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PRENSA

Sinceramente esperaba más del SIMPA, algo así como que el Comité de Huelga se hace exclusivo responsable de lo acontecido bla, bla, bla…, máxime si como dicen es todo falso… ¿o será que no lo es?

Sinceramente esperaba más del SIMPA, algo así como que el Comité de Huelga se hace exclusivo responsable de lo acontecido bla, bla, bla…, máxime si como dicen es todo falso… ¿o será que no lo es?

El Simpa ofrece su apoyo a los médicos expedientados y acusa al Sespa de buscar el descrédito

15.11.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El Sindicato Médico (Simpa) ofreció ayer su apoyo a los 13 facultativos expedientados por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) por haber abandonado supuestamente los servicios mínimos el pasado viernes, durante la celebración de una de las jornadas de huelga médica. A través de un comunicado, la central adelantó que ponía a disposición de estos profesionales su asesoría jurídica para «contrarrestar la campaña de descrédito emprendida por la Administración». El Simpa considera que «el anuncio de expedientes por parte del Sespa sólo puede interpretarse como una huida hacia adelante ante la falta de capacidad o de voluntad para llegar a acuerdos».

En este sentido, el Simpa señala que «defenderá tanto en vía administrativa como judicial a los médicos expedientados que así lo soliciten. Indica, a su vez, que «es radicalmente falso, tal y como señala la gerente del Sespa, Celia Gómez, que los facultativos de mínimos abandonaran sus puestos de trabajo». Finalmente, el Simpa acusa a Gómez de responder con «una pataleta ante el anuncio del Sindicato Médico de querellarse contra la directora médica del HUCA.

El SIMPA defenderá a los médicos de servicios mínimos expedientados por el Principado

La sanidad pública regional vivirá hoy una jornada sin huelga, pero las partes en conflicto no han favorecido ningún encuentro negociador

Oviedo, P. R., en La Nueva España

La sanidad pública regional vivirá hoy, jueves, un día de normalidad, siempre en un contexto de conflicto, ya que la propuesta de organización de la nueva jornada laboral mantiene enfrentados al Servicio de Salud del Principado (Sespa) con el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) y el resto de sindicatos sanitarios, exceptuando a UGT. La de hoy, sin convocatoria de huelga, sería una buena jornada para reanudar las negociaciones, tras al recrudecimiento del conflicto de los últimos días, pero ayer no se había establecido ningún contacto entre las partes.

El Sindicato Médico hizo público un comunicado en el que asegura que defenderá, «tanto en vía administrativa como judicial», a los médicos que sean expedientados por el Servicio de Salud. «El Simpa pondrá a su disposición su asesoría jurídica para contrarrestar la campaña de descrédito emprendida por la Administración del Principado», se señala.

El pasado martes, la gerente del Sespa, Celia Gómez, anunció la apertura de expedientes a nueve médicos por el abandono de los servicios mínimos, aunque no descartó que la cifra se ampliara a otros facultativos, calificando este comportamiento de «acto de extrema gravedad».

Según relató en una rueda de prensa, la pasada semana se registraron «algunos casos puntuales» de enfermos oncológicos y preferentes cuyas intervenciones fueron aplazadas por falta de anestesistas y radiólogos, especialistas que calificó de «estratégicos» en el funcionamiento hospitalario.

Desde el Simpa se había anunciado que el sindicato presentará una querella criminal contra la dirección del HUCA, a la que acusan de conculcar el derecho de huelga por no permitir que médicos que no siguen el paro pudieran sustituir a otros de servicios mínimos que sí querían secundarlo.

«El anuncio del Sespa de expedientar a médicos de mínimos sólo puede interpretarse como una huida hacia adelante ante la falta de capacidad o de voluntad para llegar a acuerdos», asegura el Simpa.

Los pacientes son los que están padeciendo las consecuencias del conflicto. La Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada ha recibido varias quejas, pero según declara su presidenta, Susana Pérez Alonso, «los afectados son reacios a ponerlas por escrito».

«Vamos para atrás, ahora ni siquiera nos atrevemos a denunciar, algo que no ocurría hace unos años», añade. Pérez Alonso lleva dos meses solicitando la reunión del Consejo de Salud del Principado para tratar de analizar desde ese ámbito el problema de una huelga «que está perjudicando gravemente a la sanidad pública asturiana».

La presidenta de la Asociación de Usuarios mantuvo una reunión hace semanas con el Sindicato Médico y otras asociaciones, en un intento de buscar puntos de encuentro que evitaran el conflicto. «Hice una serie de propuestas, me dijeron que les parecía bien, y hasta hoy», explica.

El daño que está causando el conflicto se verá en las listas de espera de los meses de octubre y noviembre, dicen los sindicatos.

La huelga

Las jornadas que faltan de paro

Sindicato Médico: días 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de noviembre. En total han convocado doce días de paro este mes, que se suman a los nueve del pasado octubre.

CC OO, SATSE, USAE y SICEPA-USIPA: días 20, 22, 27 y 29 de noviembre, que se suman a los diez de octubre y primeros días de este mes.

En este momento no existe ningún calendario de negociación entre el Principado y los sindicatos.

Lo que no publicamos ayer por la Huelga General:

El Sespa considera un «acto de extrema gravedad» abandonar los servicios mínimos

La gerente del Servicio de Salud, Celia Gómez, anuncia expedientes disciplinarios y el Sindicato Médico la acusa de mentir «deliberadamente»

Oviedo, P. R., en La Nueva España

La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Celia Gómez, calificó ayer de «acto de extrema gravedad» el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de la sanidad pública asturiana. Celia Gómez anunció la incoación de expedientes disciplinarios contra nueve facultativos y la apertura de otros en fase previa. E hizo una advertencia: «El Sindicato Médico no podrá protegerlos». El abandono de los servicios mínimos se considera una falta muy grave y puede ser castigada hasta con la separación del servicio, apuntó Juan Serra, jefe del servicio jurídico de la Consejería de Sanidad, que compareció junto a Gómez y Aquilino Alonso, director de Servicios Sanitarios.

Las acusaciones entre las dos partes en conflicto, que no la negociación, protagonizaron la quinta de las doce jornadas de huelga convocadas para este mes por el Sindicato Médico de Asturias (Simpa), tras las nueve del pasado octubre. Los pacientes continúan siendo los grandes perjudicados. Celia Gómez admitió ayer que el Sespa tiene constancia de «algunos casos puntuales» de enfermos oncológicos y preferentes cuyas intervenciones fueron aplazadas la pasada semana, debido, sobre todo, al abandono de los servicios mínimos por los que denominó «grupo de profesionales de servicios estratégicos», sobre todo anestesistas y radiólogos.

La gerente del Sespa y el responsable jurídico comparecieron para desmontar lo que definieron como «inconsistentes argumentos» del Sindicato Médico, que anunció una querella criminal contra la directora médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por lo que considera una «conculcación del derecho constitucional a la huelga».

Según explicó Juan Serra, la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 en la que ampara su argumento el Simpa, que dice que la empresa está obligada a sustituir a quien quiera abandonar los servicios mínimos estando designado para ellos, se basa «en tres líneas sacadas de contexto» y corresponden a un fallo sobre una huelga en una empresa de transporte en la que sus responsables llamaron a trabajar a todo el comité de huelga».

Serra añadió que la jurisprudencia que no cita el Simpa, del Supremo y del Constitucional, «es justamente contraria» a ese argumento, porque «no reconoce el derecho de los trabajadores de los servicios mínimos a abandonar su puesto de trabajo».

«Cualquier sustitución de los trabajadores de servicios mínimos debe ser previamente autorizada y obedecer a causas excepcionales», añadió Celia Gómez. En ningún caso puede ocurrir lo que sucedió el pasado viernes y el lunes, en que «un numeroso grupo de profesionales, dirigidos por el comité de huelga, decidió abandonar su puesto de trabajo», apuntó la gerente.

Por su parte, el Sindicato Médico, en sendos comunicados enviados a los medios de comunicación, acusa a Celia Gómez de mentir «deliberadamente» y dice que el sindicato demostrará ante los tribunales que «los médicos de mínimos no se han ausentado de sus trabajos». Considera el SIMPA que las palabras de la gerente tratan de «criminalizar» y «amedrentar» a los facultativos y que «ambos objetivos están abocados al fracaso».

Asimismo reprochan al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, que trate de «instrumentalizar a los pacientes» con sus manifestaciones del pasado lunes en la Junta General, en las que acusaba a su vez al Simpa de intentar colapsar las urgencias hospitalarias. «Los pacientes están recibiendo la mejor atención posible en un contexto de conflicto sanitario», asegura el colectivo sindical, que añade que los médicos en huelga «están cumpliendo escrupulosamente los mínimos decretados por la autoridad gubernativa».

Pese al reiterado cruce de acusaciones, el Sespa volvió a hacer una nueva llamada al diálogo para resolver un conflicto que tiene como causa principal la nueva regulación de la jornada laboral. «Nuestra puerta sigue abierta. El Simpa debe dejar de poner excusas», subraya Celia Gómez.

El Servicio de Salud reclama al Simpa que deje de poner excusas y vuelva a negociar para poner fin a la huelga

El Sespa lamenta no poder avanzar en la búsqueda de soluciones debido a la falta de interlocución del sindicato médico

WEB del P. de Asturias

La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Celia Gómez, pidió esta mañana (por ayer) a los dirigentes del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) que dejen de poner excusas y se sienten de nuevo en la mesa para dialogar con el objetivo de poner fin a la huelga cuanto antes.

Celia Gómez compareció en rueda de prensa junto con del director de los Servicios Sanitarios, Aquilino Alonso, y el Jefe del Servicio Jurídico del Sespa, Juan Serra, para explicar que los argumentos que utiliza la cúpula del Simpa para no sentarse a negociar son “absolutamente inconsistentes”. La gerente del Sespa recordó que el Simpa vincula la negociación con una supuesta vulneración del derecho constitucional a la huelga que, en el ámbito del Servicio de Salud, nunca se ha dado.

Esta supuesta vulneración de derechos a la que alude el Simpa se refiere a que el Servicio de Salud se ha negado a permitir que los médicos designados individualmente para cubrir los servicios mínimos puedan abandonarlos en cualquier momento de la jornada para sumarse a la huelga, cuando hay otros profesionales trabajando.

El Simpa fundamenta esta acusación en una sentencia del Tribunal Supremo del 2010, sobre cuya base ha llegado a anunciar querellas contra cargos directivos del Sespa que están cumpliendo escrupulosamente con la ley.

Sin embargo, esta jurisprudencia a la que alude el Simpa no existe. Toda su argumentación se basa en tres líneas sacadas de contexto de una sentencia que se refiere a una huelga en una empresa de transporte que no guardan paralelismo alguno con la huelga sanitaria.

Sin embargo, el Sespa dispone de abundante jurisprudencia a su favor de los tribunales Constitucional y Supremo sobre la gravedad del abandono de los servicios mínimos por parte de los trabajadores designados para realizarlos.

El Sespa destaca que lo que sucedió el pasado viernes en el HUCA, cuando un numeroso grupo de profesionales de servicios estratégicos del hospital decidieron abandonar los servicios mínimos no fue un caso aislado sino que actuaban dirigidos por la cúpula sindical del Simpa.

El Servicio de Salud de Asturias no puede dejar pasar estos hechos ni por su gravedad ni por haber sido instados desde el comité de huelga que precisamente tiene entre sus obligaciones la de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos.

El Sespa agradece a los trabajadores sanitarios que están actuando con responsabilidad en el conflicto, que son la inmensa mayoría de los facultativos del servicio público, su compromiso y profesionalidad en el cumplimiento de sus deberes profesionales durante el conflicto. Asimismo, el Sespa lamenta no poder avanzar en la búsqueda de soluciones debido a la falta de interlocución que está encontrando por parte del sindicato médico.

Sanidad remarca su "responsabilidad" ante los ciudadanos y los 15.000 profesionales del servicio de salud

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, ha remarcado este martes la "responsabilidad" con la que está actuando en el conflicto sanitario la Administración pública ante los ciudadanos y los 15.000 profesionales del Servicio de Salud (Sespa).

"Si alguien cree que operamos con oportunidad o de forma reactiva está haciendo un mal análisis", ha dicho esta tarde antes de participar en una charla-coloquio sobre la sanidad pública asturiana junto a la secretaria de Política Social de la FSA-PSOE, Elvira Muslera y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA) en la sede de la organización.

Blanco sostiene que desde el Principado se está abordando la situación de una forma "profesional" y "seria", por lo que pide a los representantes sindicales "la misma seriedad". "Nosotros estamos seguros de lo que hacemos", ha resaltado.

Así, ante las críticas del Sindicato Médico (Simpa) por las medidas disciplinarias abiertas por el Sespa para médicos huelguistas por abandonar los servicios mínimos y su intención de presentar una "querella criminal" contra la directora del HUCA "por conculcar derechos fundamentales", el consejero ha incidido en que desde el Sespa se ha querido "clarificar", con el soporte de los servicios jurídicos, la confusión que pudiera existir en relación al derecho a huelga. "Tenemos jurisprudencia que avala nuestra posición", ha afirmado.

Con todo, Faustino Blanco ha recordado que la responsabilidad del cumplimiento de los servicios mínimos es individual y, por tanto, "de todos y cada uno de los profesionales". "Nuestra intención es la del trato respetuoso con los profesionales y el cumplimiento del servicio", ha asegurado, explicando que "a la par del derecho de huelga está el amparo al derecho de los ciudadanos a ser atendidos".

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La presión social no debe cejar hasta la solución en profundidad y definitiva… esta vez no caben parches, apariencias ni dilaciones.

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Gobierno y PSOE terminan la reunión sobre desahucios sin acuerdo y con posiciones alejadas

El Gobierno se resiste a una reforma completa de la ley hipotecaria

Gonzalo Cortizo, ElDiario.es

Tras casi seis horas de reunión, el Gobierno y el PSOE han puesto punto final a su primer encuentro para pactar una ley que frene los desahucios sin llegar a ningún acuerdo. Según fuentes de la negociación, hoy martes seguirán los contactos para intentar buscar una solución legal al problema de los lanzamientos hipotecarios pero el primer intento ha terminado con posiciones muy alejadas entre ambas partes.

Durante toda la tarde de ayer desde Moncloa se ha ido deslizando la idea de que el Gobierno es contrario a reformar la ley hipotecaria, vigente desde principios del siglo pasado. Todo ello en un contexto en el que bancos y cajas han decidido paralizar las ejecuciones en marcha en los casos que ellos consideren de especial gravedad.

La reunión ha producido avances significativos, según fuentes del Gobierno, y todo lo contrario si la fuente es socialista. La clave pasa por el segundo nivel de acuerdos. Según las fuentes consultadas, el terreno está allanado para el decreto que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros del jueves pero nada se ha avanzado sobre la reforma de ley hipotecaria que el PSOE considera necesaria para encontrar una solución en profundidad.

Las negociaciones no se han roto y seguirán este martes.

Gobierno y PSOE se citan hoy de nuevo para pactar contra los desahucios

El PSOE afirma que ha habido avances, mientras el Gobierno habla de "acuerdos sustanciales"

El Ejecutivo va a proponer una moratoria de dos años para las ejecuciones en casos extremos

Carlos E. Cué / Vera Gutiérrez Calvo, Madrid, en El País.

La voluntad política es un concepto difícil de definir. Pero todos los que se mueven en el entorno de lo público acuden a él como un poder supremo: el que puede mover cualquier cosa. Nadie sabe bien cómo funciona, pero todos confían en ella. Desde la semana pasada, cuando se produjo un nuevo suicidio por un desahucio, la voluntad política se ha puesto en marcha a toda velocidad y en unos pocos días ha logrado cambiar algo que, tanto en los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero como en los primeros meses de Mariano Rajoy, parecía impensable: cambiar la legislación sobre los desahucios y las hipotecas en España, una de las más duras de Europa y con un siglo de antigüedad.

Dos equipos técnicos del Gobierno y el PSOE negociaron este lunes en La Moncloa una serie de reformas. Después de casi seis horas, según fuentes socialistas, no se pudo cerrar un acuerdo, aunque hubo muchos avances. La reunión seguirá este martes. Los socialistas quieren ir más lejos que el Ejecutivo, aunque parece que hay voluntad de pacto. Algunas de esas reformas que se ultiman son del código de buenas prácticas para los bancos, y otras son cambios legales importantes, que llevarán algo más de tiempo, pero cuya tramitación iniciará de urgencia el Consejo de Ministros del jueves a través de un decreto, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Hay acuerdo en concretar una moratoria para algunos tipos de desahucios. Pero el PSOE quiere además cambiar la ley hipotecaria para que nunca más se produzcan hipotecas abusivas. Y ahí el acuerdo parece más difícil.

En cualquier caso, en un fin de semana ha cambiado casi todo. No solo ha habido negociaciones dentro del propio Gobierno, entre los distintos ministerios, y con el PSOE, un partido que empujó al Ejecutivo al presentar una completa reforma de la legislación de desahucios. También ha habido diversas conversaciones entre el Ejecutivo y los representantes de bancos y cajas de ahorro. En medio de una enorme presión social, bancos y cajas dieron este lunes el primer paso y se adelantaron a los políticos, dando así la sensación de que se autorregulan, aunque la realidad es que ha habido muchas conversaciones por detrás, según fuentes políticas.

Lo que aún no está del todo claro es hasta dónde llegará ese freno a los desahucios en marcha. El PSOE ha apretado el acelerador. El Gobierno, que hace solo dos semanas dijo que solo habría modificaciones del código de buenas prácticas para que los bancos voluntariamente frenaran los desahucios, aceptó poco después la idea de que tiene que haber cambios legales. Eso llegó durante la reunión entre la vicepresidenta y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, el miércoles.

Sin embargo, el Ejecutivo, y en especial el Ministerio de Economía, quieren actuar con muchísima cautela. El riesgo de que la valoración de los bancos españoles se hunda o incluso la prima de riesgo se dispare —este lunes estaba en 450, aunque por otros motivos— con una reforma radical de la legislación de desahucios es real, señalan fuentes del Ejecutivo. El temor de Economía es que se generalicen los impagos.

La vicepresidenta, muy presionada por el drama social y convencida de que, en un momento en que se van a dar 40.000 millones en ayudas a la banca, este asunto puede acabar en un estallido social incontrolable, ha movido sus piezas para forzar reformas legales aunque con cautela.

El Gobierno no ha querido dejar que el PSOE ocupara este espacio político en un asunto tan sensible y ha decidido buscar un acuerdo con el principal partido de la oposición, aunque eso haya supuesto dejar fuera, en un primer momento, a todas las demás fuerzas y también a grupos de presión muy activos en los últimos años en el asunto de los desahucios, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Algunos de estos grupos que se quedan fuera, en especial IU-ICV, llevan años planteando medidas similares a las que ahora se van a aprobar y que tanto el PP como el PSOE votaban sistemáticamente en contra. Pero ahora la voluntad política ha cambiado y la presión social ha hecho girar a los dos grandes partidos.

El encuentro de este lunes es el segundo entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en la búsqueda de soluciones para este asunto: la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron el pasado 7 de noviembre frenar "cuanto antes" la situación de los desahucios en España. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, ha puesto en valor este lunes, mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se manifestaba ante la sede nacional del partido, que “Mariano Rajoy sea el primer presidente del Gobierno que quiera tomar decisiones” ante una situación que “viene de lejos”. Sin concreción sobre “el abanico de soluciones y de propuestas las que hay que poner encima de la mesa”, Cospedal se ha remitido a lo que decida el Ejecutivo y ha insistido en que cree que “se ha hecho lo más racional en este momento”. “Vamos a solucionar el problema”, ha asegurado, y para ello se ha convocado al principal partido de la oposición. “Hay muchas familias que están perdiendo sus viviendas y el Gobierno, que lleva 11 meses en La Moncloa, ha estudiado este tema con una sensibilidad social más allá del código de buenas prácticas”, ha recalcado, informa Francesco Manetto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también se ha pronunciado al respecto desde la Eurocámara de Bruselas. Guindos ha anunciado que el Gobierno adoptará medidas, de acuerdo con el PSOE, para que ninguna familia "de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis".  

Toxo y Méndez defienden la "presión social de la calle" ante los desahucios

nuevatribuna.es

Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO) y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han defendido este lunes la "presión social de la calle", demostrada, a su juicio, en el caso de la paralización de los desahucios para pedir el apoyo de la sociedad a la huelga general convocada para este miércoles, 14 de noviembre.

En un acto celebrado en Valladolid, ambos líderes sindicales han recordado que se trata de un paro "distinto" a los otros dos convocados desde que comenzó la crisis debido a su carácter europeo y a que "va más allá de lo meramente laboral".

Fernández Toxo ha pedido a aquellas personas que no puedan secundar el paro por estar desempleados o jubilados que "se sumen" a las manifestaciones convocadas en las principales ciudades españolas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el líder de CC.OO. ha reconocido que, aunque se trata de una jornada de protesta coordinada por la Conferencia Europea de Sindicatos, "va a ser más intensa en unos países que en otros", sobre todo "en aquellos del sur".

Por todo ello, Fernández Toxo ha subrayado que se tratará de una jornada "histórica" contra las políticas de austeridad implantadas en la Unión Europea, las cuales, "lejos de solucionar la crisis, la agrava". Unas políticas "impuestas por aquellos que no han elegido los ciudadanos" y que ha provocado que "incluso Alemania entre en recesión".

Asimismo, ha cargado contra la práctica de "aprovechar la crisis para deteriorar los derechos sociales" y que ha elevado el número de parados en toda Europa "hasta los 25 millones, casi seis de ellos en España", mientras que ha lanzado un mensaje al presidente de la CEOE, Joan Rosell, en el que le ha recordado que aquellos países que mejor soportan la crisis "son los que apuestan por el bien social", como los nórdicos.

"ECONOMÍA SUICIDA"

Fernández Toxo ha defendido la existencia de "motivos de sobra" para convocar la huelga, como el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ahondan en la "economía suicida", por lo que ha cifrado en medio millón los empleos que se pueden perder a lo largo de 2013 debido a estas cuentas.

Por su parte, Cándido Méndez ha defendido que el 14 de noviembre será un día "plenamente constitucional", ya que supone "afirmar y constatar" un derecho recogido en la Carta Magna, frente "al ninguneo y la agresión" de algunos sectores.

En este sentido, Méndez ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que reclamaba la prohibición de la protesta por su "carácter político" en virtud de un decreto vigente desde 1977.

El secretario general de UGT también ha cargado contra el Proyecto de Presupuestos, al cual ha calificado como "hacia fuera e irreal", puesto que "no se lo cree nadie" y ha llevado a que sean "enmendados de manera radical por la Unión Europea", con unas previsiones de déficit público "que no se van a cumplir", aunque ha advertido de que, hacia el interior, van a ser "muy reales" porque "son muy duros" pero "inútiles".

Por todo ello, ha alertado de la "catástrofe" y ha preguntado a Rosell de que si la patronal "todo lo arregla con la reducción del gasto público, de dónde han salido los avales y subvenciones para las entidades financieras". "En vez de sobreproteger a los acreedores de la banca, debería proteger a los más desfavorecidos para evitar situaciones desoladoras como los desahucios", ha comentado.

DECRETO "URGENTE"

En este sentido, tanto Méndez como Fernández Toxo han exigido al Ejecutivo, "si tiene sensibilidad", la aprobación "urgente" de un Real Decreto-Ley que paralice los desahucios, para lo cual han pedido la convocatoria "inmediata" de un Consejo de Ministros "extraordinario" que el secretario general de UGT ha reclamado que se celebre "si puede ser, mañana".

Fernández Toxo ha mostrado su "esperanza" sobre el futuro de los desahucios, aunque ha lamentado que "hayan tenido que producirse suicidios para que el Gobierno y la oposición negocien y muestren voluntad de cambio", a pesar de que "en los últimos años hayan rechazado las medidas propuestas por otros grupos parlamentarios".

Cándido Méndez también ha considerado "gravísimas" las cifras de inflación "en un momento en que la economía se desploma" y que ha achacado, por un lado, al aumento del IVA, y por otro, al "amplio margen de beneficios de las grandes empresas", que ha llevado "a que por primera vez el Banco de España haya tenido que pedir que se estrechen esos márgenes".

Ambos líderes han aprovechado para criticar el recorte en el empleo público y han criticado la "discriminación" que estos trabajadores sufren respecto a los del sector privado. Al hilo de esto, Fernández Toxo ha lamentado que el reglamento impida a estas personas "adherirse a medidas de flexibilidad interna o de suspensión de contrato", lo que deja "la extinción" como la única medida.

Por su parte, Méndez ha alertado de las recomendaciones del comisario europeo de Economía, Olli Rehn, para convertir en "permanentes" algunas medidas del Gobierno español, por lo que ha planteado la posibilidad de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy consolide la supresión de la paga extraordinaria de Navidad o de la amnistía fiscal, a la cual ha acusado de "fracaso" porque "es 150 veces más eficaz perseguir el fraude".

En este sentido, ha acusado a la Comisión Europea de ser "sorda y ciega" por "empeorar las previsiones económicas para España pero no llegar a la conclusión de que hay que cambiar estas políticas".

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Medidas de déficit, presupuestos, estabilidad … todo está interrelacionado y obliga a negociar.

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El PSOE confía en llegar a un acuerdo con IU y UPyD sobre las medidas urgentes del déficit

Foro y el PP destacan la inestabilidad y la soledad del Gobierno de cara a la negociación de los Presupuestos

Foto: Reunión de ayer de la junta de portavoces de la JGPA.

Oviedo, J. A. ARDURA

El PSOE confía en llegar a «un acuerdo» con IU y UPyD sobre las medidas urgentes para cumplir el objetivo de déficit. El Gobierno socialista había agrupado en una ley medidas en materia de personal y tributarias, que retiró el pasado viernes al no contar con el apoyo de los dos partidos que respaldaron con sus votos la investidura de Javier Fernández como presidente del Principado. Los dos partidos del centro-derecha, Foro y el PP, interpretan esa decisión como una señal de debilidad que pone al descubierto la inestabilidad y la soledad del Ejecutivo asturiano de cara a la negociación de los Presupuestos regionales del próximo año.

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, confirmó ante la Junta de Portavoces la decisión del Gobierno asturiano de suspender la tramitación de la ley de medidas urgentes, una situación ante la que caben «distintas alternativas», tales como la presentación de un nuevo proyecto de ley o la inclusión de algunas de esas medidas en decretos. Los socialistas, sostiene Lastra, están convencidos de poder «llegar a un acuerdo mayoritario con las dos fuerzas políticas que apoyaron la investidura». El portavoz socialista indicó que muchas de las medidas contenidas en el proyecto retirado «no necesitaban una ley», pero admitió que el Gobierno optó por esa fórmula para «reforzar» su posición. Fuentes sindicales señalaron días atrás a este periódico que la inclusión de esas normas en una ley restringe de manera notable las posibilidades de recurso.

El portavoz de IU, Ángel González, se mostró «abierto al diálogo, como siempre», dejó entrever que los mayores reparos de su grupo alcanzan a los recortes de personal en educación y sanidad y se mostró partidario de «obtener más ingresos» con subidas de impuestos «progresivas, a los que más tienen». El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, consideró «sensata» la decisión de retirar la ley e hizo hincapié en que no era necesaria para dar cobertura a medidas «que ya se están aplicando y se podían desarrollar mediante reglamentos». Tanto IU como UPyD esperan ahora que el Gobierno socialista mueva ficha.

«Nos preocupa mucho la inestabilidad del Gobierno que administra Javier Fernández», valoró la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, quien receló de la negociación presupuestaria del Gobierno con un socio, IU, que «no es partidario de cumplir los límites del déficit, sino justo lo contrario». La portavoz de Foro, Cristina Coto, se refirió a la aparente falta de comunicación del Gobierno con IU y UPyD. «El PSOE no ha hablado ni con sus teóricos socios de gobierno, ni tampoco con el resto de grupos. Como consecuencia de esta falta de diálogo y de esa soledad era lógico que se retirara el proyecto de ley», afirmó Coto, quien reprochó al PSOE que «no le importaran los intereses generales de Asturias» cuando se discutió el proyecto de Presupuestos del Gobierno de Foro.

IU pretende incluir en los presupuestos una subida de impuestos «a los que más tienen»

Propone elevar algunos tributos ya existentes o estudiar la posibilidad de crear otros nuevos; los socialistas apelan a la «responsabilidad» para tener cuentas en 2013

13.11.12 – OVIEDO, en El Comercio.

La ley de medidas urgentes contra el déficit, ahora en la nevera tras las enmiendas de totalidad presentadas por IU, PP y Foro, es solo el aperitivo de un asunto de mayor calado cuya negociación tendrá un desenlace en las próximas semanas: el presupuesto de 2013. En la habitual reunión de los lunes de la junta de portavoces del Parlamento regional, el Ejecutivo confirmó la retirada de esa normativa 'antidéficit' y la búsqueda de alternativas para sacar sus medidas adelante. Pero la atención política estaba más centrada en el impacto que este rifirrafe entre PSOE e Izquierda Unida tendrá con vistas al proyecto de cuentas para el próximo ejercicio. Los socialistas recurrieron al argumento que a buen seguro manejarán con frecuencia en el futuro más inmediato, el de la «responsabilidad» de los grupos para no abocar al Principado a otra prórroga. Pero la coalición, de momento, no parece doblegarse a presiones. «No somos socios de gobierno de nadie», advirtió de antemano su portavoz, Ángel González, que avanzó la voluntad de su formación de hacer del debate fiscal uno de los pilares de las conversaciones presupuestarias. Siempre a partir de una idea: que aporten más «los que más tienen».

El 'no' de IU a la ley de medidas contra el déficit ha sido un revés para el gabinete de Javier Fernández, que contaba con los cinco diputados de la coalición y el de UPyD para sacar adelante su proyecto. Son muchos en el Ejecutivo quienes miran más allá y han leído ese rechazo en clave de advertencia con vistas al diálogo presupuestario. Los socialistas no esconden que verse obligados a retirar el proyecto les ha molestado y su portavoz, Fernando Lastra, lo escenificó ayer. Juzgó «paradójico» el aluvión de enmiendas de totalidad, sobre todo la de IU, cuando había acuerdo sobre algunos temas -por ejemplo, la retirada del complemento a los altos cargos- aunque no quiso ligar esta cuestión con las cuentas de 2013.

Sobre las que, en todo caso, sí habló. Lo hizo para rechazar las voces que hablan de un Gobierno débil y sin apoyos y reivindicar la «necesidad» de que Asturias tenga presupuestos en 2013, sobre todo en vista del adverso escenario económico.

¿Pero servirá la apelación a la responsabilidad para convencer a los teóricos socios de que no tensen demasiado la cuerda presupuestaria? «Creo que pasaré hasta 2015 diciendo que no somos socios de gobierno de nadie», deslizó Ángel González, consciente de que todas las miradas apuntan a IU como aliado natural del PSOE en todos los ámbitos y, en particular, en lo relativo a las cuentas. El portavoz dejó entrever que el consenso tiene que ver con cosas diferentes a esa responsabilidad a la que alude el partido de gobierno. «Según la política que se nos plantee, coincidiremos o no; si se trata de fotocopiar la política de Rajoy, no», zanjó.

Entiende IU que el acuerdo sobre los presupuestos depende, entre otras cosas, de que la política a aplicar no se circunscriba solo al recorte de los gastos sino que también aporte novedades por el lado de los ingresos. En este punto, González defendió la necesidad de revisar con detalle el actual sistema tributario, figura por figura, para ver cómo conseguir que «aporten más los que más tienen». Y abrió además la posibilidad de crear nuevos impuestos, siempre a partir del principio de progresividad. Recalcó, eso sí, que no se tomarán medidas que afecten a quienes están sufriendo el impacto de la crisis sobre sus bolsillos y que además se han visto golpeados por medidas fiscales que la coalición cree injustas, como la subida del IVA.

IU sabe, en cualquier caso, que el margen de maniobra de una comunidad en cuestiones tributarias es complicado. En las más recientes subidas de impuestos aplicadas en la región el foco se ha puesto sobre el tramo autonómico del IRPF para las rentas altas, Sucesiones y Donaciones y también Patrimonio. En este último caso la citada ley de medidas urgentes contempla ya un aumento del 10% del mismo, aunque IU aboga por bajar el mínimo exento de 700.000 euros a 125.000. No es posible ir mucho más allá de ahí.

Depósitos bancarios

En cuanto a nuevos tributos, lo que pide la coalición es analizar las medidas que ya se aplican en otras autonomías. Y se cita, por ejemplo, el impuesto a las entidades bancarias en función de los depósitos que está vigente en Extremadura y Andalucía.

La negociación presupuestaria a tres bandas -UPyD, socio de legislatura del PSOE, reivindica un texto «creíble» que defienda los servicios básicos y estimule la economía- abre un terreno pantanoso que da margen a la oposición. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, arremetió contra la «inestabilidad» que muestra el Gobierno. Y alertó de los riesgos que esa ausencia de apoyos estables conlleva, sobre todo en la medida en que el PSOE depende para gobernar de una fuerza como IU, «que no está comprometida con el déficit». Un escenario que «me da escalofríos», añadió. Foro, mientras, puso la retirada de la ley de medidas urgentes como muestra de la «soledad» del PSOE.

En cuanto a esa norma, el Gobierno buscará ahora pactar un nuevo texto al menos con IU y UPyD que recoja los puntos en que hay consenso, y buscará alternativas -por ejemplo, la ley de acompañamiento del presupuesto- para aplicar el resto de medidas. En poco más de un mes coincidirá la tramitación de dicha ley, de las cuentas de 2013 y del primer paquete de reforma del sector público.

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Conflicto Sanitario asturiano: más de lo de ayer con un breve apunte mio…

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Todo sigue igual, aunque bastante más claro, tras las explicaciones del consejero: hay cierto margen negociador con el SIMPA si este se digna volver a sentarse a negociar sobre la hoja de ruta de los cinco puntos ampliamente conocidos (la Mesa sigue abierta, ha enfatizado en varias ocasiones durante la comparecencia), el tema MIR debería tener un tratamiento singularizado relacionado con lo que es – periodo formativo postgrado, más que actividad laboral -, y en el desarrollo del marco del Acuerdo con UGT caben muchas cosas… Esto es lo que, telegráficamente, extraigo de la comparecencia que ayer pude seguir en directo en la WEB de la JGPA. De lo otro, es decir, de las estimuladas expectativas generadas desde algunos sindicatos de que desde la cámara se obligue al gobierno a dar el brazo a torcer… ¡¡nada de nada!!, dicho sea de paso, cómo no podría ser de otra manera. Sólo el exacerbado populismo de FORO, alejado de cualquier cosa que pueda sonar a responsabilidad o coherencia política desentona en solitario en esta Junta. Podría no haber vencedores ni vencidos en todo esto (no sólo IU lo remarcó), pero si la parte que mantiene las huelgas sigue instalada en el “nunca perdimos un conflicto”, el inmediato futuro no será nada halagüeño… El gobierno gobernará y cómo le recordaron la mayoría de los grupos parlamentarios, por encima de otros intereses está el de la población asturiana.     

El Consejero acusa al Sindicato Médico de intentar colapsar las urgencias hospitalarias

El SIMPA anuncia una querella criminal contra la directora médica del Hospital Central, a la que acusa de conculcar el derecho a la huelga

Foto: El aproximadamente medio centenar de trabajadores concentrados, eso si muy ruidosos, durante la comparecencia del consejero.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, acusó ayer a «la cúpula» del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) de promover la derivación de pacientes desde las consultas ya programadas en los hospitales a los servicios de urgencias «para intentar colapsar los mismos, con el riesgo que eso supone ante la presencia de posibles eventualidades de emergencia o actuaciones en cuadros de atención crítica». Blanco se pronunció en estos términos en el marco de una comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado. Una intervención que se desarrolló por la tarde, unas horas después de que el SIMPA difundiera un comunicado en el que anuncia que sus servicios jurídicos presentarán una querella criminal contra la directora médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por lo que consideran una «conculcación del derecho constitucional a la huelga» de los facultativos.

Como puede observarse, el conflicto sanitario vivió en la jornada de ayer -cuarto de los doce días de paros convocados por el Sindicato Médico para noviembre, tras los nueve desarrollados en octubre- una nueva escalada de virulencia verbal entre la Administración y el SIMPA.

Entre tanto, las restantes organizaciones sindicales aumentaron la escalada de decibelios al protagonizar una concentración ruidosísima en los exteriores de la Junta, justamente en la misma ala en la que estaba celebrándose la comparecencia del consejero. Los ensordecedores pitidos y estallidos perturbaron la intervención de Faustino Blanco, quien no ocultó su contrariedad. Comisiones Obreras, SATSE, USAE y Sicepa-Usipa han convocado huelga para los días 20, 22, 27 y 29 de noviembre. Para estas cuatro centrales también tuvo Faustino Blanco unas palabras durante su intervención: «Si hago una huelga y tengo un 0,7 por ciento de seguimiento, me lo hago mirar», señaló.

Las movilizaciones de unos y otros tienen como factor común la aplicación en la sanidad pública asturiana de la ampliación de jornada decretada por el Gobierno central. En su comparecencia, solicitada por Foro Asturias, el consejero admitió que en uno de los periodos de la huelga SIMPA, y pese a que el seguimiento «nunca superó los 372 facultativos, de los cuales más de un tercio fueron médicos residentes», el número de suspensiones, tanto de intervenciones programadas como de consultas y pruebas diagnósticas, «ha sido mayor al esperado en relación al número de huelguistas».

Y fue entonces cuando se refirió a «prácticas sindicales muy reprochables por parte de la cúpula del SIMPA». Destacó tres. La primera: «Emisión de información directa a los pacientes para que no acudieran a las citas programadas, sin matizar la casuística presente en las agendas». La segunda: «Permanente presión del comité de huelga sobre los médicos para que los servicios mínimos a atender se limitaran a la atención de las urgencias y que no se respetaran, por no aceptarlos, los mínimos establecidos». La tercera es la ya citada al inicio de esta información.

Faustino Blanco enfatizó que «nos preocupa mucho que se hayan suspendido en algunos periodos más de un 20 por ciento de las consultas y las pruebas diagnósticas y que se hayan llegado a suspender hasta un 40 por ciento de las intervenciones no urgentes». Y agregó que «no nos gusta nada que se deje a pacientes en las camillas a las puertas de los quirófanos y que la cúpula sindical del SIMPA se jacte de ello».

Los partidos representados en el Parlamento preguntaron y opinaron. El portavoz de Foro, Albano Longo, criticó a Blanco por su «falta de capacidad de diálogo». El del PP, Alfonso Román López, precisó que las huelgas no se miden tanto por el número de participantes como por su incidencia. Desde IU, Noemí Martín apostó por un acuerdo «sin vencedores ni vencidos». Ignacio Prendes, de UPyD, planteó al consejero la posibilidad de nombrar un mediador entre las partes en conflicto.

El ya citado comunicado del Sindicato Médico asegura que el Sespa «miente» al afirmar que facultativos en servicios mínimos abandonan sus puestos de trabajo. Los responsables del SIMPA enfatizaron que disponen de «pruebas por escrito de jefaturas de servicio que avalan que los médicos cuestionados han cumplido en todo momento con sus obligaciones».

Blanco acusa al Simpa de colapsar las urgencias en los hospitales

El sindicato anuncia una querella criminal contra la directora médica del HUCA por presunta vulneración del derecho de huelga

13.11.12 - R. MUÑIZ | GIJÓN, en El Comercio.

Guerra sin cuartel entre Sanidad y el Sindicato Médicos (Simpa). El consejero Faustino Blanco acusó ayer a la cúpula de la central de «prácticas muy reprochables», entre las que citó la «derivación de los pacientes desde las consultas ya programadas a los servicios de urgencias para intentar colapsar los mismos». La estrategia es «de sobra conocida por quienes pertenecemos al ámbito de la Sanidad», apostilló. El Simpa, por su parte, anunció que sus servicios jurídicos «presentarán una querella criminal contra la directora médica del HUCA» por negarse presuntamente a que facultativos en servicios mínimos que querían secundar la huelga fueran sustituidos por otros no huelguistas.

«Esta práctica está amparada por el Tribunal Supremo», reivindicó la central, motivo por el cual acusa a la directora médica y a la consejería de «conculcar el derecho constitucional de huelga». El consejero, por su lado, prestó su respaldo a la dirección del HUCA, reconoce la sentencia del alto tribunal de 25 de enero de 2010 que cubría relevos similares, pero matizó que aquello afectó al sector del transporte, un antecedente que «no es aplicable a este caso».

«No vulneramos ningún derecho, no somos nosotros sospechosos de no defender el derecho de huelga», valoró Faustino Blanco. Sobre el hospital central, lamentó que su equipo médico «haya tenido que soportar una situación que debería desaparecer» consistente en el «amedrentamiento».

El conflicto registrado en el HUCA el viernes motivó que el Simpa abandonara la mesa de negociación que mantenía con la consejería. Horas después ésta informó de la apertura de expedientes a 14 facultativos a los que acusó de abandonar los servicios mínimos. El sindicato concluyó ayer que el gesto «demuestra una vez más que -Sanidad- carece de toda voluntad de negociación para llegar a un acuerdo que permita poner fin a la huelga médica». Además lamentó que ayer también se impidió la sustitución de facultativos huelguistas por otros que estaban dispuestos a trabajar.

La situación sigue agriándose así por momentos. A la hora de hacer balance de la situación, Blanco aseguró que no le supone «ningún problema reconocer que, pese a nuestro trabajo, el impacto de la huelga médica sobre la población es mayor del deseable, pero menor de lo que anuncia el Simpa en su web», un espacio donde a su juicio la central demuestra «que no le importa lo más mínimo cada caso humano que hay detrás de cada consulta o intervención suspendida».

«A nosotros nos preocupa que se hayan suspendido en algunos periodos más del 20% de las consultas y las pruebas diagnósticas y que se hayan llegado a suspender hasta el 40% de las intervenciones no urgentes», indicó Blanco, durante su comparecencia en la Junta General. «No nos gusta nada que se deje a pacientes en las camillas a las puertas de los quirófanos y que la cúpula sindical del Simpa se jacte de ello, creemos que esto dice muy poco a su favor», afeó el consejero. Asegurando que estos incidentes le preocupan, Blanco expuso que «nos preocupa mucho más el futuro del sistema sanitario público asturiano, porque sabemos que es lo que está en juego».

Blanco entiende que los profesionales «están expectantes por hacer una negociación» que sí asegure el futuro del sistema, «pero hay un grupo dirigente con el que es difícil negociar». El daño que éstos, a su juicio, están provocando es grande, no así su apoyo: «Si una huelga tiene el 0,7% de seguimiento, yo me lo haría mirar».

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Referencias de ayer al conflicto sanitario…

Referencias de ayer al conflicto sanitario…

"Quien incumple los servicios mínimos incurre en responsabilidades"

El consejero de Sanidad sostiene que el Sindicato Médico está "tensionando" la situación y recomienda que su cúpula siga el consejo de compañeros que pretenden negociar

Foto: Faustino Blanco, en primer término, ayer, tras una breve conversación con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y dos responsables del colectivo de enfermos de lupus: Nélida Gómez y la presidenta nacional, Blanca Rubio, en el acto de entrega del IX Galardón Lúpicos de Asturias al doctor Francisco Ortega.

EUROPA PRESS | | OVIEDO

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha advertido este sábado a los responsables del sindicato médico Simpa que aquéllos que no cumplen los servicios mínimos "incurren en responsabilidades individuales". Además, ha llamado a la central a retomar la negociación, en el marco del conflicto sanitario por la ampliación de la jornada, "porque ese es el camino para resolver los problemas".

En un comunicado, en declaraciones a los medios, antes del acto de entrega del IX Galardón Lúpicos de Asturias al doctor Francisco Ortega, Blanco salía al paso de las reclamaciones del Simpa de que se cumpla "el derecho a la huelga", tras anunciar la consejería la investigación a un grupo de médicos por incumplir los servicios mínimos encomendados.

El consejero se dirigió de nuevo a la cúpula del Simpa y al comité de huelga para recordarles que "tienen responsabilidades" en el cumplimiento de los servicios mínimos e insistió en que se establecen para garantizar una correcta atención a la salud de los ciudadanos y que, quien los incumple, incurre en responsabilidades individuales, por más que haya sido instado por un sindicato.

El titular de Sanidad aseguró que la cúpula del Simpa "está tensionando mucho la organización", y reclamó que atienda el criterio de muchos profesionales "que están instando a la negociación" porque saben que esa es la mejor vía para poner fin al conflicto.

El consejero expresó, asimismo, que en esta negociación hay dos partes claramente diferenciadas. En un lado está el Servicio de Salud del Principado (Sespa), "que siempre ha estado dispuesto al diálogo, aunque por parte del Simpa no se favorecieran las mejores condiciones, y que es capaz de alcanzar acuerdos como el logrado con UGT". "En el otro lado está el Simpa, que cada vez que hay un avance rompe las negociaciones", ha añadido.

Recuerda que "el sindicato médico se levantó de la mesa de negociación el pasado mes de agosto, cuando aún no se había firmado el acuerdo de ampliación de la jornada, convocó la huelga antes de agotar el periodo de diálogo, volvió a hacerlo en octubre en otro momento en que parecía que la negociación avanzaba y lo ha vuelto a hacer ahora de nuevo, justo un día después de que el consejero de Sanidad acudiera a la mesa para instarles a negociar y alcanzar acuerdos".

Acusa al Simpa de "levantarse de la mesa en la última negociación tratando de trasladar a los ciudadanos una idea de desgobierno". "Somos responsables de mantener el sistema sanitario orientado a dar servicios a los ciudadanos y la situaciones las gobernamos nosotros, no un sindicato", aseguró Faustino Blanco.

ESCALADA DE TENSION

Blanco aclaró además que pese a esta "escalada de tensión injustificada y de generación de conflicto que nadie entiende", el Sespa mantiene su firme voluntad de seguir dialogando. "Nosotros no hemos cerrado la mesa, fueron ellos quienes ni siquiera llegaron a sentarse. Nuestra postura es prudente y sensata y queremos trasladar a la ciudadanía que el servicio de salud se gobierna desde la Consejería de Sanidad y vamos a garantizar que se cumplan los servicios mínimos y que la atención a la población esté cubierta. La mesa de negociación permanece abierta y a la espera de que el Simpa vuelva de nuevo a ocupar su lugar", explicó.

En relación con el comunicado del Simpa en el que el sindicato asegura que retomará las negociaciones cuando se garantice el derecho de huelga, es preciso recordar que tanto la Consejería de Sanidad como el Sespà han garantizado siempre todos los derechos de huelga y que, a diferencia del sindicato, el servicio de salud mantiene su llamada al diálogo sin condiciones, dado que la cúpula sindical en ningún momento aceptó rebajar la tensión del conflicto. No obstante, el Sespa agradecería un poco más de respeto institucional y de voluntad real de llegar a acuerdos por parte del Simpa.

La estrategia del SIMPA, consistente en la introducción de elementos ajenos al fondo de la cuestión para potenciar la confrontación, desmiente con los hechos la verdadera voluntad negociadora de la que alardea la cúpula dirigente del sindicato…

El Simpa, dispuesto a volver a hablar con el Sespa si "garantiza el derecho a la huelga"

EUROPA PRESS | OVIEDO

El Sindicato Médico de Asturias (Simpa) se ha mostrado este sábado "dispuesto a retomar las negociaciones este mismo lunes si el Servicio de Salud se compromete a respetar y garantizar el derecho constitucional a la huelga".

A través de un comunicado, el Simpa ha hecho un llamamiento "a la Administración asturiana para que reconsidere su postura y permita la permuta, reconocida en el ordenamiento legal español, de los médicos en servicios mínimos que quieren hacer huelga por los facultativos que desean trabajar". Sale así al paso de la comunicación, este viernes, del Gobierno asturiano, que informaba de la investigación a un grupo de médicos del Hospital Central (HUCA) por incumplir los servicios mínimos comprometidos.

Este sindicato recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo "es clara y avala el cambio de médico en mínimos que desean secundar los paros por compañeros que optan por trabajar". El Simpa entiende, por lo tanto, que "la decisión de la dirección gerencia del HUCA y del Alvarez-Buylla, amparada por la gerencia del Sespa, de impedir esta permuta supone una violación del derecho fundamental a la huelga". El Simpa manifiesta igualmente que "el Servicio de Salud, en vez de investigar a los médicos que quieren hacer valer su derecho a la huelga, debería esclarecer de quién partió la orden de conculcar el derecho a huelga amparado en el Artículo 28.2 de nuestra Carta Magna para depurar las responsabilidades oportunas".

El Sindicato Médico, con todo, "quiere trasladar a la opinión pública su firme voluntad de volver a la mesa de negociación este mismo lunes si el Sespa está en condiciones de garantizar el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales".

El Simpa quiere además salir al paso de "la burda intención de la Administración, expresada reiteradamente durante el conflicto, de tratar de enfrentar a los pacientes con los facultativos". El Sespa, según recogen los medios de comunicación, "ha pedido a los pacientes que presenten quejas si consideran que han sido mal atendidos". Este sindicato insiste en que "el paciente es la razón de ser del médico y subraya que la asistencia que reciben los pacientes es la mejor de las posibles en una situación de conflicto médico provocado además por la intransigencia de la Administración".

El Simpa se felicita por último de la intención del Javier Fernández, presidente del Principado, de "no cerrar recursos asistenciales públicos en la comunidad autónoma". Este sindicato, "que defiende un sistema sanitario público, equitativo, universal, eficiente y sostenible económicamente, recuerda que la propuesta de pacto por la sostenibilidad del sistema, que comportaba importantes ahorros económicos para las arcas públicas, no ha querido ser considerada por el Gobierno autonómico pese a que garantizaba las prestaciones".

«Hay dirigentes del SIMPA que están tensionando mucho la situación», advierte el consejero de Sanidad

El Sindicato Médico exige al Sespa que aclare «de quién partió la orden de conculcar el derecho a la huelga»

Gijón / Oviedo, C. JIMÉNEZ / P. ÁLVAREZ, en La Nueva España

«A los profesionales hay que decirles que las responsabilidades sobre los servicios mínimos son individuales», advirtió ayer en Gijón Faustino Blanco, consejero de Sanidad del Principado, en alusión a la huelga impulsada por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que anteayer, viernes, experimentó una escalada de conflictividad que dio lugar a una ruptura del diálogo entre las partes. A juicio de Blanco, «hay unos dirigentes que están tensionando mucho la organización, y nosotros, sin embargo, percibimos que en el ámbito sanitario hay mucho profesionales que están instando a la negociación porque les parece que es el camino de resolver los problemas».

Desde la otra trinchera, los dirigentes del SIMPA anunciaron su disposición a retomar las negociaciones, incluso mañana mismo, «siempre que la Administración sanitaria garantice el derecho constitucional a la huelga». La organización médica difundió un comunicado en el que «exige» al Servicio de Salud (Sespa) que, «en vez de investigar a los facultativos, aclare de quién partió la orden de conculcar el derecho a la huelga y depure las responsabilidades oportunas».

La huelga tiene su génesis en la nueva regulación de la jornada laboral impulsada por el Gobierno asturiano como aplicación de la ampliación de horario estipulada por el Ejecutivo central. La escalada dialéctica de ayer es continuación de la que se inició el viernes, cuando el Sespa anunció la apertura de una investigación por el supuesto «abandono de los servicios mínimos por parte de un grupo de médicos» del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Paralelamente, el SIMPA remitió al Sespa y a la Consejería de Sanidad una denuncia contra la gerencia del HUCA por lo que tildaron de «conculcación del derecho constitucional a la huelga».

Este agrio enfrentamiento se originó por la pretensión del Sindicato Médico de cambiar facultativos en servicios mínimos que deseaban secundar la huelga por médicos no huelguistas. El SIMPA entiende «que la decisión de la dirección gerencia del HUCA y del Hospital Álvarez-Buylla, amparada por la gerencia del Sespa, de impedir esta permuta supone una violación del derecho fundamental a la huelga».

Como réplica, Faustino Blanco indicó ayer que es responsabilidad de la Administración sanitaria «mantener el servicio de salud como un servicio orientado a los ciudadanos». Y enfatizó que «las instituciones las gobernamos nosotros, no los sindicatos». Fue en este contexto en el que el titular de Sanidad lanzó su advertencia: «Lo que cabe decir al comité de huelga es que tienen responsabilidades con los servicios mínimos, y a los profesionales hay que decirles que las responsabilidades sobre los mínimos son individuales, hay que ser cuidadosos y que pongan por delante los intereses de los ciudadanos y la garantía del servicio».

El Sindicato Médico sostiene que «la burda intención de la Administración» consiste en «tratar de enfrentar a los pacientes con los facultativos». Y precisa que «este sindicato no pone piquetes, y cumple escrupulosamente los servicios mínimos establecidos». A este respecto, Faustino Blanco señaló que «si los ciudadanos perciben alguna anomalía que creen que afecta a su situación y pone en riesgo su salud, lógicamente recogeremos las quejas que nos lleguen y trataremos de solventar los problemas». Acerca de las posibilidades de reanudar las negociaciones, el Consejero señaló: «Por nuestra parte estamos esperando a ver cuál es la reflexión que hace el SIMPA después de esta escalada de tensión no justificada que nadie entiende».

La huelga de los médicos asturianos comenzó el lunes 8 de octubre. Se desarrolló durante nueve días del mes pasado, y para el presente mes de noviembre están programados doce días más de paros (lunes, miércoles y viernes). Asimismo, los sindicatos Comisiones Obreras, SATSE, USAE y Sicepa-Usipa tienen en marcha otra huelga que este mes se plasmará en cuatro jornadas de paros en demanda de una reducción de la jornada de los trabajadores a turnos y la preservación del empleo de los eventuales.

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Todos a una contra los desahucios

El suicidio de una mujer que iba a ser desalojada en Baracaldo acelera el proceso político para acabar con el drama

Rajoy pretende pactar ya el lunes con los socialistas una «paralización temporal» de los desalojos

Foto: La manifestación de ayer por las calles de Baracaldo.

Oviedo / Madrid, Félix VALLINA / Agencias, en La Nueva España

La situación se ha ido de las manos y es necesario acabar con el drama de los desahucios de forma inmediata. Desde el Gobierno a los partidos de la oposición, pasando por sindicatos, la Defensora del Pueblo, ciudadanos, representantes políticos regionales, agentes sociales, la Unión de Consumidores de Asturias, representantes de la justicia, de la Iglesia y de otros sectores de la sociedad entonaron ayer al unísono el «basta ya» tras conocer la noticia del suicidio de Amaia Egaña, una mujer de 53 años -ex concejala socialista en Éibar y esposa José Manuel Asensio, ex edil (PSE-EE) de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo- que se quitó la vida arrojándose al vacío desde un cuarto piso en Baracaldo cuando su familia iba a ser desahuciada. Su muerte, la segunda en estas circunstancias en menos de veinte días, ha provocado una catarata de reacciones en una jornada que podría quedar marcada en el calendario como el día en el que la sociedad española unió sus voces para terminar con una lacra que ya ha provocado 400.000 desahucios en España desde el inicio de la crisis. Sólo en Asturias, desde el año 2008, más de 6.000 familias han perdido su vivienda por no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca.

Desde el punto de vista político, el fallecimiento de Amaia Egaña ha sido la gota que colma un vaso que llevaba tiempo a punto de rebosar. Por el momento, el Gobierno aceleró ayer las gestiones para tomar medidas que hagan frente a los desahucios. En concreto, los responsables de los ministerios de Economía y de Presidencia se reunieron para cerrar una propuesta para ampliar los períodos de carencia de los colectivos especialmente vulnerables ante el pago de las cuotas a los bancos. La intención del Gobierno es llevar su iniciativa a la reunión que mantendrá el próximo lunes con representantes del PSOE para intentar llegar a un acuerdo en torno a la adopción de medidas contra los desahucios.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante un mitin en Lérida, explicó que los desahucios están provocando «hechos terribles y situaciones inhumanas» e hizo hincapié en la importancia de la reunión del lunes. «Espero que podamos hablar de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos dar buenas noticias al conjunto de los españoles», señaló. Mientras, por las calles de Baracaldo, miles de personas -8.000 según los organizadores- se manifestaban bajo el lema «No al paro. No a los desahucios. Por la protección social», para denunciar la muerte de Amaia Egaña. En su recorrido, los manifestantes marcaron todos los bancos y entidades financieras con pintadas de «asesinos». Además, lanzaron botes de pintura contra una sucursal de la Caixa.

Tras las conversaciones que mantuvieron a lo largo de la semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, volvieron a hablar ayer por teléfono para acelerar en lo posible los trabajos para llegar a un acuerdo. Por su parte, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá hoy con el equipo de expertos que el partido ha designado para trabajar con el Gobierno en la modificación de la ley de desahucios. Mientras el Gobierno y el principal partido de la oposición pactaban el cambio de rumbo, Rubalcaba enviaba sendas cartas dirigidas a los máximos responsables de las organizaciones bancarias Asociación Española de Banca (AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles, «en el ejercicio de sus competencias» al frente de ambas organizaciones, «que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia». Rubalcaba insiste en que esta situación «está dando lugar a dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática» y se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y «profundizar tanto como sea necesario» en este tema.

La intención del Ejecutivo preveía modificar los umbrales de personas exentas para los desahucios recogidos en el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos, pero el suceso de ayer ha servido para acelerar los trámites. A lo largo de los últimos días han salido a la palestra infinidad de posturas en contra de la ley Hipotecaria, sobre todo de jueces, que piden una solución inmediata para un drama se cobra una media de 520 desahucios al día en España. El juez decano de los Juzgados de Baracaldo, Juan Carlos Mediavilla, pidió ayer un cambio legal en la normativa hipotecaria para que no se repitan tragedias como la de Amaia Egaña. «Sería bueno que todos reflexionáramos y de una manera rápida, sin ninguna demora, se procediera a la modificación de la normativa vigente a fin de que luego los jueces pudiéramos interpretar y aplicar la nueva normativa que nos permitiera atender de una mejor manera a estas situaciones», señaló. Además, un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, sin ir más lejos, denunciaba hace unas semanas los abusos del actual sistema y proponía medidas para acabar con el problema. Los 46 jueces decanos de toda España, que representan a más de 2.000 magistrados, también expresaron el miércoles en Barcelona su profunda preocupación ante las dos «lacras sociales» que sacuden el país: los desahucios y la corrupción.

La buena noticia de ayer es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife logró que Bankia aplazase todos los desahucios pendientes en la capital tinerfeña tras retirar 1,5 millones de euros de la entidad como forma de protesta. De esta manera, se puso fin a cinco días de huelga de hambre por parte de Carmen Omaña, una mujer que había sido desahuciada de su vivienda hace un mes.

Y es que la respuesta ha sido multitudinaria. Por ejemplo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, abogó por «operar un cambio profundo e importante en la legislación en materia de desahucios porque no hay derecho a que estén ocurriendo las situaciones que hoy sufren familias desesperadas que no tienen cómo afrontar determinados pagos». En ese mismo sentido, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, afirmó que la ley que regula los desahucios de viviendas «no es la adecuada y debiera reformarse». También la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se pronunció para urgir al Ejecutivo a que apruebe una moratoria para frenar la ejecución de los desahucios de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, pidió ayer, en la festividad de la Almudena, una solución al «problema angustioso de los desahucios» que sea «justa, equitativa y solidaria».

El Gobierno dará una moratoria de dos años ante desahucios extremos

Rajoy: “Espero que paralicemos el lunes los casos de familias más vulnerables”. El acuerdo Gobierno-PSOE no parará los desalojos que ya están en marcha

Fernando Garea / Carlos E. Cué, Madrid / Lleida, en El País.

La presión social, política y, sobre todo, la conmoción por hechos tan abrumadores como dos suicidios en las últimas semanas, el segundo el viernes, ha llevado al Gobierno y al PSOE a moverse más rápido. Ambos aceleraron los contactos para avanzar hacia un acuerdo para frenar los desahucios más extremos que, en todo caso, no se materializará hasta la próxima semana. Ese acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución. Es decir, no serviría para casos como el de Amaya Egaña, la mujer que se suicidó en Barakaldo. A lo más que podría llegar el acuerdo es a obligar a los bancos a poner un porcentaje de su parque de inmuebles para alquiler social y realojar a personas desahuciadas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solemnizó la idea durante un mitin electoral en Lleida: “Estos días vemos cosas terribles, situaciones inhumanas, una persona se ha suicidado cuando la iban a desahuciar. Es un tema difícil, que hay que tomárselo con toda la seriedad y humanidad. El Gobierno está hablando con muchas personas, hemos hablado esta mañana con el PSOE. Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos darle buenas noticias al conjunto de los españoles”.

Las opiniones que se oyen pidiendo el cambio de leyes procedieron de jueces, del Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y hasta la Iglesia. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, abogó por hallar solución al “problema angustioso de los desahucios”, y el obispo de Bilbao, Mario Iceta, pidió urgencia.

Empujado por esta presión y el clamor social por los desahucios, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, llamó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas se mostraron “conmocionadas” por el suicidio de Barakaldo. También ha hablado estos días la secretaria socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, para perfilar las “medidas urgentes” que se podrían poner ya en marcha.

En paralelo, desde La Moncloa se impulsaron contactos entre los ministerios de Presidencia y de Economía para cerrar una propuesta concreta y difundir esos preparativos. De esos contactos salió el adelanto de que el Gobierno propondrá una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. Esa iniciativa la llevará el Ejecutivo el próximo lunes a la comisión creada con el PSOE para buscar soluciones. En todo caso, ya tenían previsto reunirse el lunes y lo que se hizo ayer fue reafirmar la voluntad de acuerdo, dar imagen de actividad (ayer fue festivo en Madrid) y avanzar algunos detalles desde el Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno y del PSOE explican que, inicialmente, había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.

El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se volcaron ayer en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios, informa Vera Gutiérrez Calvo. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”. Rubalcaba, ante estos “dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática” se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y “profundizar tanto como sea necesario (...) con el fin de evitar nuevas ejecuciones hipotecarias”.

El coordinador de IU, Cayo Lara, exigió tanta celeridad para cambiar esa ley como la que tuvieron PP y PSOE para modificar la Constitución en 15 días: “Si no se hace lo mismo en este trágico problema es que algunos pretenden tomar el pelo a la sociedad”.

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NOTICIA 1

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¿Cuál es la vía que propone el PP para la “sostenibilidad” de la sanidad en Asturias?: La de Baleares, la de Castilla-La Mancha, la de Valencia, la de Madrid… la de Asturias es esta:

¿Cuál es la vía que propone el PP para la “sostenibilidad” de la sanidad en Asturias?: La de Baleares, la de Castilla-La Mancha, la de Valencia, la de Madrid… la de Asturias es esta:

Javier Fernández: "Mientras yo sea presidente en Asturias no se cierra ni un quirófano, ni una urgencia, ni un hospital"

09.11.12 - EUROPA PRESS | OVIEDO

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha defendido este viernes la negociación llevada a cabo por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, con los sindicatos de la sanidad y ha asegurado que el Gobierno "para avanzar en la negociación lo hará todo, pero para el menoscabo del sistema sanitario nada".

"Mientras sea presidente en Asturias no se cierra ni un quirófano, ni una urgencia ni un hospital", ha dicho Fernández. "Cuando pusimos en marcha el proceso de negociación con el sector sabíamos que no iba ser fácil y que sería largo. El objetivo era la sostenibilidad y calidad del sistema antes que nada y estoy convencido de que ese objetivo se va a conseguir", ha añadido.

Así ha defendido que el diálogo por parte de la Administración ha sido "franco" con un consejero que "se está dejando la piel en ella y al que apoya "este gobierno y este presidente". Ha insistido en que el Gobierno ha sido el único que se ha movido desde el inicio de las negociaciones.

Fernández se ha manifestado así en respuesta a una pregunta en el Pleno de la diputada del PP, Mercedes Fernández, que ha indicado que hay muchas vías para lograr la sostenibilidad del sistema sanitario y el Gobierno asturiano ha elegido el camino equivocado. "Han negado el diálogo a los profesionales, van mucho más allá de lo que marca el decreto y ustedes lo saben. Han querido utilizar un real decreto ley sensato para llevar a cabo una reforma sanitaria encubierta sin diálogo y en contra del sector", ha dicho Mercedes Fernández.

Ante estas acusaciones Javier Fernández ha pedido a la diputada del PP que "proponga sus propias recetas para poder discutirlas. Así ha dicho además que "no tiene un pase que en agosto los profesionales ya hablasen de los días de huelga de octubre, y tampoco tiene un pase que una diputada quiera aprovechar un conflicto poniéndose al lado de un grupo de profesionales con intereses corporativos".

El Sespa investiga si hay abandono de servicios mínimos y el SIMPA rompe la negociación

Javier Fernández defiende al consejero Blanco: «Se está dejando la piel y tiene el apoyo del Gobierno y el mío»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

La temperatura del enfrentamiento entre el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) subió ayer varios grados a causa del cumplimiento de los servicios mínimos fijados para la huelga de facultativos. El Sespa anunció la apertura de una investigación por el supuesto «abandono de los servicios mínimos por parte de un grupo de médicos» del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Entre tanto, los responsables del SIMPA remitieron al Sespa y a la Consejería de Sanidad una denuncia contra la gerencia del HUCA por lo que tildaron de «conculcación del derecho constitucional a la huelga». Según el sindicato médico, en la mañana de ayer la dirección médica del HUCA impidió el cambio de médicos en servicios mínimos que deseaban secundar la huelga por facultativos no huelguistas. Según el SIMPA, esta práctica «vulnera el derecho constitucional a la huelga según sentencia publicada por el Supremo el 25 de enero de 2010», toda vez que el Alto Tribunal «considera que emplear en los servicios mínimos a los huelguistas cuando podían haber sido atendidos por trabajadores que no paraban vulnera el derecho fundamental a la huelga recogido en la Constitución».

Como consecuencia de este desencuentro, el SIMPA rompió las negociaciones al decidir que sus representantes no entraran en la reunión prevista para la mañana de ayer con los dirigentes del Sespa. Según el sindicato, la responsabilidad de la ruptura «recae, en todo caso, en el Servicio de Salud por negarse a resolver un punto fundamental del conflicto». El SIMPA manifestó «su disposición de sentarse a negociar tan pronto como la Administración garantice el derecho fundamental a la huelga».

De otro lado, los sindicatos SATSE, Comisiones Obreras, USAE y SICEPA-USIPA formalizaron ayer su nueva convocatoria de huelga para el sector sanitario en los días 20, 22, 27 y 29 de noviembre. Los días de paro que restan de la huelga del SIMPA están previstos para los lunes, miércoles y viernes de lo que queda de noviembre.

Ante la Junta General del Principado se concentraron al mediodía de ayer dos centenares de médicos en señal de protesta contra el Gobierno regional. Mientras tanto, en el interior del Parlamento, el presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, realizaba una férrea defensa de su consejero de Sanidad, Faustino Blanco. «Se está dejando la piel y cuenta con el apoyo del Gobierno y de este presidente», remachó Fernández, quien agregó: «No vamos a dar un paso atrás que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema». La presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, acusó al Gobierno socialista de «utilizar un real decreto ley sensato [el del Gobierno de Rajoy], que aboga por la sostenibilidad del sistema, para realizar una reforma sanitaria encubierta, sin diálogo y en contra de los profesionales asturianos del sector».

Javier Fernández: «Mientras sea presidente no se cierra ni un quirófano, ni un hospital»

Los médicos rompen la negociación por un conflicto en el HUCA relacionado con los servicios mínimos y el Sespa abre una investigación

10.11.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

El conflicto sanitario sube de tono y vuelve a enquistarse. Y no sólo porque los médicos, de forma sorpresiva, dieron por rotas las negociaciones que venían manteniendo con el Servicio de Salud (Sespa) sino porque casi a la misma hora, en la Junta General, el jefe del Ejecutivo lanzaba una advertencia a los huelguistas: «Mientras yo sea presidente no se cierra ni un quirófano, ni una urgencia, ni un hospital». Javier Fernández se refería de esta forma a la protesta que sufre la sanidad desde principios de octubre a cuenta de la ampliación de jornada. Para cargar aún más un día que ya venía siendo intenso, el Sespa anunció a última hora de la tarde que abría expediente a 14 médicos del HUCA por el abandono de los servicios mínimos, a la vez que animaba a los pacientes a presentar quejas si creen que están siendo mal atendidos por culpa de la huelga.

Las declaraciones del presidente del Principado en la Junta se producían en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Mercedes Fernández. En su intervención, el jefe del Ejecutivo defendió la actuación del consejero de Sanidad presente en el hemiciclo. «El Gobierno lo hará todo para avanzar en la negociación, pero para el menoscabo del sistema sanitario, nada», advirtió.

«Blanco se está dejando la piel»

Precisamente, en el momento en que Javier Fernández admitía en el parlamento que «cuando pusimos en marcha el proceso de negociación con el sector sabíamos que no iba a ser fácil y que sería largo», ya se sabía que el Sindicato Médico (Simpa) había dado por rotas las conversaciones que 24 horas antes había reiniciado con la Administración sanitaria. Tal vez por eso el presidente del Principado fue más allá que en otras ocasiones y destacó que el diálogo por parte de Sanidad había sido «franco» y que el consejero Faustino Blanco «se está dejando la piel» en la resolución de un conflicto que ya va para su segundo mes de duración.

Habló el presidente una vez más de «la necesidad de garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema» público de salud, a lo que la parlamentaria del PP le replicó que «hay muchas vías para lograr esa sostenibilidad y el Gobierno asturiano ha elegido el camino equivocado». Mercedes Fernández recriminó al jefe del Ejecutivo autonómico haber «negado el diálogo a los profesionales» y aplicar medidas que «van mucho más allá de lo que marca el decreto». La diputada popular acusó al presidente de «haber querido utilizar un real decreto ley sensato para llevar a cabo una reforma sanitaria encubierta». Javier Fernández invitó a la parlamentaria del PP a que «proponga sus propias recetas para poder discutirlas».

Mientras esto ocurría en la Junta, a pocos metros de allí, en la sede que el Sespa tiene en la plaza del Carbayón, los médicos denunciaban el incumplimiento del derecho de huelga por parte de la dirección del HUCA y anunciaban que daban por rotas «sine die» las negociaciones. Los médicos habían sido citados para las once de la mañana a una nueva reunión con la gerente del Sespa, pero el encuentro no llegó a celebrarse. Los miembros del comité de huelga del Simpa sí estuvieron en las dependencias del Sespa, «pero no llegaron ni a sentarse, marcharon sin dar una explicación», lamentó la gerente, Celia Gómez.

El alejamiento de los facultativos tuvo su origen en la aplicación de los servicios mínimos durante la mañana de ayer en el Hospital Central. El Simpa asegura que la dirección del HUCA «ha impedido el cambio de médicos en servicios mínimos que deseaban secundar la huelga por facultativos no huelguistas». Dicen que «esta práctica vulnera el derecho a la huelga según la sentencia del Supremo del 25 de enero de 2010. La interpretación del Sespa es bien distinta. La gerente, que acusó al Simpa de «irresponsable» y de «haber dado un mal paso», indicó que «los médicos que desean cambiar sus mínimos con otro compañero deben comunicarlo con tiempo suficiente a la dirección. No pueden pretender hacerlo en bloque, todos a la vez, el mismo día. Lo que quieren es meter más presión», dijo. Gómez lamentó que el Simpa «anteponga el conflicto a la negociación» y que «no le importe el derecho a la atención del paciente». Horas más tarde, a través de un comunicado, el Sespa confirmaba la apertura de expedientes a 14 médicos del HUCA a los que acusa de abandonar los servicios mínimos y afirmaba que no era la primera vez que esto ocurría. 

Las urgencias pediátricas del HUCA, desbordadas y con demoras de 4 horas

Protestas de los padres ante una sala de espera «hacinada y abarrotada»

Oviedo, E. G. / P. Á., en La Nueva España
Doble alarma la de ayer por la tarde por parte de los padres que llevaron a sus pequeños al servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Primero, la alarma lógica por la dolencia del niño; y segundo, por la situación del citado servicio, desbordado como pocas veces, según testimoniaron varios padres a este periódico.

«Aquí los niños están hacinados. Hay críos que llevan esperando cuatro horas», explicaba hacia las ocho de la noche Noelia García Cuesta, madre de un niño de dos años que padece una bronquitis asmática y que estaba dispuesta a abandonar el recinto hospitalario: «Me voy para el Centro Médico o para donde sea, porque mi hijo no puede esperar horas».

A la entrada del servicio de urgencias pediátricas una nota pide disculpas a los usuarios por los fallos que puedan derivarse de la situación de huelga en la sanidad asturiana. «Pero la huelga no puede afectar de esta forma a niños, algunos recién nacidos», apuntaba otro padre que prefirió mantenerse en el anonimato. «La sala de espera está abarrotada, esto no puede ser».

Son fechas (incluida la climatología) propicias para un flujo importante de pacientes en urgencias, pero Noelia García Cuesta aseguraba: «Nunca he visto esto así».

De otra parte, Víctor Fernández, ingresado en el HUCA, vio ayer por la mañana cómo le comunicaban que se suspendía su operación de pulmón, cómo minutos más tarde lo bajaban al quirófano y le suministraban una medicación, y cómo finalmente le decían que no podría ser intervenido «hasta el miércoles o el jueves de la próxima semana». «Como la mayor parte de la gente hospitalizada es mayor, nadie dice nada, pero la planta está llena de casos parecidos al mío», explicó este ovetense de 21 años.

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El gesto del consejero de sanidad…

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El consejero de Sanidad urge a los médicos a cerrar un acuerdo porque «la situación está cada vez peor»

El consejero asistió por sorpresa a la reunión entre el Servicio de Salud y el Simpa. «No queremos una situación de guerra», les dijo a los facultativos en huelga

Foto: El consejero de Sanidad, Faustino Blanco (de frente) estrecha la mano del médico José Antonio Vidal en presencia de Ángel Colmeiro y de Oscar Salinas, secretarios de Atención Primaria y Especializada del Simpa, respectivamente. La reunión fue en la sede del Sespa.

09.11.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Golpe de efecto de la Consejería de Sanidad en el ya prolongado conflicto que desde hace dos meses vive el sistema sanitario a cuenta de la ampliación de jornada. El consejero Faustino Blanco se presentó ayer por sorpresa en la reunión que a las doce del mediodía tenían previsto celebrar en Oviedo responsables del Servicio de Salud (Sespa) y del Sindicato Médico (Simpa), convocante de la huelga. Blanco acudió al encuentro no en calidad de negociador -«para la que hay responsables reconocidos y autorizados que gozan de todo el reconocimiento del Gobierno», aclaró- sino para pedir a los facultativos «un esfuerzo para llegar a un acuerdo porque la situación está cada vez peor».

El consejero permaneció en la sala de reuniones del Sespa durante más de treinta minutos. Estuvo acompañado por la gerente del Sespa, Celia Gómez, y de los directores Tomás Mendoza (Recursos Humanos) y Aquilino Alonso (Servicios Sanitarios), habituales en las negociaciones con los facultativos. Era la primera vez que Blanco se presentaba en este tipo de reuniones, la quinta entre el Sespa y el Simpa desde que estalló la protesta.

En ese tiempo, el titular de Sanidad transmitió a los líderes del Sindicato Médico que «la situación económica en la región es muy complicada y compleja, y que nada hace observar que vaya a mejorar. Incluso podría empeorar», dijo. En este sentido, les recordó que «las noticias que salen en los medios del mundo empresarial asturiano, además de los recortes económicos que se prevén para España, son todas situaciones que hacen más compleja la sostenibilidad de los servicios públicos».

Blanco invitó al Simpa «a la responsabilidad en la búsqueda de un acuerdo», entendiendo el pacto «no como una cesión sino en avanzar en puntos críticos para lograr un resultado satisfactorio para todos». Pretendió el consejero rebajar la tensión mediática de los últimos días: «No queremos una situación de guerra, ni de vencedores y vencidos», aseguró, a la par que insistió ante los propios facultativos que «el Principado no tiene ninguna estrategia para golpear al colectivo médico».

Hoy seguirá la negociación

La de ayer entre el Sespa y el Simpa «no es para nosotros una reunión más», advirtió Blanco. «De aquí tiene que salir algo satisfactorio», indicó minutos después a los medios de comunicación presentes en la sede del Sespa. Lo cierto es que el encuentro, que duró más de cuatro horas, no finalizó con acuerdo, pero tampoco con la rotura de las negociaciones, lo que podría entenderse como un avance en relación con las citas anteriores, que siempre acabaron en desencuentro. Las partes en conflicto volverán hoy a reunirse en un nuevo intento, el sexto ya, por desbloquear la enconada situación.

Ayer por la tarde, varias horas después de concluida la reunión entre los facultativos y el Servicio de Salud, el consejero adelantó que veía «dificultades» para lograr un acuerdo con el Simpa. Blanco, que a esas horas comparecía en la Junta, aseguró detectar problemas para el trabajo de tarde. Habrá que ver si hoy se produce algún avance al respecto.

En el encuentro ambas partes sólo abordaron los criterios de aplicación de la nueva jornada de 37,5 horas semanales. «Los aspectos más espinosos, como el descanso tras la guardia o la retirada de los módulos para mayores de 55 años, quedaron pendientes para próximas reuniones», precisó el Simpa.

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