OPINION

Por Ignacio Escolar

Un Gobierno despolitizado

Despolitizar la píldora del día después es que no la tomen las menores

06/02/2012, La Voz de Asturias
Despolitizar las cajas de ahorro es nombrar a Rodrigo Rato presidente de Bankia. Despolitizar a los embajadores es mandar a Federico Trillo a la embajada de Washington. Despolitizar la justicia es que en ella manden los jueces conservadores (o los más conservadores aún). Despolitizar la educación obliga a eliminar, con falsas excusas, el “adoctrinamiento” de Ciudadanía, mientras se mantiene en las aulas la asignatura de religión.
Despolitizar RTVE es que siga el ejemplo de Telemadrid. Despolitizar el aborto es volver a viajar a Londres y regresar a la hipocresía, a que la mujer tenga que mentir a un psicólogo para poder decidir. Despolitizar la cultura es aumentar las subvenciones a los toros mientras no hay pasta para la universidad. Despolitizar el futuro pasa por recortar las ayudas a la ciencia y al I+D. Despolitizar la píldora del día después es que no la tomen las menores –será que un embarazo no deseado tiene “efectos secundarios” menos graves para su salud–. O que se venda con receta: los viernes, a las tres de la mañana, las recetas son siempre muy fáciles de conseguir.
Despolitizar el pasado es dejar quietas las fosas comunes y enterrar al juez que investigó aquel terror. Despolitizar el callejero es poner calles a Fraga y quitárselas a Pilar Bardem. Despolitizar el paro es precarizar al trabajador, aunque cueste “una huelga general”. Despolitizar el medio ambiente es eliminar las renovables, cargarse la poca costa que aún queda por enladrillar.
Despolitizar la política consiste en esconder la ideología en simples cuestiones técnicas, y nada más. El Gobierno de “los mejores” se limita a gobernar sin sectarismo, sin revanchismo y para toda la sociedad. Como dios manda.

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Es preciso activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local, para defender nuestro SNS

Los recortes sanitarios en las comunidades

Por Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín García, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Foto: Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Las políticas de recortes en la Sanidad Pública española están siendo aplicadas desde las comunidades autónomas que son las que tienen asumidas las competencias sanitarias, y han sido llevadas a cabo con una intensidad variable según cada una de ellas.

Es evidente que esta diversa aplicación está mediatizada por muchos factores que van desde el color político, los problemas presupuestarios y la cercanía electoral.

En primer lugar, se evidencia que hay una política generalizada de restricción presupuestaria y recortes en la mayoría de las comunidades autónomas (promedio de disminución del presupuesto sanitaria/habitante y año de 140,13 euros desde 2010) que son mucho mas significativas en algunas de ellas como Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla La Mancha. Las comunidades que, de momento, salen mejor paradas de estos recortes son País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque está por ver lo que sucederá después de que en marzo de lleven a cabo las elecciones andaluzas y asturianas y se presenten los Presupuestos Generales del Estado.

Estos recortes se trasladan a una política restrictiva de personal produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentos de los horarios, así como disminuciones salariales en algunas de ellas y una disminución del número de profesionales sanitarios. El deterioro de las condiciones de trabajo y la disminución de los profesionales sanitarios conlleva, inevitablemente, a medio plazo a un deterioro de las prestaciones porque aumenta la presión asistencial y favorece una bajada en la calidad de las actuaciones del sistema sanitario.

En muchos casos se está produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, disminución de personal de guardía, etc, todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos por ejemplo de que en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera (más de 25.000 pacientes más) y el tiempo de espera y, por ejemplo, en Canarias se conoce que el cierre de quirófanos por la tarde supone 7.500 pacientes más en lista de espera y el cierre de las consultas de tarde significa que se atienden 170 pacientes/hospital/día menos. Es obvio que habrá que realizar una evaluación en unos meses para conocer el impacto real de estas medidas sobre la población.

La introducción de tasas y/o copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y más enfermos, lo que en medio de la crisis económica, con más de 5 millones de parados y 1,5 millones de familias sin ningún ingreso, además de la escasa cuantía de las pensiones, es un serio problema para la ciudadanía. En este ámbito de cosas es especialmente preocupante el establecimiento de un plazo de empadronamiento de 6 meses para el acceso a las TSI (Tarjetas Sanitarias Individuales).

Otro de los fenómenos que se observa, es el aumento de las privatizaciones, como siempre siguiendo un patrón irregular, en las formulas adoptadas y en la intensidad del proceso, dependiendo de las comunidades. Castilla La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás, con excepción de País Vasco y Andalucía. Resulta incomprensible, desde el punto de vista argumental, que se incrementen las privatizaciones que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público.

ALGUNAS REFLEXIONES

Resulta paradójico que en un sistema sanitario como el nuestro con uno de los menores gastos, y que tiene una elevada participación del sector privado en la provisión de servicios (30% del gasto sanitario público), se apueste por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.

A pesar de que los gastos en farmacia y tecnología de nuestro sistema es, comparativamente, de los más elevados del mundo y de que existe suficiente evidencia de problemas en la asignación de los recursos por ausencia de una política de planificación estratégica y de desarrollo de los instrumentos de la medicina basada en la evidencia, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización (que además de reducción de gasto evitaría problemas de iatrogenia). Este desequilibrio conduce inevitablemente a un escenario de depauperización e insuficiencia económica del sistema, que lo hará incompatible con el mantenimiento de las actuales prestaciones.

Además se están abandonando las políticas de personal incentivadoras. Las medidas en personal van dirigidas a reducir derechos, precarizar la contratación, reducir los salarios y eliminar los escasos incentivos existentes como la carrera profesional. Se está generando un clima de malestar y desmotivación entre los profesionales y trabajadores sanitarios que conducirá inexorablemente a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad.

Se privatizan grandes parcelas del sistema con una elevada hipoteca económica. La apuesta por la colaboración privada para financiar, construir y, gestionar las nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria, y las nuevas tecnologías, que incluso llega a la cesión de la provisión de los propios servicios, dejará en manos privadas la parte más moderna y renovada de los recursos, con unos costes más de siete veces superiores, que hipotecarán al sistema durante décadas. Desde algunas administraciones (Cataluña) y foros financiados por la industria y las empresas de seguros, se empieza a platear la necesidad de romper el monopolio del aseguramiento sanitario público para dar entrada al sector privado

Y se Introducen barreras a la población en el acceso a los servicios asistenciales. La introducción de copagos, tasas por uso de servicios o prestación farmacéutica, supondrá una barrera importante para gran parte de la población, especialmente para los pensionistas que necesitan hacer un mayor uso de los servicios y que cobran una pensión media de 750 euros al año, o para los asalariados de los que más de 5 millones están en paro y con retribución media de los que trabajan de 1.000 euros al año.

Esta situación plantea la necesidad de activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en nuestro país, y es necesario que se produzca con prontitud antes que las políticas de recortes y privatizaciones acaben con el mejor sistema sanitario que ha tenido este país.

VER INFORME SOBRE LOS RECORTES SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. FADSP, Febrero de 2012.

Entrevista en El Comercio a Sergio Gallego, Presidente de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias

«Los aspectos de alojamiento son el talón de Aquiles de los hospitales»

«En Sanidad no nos damos cuenta de que trabajamos con material sensible y muchas veces atentamos contra de la intimidad del enfermo»

«Por ley, a partir de los 16 años los padres no pueden acceder a los datos clínicos de su hijo, salvo que exista grave riesgo de salud»

Foto: Sergio Gallego en su despacho de la Consejería de Sanidad.
El Comercio. 01.02.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO.
Acaba de ser designado presidente de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias (la CaBéPa), un órgano adscrito a la Consejería de Sanidad que aunque nació en 1997 de la mano del desaparecido Antonio Cueto (de aquella consejero de Servicios Sociales), no fue hasta febrero de 2011 que se reactivó. La comisión, rememora Sergio Gallego, su nuevo responsable, se creó originariamente coincidiendo con la firma del Convenio de Bioética de Oviedo promovido por la SIBI. Este facultativo, inspector, exdirector provincial del Insalud, responsable del Registro de Instrucciones Previas del Principado y coordinador del servicio de Régimen Patrimonial y Disciplinario de la Consejería de Sanidad, acaba de coger las riendas de una comisión que busca aportar un poco de luz en asuntos que relacionados con la dignidad y los derechos humanos del enfermo. Está formada por cinco sanitarios, tres juristas, un filósofo y miembros de los comités de ética de cada área sanitaria, además del HUCA.

-¿Qué funciones tiene la Comisión Asesora de Bioética del Principado?

-Será una entidad que asesorará e informará sobre asuntos de bioética que se den en el ámbito sanitario.

-¿Quién podrá consultar?

-En principio, la idea es redactar informes sobre temas que puedan ser espinosos o dudosos y también tenemos la intención de crear una plataforma ’on line’ de consulta destinada a profesionales.

-¿Sus informes serán vinculantes?

-No. La comisión es un órgano colegiado, independiente y sólo de carácter consultivo.

-Un tema controvertido es de las historias clínicas. ¿Tiene el paciente derecho a tener una copia?

-Si, y además eso está muy bien regulado en la Ley de Autonomía del Paciente y también en unas instrucciones del Servicio de Salud del Principado. El enfermo tiene derecho a la obtención de una copia de su historia clínica con dos únicas excepciones, que son aquellos datos que puedan afectar a terceras personas y los que se consideren anotaciones subjetivas de los profesionales.

-¿Y además del paciente, quién más puede acceder a la historia clínica?

-Sólo el propio interesado y los padres, tutores o representantes en el caso de menores o personas incapacitadas. A partir de los 16 años los padres no pueden o no podrían acceder a los datos clínicos del hijo, salvo que haya un grave riesgo de salud.

-¿Son los hospitales y centros de salud espacios donde no se respeta la intimidad del paciente?

-¡Huy, ahí nos queda mucho por hacer! En Sanidad no nos damos cuenta de que trabajamos con material sensible y muchas veces, sin querer, atentamos con la intimidad. Pero no sólo la intimidad en su concepto global, también la corporal.

Visitas en las habitaciones

-¿Se refiere a ese horrible camisón abierto por la espalda, por ejemplo?

-Entre otras muchas cosas. También al elevado número de personas que en un momento dado hay en las habitaciones o que el médico informe de lo que le ocurre al paciente delante de personas ajenas al enfermo.

-¿No se puede regular lo de las visitas? En ocasiones, las habitaciones hospitalarias parecen romerías.

-Es un tema complicado de resolver, porque cuando tienes habitaciones de dos y tres camas es difícil regular lo de las visitas. Está claro que el apartado hostelero, aquellos aspectos relacionados con la estancia en las habitaciones, son el talón de Aquiles, el ’handicap’, de los hospitales.

-En cuanto al aborto, ¿qué postura tiene la Comisión de Bioética?

-No nos llegó ninguna consulta de ese tema. Los únicos problemas que nos podrían plantear son los referidos a la objeción de conciencia y eso está muy claro en la nueva ley, que dice que sólo puedes acogerte a esa cláusula si «participas de actos directos» de la interrupción del embarzo.

-Y en lo personal ¿qué le parece la propuesta de modificar la nueva ley del aborto para incluir lo del consentimiento paterno?

-Es una regulación extraña. La ley 41/2002 recoge que los mayores de 16 años ya pueden tomar decisiones y por debajo de esa edad, entre los 14 y los 16, la decisión va vinculada a su grado de madurez. La legislación actual señala que sólo se debe informar a los padres y escuchar su opinión cuando exista grave riesgo para la salud del menor. Pero resulta que la ley del aborto da una la vuelta a ese concepto y dice que se informará a los padres siempre y cuando eso no suponga un grave riesgo para el interesado. Es todo lo contrario a la doctrina vigente.

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Y se nos conduce hacia una segunda recesión por expreso deseo ideológico

El desastre de la austeridad

Por PAUL KRUGMAN, en el espacio Tribuna de “El País”

31/01/2012
La semana pasada, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, una fundación británica, publicó un gráfico alarmante que comparaba la depresión actual con recesiones y recuperaciones anteriores. Resulta que según un indicador importante -los cambios en el Producto Interior Bruto (PIB) desde que empezó la recesión- a Reino Unido le está yendo peor esta vez de lo que le fue durante la Gran Depresión. Tras cuatro años de depresión, el PIB británico había vuelto a alcanzar su máximo anterior; cuatro años después de que empezara la Gran Recesión, Reino Unido no está ni mucho menos cerca de recuperar el terreno perdido.
Reino Unido tampoco es la única. A Italia también le está yendo peor que durante la década de 1930, y con España dirigiéndose claramente hacia una doble recesión, tenemos a tres de las cinco grandes economías europeas como miembros del club de los "peores que". Sí, existen algunas salvedades y complicaciones, pero esto constituye, no obstante, un asombroso fracaso de la política.
Y es un fracaso, concretamente, de la doctrina de austeridad que ha predominado en el debate político de las élites tanto en Europa como, en gran medida, en Estados Unidos durante los dos últimos años.
Y bien, en cuanto a esas salvedades: por una parte, el paro en Reino Unido era mucho más elevado en la década de 1930 de lo que lo es ahora, porque la economía británica estaba deprimida -principalmente por culpa de un regreso desacertado al patrón oro- incluso antes de que estallara la depresión. Y por otra parte, Reino Unido sufrió una depresión muy llevadera en comparación con la de Estados Unidos.
Incluso así, superar el historial de la década de 1930 no debería ser un reto difícil. ¿Acaso no hemos aprendido muchas cosas sobra la gestión económica a lo largo de los 80 últimos años? Sí, así ha sido, pero en Reino Unido y en otros lugares, la élite política decidió tirar por la ventana los conocimientos obtenidos a duras penas y confiar en cambio en ilusiones que le convinieran desde un punto de vista ideológico.
Se creía que Reino Unido, en concreto, era un modelo de "austeridad expansionista", la idea de que, en vez de aumentar el gasto del Gobierno para luchar contra las recesiones, hay que recortarlo, y que esto induciría un crecimiento económico más rápido. "Los que sostienen que ocuparse de nuestro déficit y fomentar el crecimiento son de alguna manera alternativas se equivocan", declaraba David Cameron, el primer ministro británico. "No puedes aplazar lo primero para impulsar lo segundo".
¿Cómo podía prosperar la economía cuando el desempleo ya era elevado y las políticas del Gobierno estaban reduciendo directamente el empleo más todavía? ¡La confianza! "Creo firmemente", manifestaba Jean-Claude Trichet -que por aquel entonces era el presidente del Banco Central Europeo y un firme partidario de la doctrina de la austeridad expansionista- "que, en la coyuntura actual, las políticas que impulsen la confianza acelerarán la recuperación económica en vez de obstaculizarla, porque la confianza es el factor clave hoy en día".
Semejantes invocaciones al hada de la confianza nunca fueron plausibles; los investigadores del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones desacreditaron rápidamente la supuesta prueba de que los recortes en el gasto crean empleo. Sin embargo, la gente influyente a ambos lados del Atlántico colmó de elogios a los profetas de la austeridad, y a Cameron en especial, porque la doctrina de la austeridad expansionista encajaba con sus programas ideológicos.
Por tanto, en octubre de 2010, David Broder, quien prácticamente encarnaba la opinión común, alabó a Cameron por su audacia, y en concreto por "no hacer caso de las advertencias de los economistas de que una medicina repentina y fuerte podría frenar en seco la recuperación económica y volver a sumir al país en la recesión". Más tarde, instó al presidente Barack Obama a "hacer una cameronada" y llevar a cabo "una reducción drástica del Estado de bienestar ya mismo".
Sin embargo, por extraño que parezca, esas advertencias de los economistas resultaron ser totalmente acertadas. Y tenemos bastante suerte de que Obama no hiciera, de hecho, una cameronada.
Lo que no quiere decir que todo vaya bien en la política estadounidense. Es cierto que el Gobierno ha evitado una austeridad total, pero los gobiernos estatales y locales, que deben tener unos presupuestos más o menos equilibrados, han recortado el gasto y el empleo a medida que se acababa la ayuda federal, y eso ha sido un lastre importante para el conjunto de la economía. Sin esos recortes del gasto, ya podríamos haber estado en la senda del crecimiento autosostenible; tal y como están las cosas, la recuperación pende de un hilo.
Y puede que el continente europeo, donde las políticas de austeridad están teniendo el mismo efecto que en Reino Unido y donde muchos indicios apuntan a una recesión este año, nos lleve por mal camino.
Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace un siglo, cualquier economista -o, de hecho, cualquier estudiante universitario que hubiese leído el libro de texto Economía, de Paul Samuelson- les podría haber dicho que la austeridad frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los expertos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, en gran parte por razones políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su amnesia deliberada.
Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008.

VER TAMBIEN ARTICULO DE CESAR CALVAR EN EL COMERCIO DE HOY

Según un estudio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) efectuado a partir de una encuesta telefónica a 1.500 médicos

Los profesionales de los centros de salud de Asturias, entre los más satisfechos del país

Los médicos, contentos con el sueldo, denuncian una sobrecarga de trabajo

Madrid, Efe

Asturias es una de las comunidades autónomas españolas con mayor grado de satisfacción entre los profesionales de atención primaria, según un estudio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

Los médicos de atención primaria se encuentran satisfechos con su sueldo, a pesar del descenso experimentado, porque entienden que de esa forma contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, de forma mayoritaria se sienten desmotivados, sobre todo por la sobrecarga asistencial. Según el estudio, Asturias, País Vasco, Murcia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra son las comunidades autónomas que registran un mayor contento entre estos profesionales.

Éstas son las principales conclusiones del estudio «Análisis comparado de la situación de los médicos de atención primaria y personal de enfermería de España», presentado ayer. El informe, realizado mediante encuesta telefónica con preguntas cerradas a 1.500 médicos de primaria y a 1.500 enfermeros que desarrollan su labor en centros de salud de las diferentes comunidades autónomas, pone de relieve que la mayor parte de los profesionales considera válido pero mejorable el actual modelo de atención primaria.

Profesionalizar la gestión del sistema sanitario y una mayor participación de médicos y enfermeros en la toma de decisiones son algunos de los aspectos que la mayoría de los encuestados estima que había que modificar. «Los gestores no pueden estar al albur de lo que digan las urnas cada cuatro años», subrayó el doctor Ignacio Cantero, vicesecretario de Semergen y coautor del estudio.

El 91 por ciento de los médicos y el 65,5 por ciento de los enfermeros afirma que soporta una alta carga asistencial. Los médicos creen que un 30 por ciento de las consultas que atienden son innecesarias, frente al 13 por ciento de las de enfermería. En consecuencia, se muestran mayoritariamente a favor de potenciar las consultas no presenciales, tanto de forma telefónica como a través de las redes sociales.

Una gran mayoría de los médicos y enfermeros estaría de acuerdo con que una parte de su sueldo (entre un 20 y un 30 por ciento) fuera variable, sujeta a incentivos «claramente bien definidos», como pueden ser los resultados en salud, explicó el doctor Cantero. Más de la mitad de los médicos (un 54 por ciento) y un 78 por ciento del personal de enfermería está de acuerdo con establecer la prescripción enfermera, dentro de un protocolo de actuación del centro.

ANALISIS SOBRE LA SITUACION DE LOS MEDICOS DE FAMILIA EN ESPAÑA. SEMERGEN

Artículo publicado en “Público” por Fernando Lamata, José Antonio Poncela y Ramón Gálvez

Sí, la sanidad es sostenible

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.

Fernando Lamata es psiquiatra, José Antonio Poncela es economista y Ramón Gálvez es neurólogo.

Los profesionales asturianos claro que pueden aportar medidas para solventar parte de los déficits en A. Primaria y Salud Mental

Médicos de familia de Asturias exigen cambios en salud mental

El doctor Arbesú Prieto propone una mayor coordinación y acceso directo a los servicios de los psicólogos

Foto: El Dr. Arbesú Prieto, coordinador nacional del grupo de trabajo de Salud Mental de SEMERGEN.
Un grupo de médicos de familia de Asturias, integrantes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y liderados por José Ángel Arbesú Prieto, propone a los responsables de la sanidad pública una serie de cambios en la atención en salud mental que se sustentan en dos ideas: la necesidad de una mayor coordinación y un acceso directo a los servicios de psicología desde la atención primaria.

«El médico de atención primaria recibe cada día más consultas relacionadas con trastornos adaptativos, como la depresión o cuadros de ansiedad, más con esta situación de crisis, y nuestros problemas son la deficiencia en la coordinación -la historia clínica todavía no está informatizada- y el cada vez más necesario apoyo del psicólogo», señala el doctor Arbesú Prieto, especialista en medicina familiar y comunitaria en el centro de salud La Ería de Oviedo y miembro del comité de redacción y seguimiento de la estrategia nacional de salud mental del Ministerio de Sanidad, así como coordinador del grupo de trabajo de salud mental de Semergen, sociedad que cuenta con más de 10.000 socios. Y añade: «Me consta que la nueva responsable de salud mental de Asturias, Pilar Sáenz, ya está trabajando en este sentido».
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Sólo catorce de cada cien euros del presupuesto de la sanidad pública en España se destinan a atención primaria y cinco de cada cien, a la salud mental. «El presupuesto de la sanidad en España está dos puntos por debajo de gran parte de los países de la Unión Europea, por ello cuando hablan de recortes no sé de dónde van a recortar. Es un tema muy delicado y muy serio», señala José Ángel Arbesú.

Aunque la atención primaria en España y en Asturias tienen, en opinión del facultativo, un presupuesto muy bajo y los problemas de la salud mental en el Principado son similares al resto del país, «estoy convencido de que los profesionales asturianos podemos aportar medidas para solventar parte de esos déficits detectados».

Análisis de Josep Borrell

La advertencia de Monti y de Standard & Poors

Foto: Merkel y Monti.

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La rebaja de la calificación de la Deuda de Francia, Austria, España e Italia ha disparado todas las señales de alarma en Europa. Pero mientras el euro sigue su marcha hacia el abismo, Merkel se escuda en esas descalificaciones para seguir pidiendo más austeridad.

Sin embargo, algo fundamental ha cambiado en el mensaje y en el lenguaje de las agencias de notación. Tanto que me siento tentado a dar la razón a S&P, que en el fondo y en la forma, no hace sino utilizar los argumentos que he repetido varias veces.

S&P reconoce explícitamente en sus informes que el agravamiento de la enfermedad del euro obedece a un error de diagnóstico. Los dirigentes europeos no han identificado sino de forma muy parcial las verdaderas causas de la crisis. Y este error les conduce a proponer respuestas incompletas, e incluso contraproducentes, a los problemas del euro. Lo vienen haciendo Consejo tras Consejo, y ya son muchos, desde el del 9 de mayo de 2010.

A S&P le sorprende que los europeos sigan convencidos de que la causa fundamental de la crisis son los excesivos déficits públicos acumulados en los países periféricos. Y por eso la medicina que recetan es rigor presupuestario. Pero advierte que una política basada solo sobre la austeridad presupuestaria va producir resultados contarios a los esperados.

En efecto, los planes de austeridad retiran renta disponible de la mayor parte de la población y causan a todos una gran inquietud sobre el futuro. Menos consumo, menos actividad, menos empleo, menos ingresos fiscales, más déficit, más austeridad, etc.

Un círculo vicioso en el que han caído países como España, Grecia y Portugal, todos ellos amenazados de una recesión por exceso de austeridad. La onda depresiva está ya afectando a Francia y cuando todos los clientes de las exportaciones alemanas no puedan seguir importándolas también Alemania se verá afectada.

La famosa “regla de oro” con la que se pretende exorcizar los demonios del déficit y devolver la confianza a los mercados tampoco sirve de mucho. En realidad si esa regla hubiese estado en vigor en el pasado en España tampoco se hubiese evitado la crisis porque antes de 2008 España tenía superávit y cumplía con brillantez la regla áurea. Y mientras tanto Alemania tenía un déficit récord. Pero la crisis se ha llevado por delante al país que, según esa regla, era el más virtuoso y en cambio el que no la cumplía ha capeado bien el temporal... Al menos por el momento.

Alguna otra razón y alguna otra explicación debería tomarse en cuenta.

Todo eso creo haberlo dicho ya varias veces en mis artículos e intervenciones públicas. No suena muy original repetirlo aunque los hechos me estén dando la razón. Pero la gran novedad es que no me estoy repitiendo: ¡es Standard &Poors quien lo dice!

En efecto, prácticamente todo el anterior texto es una traducción literal de la explicación que ha dado Moritz Kraemer, director del calificación de las Deudas soberanas europeas de Standard & Poors, para justificar las rebajas de calificación que han hecho temblar a Europa.

Vivir para ver. La misma agencia que empujó a los gobiernos a aplicar esos planes de austeridad bajo la amenaza de degradar la calificación de su Deuda y hacer imposible que se financiaran en el mercado, ahora culpa a esas políticas restrictivas de agravar la situación.

Pero aunque sea el pirómano el que denuncia los efectos del incendio, no por eso deja de tener razón cuando nos la da a los que venimos diciendo desde hace tiempo que a los mercados les preocupa más el crecimiento que los déficits.

Como también tiene razón S&P cuando señala que el problema es el excesivo endeudamiento privado y las divergencias de competitividad entre los países del núcleo duro del euro y los países llamados periféricos. El mayor problema ya no es el déficit público sino el deficit comercial que obliga a un endeudamiento exterior. Por eso, los países a los que S&P ha rebajado más la nota en los últimos tres años son aquellos cuya balanza de pagos es más deficitaria, fiel reflejo de sus problemas de competitividad.

Y eso es lo que justifica, según S&P, la rebaja de la triple A de Francia. La balanza comercial francesa era superavitaria hasta 2005, pero desde entonces va aumentando sus déficits y perdiendo partes en las exportaciones dentro de la zona euro.

A la degradación de su calificación Sarkozy ha respondido con acentos “gaullistas” clamando en Madrid que “la política de Francia no la dicta S&P ni ninguna agencia de notacion”. Digo acento “gaullista” no por eso de la “grandeur” ofendida, que también, sino porque algo así ya había dicho De Gaulle en otra de las crisis monetarias europeas: “la política de la France no se hace en la “Corneille”, que es como en el argot parisino se denomina a la Bolsa. Pues sí “mon general”, su política también tuvo que tener en cuenta lo que dicen las Bolsas, lo que ahora llamamos los mercados de capitales. Como la tuvo que tener en cuenta Mitterrand, a quien “los mercados”, entonces menos globalizados que ahora también obligaron a cambiar de política, tanto o más que a Zapatero. Y le guste o no a Sarkozy, también tendrá que tener en cuenta lo que le dice S&P.

Quizá por eso de vuelta a París ha anunciado un plan de relanzamiento de la economía. Es lo que a fin de cuentas le piden los intérpretes de los mercados. Loado sea Dios y gracias le sean dadas a S&P por confirmar el error de diagnóstico que algunos veníamos señalando. Claro que es posible que el cambio de rumbo de Sarkozy, aunque sea poco y tarde, esté influido porque está a cien días de las elecciones y el paro no deja de subir.

Ahora solo queda convencer a Merkel. Es difícil pero a ello se está aplicando de forma remarcable y convincente el primer ministro italiano Mario Monti, un personaje que puede ser clave en cambiar el rumbo de salida de la crisis.

Monti le ha dicho claramente a Merkel que es su interés bien entendido utilizar su fuerza económica para abaratar el coste de financiación de los países del sur porque si los ciudadanos de los países sometidos a curas de austeridad no ven que algo cambia y que sus esfuerzos tiene sentido porque para algo sirven, se va a producir un “backlash”, un rebote de la población contra esas medidas, contra Europa y contra Alemania.

Y ese algo que puede cambiar de forma rápida son los tipos de interés que es la única forma de poder desapretar un poco el cinturón manteniendo la disciplina fiscal.

Muchos demonios se pueden despertar si seguimos empeñados en empujar suicidariamente a Europa hacia la recesión y a los europeos a la desesperación.