OPINION

Por IGNACIO MURO

Una gran derrota de la izquierda

Unos tirando de aquí y los otros de allá, unos demorándose y otros urgiendo, unos diletantes y otros ciegos, han impedido que naciera una politica solidaria ante la crisis. La izquierda en España ha salido derrotada. Los mercados han impuesto a España sus peores recetas.

NUEVATRIBUNA.ES
Lo ocurrido estos días ha significado, para algunos, el nacimiento de un gobierno economico en Europa. Si es así, maldigo este gobierno que circunscribe la estabilidad al déficit público y deja su gobernanza en manos de instituciones (el Banco Central europeo, el ECIFIN) insensibles a la actividad y el empleo.

Si malo es que renazca la idea del Gobierno europeo asociado a pautas tecnocráticas y financieras cuando tocaba salir de una crisis provocada por esas mismas pautas, peor es su consecuencia: que tambien los gobiernos nacionales han perdido la aútonomía política que, hasta ahora, conservaban.

Desde ahora, no solo no tenemos politica monetaria, tampoco tenemos politica fiscal ni podemos decidir sobre los gastos publicos ni los impuestos. En el momento en que estaba por definir qué alternativa era más adecuada para la crisis, se imponen unos límites que impiden que los gobiernos decidan sobre la mejor eleccion para sus ciudadanos, a qué ritmo descender el déficit para que la actividad no decaiga, sobre quién hacer recaer el peso de los sacrificios.

Y lo que es peor: es la izquierda en España, Portugal, Grecia, Inglaterra, la que se muestra en primera persona para trasladar, cual boxeador noqueado, el discurso que debe transmitir. “Le han impuesto una tarea, le han marcado unas cifras y le han fijado unos plazos” ha dicho Rajoy a Zapatero. Exacto por una vez.

Decía en la anterior entrada de mi blog, referido a Zapatero: el riesgo está claro: ese no saber qué hacer y la intensidad de la crisis le puede llevar a asumir el trabajo sucio a la derecha y “los mercados”. Y concluía: si es la izquierda la que se quema en las políticas más duras sin encontrar una salida posible y adecuada, no se recuperará en mucho tiemrpo.

La derecha está feliz. Y, lo que es peor, parte de otra izquierda también: Zapatero se debilita, el PSOE se debilita. El coordinador de IU resolvía los problemas de España diciendo que la solución está en aumentar los impuestos a las rentas más altas y la inspección para acabar con la economía sumergida. La misma receta de siempre, un brindis al sol, una postura estética que no va al fondo de nuestros problemas urgentes. Acabar con la economía informal (agricultura, empleo doméstico, chapuzas y reformas) es una tarea a largo plazo que, además, afecta sobre todo a los autónomos y a todos los sumergidos por la propia externalización del tejido productivo. ¿Es eso la solución urgente a la crisis de deuda provocada en los mercados?

La realidad es que, unos tirando de aquí y los otros de allá, unos demorándose y otros urgiendo, unos diletantes y otros ciegos, han impedido que naciera una politica solidaria ante la crisis. La izquierda en España ha salido derrotada. Los mercados han impuesto a España sus peores recetas. Voluntariamente, el gobierno de Zapatero, uno de los más resistentes a los consensos neoliberales, ha asumido un ajuste social para impedir el sobrecoste financiero de nuestro endeudamiento. Una deuda de casi dos veces su PIB convertía en 15.000 millones cada punto de subida de extratipos, por primas de riesgo. Los mismos que el valor del ajuste asumido.

"Muerto el perro, se acabó la rabia". Con esta frase ha concluido la intervención de Erkoreca, representante del PNV. Quizás la izquierda debilitada y derrotada pueda simbolizar el perro, pero ¿se acabo la rabia con estas medidas? ¿Mejorará la situación de las familias? ¿Mejorará la actividad y el empleo?

Desgraciadamente y esto es lo peor, ésta no es la solución para esta crisis. Lo veremos muy pronto. Esas politicas acentuarán la recesión y el paro en toda Europa.

Ignacio Muro Benayas es economista y profesor de periodismo en la Universidad Carlos III. Autor de “Esta no es mi empresa” (Ecobook, 2008).

Poco a poco el mundo de mentiras y “constantes conspiraciones” en el que viven algunos se desmorona como un castillo de naipes

COMPARTIMOS LO EXPRESADO POR NUESTROS COMPAÑEROS DEL BLOG DEL H.M. NARANCO … VER

La posición de la FSSA frente al SESPA que va camino de no ver la luz nunca

De un irreverente a los muchos muditos de esta ¿organización?...

Esperpéntico, ridículo, absurdo, ingenuo con mala fe, gilipollesco …¡¡ se me acaban lo epítetos!!, pero no por falta de vocabulario, sino por la falta de convicción en que por más calificativos que ponga aquí, quizá con más erudición, alguien los entienda o los entienda apropiados…

Me explico: Hace 11 días, más en concreto el 22 de abril, la FSSA convocaba un Consejo Regional (máximo órgano de dirección regional de la rama) para, entre otras cosas, determinar la actitud a tomar frente al “incumplidor y traidor” SESPA…

El máximo órgano de dirección regional, como no podía ser de otra manera, votó una propuesta de Resolución declarativa, a instancia de su Secretario General, que marcaría un antes y un después en esta acuciante situación… (supongo que no hace falta ilustrar la situación en cuestión…). Elementos justificativos no nos faltaban …¡¡con los traidores (a los acuerdos firmados) y falsos empresarios (ningún interés en el global del sistema) nada!!, esa era la cuestión, poco más o menos…

Ninguna sorpresa en la actitud de los “representantes” de los centros de trabajo presentes – al resultado de la votación me refiero -, veintitantos a favor, cuatro abstenciones y uno en contra … Y ese uno en contra es el que os cuenta esto después de 11 días de “mutis por el foro” de los que votaron a favor…

¿Pero qué votaron?

Ah! eso es la pregunta del millón…

La verdad es que yo no lo se muy bien, por eso no os lo puedo contar, aunque deberíais en cada centro de trabajo o Sección Sindical pedirles explicaciones a los que dicen representaros como afiliados o como trabajadores y votaron a favor de  …??

Me he pasado 10 días esperando a que se hicieran pública – en el interno y en el externo del sindicato, como se afirmó – la famosa Resolución votada. Y dichos días los he pasado esperando para decirle a mis representados por qué yo la había votado en contra… aunque sólo fuera por una sola y última vez y a renglón seguido reconocer que me supedito a la “mayoría democrática” y adoptar la actitud de cumplir lo que dicen aunque no lo comparta.

Pero resulta muy difícil ser disciplinado con lo que no se hace público, y más, intentar explicar frente a lo que se desconoce, por qué uno está en contra … y más aún, si cabe, explicarse ante los que uno intenta representar de verdad…

Han pasado, como ya he dicho, 10 días. La Resolución no ha visto la luz, ni interna ni externamente. Los que la votaron, como sinceramente creo que levantan el brazo por otras cuestiones ajenas a lo que se discute, no demandan su publicidad y les importa un pepino este silencio…

Y entre tanto, yo aburrido e irreverente como siempre he sido, me siento doblemente defraudado: por la poca valentía de los que someten a votación algo que luego no publican y porque, en definitiva, nos hacen perder el tiempo a todos…

Igual mañana o pasado, después de esta misiva … ¡¡JUA, JUA, JUA …!! hacen público algo de algo…

Si es así, para algo habrá servido este pataleo mio…

La corrupción de las palabras

Democracia en la boca de los neofranquistas

Por Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Castilla-La Mancha.

Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad pero, ¿dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones.

NUEVATRIBUNA.ES  

Las palabras pierden su significado cuando se hace un uso espurio de ellas y se convierten en instrumento de las más oscuras intenciones y deseos de quien las falsea, como ocurre cuando el mentiroso llama mentiroso al que dice verdad, verdugo a quien es víctima y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La derecha española está desde hace unos años dando triste ejemplo de cómo prostituir las palabras y usar el insulto en lugar de los argumentos. Produce estupefacción ver que los lideres del PP, después de que este partido votase sobre el Estatuto de Autonomía una cosa distinta en Madrid que en Toledo, acusen al gobierno regional manchego de estar 30 años mintiendo no se sabe muy bien sobre qué. Pero con las críticas a las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes del franquismo la cosa está llegando al disparate.

Resulta que según el sr. Rajoy, la sra. De Cospedal y la sra. Aguirre, además de los insultos, esas movilizaciones son “brutales”, ponen en peligro la democracia y no respetan ni la independencia judicial ni la separación de poderes. ¿Argumento? No hay, solo es así porque lo dicen ellos. Claro ejemplo de autoritarismo antidemocrático. Parece que lo democrático para ellos es no investigar el genocidio franquista. Lo democrático es convertir en reo al que intenta depurar responsabilidades por aquellos atroces asesinatos.

Esos mismos dirigentes no han dudado en alentar y asistir a manifestaciones contra el Parlamento cuando estaba tramitando algunos proyectos de leyes que no les gustaban o incluso cuando algunas leyes ya estaban aprobadas. Las Cortes son, no lo olvidemos, las representantes directas del titular de la soberanía que es el pueblo y a nadie se le ha ocurrido decir que esas movilizaciones eran antidemocráticas, sino todo lo contrario, ejemplo del uso del muy democrático derecho de manifestación. Pero para nuestra rancia derecha cuando son otros los que lo usan entonces hacen un uso antidemocrático de él. En el caso de los crímenes franquistas están diciendo que no se pueden hacer manifestaciones contra los jueces porque comprometen la independencia judicial. Dejemos de lado que en el pasado reciente altos exponentes de la derecha patria han descalificado y participado en movilizaciones contra decisiones de los tribunales (caso De Juana Chaos, caso Gúrtel, caso Yak43, etc…) y preguntémonos donde está lo antidemocrático de las movilizaciones que tanto critican ahora. Hay una pregunta elemental a hacer ¿de dónde viene el poder de los jueces y tribunales? La respuesta en un sistema democrático como el que se dice tenemos no puede ser otra que del pueblo. Lo mismo pasa con el ejecutivo. Si se llevan a cabo movilizaciones contra el ejecutivo y contra el legislativo ¿por qué razón no pueden hacerse contra el judicial? ¿Es eso negar su independencia? No, con esas movilizaciones se cuestionan actuaciones concretas.

Los tribunales de justicia todos los días resuelven miles de pretensiones de los justiciables con arreglo a su buen saber y entender y no parece exacto que la justicia, a pesar del éxito mediático de la frase, “sea un cachondeo”. De algunas o de muchas decisiones judiciales se puede discrepar y la comunidad jurídica manifiesta su disenso con la crítica fundada que sirve para el mejoramiento del derecho. Pero hay casos en los que algunas resoluciones judiciales conmueven la sensibilidad y el sentido de justicia de miles de personas mas allá de la comunidad jurídica y, entonces, esas mismas personas tienen toda la legitimidad de manifestar su indignación ante lo que consideran un uso inadecuado de los poderes que el pueblo ha conferido a los jueces. Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad pero, ¿dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones cuanto menos por dos motivos, el primero porque a diferencia de los miembros del legislativo y del ejecutivo no pueden ser removidos de sus cargos por exigencias de su independencia e imparcialidad y, en segundo lugar, porque en nuestro sistema tienen la última palabra sobre muchas materias. Gozar de estas dos características de su función no les convierte en una especie moderna de señores de horca y cuchillo. En el caso Garzón muchas personas ven, entre otras cosas, precisamente un ataque a la independencia judicial que resiente la legitimidad de los tribunales.

La verdad es que la prudencia escasea entre los líderes de la derecha española que a lo que se ve, les sale toda su vena autoritaria y recurren al insulto ante los intentos de la gente de insistir en clarificar los crímenes del genocidio franquista y honrar a sus víctimas. Pero que califiquen como ataques a la democracia las recientes movilizaciones es el mismo disparate que las condenas por rebelión militar que hicieron los militares golpistas rebeldes contra quienes defendieron la legalidad republicana que todos (incluso los golpistas) habían jurado respetar. La democracia para ellos es sólo un vocablo de uso retórico en beneficio propio.

Por ENRIQUE TORDESILLAS

Garzón, la transición y la democracia

Es posible que Baltasar Garzón no sea un buen juez, incluso que se le deba retirar de algunas causas o invalidar determinadas pruebas, pero intentar apartarlo de la judicatura retorciendo las argumentaciones es inaceptable y si esto se produce en relación con casos relacionados con los crímenes franquistas y corrupción la lectura política es inequívoca.

NUEVATRIBUNA.ES

Es posible que Baltasar Garzón sea un mal instructor, que le guste ser juez estrella, que sea un personaje distante, soberbio (no es el único entre sus señorías) y que haya pisado muchos callos a lo largo de su carrera profesional, por lo que es comprensible que haya amplios sectores de la judicatura que no lo soporten.

Tampoco ha hecho muchos amigos en el ámbito político. La investigación del GAL le granjeó la enemistad de numerosos socialistas y quienes entonces lo elevaron a los altares y lo pusieron como paradigma de juez independiente, la derecha, ahora lo tienen en el punto de mira por osar ponerse del lado de las víctimas del franquismo y destapar los casos de corrupción del PP relacionados con la trama Gürtel.

Para colmo, Garzón ha cuestionado la validez de la Ley de Amnistía, lo que ha servido de base para poner en entredicho los límites de los pactos de la Transición y esto no ha gustado nada a algunos sectores de la izquierda, y no solo socialistas, que sigue defendiendo aquellos pactos y no entiende como gente que no vivió aquella época, puede dudar de la bondad de aquel proceso. Tampoco en estos sectores va a encontrar el magistrado muchos apoyos.

Ligar la investigación de Garzón con la Transición no tiene ningún sentido, y mucho menos defender ésta contra el magistrado o criticarla por apoyarlo. No sería justo valorar la Transición fuera de contexto, desde la perspectiva del año 2010. Quienes protagonizaron aquella etapa de la historia de España tenían una difícil papeleta y, con sus aciertos y errores, consiguieron algo fundamental: pasar de la dictadura a la democracia de forma pacífica.

Pero la Transición no supone el fin de la historia, sus protagonistas y defensores no pueden pretender que generaciones futuras acepten sus normas de manera acrítica. Y menos a la interpretación de la derecha que, en nombre de aquellos pactos, se opone a que los familiares de los asesinados por el franquismo puedan recuperas los restos mortales de sus seres queridos.

No creo que sea el momento de generar un debate sobre los límites de la Transición, no nos serviría de nada, pero sí que estoy convencido de que hay que seguir consolidando y ampliando la democracia y el proceso a Garzón (personaje que suma tantos rechazos) tiene algunos componentes preocupantes desde esta perspectiva.

A pesar de lo que diga el ministro de Justicia, a Garzón lo quieren juzgar por investigar los crímenes del franquismo. Ha sido en el proceso de investigación cuando ha chocado con la Ley de Amnistía que él, como muchos juristas internacionales, considera ilegal porque los delitos de genocidio ni prescriben ni se pueden amnistiar. Sin embargo, el ponente del Supremo convierte un debate jurídico en un delito de prevaricación.

Si el resultado final es que las organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias y Falange, se salen con la suya y se condena a Garzón, algún desajuste tienen la democracia y/o la justicia española. Y no porque España sea el único país europeo en el que es legal el partido que apoyó al dictador y, por lo tanto, tenga todos los derechos de cualquier organización, tendremos un problema porque se habrá producido la victoria política de los herederos de Franco (después de 35 años muerto), cuyo sentimiento de impunidad será insoportable.

La otra acusación por prevaricación es por algunas de las escuchas del caso Gürtel. A pesar de que dichas escuchas están avaladas por otros jueces y la fiscalía, es decir, que son de una legalidad al menos interpretable, se acusa a Garzón, a instancias de la trama corrupta relacionada con el PP, no de equivocarse, sino de incumplir la ley sabiendo que lo hacía.

Es posible que Baltasar Garzón no sea un buen juez, incluso que se le deba retirar de algunas causas o invalidar determinadas pruebas, pero intentar apartarlo de la judicatura retorciendo las argumentaciones es inaceptable y si esto se produce en relación con casos relacionados con los crímenes franquistas y corrupción la lectura política es inequívoca.

En relación con este caso, la mejor manera que tenemos de defender la democracia es apoyar sin reservas al juez Garzón.

Enrique Tordesillas es colaborador de El Periódico de Aragón y Radio Zaragoza y miembro del Observatorio de la Fundación 1º de Mayo "Sindicalismo y cambio en el mundo del trabajo".

A propósito del acto del día 13 en apoyo al Juez Garzón. Por Rodolfo Benito Valenciano

Un acto democrático, en una sociedad democrática

Las personas que participaron en el acto del día 13, no hicieron sino uso de su derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, y dijeron lo que consideraron que tenían que decir. Y lo dijeron alto y claro, en un lugar, el ámbito universitario, lugar natural del pensamiento libre, al igual que de la palabra y donde la racionalidad debe estar por encima de fanatismo y el oscurantismo.

NUEVATRIBUNA.ES

CCOO y UGT organizamos el pasado día 13 de Abril un acto netamente democrático en la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo de presentar la Declaración en Apoyo al Juez Garzón, y dejar clara la postura de los sindicatos acerca de lo que consideramos una decisión judicial, políticamente muy contaminada, profundamente injusta, además de inapropiada, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: la de admitir a tramite la denuncia contra el juez Garzón.

El movimiento sindical, CCOO y UGT, hemos contribuido de manera decisiva a la construcción del Estado democrático que hoy es España, y es por ello que respetamos profundamente a todas las Instituciones del Estado de Derecho, por supuesto, también respetamos las Instituciones e instancias judiciales; un respeto que tal vez sea mayor que el que manifiestan algunos de sus miembros consigo mismos y con esas propias instituciones. No es necesario darnos lecciones de democracia.

La algarada que se ha materializado a raíz de la celebración del acto era, en cierta medida, previsible: acostumbrados a una creciente impunidad, quienes confunden normalidad democrática con el “todo vale” consideran inconcebible que el sistema de valores en que se sustenta la democracia real siga en pie, tenga vigor y coraje, sume voces y articule discurso, un discurso necesario.

Las personas que participaron en el acto del día 13, no hicieron sino uso de su derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, y dijeron lo que consideraron que tenían que decir. Y lo dijeron alto y claro, en un lugar, el ámbito universitario, lugar natural del pensamiento libre, al igual que de la palabra y donde la racionalidad debe estar por encima de fanatismo y el oscurantismo.

Porque, efectivamente, CCOO y UGT consideramos que la situación por la que se ve afectado el Juez Garzón no es sino el síntoma de una situación de extrema gravedad que afecta, de manera creciente a las esencia misma de un sistema democrático por el que, reitero, el movimiento sindical ha luchado en el pasado y para el que el movimiento sindical trabaja en el presente y continuará haciéndolo en el futuro.

El que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no tenga claro que un juez tiene el derecho y la obligación de interpretar la ley según su criterio fundado, y en función de ello, admita a trámite la denuncia por prevaricación al juez que hace una interpretación de la ley, que no se ajuste a determinados intereses o ideologías políticas, supone implícitamente una exigencia de interpretación univoca a todos los jueces; proponer la expulsión de la carrera judicial, bajo acusación de prevaricación, a todos aquellos jueces que disientan de la interpretación que otros consideran correcta, es una perversión del propio sistema judicial.

Esto nos preocupa, porque no podemos consentir que situaciones como la que se están produciendo tomen carta de naturaleza. Porque si esta tesis se impone, supondría negar la función jurisdiccional a los jueces y obligarles a ser meros funcionarios que aplican el criterio jurisdiccional de otros; porque además ningún poder, ejecutivo, legislativo, ni por supuesto el judicial, está libre del control en una sociedad democrática. Porque una deriva así supone la insostenibilidad del propio sistema democrático.

Y no sólo lo decimos los sindicatos: es un clamor en la sociedad. Por eso el acto que se celebró el día 13 se convirtió en algo más: en una auténtica lección ética y moral que no debe caer en saco roto. La democracia es algo más que sus condicionantes formales; la democracia se mide por la garantía efectiva en el ejercicio de derechos fundamentales, y esa garantía tiene que tener en el sistema judicial su mejor y más potente herramienta.

Rodolfo Benito Valenciano - Secretario confederal de Estudios de CCOO. Presidente de la Fundación 1º de Mayo.

Héctor Maravall Gómez-Allende. Ex director general del Imserso y abogado experto en políticas sociales

 

 

«Algún día habrá que meter mano al gasto en las autonomías»

18.04.10 -FERNANDO DEL BUSTO [e-mail] | AVILÉS.

«El desarrollo de la Ley de Dependencia desde la Seguridad Social garantizaba más recursos, experiencia y homogeneidad»

Héctor Maravall Gómez-Allende Ex director general del Imserso y abogado experto en políticas sociales

La jornada sobre crisis y políticas sociales que la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés organiza el próximo jueves en el Centro de Servicios Universitarios contará como ponente principal a Héctor Maravall, uno de los mayores expertos de España sobre el apoyo a la dependencia y las políticas sociales.

-¿Cómo ve la aplicación de la Ley de Dependencia, que se planteó como la tercera ’pata’ del Estado del Bienestar?

-La tercera ’pat’a no es sólo la Ley de Dependencia, sino el sistema de Servicios Sociales. La Ley de Dependencia es una parte importante, pero no podemos olvidar el resto de aspectos: lucha contra la pobreza, drogadicción, apoyo a los discapacitados no dependientes, integración de minorías étnicas... Implica apoyar a personas en una situación seria de desventaja y que, en España, representan al 20% de la población. En relación a la Ley de Dependencia, el primer plan gerontológico, hace 25 años, ya advertía de su necesidad. Otros países europeos las aprobaron en los 90. Aquí llega con 10 años de retraso, aunque vale más tenerla que no. Llega tarde y, junto con la crisis económica, provoca que no tenga la dotación económica necesaria.

-¿Puede frustrar a la sociedad?

-Sí. También porque se vendió que iba a solucionar todos los problemas. Fue el proyecto estrella de la anterior legislatura y generó muchas expectativas. Otro problema es que su aplicación es muy sesgada. Se reconocen más prestaciones económicas que servicios. Con una prestación de 800 euros no consigues en la mayor parte de España una plaza residencial de mediana calidad. Y, frente al recurso, la administración ahorra la mitad.

-¿No hay un peso excesivo de las comunidades autónomas en el inicio de la Ley de Dependencia?

-La administración central propuso una fase inicial de implantación por la Seguridad Social. Pero tanto la CEOE como las autonomías lo rechazaron. Pensaban que iba a darles mucha cancha. El desarrollo desde la Seguridad Social garantizaba más recursos, experiencia en la gestión y un desarrollo homogéneo. Pero el deseo de marcar territorio de las autonomías frustró esa posibilidad. Es un error que está pagando el ciudadano.

-Estamos en crisis y se habla de recorte del gasto. ¿Empezamos por las políticas sociales?

-En primer lugar, nuestro gasto comparativo con los países de la Unión Europea anterior a la ampliación es inferior en siete puntos del PIB. En los diez años de crecimiento económico no aprovechamos para solucionar temas que se abordaron en Suecia, Alemania, Austria... Otros países sí y atenúan los efectos de la crisis. Además, no hay que olvidar que no es un gasto inútil, genera empleo: en Educación, Sanidad... Perciben pensión 8 millones de personas.

-¿Es el salario social una herramienta válida?

-El problema es que no existe una normativa estatal y cada comunidad ha legislado como ha querido. En cierta manera, es un caos. A principio de los 90 se vislumbró como una herramienta en la lucha contra la pobreza, pero quedó como algo marginal. Existen dos conceptos: la ayuda económica y los instrumentos de inserción social, para lo que necesitas una red pública de servicios. Muchas personas en situación de exclusión social no tienen sólo un problema económico, sino que necesitan otros apoyos: formación, vivienda... Aunque hay excepciones, en general es un instrumento residual.

-Escuchándole, la impresión es que las autonomía se portan como unos nuevos ricos.

-Cuando recibieron las competencias, lo primero que hicieron fue bajar la presión fiscal. Con lo que perdieron recursos. Y además reprodujeron a escala la estructura del Estado, con estructuras administrativas desorbitadas. Algún día habrá que meter mano a eso, aunque no es políticamente correcto decirlo. Pero la crisis nos obligará, porque la estructura no corresponde al nivel de desarrollo del país: autonomías con dos televisiones públicas o con menos población que algunas capitales y toda una estructura administrativa.

-¿Habría que pensar en unos segundos pactos de La Moncloa?

-La situación es grave, pero no afecta por igual a toda la población. Una parte no sufre la crisis, sólo la ve por televisión, de lejos. Basta con ver las estadísticas de venta de coches o los yates amarrados en puertos deportivos. Eso no pasa en Holanda o Austria. Una parte de la población vive muy bien, por encima de otros países. En el 78, la situación era crítica: la estructura económica desfasada, problemas muy graves en formación, la administración pública no funcionaba... No son necesarios unos pactos de La Moncloa, sólo un mayor rigor entre las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo en 4 ó 5 puntos. Aunque en lo que llevamos de crisis no han pactado 2 ó 3 medidas.

-¿De qué materias clave hablamos?

-Es fundamental la política de I+D. Es el único ámbito donde se competirá. El apoyo y gasto público es ridículo. También es necesario mejorar la formación. Llevamos 10 años desayunando con problemas de educación y no se mete mano. Hay universidades en todo el país y nos embroncamos con problemas ideológicos secundarios, como Educación para la Ciudadanía, pero falta un plan para mejorar la calidad de la enseñanza. Y las infraestructuras. Aún no estamos conectados con ferrocarril con Milán, París, Frankfurt. Llegamos en AVE a Valladolid, pero no a los grandes mercados. Y los puertos pierden peso. Hace quince días el gobierno presenta un plan de infraestructuras y no lo cuenta. Es algo increíble. Y, por último, es necesario reformar el mercado laboral para dar flexibilidad a las empresas y seguridad a los trabajadores. La UE ya ha resuelto ese tema hace 10 años y aquí aún debatimos sobre las cotizaciones.

-¿Y las políticas sociales?

-Parto de que están infradotadas. Hay que adoptar ciertas medidas, pero no es necesario un pacto de Estado, son medidas racionales. Como las pensiones de viudedad. La situación de las viudas no es hoy la de hace cuarenta años y se pueden corregir algunas cosas. Se pueden tomar medidas en el gasto farmacéutico, en las dotaciones tecnológicas de los hospitales, porque no es racional que todos tengan en una provincia los mismos equipamientos con niveles de baja utilización... Pero todos los millones que ahorremos no servirán de nada si no se resuelven antes los problemas principales.

-¿Y la inmigración, qué respuesta se le da en tiempo de crisis?

-Tenemos un 11% de población que no es excesivo en comparación con otros países como Francia. El problema es que hace unos pocos años no había. Llegó muy rápido y muy concentrada. En Asturias, con un 4,20% es posible trabajar, pero en el cinturón industrial de Madrid o Barcelona, con porcentajes del 20% de población inmigrantes, es asumible con dificultad. España tiene una complicación: su inmigración es muy diversa y eso hace muy complejo trabajar con ella. Los inmigrantes buscan trabajo y si no hay, el flujo irá a otros países que salgan antes de la crisis. Existe un problema: el paro se concentra en sectores como la construcción, que tardará más en salir de la crisis. El paro de larga duración será un problema.

«Atender a 30 niños al día no es problema, pero atender a 60 es una monstruosidad»

«El gran inconveniente de la obesidad infantil es que es una enfermedad que en su inicio no presenta síntomas, la familia percibe sólo la estética»

Begoña Domínguez, ayer en Oviedo. jesús farpón

BEGOÑA DOMÍNGUEZ Presidenta de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria

La Nueva España. Oviedo, Eduardo GARCÍA

-¿Cuántas consultas pediátricas de atención primaria se producen cada día en España?

-Somos unos seis mil pediatras en los centros de salud, más otros cinco mil en los hospitales. Cada pediatra de atención primaria puede ver todos los días una media que se aproxima a los treinta niños. Es fácil echar la cuenta.

-¿Asumible?

-Cuando hablamos de estadísticas no se refleja la realidad del colectivo. Treinta niños al día no son un problema, pero sesenta son una monstruosidad. Hay mucha descompensación, en determinadas zonas rurales las consultas son pocas, puede que en ocasiones no lleguen a la veintena, pero la inmensa mayoría de los pediatras que trabajan en áreas urbanas están sobrecargados. En las ciudades dormitorio de alrededor de Madrid, por ejemplo, no hay un pediatra que baje de las 40 consultas diarias. Terrorífico. Te pasas al menos dos meses de invierno en que el trabajo es poco menos que incompatible con una vida normal del médico.

 

Begoña Domínguez Aurrecoechea es asturiana y presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Ha sido nombrada hace tan sólo dos meses, aunque el nuevo cargo no la aleja, dice que por fortuna, de su consulta en el centro de salud de Otero, en Oviedo. Estos días participa en la IX Reunión Anual de la Asociación Asturiana de Pediatría, que se está celebrando en la capital del Principado.

 

-¿Cómo se puede ver a sesenta niños enfermos en una mañana y no morir en el intento?

 

-Es una cifra a la que muchos pediatras de atención primaria llegan en algunos días. Bueno, se trata de empezar a trabajar a las ocho de la mañana y, por supuesto, en la mayoría de los casos no terminar a las tres de la tarde, y seguir hasta que haga falta. El problema es que no da tiempo ni para pensar, porque es que tienes frente a ti a un paciente que, según la edad, no puede explicar lo que le pasa, y a un familiar que va con él y que está condicionado, angustiado en ocasiones.

 

-¿La pediatría requiere una «segunda vocación», además de la de médico?

 

-Yo creo que los pediatras somos gente generosa, preocupada por la vulnerabilidad que se percibe en nuestros pacientes. Es curioso, pero cuando hablamos entre pediatras siempre mencionamos a «nuestros niños», que es una forma de expresar cierto grado de sentimiento. No son hijos nuestros, pero son niños a los que atendemos desde el momento mismo de nacer hasta que cumplen 14 años. Y eso genera relación, empatía. A mí me ocurre que voy por la calle y la gente, madres e hijos, me saludan por el nombre de pila.

 

-Háblemos de la obesidad infantil.

 

-Es un problema grande, sí.

 

-Se hacen campañas y no creo que haya un solo pediatra en España que no esté en alerta, pero cada vez hay más niños obesos.

 

-En Asturias un 25% de los niños de 13 años tiene sobrepeso u obesidad. Y un 19% ya a los tres años. El asunto de la obesidad es multifactorial, es decir, que depende de los hábitos familiares y las políticas sanitarias, pero también de la tradición cultural, de la presión del entorno o las necesidades económicas de la familia. Desde el ámbito de la salud sólo tenemos un pequeño porcentaje de intervención.

 

-¿Percibe desde su consulta un mayor interés por parte de los padres ante el problema?

 

-El gran inconveniente es que estamos ante una enfermedad que en sus comienzos no presenta síntomas visibles. Esto no da dolor, ni malestar ni fiebre. Es lo que llamamos una enfermedad silente, y la familia percibe sólo el componente estético. Muchos niños ni siquiera eso. Lo que percibe el niño es la burla de sus compañeros, la tomadura de pelo en el colegio por culpa de sus kilos de más.

 

-Esa burla, ¿puede ser el principio de una solución?

 

-Casi nunca, porque está demostrado que el rechazo de los demás no suele generar sentimientos positivos en la línea de «voy a solucionar mi problema». Más bien al revés, el rechazo da en violencia, en depresión.

 

-¿Es bueno dejar a un niño con hambre?

 

-Una cuestión de orden: vamos a cambiar la palabra hambre por la de apetito. El hambre es un concepto negativo. Tenemos que levantarnos de la mesa con un poco de apetito, y eso vale para los adultos y para los niños. Pero es que cambiar la mentalidad de los adultos en este terreno es complicado. Los pediatras nos solemos poner en guardia cuando una madre nos dice eso de «qué bien me come» porque muchas veces no es que el niño coma bien, sino que come mucho. Frente a la obesidad se necesitan normas claras desde el período de lactancia.

 

-¿Algún consejo para padres desesperados?

 

-Cuando nos encontramos con un niño que come demasiado y que tiene tendencia al sobrepeso es preciso crearle sensación de saciedad sin necesidad de que coma tanto. Por ejemplo, habituarle a masticar más lento y a no tragar como los pavos. Y reducir el tamaño de los platos. Y la fruta al final, fundamental. Dos o tres piezas como complemento de la comida, en vez de acabar de llenarse con pan.

 

-¿Incluso a un lactante hay que dejarle con apetito?

 

-Los lactantes suelen regularse muy bien. Comen lo que necesitan, otra cosa es que acudan al reflejo de la succión, pero más por placer que por hambre. Hay padres que piensan que cuando un bebé lloriquea o se muestra incómodo es por hambre cuando a veces es justo al contario.

 

-Otro problema: el niño que no come ni a tiros.

 

-Los malos comedores se suelen dar en esa edad de preescolar o primera escolarización donde, además, los niños cogen una decena de procesos infecciosos al año. Hay que tener en cuenta que en la vida del niño hay etapas de crecimiento más intenso que otras. Etapas en las que es necesario mayor o menor ingesta.

 

-Yo me refiero a los recalcitrantes, a los del «no como, no como y no como».

 

-El niño usa habitualmente las comidas para llamar la atención, son los padres los que deben evitar entrar en guerras. Nunca se puede utilizar la comida como premio o como castigo con cosas como si te comes esto te doy un dulce o si no te lo comes vas a la cama castigado. Que el niño regule: ¿no tienes ganas de comer? Pues a ver si en la próxima comida te comes lo que ahora no quieres, cariño.