Asturias, presidido por Francisco Álvarez-Cascos, ha querido priorizar el gasto social en sanidad, educación y bienestar social. Sumemos a este presupuesto una mejoría en la gestión que nos permitió en la segunda mitad de 2011 -los meses de Gobierno de Foro- reducir las listas de espera, frenar el crecimiento de la deuda sanitaria y pagar a nuestros pequeños proveedores.

En mi primera comparecencia ante la Junta General del Principado expuse las que serían mis prioridades en la aplicación de los presupuestos. La primera era el abono de las nóminas de nuestros 14.000 trabajadores. Así lo hicimos. La segunda, pagar puntualmente a las oficinas de farmacia. También lo hicimos y sin ningún retraso. La tercera, mantener los conciertos con los hospitales que colaboran en la asistencia sanitaria con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Queríamos asegurar los salarios de sus trabajadores. También lo hemos conseguido. La cuarta, saldar las deudas que teníamos con los pequeños proveedores asturianos a los que la falta de pago ponía en riesgo sus empresas. En la medida de nuestras posibilidades, lo estamos haciendo. Ninguna pequeña empresa ha tenido que cerrar porque el Sespa no pagara sus facturas.

Dejamos para el final el pago a las grandes empresas que tenían más posibilidades de poder afrontar el retraso en los cobros. Con ellas mantenemos un diálogo constante negociando pagos parciales de la deuda y de los intereses de demora. El resultado es que el Sespa está considerado un organismo público en el que sus proveedores pueden confiar. No todas las comunidades autónomas pueden decir lo mismo.

Hasta aquí nuestras fortalezas. Veamos ahora sus amenazas. La más importante es la enmienda destructiva a la totalidad de los presupuestos para 2012. Esta enmienda nos obliga a prorrogar, repetir, el ejercicio con los presupuestos de 2011 que fueron deficitarios en 100 millones de euros. Recalco el carácter de destructiva que tiene una enmienda a la totalidad. Ante ella no caben negociaciones. En estas condiciones, no podemos asegurar que en 2012 podamos pagar a nuestros proveedores. Haremos los mayores esfuerzos, pero no podemos hacer milagros. Podemos aprovechar hasta el último de los recursos, controlar los gastos hasta el céntimo y pedir el mayor esfuerzo a nuestros trabajadores, pero es imposible prestar la misma asistencia con 100 millones menos. Es una verdad tan evidente que no necesita demostración.

Pero no es ésta la única amenaza. Para conseguir tener el mismo presupuesto prorrogado de 2011, insuficiente como ya he dicho, es preciso que la Junta General autorice el endeudamiento de más de 486 millones de euros que ha solicitado el Gobierno del Principado. Confiemos en que la Diputación Permanente de la Junta conserve un mínimo de responsabilidad porque si no se acepta el endeudamiento el presupuesto sanitario sufrirá un nuevo recorte que nos impediría hacer las obras de reforma más perentorias. Ni siquiera podríamos construir una rampa de acceso para minusválidos o un cuarto de baño en un centro de salud. Mi confianza en el sentido de la responsabilidad de la Diputación Permanente no se sustenta más que en la creencia de que la irresponsabilidad tiene un límite y me parece que ya lo hemos alcanzado.

Haber rechazado los presupuestos para 2012, presentados por el Gobierno del Principado, nos ha colocado entre el grupo de comunidades autónomas que, como dice 'El País', «han dado un hachazo de 5.000 millones a la sanidad española». Gracias a la enmienda destructiva del 'PPSOE', el hachazo de Asturias a la sanidad española será de 85 millones de euros, en vez de ser una de las tres autonomías que defienda el futuro económico de la sanidad pública. Solo hay una manera de evitarlo y solo tenemos una oportunidad para aplicarla. La manera de evitarlo es recuperar los presupuestos presentados por el Gobierno regional. La oportunidad para conseguirlo se presentará el 25 de marzo. Ese día nos jugamos tener una sanidad asturiana fuerte o herida de muerte.

“Chapeau” por tu mente lúcida Santiago

¿VOLVEMOS A LOS TIEMPOS DEL MIEDO?

Por Santiago Carrillo

El 60% de los españoles estima que el juez Garzón es víctima de una persecución. Yo estoy entre ellos y aunque yo no lo soy tengo la satisfacción de saber que muchos reputados juristas piensan lo mismo. Pero lo más extraordinario es que más allá de nuestras fronteras, en Europa y América, por no decir en el mundo entero, la opinión pública también protesta la sentencia de nuestro Tribunal Supremo y los más prestigiosos medios de comunicación extranjeros la comentan con sorpresa y reserva.

En el caso del juez Garzón, se ha hecho un montaje sumamente aparatoso, tres juicios seguidos con cargos de lo más diverso, dando la impresión de que si no se le hundía en el primero lo sería en el segundo o en el tercero, no había escapatoria.

Consumado lo que tiene todas las apariencias de un error judicial, de una especie de caso Dreyfus a la española, comienza a levantarse una campaña en la que participan autoridades políticas y judiciales que pretenden cerrar la boca ahora a los que exponen dudas o críticas a esa sentencia. Se dice que estamos arruinando el crédito y la autoridad de uno de los poderes del Estado y que esto es un ataque a la Democracia como si se tratase de hacernos callar, de intimidarnos. ¿Es que acaso los ciudadanos no tenemos derecho a criticar la sentencia de un tribunal o cualquiera de las decisiones de uno de los poderes del Estado?

Eso es lo que sucedía en tiempos del juez Eymar, pero no lo propio de un Estado auténticamente democrático. Hasta ahora en este país hemos tenido amplia libertad para criticar a los poderes públicos. Cierto que las leyes aprobadas por el Parlamento, las sentencias de los tribunales, se han aplicado, pero unos y otros las hemos criticado con toda libertad y hemos reclamado su anulación en el ejercicio de un derecho ciudadano. Hasta aquí nadie ha ocultado sus opiniones. Hemos censurado seriamente, desde la derecha y desde la izquierda, lo que considerábamos errores del Gobierno de Rodríguez Zapatero sin que nadie se escandalizase.

Hemos puesto verde a la llamada clase política. Hemos denunciado el peligro del alejamiento entre las instituciones, los partidos políticos y el ciudadano en el curso de la crisis económica que tan intensamente sufre España. Hemos criticado algunas decisiones del Tribunal Constitucional. Últimamente, el CIS, en su encuesta de opinión, ha hecho público que el 70% de los españoles tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un miembro de la familia real está bajo la seria imputación de un juez, y prensa y ciudadanos lo comentan libremente.

Y de repente se intenta cerrar la boca a los que consideran injusta la condena del juez Garzón, el hombre que procesó a Pinochet precipitando su caída, que apoyó a las víctimas de la opresión fascista en Argentina, que impulsó la causa de la rehabilitación de las víctimas del franquismo y a la vez persiguió eficazmente al terrorismo etarra, al narcotráfico, e hizo lo necesario para impedir prácticas de terrorismo de Estado defendiendo el Estado de derecho.

Se dice que Garzón violó la ley que solo admite las escuchas en los casos de terrorismo. Pero hay otros juristas, la Fiscalía del Estado, el juez Pedreira y muchos hombres de ley que aprobaron y aprueban la conducta de Garzón. Yo no soy abogado, pero pienso que la corrupción de la política por negociantes como los de la trama Gürtel ha hecho más daño al sistema democrático en España que el lacerante terrorismo de ETA. En definitiva, el Estado democrático se fortaleció luchando contra el terrorismo y ETA fue derrotada por las fuerzas de seguridad y, en definitiva, por la unión de todos los demócratas. Mientras que la corrupción ha hecho que los ciudadanos pierdan el respeto a los partidos políticos, a las instituciones y a la misma moral política, sin las cuales la democracia no funciona, suena a escándalo que la primera condena sea la del juez que inició la investigación de la trama Gürtel, que comprometió gravemente a miembros del partido que ahora gobierna.

Si se acepta generalmente que los políticos pueden llegar a corromperse, ¿cómo negar la posibilidad de que algunos abogados se dejen corromper y terminen colaborando con la trama de un delito de blanqueo de dinero, que fue la sospecha que originó la decisión de Garzón? Y por cierto, la experiencia de este proceso, a juzgar por su desarrollo hasta hoy, en absoluto ha impedido la labor de las defensas.

En las circunstancias que atravesamos, la condena del juez Garzón es también un síntoma de que la salud de nuestra democracia está tocada. Hay otros datos que acentúan la inquietud. En este país está creciendo el miedo y los españoles tenemos una larga experiencia de lo que puede ser el miedo como paralizante del espíritu cívico. Con más de cinco millones de parados, el Gobierno lanza una nueva reforma laboral que solo va a aumentar las rentas del capital para satisfacción de los bancos y a debilitar el poder sindical. Se engaña deliberadamente a los ciudadanos cuando se dice que a la larga eso creará empleo. Cualquier persona sensata sabe que una mayor rebaja de los sueldos reduce la demanda y eso provoca más paro. Pero se trata de crear la idea de que esto es una fatalidad contra la que a los ciudadanos no les queda más remedio que resignarse, lo que genera más miedo entre los que se sienten débiles.

Sobre ese estado de ánimo, el Gobierno piensa que será más fácil imponer medidas como las que la Iglesia dicte, las reglas de moral del Estado, aunque eso anule derechos humanos importantes.

Que la trama Gürtel y otras puedan quedar en la impunidad, como ha comenzado a suceder en el reciente juicio de Valencia, añade la sensación de desamparo.

Que la Academia de Historia, que parecía resignarse a corregir el diccionario de personalidades que negaba el carácter de totalitaria a la dictadura de Franco y justificaba su colaboración con el Eje fascista, de improviso anuncia que va a mantener la redacción primitiva, aumenta la sensación de que estamos retrocediendo.

Que se anuncia que criticar una sentencia como la impuesta a Garzón es una amenaza para la democracia o las intervenciones de la policía en la Puerta del Sol contra el 15-M, que hasta ahora no se habían producido, tiene que poner en guardia a la ciudadanía contra un posible peligro de involución. Hay que impedir que vuelvan los tiempos del miedo.

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Y adiós al viejo código civil (compilación de Sagasta de 1889) en lo de “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”

Una reforma inconstitucional

Foto: Gobierno provisional español de 1869 con Sagasta, segundo por la izquierda.

21/02/2012, Editorial de hoy de La Voz de Asturias …

La seguridad jurídica es un principio universal del que siempre oímos hablar en relación a las multinacionales, que sobre esto saben latín. Trate un Gobierno de modificar un contrato en vigor con una de estas compañías y una legión de abogados se encargará de recordar en la lengua de Cicerón que lo pactado obliga y que los contratos están hechos para ser cumplidos. Frente a este pacta sunt servanda, los romanos se inventaron el rebus sic stantibus, que traducido al esperanto quiere decir que lo estipulado podría modificarse siempre que se hayan alterado sustancialmente las circunstancias en las que se produjo el acuerdo.

Puesta ante el dilema, la Constitución consagró el derecho a la seguridad jurídica en su artículo 9 y la jurisprudencia posterior, especialmente una sentencia del Tribunal Supremo de 2010, estableció que el cumplimiento de lo firmado prevalece. En definitiva, argumentar que hay sequía para dejar de abonar un pedido de paraguas es un brindis al sol jurídicamente insostenible.

Pues bien, la reforma laboral ha venido a hacer mangas y capirotes con este derecho, al reconocer a las empresas la facultad de rebajar los sueldos de los empleados sin el acuerdo de los afectados, lo cual implica reducir el valor de los contratos en los que ambas partes pactaron las remuneraciones al del papel mojado. Por poner un ejemplo gráfico, Bolivia no puede modificar unilateralmente las condiciones en la que Repsol explota el gas natural en su territorio porque se toparía con el derecho internacional y la condena de Rajoy, pero la petrolera sí podría en España alterar a su antojo los salarios de sus trabajadores con el beneplácito de los defensores de su seguridad jurídica.

Salvo que se admita que hay contratos que han de cumplirse y otros que no según convenga, parece evidente que la nueva normativa exhala un penetrante aroma a inconstitucionalidad sobre el que el Tribunal de la cosa tendría que pronunciarse lo antes posible. Eso, o eliminar los contratos en las relaciones laborales y que se cobre a la carta más alta por eso de ahorrar papel, que siempre es conveniente.

Técnicos de Hacienda ... RESPONDEN:

¿De qué forma ha afectado la crisis a los ingresos tributarios?

Entre los años 2007 y 2010 los ingresos tributarios del Estado se vieron reducidos en más de 41.140 millones de euros.

Esta cantidad supone un 20,5% de la recaudación fiscal global, aún a pesar de las subidas de impuestos, el recorte de los sueldos públicos o la congelación de las pensiones. Y los datos de 2011 no parece que vayan a mejorar estas cifras, sino que mantendrán esta misma tendencia.

La causa principal de este descenso de la recaudación recae en el impuesto sobre los beneficios de las empresas: en tan sólo tres años el Impuesto de Sociedades ha visto reducida su recaudación en un 64% -28.625 millones-, lo que por sí solo supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal.

Aunque es evidente que la crisis económica ha producido mucho daño a las empresas, resulta muy llamativo que un impuesto directo, en teoría más fácilmente controlable, y cuya potencia recaudatoria en el conjunto de impuestos no superaba en el mejor de estos años el 23% de los ingresos globales, sea el principal responsable del desplome de la recaudación estatal.

Por otro lado, existen diversos estudios que muestran la reducción del tipo efectivo de sociedades hasta el 18%, o incluso inferior, por causa de un complejo sistema de deducciones y de la posibilidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Se trata del nivel más bajo en los últimos diez años.

La desproporción evidente entre el desplome de la recaudación y la evolución del PIB en los últimos años saca a relucir que no existe un buen control sobre determinados elementos estructurales de nuestro sistema tributario. Es muy probable que la crisis económica esté propiciando dejar de declarar una parte de los ingresos y trasladar actividades económicas a la economía sumergida, una peligrosa deriva especialmente peligrosa si tenemos en cuenta que una vez que las actividades se vuelven opacas resulta muy difícil que vuelvan al circuito legal.

Esto supone un gran problema para que la recaudación tributaria sea estable y previsible, requisitos necesarios para conseguir controlar el déficit público, disipar las dudas sobre la solvencia de nuestro país y frenar el incremento de los costes de financiación de la deuda pública.

¿Cuánto se podría recaudar subiendo los impuestos a las grandes empresas?

Como ya vimos en la pregunta con la que abrimos este espacio, cerca del 72% del fraude fiscal que se produce cada año en España corresponde a las grandes empresas, corporaciones empresariales y grandes fortunas, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos. En total representan una evasión cercana a los 42.700 millones de euros anuales.

Desde Gestha vemos lógico, por tanto, que este tipo de corporaciones se sumen al esfuerzo de austeridad que ya está haciendo el resto de la sociedad y "arrimen el hombro" para reducir el déficit. En este sentido, proponemos la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta única medida, la recaudación para las arcas públicas aumentaría en más de 13.900 millones de euros anuales -cantidad superior a la que se obtendrá por la reciente subida del IRPF-, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones que a los ojos del Fisco aparecen como “auténticas privilegiadas”.

Por Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

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No pueden ocultar su fuente de inspiración, su identitario ideológico en los métodos, y no sólo en ellos

El discurso de la derecha emula a Goebbels

Por Manel García Biel

Foto: Paul Joseph Goebbels, ministro de información y propaganda en la Alemania nazi

nuevatribuna.es

En la actual situación de profunda crisis, la derecha ha conseguido una hegemonía de las ideas basada en plantear que su relato de la situación es incuestionable. Siguen las clásicas directrices del discurso goebbeliano basado en la premisa de que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Es así como se han consolidado en el imaginario social ideas que tan siquiera se discuten o se impide su discusión. Así se da por descontado que sólo hay una salida a la crisis basada en el ajuste, el recorte a ultranza del déficit y la necesidad de recortes.

Se culpabiliza de la situación a toda la sociedad en su conjunto. Todos somos responsables de la crisis por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Repartiendo culpas se diluyen las verdaderas responsabilidades que, en el marco español, tienen los banqueros, los órganos reguladores como el banco de España, los responsables políticos y los especuladores.

Desde el PP se carga toda la responsabilidad sobre el Gobierno Zapatero, como si los anteriores gobiernos del PP no tuvieran su parte de responsabilidad en un modo de crecimiento basado en la especulación y el dinero fácil. Y desde el PSOE se asiente y casi se asume dicha responsabilidad.

Con el nuevo gobierno se comienzan a aplicar medidas, que comportan un retroceso global del modelo democrático, a las que se dan explicaciones falaces y basadas en demagogias y falsedades.

El ministro de Justicia, el moderno Gallardón, propone en el ámbito de la Justicia: una regresión en el tema del aborto que supone un retroceso de más de 20 años, y lo presenta como la medida más democrática que ha tomado en su vida. Asimismo presenta la cesión de la nueva elección de los máximos órganos del poder judicial al corporativismo, planteándolo como una necesaria despolitización. En la misma sesión plantea la introducción, por primera vez en democracia, de la cadena perpetua revisable apelando a los más bajos instintos vengativos, que debemos respetar en las personas que han sufrido crímenes horrendos, pero que jamás pueden ser la base de una política judicial.

En el plano fiscal, el ministro Montoro, presenta una subida del IRPF presentándola como una medida que hace que paguen más los que más tienen, es decir como una medida fiscal progresiva, aislándola y escondiendo el resto de la realidad impositiva. Desde el mayor gravamen de las rentas del trabajo en comparación con el de las rentas del capital o el mayor peso de los impuestos indirectos sobre los directos. Y esconde sin disimulo hechos como la poca o nula contribución de los grandes patrimonios y las grandes fortunas, los beneficios de las grandes sociedades como las financieras, los beneficios provenientes de la especulación, la lucha contra el fraude etc.

Al presentar la reforma Financiera, el ministro Guindos, presenta como elemento más visible el de la reducción de retribuciones a los directivos de entidades intervenidas, sin decir que en la mayor parte de los supuestos, muchos de estos directivos desaparecen como tales en los próximos meses debido a los procesos de fusión que se potencian. Mientras hace pasar sin hacer ningún alarde los nuevos 6.000 millones a dedicar por el FROB a sanear las cuentas de las entidades financieras.

Y el caso ya más escandaloso y falso en la presentación, por parte de la Ministra Bañez, de la Reforma Laboral. Al margen de no explicar el verdadero golpe de estado en las relaciones laborales que conlleva, la ministra llega a afirmar que “ningún trabajador se verá perjudicado”. Cuando la realidad es que todos los trabajadores en activo están perjudicados en numerosos aspectos por la reforma, y que las mejoras para los nuevos no son tales en cuanto el mismo Presidente de Gobierno se cura en salud diciendo que este año difícilmente se creará empleo.

En definitiva, por parte del gobierno del PP como anteriormente por el gobierno del PSOE que llevó a cabo políticas ya de derechas, y bajo el impulso de Merkel y Bruselas se desvirtúa la realidad, el propio lenguaje. Se presenta la necesidad de unas llamadas “Reformas estructurales” cuando en realidad se trata de una “Contrarreforma” global liquidadora del Estado de Bienestar propia de la Europa posterior a la II Guerra Mundial. Se habla de “Modernización” cuando se trata de volver a situaciones de precarización social que estaban superadas desde hace décadas. Ya en los mismos conceptos fundamentales se maquillan y distorsionan las realidades.

Esta actuación de discurso basado en la falsedad que lleva a cabo el gobierno del PP no es únicamente patrimonio suyo. En Catalunya el discurso de Mas y CiU es igual de falsario. Habla con grandilocuencia de proyectos utópicos e ideales como la “Transición Nacional” y el “Pacto Fiscal”, con los que distrae, entretiene y tiene enfrascada a la sociedad catalana en falsos debates identitarios. Mientras en la práctica lleva a término una política de ajuste y recorte similar a la del gobierno del estado. Así vemos como tanto en Catalunya como en Madrid CiU y PP actúan hermanados bajo la directriz de su mutua mentora Merkel.

Realmente el discurso de la derecha, que lamentablemente se ha hecho hegemónico, da cobertura a la profunda contrarreforma global en nuestro país en línea con la que, aprovechando una crisis que ellos provocaron, está llevando a cabo la derecha en todo el ámbito de la UE y más allá. Olvidando que existen otras alternativas diferentes como las que, al otro lado del Atlántico, plantea el propio presidente Obama, más cercanas a lo que serían postulados o tesis keynesianas con las que Rooselvelt afrontó la salida de la gran crisis del 1929. Y lo hace con mejores resultados, así mientras la economía europea se asoma a la recesión, la de EEUU acelera su crecimiento.

Parece increíble que ante una crisis derivada de la globalización y falta de control de los mercados, especialmente financieros, la derecha responsable de ello quiera llevarnos, en el caso de Europa, a que aceptemos y nos sometamos a la voluntad de dichos mercados en lugar de hacerles frente. Es evidente que lo que se precisa es recuperar la primacía de la política y construir o reforzar instituciones supranacionales capaces de atar corto y someter y regular el funcionamiento anómalo y especulador de los mercados.

Nada es así. Parece que la derecha, después de hacer brindis al sol hablando de “refundar el capitalismo” centra su hegemonía en repetir como un "mantra" que no hay otra alternativa que cumplir con los dictados que nos marcan los dichosos mercados especulativos y sus oráculos, las agencias de calificación.

Y el discurso ha calado y hoy es plenamente hegemónico, se plantea una alternativa antidemocrática de que “o seguimos las indicaciones de Merkel o el caos”. El déficit y su control es lo único importante, y no hay vida más allá del déficit. En base a ello se provocan cambios de gobiernos sin convocar a los ciudadanos o se interviene en la práctica a naciones soberanas. La Unión Europea se aleja cada vez más de ser un marco de unión política, social y económica democrática para convertirse en un “hinterland” de un nuevo dominio, esta vez económico, de Alemania. Lo más grave es que en nuestro país lamentablemente, y por imperativo legal bipartidista vigente, tanto la derecha ahora, como los social-liberales del PSOE, cuando estuvieron en el gobierno, asumieron este discurso.

Las derechas aprovechan la crisis para implantar su hegemonía política e ideológica a partir de un discurso que falsea la realidad, pero que repitiéndolos constantemente los hacen pasar por verdaderos. Es la aplicación nuevamente de la vieja consigna de Goebbels.

Artículo de Juan Torres López, Consejo Científico de ATTAC España, a propósito de la falacia de la falta de competitividad de los salarios en España

¿Hace falta bajar salarios para que España sea competitiva?

El discurso oficial de los políticos y economistas neoliberales, tanto en España como en Europa, es que hay una serie de países, entre ellos España, que tienen salarios muy elevados respecto a los alemanes y que, por tanto, necesitan imponer moderación salarial para que sus empresas sean competitivas en el exterior y así poder crear empleo.
Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo hemos aportado en nuestro libro HAY ALTERNATIVAS. PROPUESTAS PARA CREAR EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL diferentes argumentos para demostrar que el sentido común y los datos empíricos no prueban esa tesis. Pero ahora voy a retomar el tema a propósito de la publicación de un informe muy reciente de la sociedad francesa NATIXIS que trata de mostrar qué países europeos son competitivos y cuáles no.

(Quels pays de la zone euro sont compétitifs, quels pays ne le sont pas?

13 de febrero de 2012,). Su tesis es la siguiente:
1. La variable que es relevante para determinar la competitividad-coste de una economía es el coste salarial en la industria corregido por la evolución de la productividad en este sector. Pues bien, para 2011, ese coste en euros es el siguiente en los diferentes países analizados:
Bélgica: 36,73
Francia: 33,51
Alemania: 28,85
Italia: 28,32
España: 22,87
Grecia: 15,56
Portugal: 10,83
2. Pero a la hora de evaluar la competitividad de una economía no puede considerarse únicamente el coste unitario del trabajo sino que hay que tener en cuenta también el tipo de productos en los que está especializada. Un país especializado en producir bienes o servicios de alta gama (de mayor calidad, más sofisticados o diferenciados) puede permitirse venderlos a precios más elevados sin perder mercados, es decir, ser igual o más competitivo incluso con salarios más altos que los de sus competidores.
Para conocer la especialización de cada país en este aspecto se puede utilizar la llamada elasticidad-precio de las exportaciones que indica en qué grado varían éstas últimas cuando suben o bajan sus precios. La estimación de NATIXIS califica a la exportación española como de gama débil (por debajo estarían Grecia, Irlanda y Francia, que sería el de gama más baja), en relación con la de los demás países analizados (Alemania, Italia, Portugal y Bélgica).
Habría que señalar que esta conclusión de NATIXIS es incluso más desfavorable para la economía española que otras estimaciones. Los indicadores de la OCDE que miden la intensidad del nivel tecnológico sectorial de las exportaciones señalan que España está especializada en productos de tecnología media y media-alta o en otros de tecnología baja y media-baja (agrícolas, pesqueros, bebidas y tabaco, textil y calzado) pero que tienen una marca diferencial de calidad que les permitiría competir por vías diferentes al precio. Esto explicaría que, a pesar de que nuestros costes laborales unitarios hubieran subido en los últimos años, se haya mantenido constante nuestra cuota de exportaciones.
3. Precisamente, el tercer factor que toma en consideración el informe de NATIXIS es la evolución del valor de las exportaciones de los diferentes países analizados en relación con el total mundial desde el año 1999 a 2011. Los datos que ofrecen le permite concluir que Alemania, España, Portugal, Bélgica e Irlanda han sido competitivos y han mantenido o aumentado su participación en el total mundial de exportaciones.
Estos datos permiten a NATIXIS concluir que no ha habido problema de costes salariales que explique el incremento del déficit exterior español de los últimos años, como dicen la mayoría de los economistas y políticos neoliberales para justificar así sus constante propuestas de moderación salarial. En su opinión, lo que ha sufrido la economía española ha sido un problema de demanda interna.
La idea es bien sencilla: por muy competitivo que sea un país en términos de costes salariales no mejorará su posición en los mercados internacionales si la demanda interna absorbe la producción y no hay productos para vender fuera.
Mi explicación de por qué se ha consolidado (sobre todo desde la entrada en el euro) ese modelo tan desfavorable para España y tan insostenible la he analizado en otro lugar (Crisis inmobiliaria, crisis crediticia y recesión económica en España) y podría resumirse en dos grandes razones. La primera porque es el que ha convenido al capital extranjero, a las grandes empresas alemanas, francesas, italianas… que nos venden productos y que además han tomado literalmente la producción española de bienes y servicios orientados a la demanda interior. Y la segunda, porque es el modelo que también interesaba a la banca puesto que la combinación de bajos salarios más fomento del consumo y de la adquisición de la vivienda es lo que mejor garantiza el incremento de la deuda que es su negocio. Y gracias al enorme poder del que disponen los grandes grupos empresariales y los banqueros en nuestra incompleta democracia no les ha sido difícil imponer ese modelo al conjunto de la sociedad a pesar de que sabíamos que llevaba a donde nos ha llevado.
Por tanto, la respuesta a la situación en la que estamos no puede ser la moderación salarial sino un cambio de modelo que especialice a nuestra economía en nuevas gamas de bienes y servicios, que fomente un consumo más sostenible y vertebrador de nuestra economía y de nuestra sociedad, y que garantice la generación endógena de recursos y la financiación más racional y descentralizada para el desarrollo de un tipo de actividades económicas mucho más pegadas al terreno y menos dependientes del capital extranjero. Bajar salarios es la vía directa a la destrucción de empresas y empleo, a la mayor precariedad e insatisfacción y a nuevas crisis.

Desde mi ventana lo veo así...

El SIMPA y “sus” moscas …

“A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron,
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
Así si bien se examina
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.”
Fabula de Samaniego (1745-1801)
Con toda seguridad os preguntareis el por qué de esta remembranza literaria, y cómo no quiero hacer esperar a nadie, he aquí la explicación:
Escribe alguien del SIMPA en su WEB, hoy 17 de febrero, que “Las Gerencias de AP están a la búsqueda de nuevos adeptos a las Unidades de Gestión Clínica. Queremos recordar a todos, que el Decreto en el cual se basan las UGC sigue siendo el mismo que firmó el Consejero Quirós. Las normas en las que se ampara siguen siendo el Plan de Recursos Humanos y el Acuerdo con UGT y CCOO. Las condiciones son las mismas: horarios y turnos, presupuestos cerrados (sustituciones y pruebas complementarias), etc. Las condiciones como se ven son las mismas. Por otro lado ante el panorama político que se nos avecina, sin conocer aún lo que va a pasar tras el 25-M, adherirse ahora a una UGC supone firmar un cheque en blanco. No sería el primer político que tras decir digo dijera Diego y modificara las condiciones de un día para otro. Ah, por cierto, se me olvidaba, tampoco hay un duro”…
Esto, que no es otra cosa que una desgarradora llamada para que nadie se implique con las U.G.C., no deja de tener ciertos componentes entre irónicos y, como no, dramáticos (cuasi suplicantes que podríamos decir), dirigidos a los mismos adeptos que, en su día, se opusieron radicalmente a la implantación de las UGC a través de una pseudo-plataforma en defensa de la A.P…. firmas ilustres, con nombre y dos apellidos, de médicos que hoy están ejerciendo de Gerentes u otros cargos de responsabilidad en esa misma A.P. … eso sí, de la mano de un partido político completamente distinto al que con Quirós planteó ese modelo. Ahora están del otro lado de la mesa y con un Consejero de Sanidad, Sr. Navia-Osorio, que nunca ocultó – y eso le honra – que con ese modelo – el de las UGC - estaba y está completamente de acuerdo… Ahora les toca decir y hacer (a esos directivos de hoy, antaño opositores radicales, me refiero) todo lo contrario…
¡Ah!, “panal de rica miel” …. esa fue la oferta para ostentar cargo directivo que les hizo FORO y aceptaron. Por cierto, de ello muy orgullosos estuvieron en su momento en el sindicato que ahora ejerce de plañidera. Prácticamente de sus filas salieron el 100% de dichos cargos, pero “la golosina enterrada dentro del pastel” que nos recuerda Samaniego, lejos de ser la de ¡¡ya nadie más se implica con las U.G.C.!! acabó siendo que son los mismos que combatieron el modelo los que ahora lo promocionan …
Qué razón tiene la fábula: los humanos corazones, siempre, (y esto es un añadido coherente con la situación) perecen en las prisiones, del vicio que los domina… y claro está eso no era lo deseado por el que escribe en la WEB del SIMPA …
En fin, ¡¡más le valdría reflexionar un poco antes de escribir!!