OPINION

Nada más sugerente y que compartamos plenamente que lo dicho en el título del artículo, pero ¿dónde están esos sindicalistas pedagógicos y creíbles (mínimamente respetados) en la sanidad de Asturias?...

Movilización y pedagogía, dos tareas sindicales

Por Enrique Tordesillas, colaborador de El Periódico de Aragón y Radio Zaragoza y miembro del Observatorio de la Fundación 1º de Mayo "Sindicalismo y cambio en el mundo del trabajo".

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Ciertamente, tal como anunciaron Rajoy y de Guindos, la reforma laboral aprobada por el Gobierno es muy dura. No es la reforma equilibrada que decía la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, ni la del empleo; tampoco es la reforma de la flexibilidad sino de la desregulación. En la entrada, en la salida y en la permanencia en el trabajo, la reforma solo consiste en dar más poder a los empresarios, que implica un debilitamiento de la negociación colectiva, esencial para buscar vías no traumáticas de adaptación a las distintas coyunturas.

De la llamada del Gobierno a los agentes sociales poco se puede esperar. Si hubiese tenido voluntad de negociar los hubiese llamado antes de publicar el decreto y hubiese respetado el acuerdo para la Negociación Colectiva firmados entre CEOE, CCOO y UGT

Es evidente que el movimiento sindical tiene que responder a la iniciativa del Gobierno pero sería poco útil centrar el debate en torno a si hay que convocar o no una Huelga General ahora. En primer lugar porque, aunque hay razones para hacerla, la HG no es solo cuestión de razones, hay que valorar la capacidad de respuesta de los trabajadores y el nivel de comprensión de la sociedad en general. Además el movimiento sindical, sin renunciar a la Huelga General, tiene que buscar nuevas formas de intervención, sostenidas en el tiempo, que faciliten la participación de parados, jóvenes, precarios…

De entrada la situación no es la mejor. Meses de bombardeo ideológico sobre la inevitabilidad de la reforma, las presiones de Bruselas y el cambio de política del PSOE, hace ahora casi dos años, han hecho que calara el desánimo y la resignación en amplios sectores sociales, sin olvidar el miedo que generan el paro y la inseguridad en el futuro.

Hay que empezar a movilizar y ya tenemos dos convocatorias para los días 19 y 29, pero la movilización más importante ahora consiste en hacer pedagogía, en explicar las repercusiones de la reforma (a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía) y las alternativas sindicales para salir de la crisis con un reparto equilibrado de los costes, fortalecer la negociación colectiva para hacer frente a los vaivenes de la economía y cambiar el modelo productivo dominante en España. Paralelamente tenemos que ir retomando confianza en nuestras fuerzas, sacudiéndonos el miedo de encima y pasando de la resignación a la acción.

Con este propósito CCOO y UGT tienen que hacer un gran esfuerzo, movilizar todos los recursos disponibles para llegar a las empresas, los barrios, organizaciones juveniles, partidos políticos, asociaciones, ONGs…, a la sociedad en general, afectada por la revolución conservadora emprendida por el PP que también tiene como objetivos debilitar el Estado del Bienestar y recortar derechos y libertades.

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Buen artículo de Federico Mayor Zaragoza que nos invita a tener más amplitud de miras

Evolución o revolución

Por Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ignacio Ramonet, en un artículo reciente titulado Generación sin futuro, citaba una frase de André Gide que es ahora especialmente pertinente: “El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos”.
La inercia es el gran obstáculo para la evolución, es decir, para cambiar oportunamente lo que debe cambiarse y conservar lo que debe conservarse. La reticencia a la modificación y adaptación, la tentación de dejar todo como está y utilizar fórmulas de ayer para resolver los problemas de hoy es una actitud particularmente negativa cuando las transformaciones son inaplazables, porque pueden derivar en revolución. Lo más peligroso de la inacción es que se extiende la impresión de que las cosas son como son, de forma inexorable, como el propio destino. Y se reduce y atenúa la facultad creadora distintiva de la especie humana.
Como bioquímico preconizo desde hace años imitar a la naturaleza, seguir su consejo, ya que la evolución, aun la más apremiante, no conlleva violencia. Tensión creadora –“la dificultad aguza el ingenio”– sí, pero usando el intelecto y no la fuerza. Recientemente José Monleón ha publicado La evolución pendiente, libro en el que analiza las posibilidades de evolución a escala local y planetaria. Llevarla a término sin dilación constituye uno de los grandes desafíos del presente. Para esclarecer los horizontes hoy tan sombríos se requieren nuevos enfoques. Se trata de una crisis sistémica que afecta particularmente a Occidente, porque es Occidente la que la ha provocado.
En el año 1991 escribí que el “coloso soviético se ha derrumbado porque, basado en la igualdad se había olvidado de la libertad. El sistema capitalista, basado en la libertad, se desmoronará igualmente si se olvida de la igualdad”. El presidente Reagan y la primera ministra Thatcher pensaron que había llegado el momento de la hegemonía “de Occidente” y no sólo marginaron totalmente a la ONU y la sustituyeron por grupos plutocráticos de 6, 7, 8… 20 países prósperos, sino que sustituyeron, también, y esta es la causa real del fracaso de la globalización neoliberal, los principios democráticos por las leyes del mercado.
Frente a la crisis de 2008, con considerables burbujas inmobiliarias en algunos casos, se acentúa progresivamente una reacción implacable de la zona del dólar en relación a la eurozona. Sobre todo en los últimos meses, el presidente Obama ha logrado emitir fondos para incentivar las grandes obras públicas y la creación de empleo a través del fomento de la pequeña y mediana empresa, y ha iniciado no sólo una política de desarme muy considerable, sino que ha vuelto decididamente la vista hacia el Pacífico. Europa, en cambio, sigue sin tener un sistema autónomo de seguridad, sigue sin federarse fiscalmente, al menos, y sin emitir incentivos para aumentar el empleo, basando toda su política en los recortes y la austeridad. Política que alcanza límites muy peligrosos ya en algunos países.
Los “mercados” –emanación del gran dominio financiero, militar, energético y mediático– no sólo condicionan, una vez rescatados, los acontecimientos económicos y acosan a los gobernantes europeos, sino que han llegado al colmo de forzar la designación de primeros ministros y de gobiernos sin comicios electorales. Su influencia alcanza una gravísima patología social, frente a la que debemos reaccionar rápidamente.
Grecia está que arde. Se cometieron muchos excesos… pero quienes los pagan, como siempre, son los más vulnerables. La troika exige ahora reducir 15.000 funcionarios más, lo que provocará no sólo más recesión sino que pueden alcanzarse situaciones en las que los efectos sociales lleven a colmar el vaso de la ponderación y de la mesura. Hay que evitar el estallido social en Grecia, que podría tener, además, efectos “contaminantes”.
“Europa debe darse cuenta –ha escrito Joseph Stiglitz– de que la austeridad por sí misma no resolverá sus problemas. Por el contrario, exacerbará la desaceleración económica. Mientras tanto, los programas a largo plazo –incluidos el cambio climático y otras amenazas ambientales y la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo– continúan intactos… o empeoran”. El BCE, el FMI y la Comisión Europea deberían captar estos mensajes, a los que hacen oídos sordos.
Hubo grandes manifestaciones en Portugal el pasado noviembre, donde las aguas siguen turbias. Protestas masivas y heridos en Grecia. A estas se añaden múltiples manifestaciones presenciales en Catalunya, en la Comunidad de Madrid, y los miles de indignados de la Puerta del Sol, trasladados después al ciberespacio, con miles también de activistas en EEUU. “¿Qué mejor lobby de influencia que el 99% de la población sojuzgada por el 1% que incluye a todos los poderes del sistema?”, apuntaba Rosa María Artal (Público, 07-11-11).
Hoy, por primera vez en la historia, los ciudadanos pueden dejar de ser súbditos, obedientes, atemorizados, pusilánimes. La posibilidad de la participación no presencial abre, junto a una mayor influencia femenina en la adopción de decisiones y una conciencia global que nos permite apreciar lo que poseemos y atender solidariamente las precariedades del prójimo, extraordinarias posibilidades de movilización popular.
Estos son los grandes desafíos. Este es el mañana que tenemos que inventar. Me gusta repetir la frase de John Fitzgerald Kennedy: “No existe ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana”. Se trata en suma de la transición de la fuerza a la palabra. Gente educada, libre y responsable, que actúe en virtud de sus propias reflexiones y nunca más al dictado de nadie. Sí, la diferencia entre evolución y revolución es la “r” de responsabilidad.

Algunas opiniones y datos sobre la reforma laboral más agresiva y lesiva de toda la democracia

Come reforma y calla

Por Javier Vizcaino en Público

Calculadora en mano, La Razón se ponía la tirita antes de tener la herida: “7.688 millones: el coste de una huelga a la griega”, tasaba en portada a ojo de buen cubero y dando por hecho que el modelo elegido para las protestas será (?) el heleno. Bajo el titular, aconseja: Mantener las orejas gachas es mucho más patriótico y razonable: “Convocar una huelga en estos momentos sería lo que menos le convendría a la economía española, que atraviesa la mayor recesión de su historia –con un agujero en sus cuentas públicas de 20.000 millones de euros– y unas cifras de paro galopantes”.
Desde La Gaceta, sin reparar en gastos, Carlos Dávila abogaba por salir a la calle, sí, pero para correr a gorrazos a quienes, según él, se lo han buscado. “Movilizaciones contra los sindicatos”, pedía en su recuadrito sombreado, que finiquitaba así: “Supongo que este país se las va a tener muy tiesas con estos residuos del novecento, que se van de crucero mientras los demás no llegan a fin de mes. Lo que hay que hacer es movilizarse, pero contra ellos”.
Y aun así, se les queda corta
Ciertamente, porque se quejan de vicio, según el editorialista de Cope, para quien el reformazo apenas es un pellizco de monja: “La reforma laboral aprobada por el Gobierno este viernes va en la buena dirección pero no es la reforma definitiva que necesita nuestro país”. ¿Y qué le falta? Esa pregunta se la sabe el amanuense de Libertad Digital: “Otra de las reformas que deben acompañar a las medidas sobre el mercado laboral es la regulación del derecho a la huelga, para que deje de amparar la actividad piquetera y amedrentadora y ampare el derecho al trabajo”. Pedid y Mariano os dará.
De ello se muestra firmemente convencido Casimiro García-Abadillo en El Mundo pedrojotiano. El de Pontevedra es un titán: “Nos esperan meses muy difíciles, pero hay motivos para la esperanza: hasta ahora, al Gobierno no le ha temblado el pulso. Veremos si aguanta la ofensiva de la izquierda”. Eso está hecho, viene a apostillar el genuflexo editorialista de ABC: “Ahora con Mariano Rajoy, la sociedad española reconoce en el PP los planteamientos básicos de una opción moderada y abierta. Detrás del Ejecutivo de Rajoy hay un partido que, bien sostenido por la sociedad española, comparte los objetivos y los medios de un plan regeneracionista guiado por principios firmes, no por intereses o temores”. Prepárense.

"La reforma busca debilitar a la clase trabajadora"

El colectivo Economistas Frente a la Crisis advierte de que la reforma laboral del PP busca "reducir el poder sindical para empequeñecer el Estado del Bienestar"

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Para 'Economistas Frente a la Crisis', la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se concentra de forma muy especial en el despido, a través de múltiples medidas de enorme trascendencia.

En riguroso análisis realizado sobre la reforma, el colectivo recuerda que "la política económica tiene por objeto propiciar una mejor asignación de recursos. Y entre todas las opciones a las que pueda enfrentarse, la peor, la más ineficiente, es la que conduce a la no asignación, a la inactividad, al paro. Desde esta óptica resulta paradójico que las medidas que la UE impone al Gobierno Español tiendan a agudizar la crisis porque, sin duda, esta crisis presenta, entre sus características determinantes, una fuerte caída de la demanda efectiva".

Economistas Frente a al Crisis considera que la destrucción de empleo y la incapacidad de la estructura económica para generar puestos de trabajo estables y productivos, "ha llevado a las autoridades económicas a buscar, con el soporte de paradigmas neoliberales, soluciones en las reformas laborales ignorando que la reactivación del empleo no llegará por esas vías –con independencia de que no deba abandonarse la búsqueda de la mayor eficiencia del mercado de trabajo- sino a través de un impulso de la demanda efectiva". A esto se añade, el desplome de la inversión y del consumo privado, cuya consecuencia, "impuesta" por el Consejo Europeo, ha sido "un drástico recorte del gasto público".

"Esta política procíclica y contractiva -sigue el colectivo- impedirá cualquier recuperación de la actividad económica en los próximos años. La inasumible tasa de paro, con su manifestación más dramática en la tasa de desempleo juvenil y en los parados de larga duración, exige un cambio de orientación de la política económica hacia postulados que no obvien la reactivación como condición indispensable para la recuperación del empleo. Si bien es cierto que el mercado de trabajo español adolece de serias deficiencias que deberán ser abordadas desde el consenso, también es cierto que confiar la recuperación del empleo a reformas tendentes a debilitar su estabilidad no contribuirá a la salida de la crisis".

Es más, para este colectivo, "considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes preasignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis".

Por todo ello, Economistas Frente a la Crisis cree que "toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad".

"La reforma laboral -concluyen- aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto, tiende a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales y no busca tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para empequeñecer después el Estado del Bienestar".

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Competitividad para despedir

España recorta derechos a sus trabajadores para acercarse a la Europa menos social

DANIEL MEDIAVILLA, MADRID, en El Pais a 14/02/2012.
La heterogeneidad de los sistemas productivos, fiscales y de protección social hace que comparar legislaciones laborales entre países haga difícil prever los efectos de la reforma sobre la economía. Queda claro, no obstante, que España gana competitividad para despedir.
España contaba con unas elevadas indemnizaciones por despido disciplinario improcedente, de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, frente a los 30 de Alemania, con un tope de 12 mensualidades. En Francia, un despido improcedente no recibe una indemnización inferior a los últimos seis meses de salario del trabajador, unos 180 días en total, que, dependiendo de la antigüedad, podría llegar a suponer una indemnización mayor que en España. Ahora, con la posibilidad de despedir de forma procedente con 20 días por año trabajado, si se justifica una reducción en los beneficios durante tres trimestres, algo más que común dada la situación económica, España tendrá un despido más barato que Alemania y, por supuesto, que Francia.

Otro de los aspectos blandidos para justificar la dureza de la reforma laboral ha sido la necesidad de dar flexibilidad a las empresas para que, cuando la situación económica sea peor, sea posible adaptarse reduciendo los salarios y la jornada laboral en lugar de hacerlo despidiendo. Este problema lo comparte España con Francia y ambos países han mirado hacia Alemania para buscar una solución.
Allí, las empresas tienen la posibilidad de reducir la jornada de sus trabajadores durante un periodo máximo de 24 meses, en los cuales el trabajador percibe el 60% de su salario neto o el 67%, en el caso de que tenga hijos, y el resto lo pone el Estado. Tanto en España como en Francia se han introducido cambios para que sean posibles negociaciones directas entre empleado y empresario para adaptar tanto la remuneración como la jornada de trabajo a la coyuntura económica y se impondrán a cualquier convenio colectivo. En el caso de España, no existe una compensación como la que ofrece en Alemania el Estado. De hecho, en caso de dificultades económicas o necesidad de mejorar la competitividad, el empresario podrá bajar los sueldos de forma unilateral (algo que, como último recurso, también se permite en Alemania), sin más compensación para el trabajador que los 20 días por año trabajado de un despido procedente en caso de que el empleado no quisiese aceptar la medida.

ERE sin permiso

Respecto al nivel de protección de los trabajadores, también ha sido un cambio importante en España la eliminación de la autorización administrativa para realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Esta autorización tampoco es necesaria en Italia o en Francia, pero sí lo es en Alemania para despidos colectivos en los que no estén de acuerdo el comité de empresa y la compañía.
Otra de las diferencias entre España y otros países europeos es el periodo de notificación del despido. Con 30 días, está muy por debajo de los hasta siete meses de Alemania, las 11 semanas de Italia o los hasta dos meses de Francia.
Algunos expertos, como José Ramón Pin, profesor de Dirección de Personal del IESE, creen que la flexibilidad es necesaria para competir en un ámbito en el que las regulaciones no son tan rígidas como la española. "Al reducir los costes del despido y fomentar el contrato en prácticas, es muy probable que haya una mayor creación de puestos de trabajo", afirma. No obstante, cree que hacen falta otras cosas, como que los bancos vuelvan a dar crédito. Algo a lo que no es sencillo obligar por decreto ley. Y, por otro lado, la competitividad alemana o francesa viene porque ofrecen "productos con un gran valor añadido". Sugiere así que la reducción de sueldos o el abaratamiento del despido no logrará incrementar la competitividad.

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Artículo de Bruno Estrada y Eduardo Gutiérrez Director de Estudios y del área de economía, respectivamente, de la Fundación 1º de Mayo.

”La fuerza de la razón debe oírse en la calle”

El cartel que ilustra este artículo acabará colgándose más adelante…

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Frente a los que piensan que no se puede hacer nada contra la brutal agresión a los trabajadores que supone la reforma laboral propuesta por el gobierno del PP, estamos convencidos de que existen márgenes para corregir sus efectos más agresivos, y para evitar otras posibles medidas que pudieran llegar.
Pero para ello las movilizaciones, empezando por las convocadas por CC.OO. y UGT para el día 19 de Febrero, deben llenar de indignación las calles de España.
Los márgenes de la acción política y social se definen por la capacidad de presión de los propios actores. No todo está escrito. Los trabajadores podemos tener la fuerza de la razón: la reforma laboral significa la devaluación de las condiciones de trabajo de millones de personas, el empobrecimiento presente y futuro de gran parte de la sociedad española. Pero no es suficiente con tener la fuerza de la razón, hay que tener la razón de la fuerza, y el único medio en una democracia es una fuerte movilización social que ponga en evidencia que el gobierno de España no esta defendiendo los intereses nacionales, sino los intereses de los banqueros alemanes y del segmento más ineficiente y rancio del empresariado español. De ese empresariado que no compraría sus propios productos, que no innova, que no reconoce la valía de sus trabajadores, que basa sus márgenes de beneficio en la mera explotación de sus trabajadores, despreciando su cualificación, precarizando el empleo, rebajando salarios.
Siempre se está a tiempo de invertir la correlación de fuerzas. Pero para ello debemos luchar contra nuestra propia cobardía, contra la indiferencia cómplice, contra la sensación de inevitabilidad que quieren vendernos. Somos nosotros y sólo nosotros, los trabajadores, quienes podemos poner límites a estas políticas mediante una masiva respuesta en la calle que sea la expresión democrática de un rechazo social mayoritario.
Frente a la agresión del PP contra millones de trabajadores, al poner el estado al servicio de los ricos, de quienes nos han llevado a la grave situación económica en la que estamos, de quienes quieren imponer la chinización de nuestro país, es posible la indignación, pero sobre todo es necesaria la reacción, pacifica, pero contundente en su magnitud. Ellos nos estarán contando detrás de los visillos de sus casas. El próximo domingo 19 está no solo está en juego la aplicación de esta reforma en sus aspectos más regresivos. También nos jugamos evitar futuras actuaciones de la derecha más arcaica y depredadora.
Bruno Estrada López, Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.
Eduardo Gutiérrez, Área de Economía de la Fundación 1º de Mayo.

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Una reflexión muy interesante

Pactos asimétricos: El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y la política sindical

Artículo de Albert Recio, Consejo Científico de ATTAC España, publicado en “Mientras Tanto” electrónico

I
El anuncio de un nuevo acuerdo entre patronal y sindicatos mayoritarios se presenta como el preludio de una nueva reforma laboral. Para CC.OO. y UGT se plantea sobre todo como un medio para evitar una reforma radical de la legislación laboral. De mostrar que también a la patronal le conviene más una negociación realista que optar por una política unilateral de desmantelamiento de derechos. Que ellos, CC.OO. y UGT, son interlocutores serios que defienden derechos pero que también conocen los condicionantes de la economía y los problemas de la otra parte y están dispuestos a asumir la cuota de sacrificios necesaria.
El principal elemento positivo del pacto es el reconocimiento de que hay que mantener una negociación articulada, a escala nacional, autonómica o provincial y que los ajustes de cada empresa deben aplicarse mediante un procedimiento consensuado y con presencia sindical. Se trata de evitar una reforma que limitara la negociación al nivel de empresa y, por consiguiente, desmantelara gran parte de derechos laborales obtenidos en la negociación colectiva (por encima de la ley), ampliara al máximo las desigualdades salariales y creara espacios laborales sin ningún tipo de cobertura sindical. Si realmente se consigue mantener una negociación colectiva articulada y capaz de garantizar derechos comunes a amplios colectivos laborales, el acuerdo permitiría elevar una línea de defensa frente a los embates de la reforma laboral. Pondré un ejemplo que sirve para entender la importancia de la negociación colectiva sectorial: en diversos sectores de servicios (hostelería, limpieza, servicios sociales…) existen pactos estatales que incluyen la cláusula de subrogación. Se trata de una norma pensada para sectores en los que es frecuente que la empresa que gestiona el servicio cambie cada cierto tiempo (lo que suele suceder cuando las administraciones sacan a subasta un determinado servicio). Su aplicación obliga a la nueva empresa concesionaria a absorber en las mismas condiciones a los empleados de la antigua, lo que garantiza su estabilidad laboral. Esta es una de las muchas medidas que desaparecerían con una negociación limitada a la empresa.
Pero esta salvaguarda de derechos esenciales se ha conseguido a costa de incluir un buen paquete de las exigencias de la patronal: aceptación de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, introducción de cláusulas forzosas de flexibilidad temporal, funcional y salarial, mayor facilidad a las medidas de descuelgue. Sobre el papel, el acuerdo introduce mecanismos de cautela y negociación para la aplicación de estas medidas, pero la débil implantación sindical en muchas pequeñas y medianas empresas y la ausencia de limitaciones claras a la aplicación de estas políticas hace temer que el acuerdo facilite una mayor dispersión de condiciones de trabajo, una mayor discrecionalidad laboral y, en suma, un aumento de las desigualdades.
II
Cualquier acuerdo es siempre discutible. Los líderes sindicales pueden argumentar que su opción es el resultado de una lectura atenta de la correlación real de fuerzas, que han sacrificado piezas en aras a un objetivo superior, que realmente hay avances en algunos campos… Y es cierto que muchas veces les llegan críticas de gente que nunca está en la pelea y el trabajo cotidiano, que no parten de una evaluación realista de lo que se puede hacer. Pero creo que el actual acuerdo incluye demasiadas cosas discutibles que merecen cuando menos una seria reflexión sindical.
La primera cuestión discutible es el análisis económico que sustenta el documento y que justifica sobre todo la aceptación de una nueva caída de los salarios reales. Una justificación que contradice anteriores documentos sindicales en los que se consideraba, adecuadamente, que un aumento salarial constituía un buen elemento para dinamizar la demanda y evitar más destrucción de empleo. El análisis que introduce el documento es una mera plasmación de la lógica de la deflación competitiva. Se basa en suma en fiar el relanzamiento económico en el aumento de las exportaciones basándose en la moderación de salarios. Es la política que llevan años predicando muchos economistas liberales. Es una política que deprime la economía global y no garantiza buenos resultados. El éxito exportador de un país descansa en la derrota de otros (la competencia comercial tiene más de guerra o de competición deportiva con unos pocos ganadores que de desarrollo económico armónico). Pero si todos aplican la misma política de potenciar las exportaciones (sea bajando salarios o devaluando) el resultado final puede ser una caída de la demanda global y un empeoramiento para todos. En el caso español, la reducción de salarios no parece que sea una gran medida para potenciar las exportaciones debido al tipo de especialización productiva de las empresas españolas y al hecho de que nuestra moneda sea el euro. De hecho, el documento aboga por una reducción también de las rentas del capital con objeto de moderar los precios, pero no introduce ninguna medida explícita para traducirla en la práctica. A ello me refiero cuando hablo de asimetría: los acuerdos sociales en la práctica sólo atan realmente a los asalariados, mientras que el poder empresarial queda intacto. No hay ninguna garantía de que el aumento de beneficios que garantiza la moderación salarial se traduzca en empleo, en inversiones, ni en caída de precios. Es, en suma, un sacrificio donde sólo se espera buena voluntad de la contraparte.
Una segunda cuestión preocupante es el aumento de las desigualdades que puede propiciar la política que se deriva de estos acuerdos. En una economía y un mercado laboral ya de por sí caracterizado por un nivel indecente de desigualdades. En parte reflejo de toda nuestra historia pasada y de la propia incapacidad de nuestro modelo de negociación colectiva para reducirlas. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento de las mismas mediante políticas empresariales de externalización (que permiten aplicar convenios colectivos de nivel inferior) y de incentivación personal, y sacando de convenio a los niveles superiores de la jerarquía laboral. Un acuerdo de sacrificios solidarios creíble debería incluir indefectiblemente mecanismos de reducción de las desigualdades, protegiendo y elevando la posición social de los peor situados, y limitando las rentas de los más favorecidos o privilegiados. Debería acotar las rentas de quienes están fuera de convenio, cuando no limitar la propagación de esta figura. Nada de ello hay en el acuerdo, especialmente en lo que se refiere a política de rentas. Por un lado porque los privilegios fuera de convenio, la no acotación de las rentas superiores, forma parte de las prerrogativas capitalistas que los sindicatos han dejado de impugnar en serio. De otra, porque hace tiempo que el sindicalismo español (el mayoritario y también el radical que limita su campo de acción a la lucha en unas pocas grandes empresas) ha dejado de reflexionar y plantear una verdadera lucha en pro de la reducción de las desigualdades salariales. Y en un contexto en el que se congela el salario mínimo y se exigen sacrificios, esta ausencia de planteamiento es simplemente una omisión inaceptable.
En tercer lugar, el acuerdo sacraliza la flexibilidad, como un mero ajuste a las necesidades o imperativos de la empresa. Es cierto que la vida real, fuera y dentro del trabajo mercantil, nos exige mucha capacidad de adaptación. Y que los ajustes de las empresas no obedecen solo a una obcecada búsqueda del beneficio o a un mero capricho patronal. Pero es también cierto que la flexibilidad tiene serios impactos negativos sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sobre personas individuales. Y que en la prosecución de una “economía flexible” hay mucho de injusticia, despilfarro e ineficiencia social. La asunción acrítica de la flexibilidad por parte sindical es endémica y con ello lo único que se ha conseguido es dejar de discutirle al capital su hegemonía social. Por no perder de vista el impacto negativo de la proliferación del empleo a tiempo parcial, a menudo una forma de camuflar el subempleo y de perpetuar las desigualdades de género. Tampoco en este acuerdo se vislumbra ninguna novedad sustancial, más bien la apertura de nuevas prerrogativas patronales. Por poner un ejemplo, cualquier política de fijación de salarios en función de resultados sólo tiene posibilidades de seriedad si los representantes de los trabajadores tienen acceso y control de los mecanismos de evaluación contable de las empresas. En suma, si consiguen avanzar en el control de la misma, en fijar los criterios de evaluación y de revisión salarial.
III
Más allá de los resultados tangibles, de las concesiones más o menos acertadas, hay una cuestión de fondo que atraviesa la debilidad social que padece el movimiento sindical, al menos en Europa (y que se expresa con crudeza en muchas encuestas de opinión). Para mí el hecho relevante es que los sindicatos llevan tiempo instalados en la política de “evitar lo peor”, de la que este acuerdo (y otros mucho peores firmados en otros países, como el reciente caso de la UGT portuguesa) es un ejemplo. Es posible que realmente muchos de estos acuerdos hayan servido para ese objetivo. Pero es dudoso que con ello consigan desarrollar una elevada penetración social. Ningún movimiento social se desarrolla bajo esta clave meramente defensiva, conformista, de que nada puede hacerse excepto evitar mayores males. Una aceptación que, directa o indirectamente, es percibida por la sociedad como la inexistencia de alternativas a la lógica del poder capitalista.
Un movimiento social vivo exige objetivos alternativos, propuestas que impacten en el discurso cultural del oponente, que generen debate y hegemonía social. Exige crear cohesión y valores en el propio grupo. Nada de esto se encuentra en la ausencia de discusión de fondo de las lógicas de acumulación del capital. A diferencia de lo que hace siempre la patronal, planteando sus propias demandas o apoyándose en las opiniones de los think tanks que ella misma financia. Es cierto que en algunos casos la acción sindical evita lo peor. Pero también que ha sido incapaz de desarrollar políticas que moderen, alteren, reduzcan el cúmulo de desigualdades, de desastres sociales y de irracionalidad generados por el capitalismo neoliberal. Tampoco se ha preocupado mucho de contar con fuentes de opinión alternativa que den argumentos a favor de demandas de mayor calado. En un momento en que la crisis muestra la incapacidad del modelo para desarrollar respuestas satisfactorias a las necesidades sociales mayoritarias, limitarse a la política del “evitar lo peor”, como se hace en el pacto comentado, sólo sirve para reforzar la sensación de desamparo en la que vive una inmensa mayoría de población trabajadora. La adaptación acrítica a lo real forma parte de la política de sumisión social. Y lo que el momento exige es amplitud de miras transformadoras.

Artículo de Javier López, Secretario de CCOO-Madrid, en el que hace un llamamiento a la reflexión para “negociar y acordar” por parte de la Presidenta de la comunidad

#7F: 150.000 contra los recortes

La suavización de la postura alemana abre la puerta a una decisión que se prevé tomar en la cumbre del mes que viene ante la virulencia de la especulación en los mercados

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Cuando la cabecera de la manifestación Contra los Recortes y Por los Servicios Públicos llegaba a la Puerta del Sol, sobre las 8 de la noche, los últimos manifestantes salían de Neptuno y los dos sentidos de la calle Alcalá se encontraban repletos de una marea multicolor y arco iris de manifestantes. Profesores de todos los ciclos educativos, sus alumnos y sus padres (de alumnos, los más, y algunos con hijos profesores). Profesionales sanitarios y sus pacientes. Vecinos de Madrid y de muchas localidades de la Comunidad. Bibliotecarias y celadores. Auxiliares y trabajadores sociales. Bomberos que desplegaban pancartas descolgándose por las fachadas y mujeres que trabajan en la ayuda a domicilió. Jóvenes y mujeres mayores. Empleados públicos y trabajadores de empresas privadas.

Causa alegría comprobar que, pese a los esfuerzos que despliegan algunos medios de comunicación y algunos responsables políticos como Esperanza Aguirre, junto a sus jóvenes cachorros situados al frente de determinadas consejerías, para desprestigiar a los empleados públicos y sus legítimos representantes, la ciudadanía ha respondido masivamente a la convocatoria de manifestación, olvidando las diferencias y distancias que pretenden sembrar entre nosotros, con la injustificable intención de recortar inversiones, presupuestos, personal y calidad de los servicios públicos.

Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Regional suponen amenazar con el paro a 11.000 empleados públicos, debilitando la calidad de la educación, la sanidad, los servicios públicos y sociales.

La temporalidad, la precariedad y los bajos salarios han ido creciendo en el empleo público. Los retrasos en los pagos a proveedores de bienes y servicios a las administraciones públicas ponen en riesgo miles de empleos en servicios externalizados y privatizados.

Esperanza Aguirre no puede continuar alimentando fantasías como la creación de 250.000 empleos implantando el casino de Las Vegas en Madrid, ni creando más campos de golf y clubs de campo, ni abriendo los comercios 24 horas.

Medidas, anuncios, cortinas de humo para alimentar tertulias, sin crear un solo puesto de trabajo.

Esperanza Aguirre debe inmediatamente mirar a Madrid y a su ciudadanía. Es presidenta de todos los madrileños y, cuando la crisis arrecia, debe inmediatamente atender a las personas paradas. Son 330.000 las personas paradas que no cobran ya prestación, subsidio, ni ayuda alguna. Son ya 623.000 las personas paradas en Madrid.

Debería ayudar a aquellas personas que ven amenazados sus puestos de trabajo, facilitando el crédito a familias y empresas, ayudando a sostener una economía muy maltrecha en todos los sectores de la producción y los servicios.

Debería, Esperanza Aguirre, fortalecer los servicios públicos para evitar fracturas sociales, que pueden generar tensiones insostenibles. La educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia, los servicios de empleo, son esenciales en tiempos de crisis.

Las más de 150.000 personas que asistieron a la manifestación madrileña, Contra los recortes y por los servicios públicos, han reclamado con claridad un giro hacia la realidad y hacia los problemas reales, por parte del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Quieren sensatez, diálogo, negociación, justicia y atención a los problemas del empleo y la calidad de los servicios públicos.

Negar la realidad, acusar a los convocantes y participantes de “políticos”, sólo agravará la situación de crisis, la pérdida de empleo, el endurecimiento de las condiciones de vida para la mayoría de la población.

Es la hora de negociar y acordar. La hora de unir a la sociedad contra la crisis, por el empleo, por la defensa de una sociedad, democrática, libre y cohesionada. Escuchar a la sociedad es la primera obligación de un gobernante y Esperanza Aguirre lo sabe.

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Artículo de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), en El País.

Un pacto para una crisis

Promover la flexibilidad, potenciar la productividad, acercar la negociación a la empresa, no se consigue simplemente por haberlo escrito

Puede ser que en nuestro país se produzca, de vez en cuando, algún milagro que no seamos capaces de valorar. Más incluso: que no seamos capaces de reconocer. Después de negociar desde el pasado mes de octubre, el 25 de enero de 2012, CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT, firmaron el “II Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, 2012, 2013, 2014”. La repercusión mediática fue tristemente reducida: ni mención en la portada de la mayoría de los periódicos. No deja de sorprender, básicamente por tres motivos. Primero, por el inclemente bombardeo mediático sobre la “necesidad imperiosa y urgente de una reforma laboral”. Segundo, porque no deja de ser desconcertante que en la situación social y económica de España las organizaciones sindicales y empresariales alcancen acuerdos, y tercero, porque lo acordado tiene importancia intrínseca, sin precedentes, posiblemente, en el escenario europeo.

No entraré en el debate de la “excepcionalidad española”, ni discutiré si el marco regulatorio español es el responsable del pavoroso desempleo que padecemos, cuya reforma es, para tanta gente, absolutamente imprescindible para activar la recuperación y crear empleo. Esa relación de causalidad entre ordenamiento laboral y creación de riqueza, puede ser discutible. Pero no es éste el debate. Lo que de verdad me extraña es que todos los santos días del año venimos escuchando que la reforma laboral es el asunto prioritario, a la vez que, con voz más o menos gruesa, se insinúa o afirma que para esta tarea los agentes sociales valen poco, “defienden intereses corporativos”, “no representan a nadie”. Pues bien, cuando se da prueba de lo contrario, es como si no hubiera pasado nada. Y la desgracia es que el desaire social acaba por condicionar la propia eficacia de los acuerdos. Más o menos pasó lo mismo con los acuerdos de pensiones. Eran vitales, hasta que se firmaron. Entonces pasaron a ser indiferentes.

En verdad, la “excepción española” es otra. La excepción española es que en las circunstancias actuales los sindicatos se dediquen a negociar y a lleguen a acuerdos (Metal, Construcción, etc...). Que asuman su compromiso social identitario: representar y defender los intereses de los trabajadores. Que acuerden cuando es posible y que no lideren la oleada de indignación, cuando los pactos se atrasan, dificultan o entorpecen. No sé cómo estaría mi país si el paro y el abatimiento del consumo vinieran acompañados, en vez de por la razón, por la pasión y la tamborrada.

Las asociaciones empresariales y sindicales son “sujetos constitucionales” que defienden algo más que intereses particulares –de sus afiliados-. “Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos ...”. Este anclaje constitucional justifica el apoyo institucional y es su comportamiento el que ha aportado modernidad, prosperidad y tolerancia a España. Merecen, pues, además de crítica –cómo no-, algún reconocimiento, aunque no fuera muy a menudo. Lo acordado, además, es ciertamente sustantivo. No es humo de paja, no es un simple pacto de legitimación.

Sé que la “reforma laboral” goza de una cierta vocación mística y por lo tanto no es fácil de concretar. Pero se han venido diciendo cosas incluso razonables: “Hay que promover la productividad, y por ello no cabe la férrea indiciación salarial vía inflación”. Pues bien, no es que lo acordado sea una contención salarial, sino que, además, se modifica sustancialmente el sistema de fijación de salarios. Se “desnacionaliza”. A partir de ahora pasamos a considerar: “El objetivo de inflación del Banco Central Europeo”, “la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro”, “el precio medio internacional en euros del petróleo Brent”.

Parece que era eso lo que se venía “exigiendo”. Ahora ya está aquí, y lo que está aquí es el cambio más importante en la negociación salarial desde los Pactos de la Moncloa, cuando cambiamos inflación pasada por inflación prevista.

Posiblemente es el primer acuerdo europeo que refleja formalmente la globalización de la economía. Necesitaría mayor reconocimiento, mayor aplauso.

Se dice, y es verdad, que hay que acercar la negociación a la realidad y que ello exige potenciar el Convenio de Empresa. Claro que sí. Pero primero recordar algo; en nuestro país hay unas 4.500 empresas de más de 250 trabajadores, y hay también 4.500 convenios, más o menos; de empresa. Por supuesto que hay que promover la descentralización. ¿Y que se pacta? Primero: "los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa”. Segundo: “se apuesta de forma decidida a favor de la descentralización de la negociación colectiva”. Tercero: “hay que potenciar la flexibilidad en la empresa, para que ésta pueda adaptarse a un mercado cambiante y competitivo”. No suena mal, ¿no? Sería saludable que no nos acostumbráramos a encontrar para cada solución un problema.

Promover la flexibilidad, potenciar la productividad, acercar la negociación a la empresa, no se consigue simplemente por haberlo escrito. Va a exigir un considerable esfuerzo en comprensión y en sacrificio, por parte de los futuros negociadores de los más de 5.000 convenios que tenemos. La rentabilidad del esfuerzo es mucho mayor cuando existe reconocimiento social a la tarea realizada. Cuando se refuerza y reconoce, social e institucionalmente, la función de asociaciones empresariales y sindicales. Y en eso estamos. En el convencimiento que en nuestro país tan necesario como el crédito financiero es el crédito institucional.

Artículo que compara el comportamiento de gobiernos y/o tribunales en varios países de América Latina, juzgando crímenes realizados por las dictaduras, con la situación actual en España en que el T. S. (Sala Penal) está enjuiciando al único juez que se atrevió a corregir la injusticia hecha a las víctimas del terror de la dictadura española

Vergüenza y escándalo internacional: el comportamiento del Tribunal Supremo

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en el diario digital EL PLURAL, 6 de febrero de 2012

El contraste entre lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en relación al análisis de su pasado, y lo que está ocurriendo en España, con el enjuiciamiento del Juez Garzón por el Tribunal Superior por sus pesquisas para encontrar a los desaparecidos, honrarlos y encontrar a los responsables, no puede ser más llamativo y vergonzoso para España. Durante la última semana (estoy escribiendo este artículo el 15 de Enero de este año, 2012) hemos visto cómo gobiernos y/o tribunales de Guatemala, Argentina, Colombia y El Salvador han tomado medidas para sancionar intervenciones de sus Estados durante periodos dictatoriales en contra de partidos y movimientos democráticos que se opusieron al recorte de derechos humanos llevados a cabo por tales Dictaduras. En Guatemala, por ejemplo, el dictador Efraín Rios Montt será juzgado por el genocidio que ocurrió durante su mandado (genocidio que tuvo lugar con el apoyo del gobierno federal de EEUU) en contra de las comunidades indígenas mayas, la mayoría simpatizantes de los movimientos sociales reivindicativos de izquierdas. La brutal represión llevada a cabo por Ríos Montt fue continuación de la que ocurrió en más de 36 años y que causó más de 200.000 muertes. El Presidente Reagan de EEUU visitó Guatemala para apoyar y aplaudir tal campaña de represión, denunciada por organizaciones de derechos humanos por ser un genocidio. Tal enjuiciamiento de Ríos Montt ocurre en Guatemala a pesar de la resistencia del actual gobierno, presidido por otro militar, el general Otto Pérez Molina, que había sido comandante del ejército en los territorios donde ocurrió la mayor represión.
En El Salvador, el Presidente Mauricio Funes ha pedido perdón por la masacre llevada a cabo por las fuerzas armadas en 1981, cuando más de 1.000 personas fueron asesinadas en El Mozote. Y en Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos, también pidió disculpas por la intervención del estado a favor de las fuerzas paramilitares de la ultraderecha que asesinaron a 50 personas en El Tigre. Y en Argentina, los tribunales están llevando a juicio a empresarios que colaboraron con la dictadura, participando en los abusos cometidos por tal sistema. Un ejemplo de ello es Marcos Levin, el propietario de una compañía de transporte privado, que reprimió y torturó a obreros que protestaron por las condiciones de trabajo durante la dictadura. Todos éstos son ejemplos de lo ocurrido sólo durante una semana, noticias que usted, lector español, no habrá leído en los mayores medios de información y persuasión, a no ser que lea la prensa extranjera, como The Guardian (del cual extraigo toda esta información).
Mientras estos hechos estaban ocurriendo en América Latina, en España, la semana coincidió con el enjuiciamiento por nada menos que el Tribunal Supremo, del único Juez que se atrevió a juzgar los crímenes del franquismo, el Juez Garzón. ¡Qué vergüenza y escándalo internacional! ¿Es que no se dan cuenta los cuatro jueces que han votado seguir adelante con el esperpéntico enjuiciamiento del Juez Garzón, de la imagen que está dando el Tribunal Supremo y toda España de cara al mundo? ¿No se dan cuenta, en su conservadurismo y localismo, que están avergonzando, además de ofendiendo, a todas las personas demócratas en España y en el mundo? Su ultra conservadurismo, tolerante del fascismo (y no utilizo este término de una manera ligera sino con pleno conocimiento de lo que es el fascismo y su mentalidad y cultura) está haciendo un enorme daño a la democracia española. En realidad, su tolerancia y protección de los crímenes del fascismo sería causa en muchos países democráticos de enjuiciamiento. Que en nuestro país sean estos personajes los que se sientan en el Tribunal Supremo habla montones de la baja calidad democrática de nuestras instituciones, y muy en particular del Tribunal Supremo. ¿Se imagina alguien en España que el Tribunal Supremo de Alemania enjuiciara a un letrado por investigar los crímenes del nazismo, o que la Corte Suprema italiana hiciera lo mismo con un juez que investigara los crímenes del fascismo, o en Francia, un Tribunal Supremo llevara a un juez a los Tribunales por intentar encontrar a los desaparecidos, asesinados por el gobierno de Vichy? Pues esto es lo que está ocurriendo en España.

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