PRENSA

Más leña al fuego, reiteración de tópicos argumentales, de tanto mentir ya no saben cuál es la verdad, pero que la voluntad es no ceder, está clarísimo.

Soria asegura que el Gobierno «no cederá a las presiones por duras que sean»

El ministro de Industria afirma que no existe «cerrazón» y denuncia que el anterior Ejecutivo «condonó» 500 millones cobrados de más por las minas

Mieres / Langreo, Andrés VELASCO, en La Nueva España

La postura del Gobierno de España en el conflicto del carbón es inamovible. El ministro de Industria, José Manuel Soria, volvió a dejarlo claro tras asegurar que el Ejecutivo «no tiene margen de maniobra para dar más» dinero a las minas y aseverar que «ni el Gobierno ni Europa tienen intención de acabar con la minería, pero no vamos a ceder a las presiones, por duras que sean». El ministro recalcó que «no es una cuestión de cerrazón del Gobierno», sino que sencillamente «no hay más dinero para el año 2012». Las palabras de Soria llegan a escasas horas de que los sindicatos se reúnan para analizar la estrategia de movilizaciones a seguir. El SOMA-FITAG-UGT ya apuntó en las concentraciones de apoyo a los encerrados de Candín y Santiago del sábado que las protestas pueden ser incluso más contundentes que las desarrolladas hasta ahora.

En sus manifestaciones el titular de Industria se muestra tajante. Soria descarta cualquier ampliación de las ayudas a las partidas de la minería en el presente ejercicio, aunque apunta que sí hay recursos hasta el 2018: «No hay más dinero para el año 2012, pero sí lo hay para el período del 2013 al 2018, donde negociaremos un plan para canalizar los recursos».

Además, el ministro tampoco garantiza que el recorte del 64% de las ayudas previstas a la producción de carbón nacional no vaya a ser incluso superior. «El viernes recibimos una disminución adicional en el presupuesto del Ministerio de Industria de 60 millones de euros», indicó Soria, para añadir a continuación que «me planteo como objetivo que de esa cantidad no le afecte nada al sector de la minería». «A día de hoy no puedo garantizarlo pues ningún sector económico tiene en los presupuestos tantos recursos» como la minería del carbón, añadió.

José Manuel Soria -en declaraciones recogidas en sendas entrevistas con dos diarios de tirada nacional- insiste en que no es una cuestión de que el Gobierno ceda, sino de que «no hay margen de maniobra». También resalta que «la disminución de ayuda» al sector minero «es la menor de todo el ministerio». «No hay ni un solo sector económico que tenga en los Presupuestos Generales del Estado una cuantía tan elevada como la minería del carbón», apunta Soria, que argumenta que «el sector turístico, con 2,5 millones de empleados y más del 11% de la economía española tiene un presupuesto de 438 millones frente a los 655 de la minería con 4.000 empleos».

El responsable de Industria del Ejecutivo pide responsabilidades por la mala gestión de los fondos destinados a la reconversión de los territorios carboneros: «Desde 1990, este sector ha recibido más de 24.000 millones de euros que tenían que haber servido para reconvertir las comarcas y las empresas como en su día se hizo en el País Vasco. En este caso, el dinero no ha servido para montar una estructura económica alternativa». Por ello, Soria asegura que «habrá que preguntarse el porqué, actuar en consecuencia y exigir responsabilidades si las hay».

El ministro también apunta hacia las empresas mineras y el destino de las ayudas. Sobre la posibilidad de investigar la actuación de esas firmas, Soria indica que «a planes de empresa han ido 5.400 millones de euros, de los que unos 500 millones, correspondientes a 1998-2001, fueron cobrados en exceso por las empresas y deberían haberlo devuelto, pero el Gobierno anterior les condonó esos pagos. Eso la gente tiene que saberlo».

Por último, Soria hace referencia a las prejubilaciones y los prejubilados. El ministro asegura que «hay un 48% de mineros que se han prejubilado con 44 años o menos», al tiempo que indica que el coste de cada prejubilación ha sido de unos 433.000 euros. Además, el ministro indica que «un porcentaje elevado de los prejubilados cobra más de 2.100 euros al mes». «Yo no digo que los mineros sean una privilegiados, pero la UE obliga a que el 1 de enero de 2019 todas las empresas de minería que hayan recibido ayudas cesen en la actividad», finaliza el ministro.

«Si se utiliza la violencia, las protestas pierden legitimación»

A. V., en La Nueva España

José Manuel Soria también se detuvo en su análisis de las movilizaciones mineras para asegurar que «cualquier causa que se defienda democráticamente es legítima, pero si se utiliza la violencia, pierde la legitimación». El ministro de Industria censuró «las imágenes con lanzacohetes apuntando a un helicóptero de la Guardia Civil o los cortes de trenes y carreteras».

Además, reconoció que en el final de la marcha negra en Madrid, en el que hubo incidentes que se saldaron con decenas de heridos y varios detenidos, «la violencia que se generó no fue responsabilidad exclusiva de los mineros, sino que también de los antisistema».

«Las empresas pensaban que iba a ser como en otras ocasiones en que se radicalizaban y los Gobiernos cedían, pero ahora no es una cuestión de cerrazón, es que no hay más dinero para la minería», zanjó Soria.

Soria advierte a la minería de que no cederá a las presiones «por duras que sean»

El ministro reitera que las ayudas a los 4.000 mineros son superiores a las que reciben los 2,5 millones de trabajadores del turismo

16.07.12 - JAVIER FERNÁNDEZ | GIJÓN.

José Manuel Soria mantiene inamovible la postura del Ministerio de Industria con respecto al sector de la minería pese a que los sindicatos ya han anunciado su intención de seguir adelante con las medidas de protesta. Esta semana anunciarán un nuevo calendario de movilizaciones con el que buscan evitar daños colaterales a terceros y presionar a quienes consideran «tienen la solución o son llave para solucionar el conflicto». El sábado, tras varias jornadas sin registrarse incidentes, los bomberos tuvieron que extinguir las llamas de una barricada que fue colocada en las inmediaciones de la Semana Negra de Gijón. Pero la actitud de los mineros parece no preocupar en exceso al ministro. En sendas entrevistas publicadas ayer por los diarios 'ABC' y 'El Mundo', Soria aseguró que no cederá ante las presiones «por duras que sean».

«No es una cuestión de inflexibilidad, es cuestión de que no podemos poner más», apostilló tras dejar claro que no se trata de un escenario similar al de «otras ocasiones, en que empresarios de la minería y trabajadores se radicalizaban y el Gobierno cedía».

El ministro reiteró que la minería es el sector económico que tiene asignada la mayor cuantía en los Presupuestos Generales del Estado y que «ni siquiera el sector turístico, con 2,5 millones de empleados y que representa el 11,5% de la economía española», recibe tanto dinero. Su presupuesto es de «439 millones frente a los 655 de la minería con 4.000 empleos», detalló.

En las dos entrevistas, Soria quiso dejar claro que ni la Unión Europea ni el Gobierno se plantean el cierre del sector, sino que lo que persiguen es que «sea competitivo». También aludió a la carencia de una estructura económica en las comarcas mineras pese a que el carbón ha recibido, desde 1990, más de 24.000 millones de euros «que tenían que haber servido para reconvertir las comarcas y las empresas». En este punto, Soria se mostró decidido a investigar porqué no se ha producido una reconversión económica y a «exigir responsabilidades, si las hay».

Otro dato que ofrece en la entrevista el ministro es que el 48% de los mineros se prejubilan con 44 años o menos, siendo el coste de cada prejubilación de 433.000 euros, dado que una parte «apreciable» recibe más de 2.100 euros al mes. «Yo no digo que los mineros sean privilegiados, pero la UE obliga a que, el 1 de enero de 2019, todas las empresas de la minería que hayan recibido ayudas cesen en la actividad», aseguró.

El ministro desvirtuó algunos de los métodos que los mineros han llevado a cabo durante las protestas como el «empleo de lanzacohetes apuntando a helicópteros de la Guardia Civil» o «los cortes de trenes y carreteras». Y es que, en su opinión, cuando «se utiliza la violencia, por muy legítimas que sean las pretensiones, se pierde toda la razón». En cuanto a los altercados que se produjeron en la manifestación minera que se celebró en Madrid el pasado 11 de julio, quiso aclarar que «la violencia no fue generada exclusivamente por los mineros», ya que a ellos se unieron diversos grupos que calificó como «antisistema».

Pese a que la situación ya se encuentra en un punto muy complicado, la minería, afectada por un recorte del 63% sobre las ayudas presupuestadas para 2012, podría ser objeto de nuevos ajustes. El presupuesto de Industria se ha visto reducido este año en un 32%, dejando en sus arcas un total de 3.700 millones de euros. Sobre esta disminución, el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, aprobó un ajuste adicional de 60 millones, según fuentes del propio ministerio. «Me planteo como objetivo que de esa cantidad no le afecte nada al sector de la minería, aunque a día de hoy no puedo garantizarlo, pues ningún sector económico tiene en los presupuestos tantos recursos, 656 millones, como la minería del carbón», advirtió.

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Los recortes que no contentan a nadie, a pesar de lo que diga Rajoy

Los municipios acatarán los ajustes pero prevén más movilizaciones

La Federación Asturiana de Concejos advierte de un «ambiente de rechazo total» a las medidas de Rajoy en los ayuntamientos, «aunque habrá que resignarse»

16.07.12 - AIDA COLLADO | GIJÓN, EN El Comercio.

Los ajustes anunciados la pasada semana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han hecho diana en los ayuntamientos. Cuesta encontrar a alguien conforme en las casas consistoriales asturianas. Los alcaldes aún no han visto definirse las competencias de sus municipios y siguen sin financiación para hacer frente a las llamadas impropias. Los concejales están amenazados por la reducción del 30% de los ediles, que en Asturias se llevará por delante a unos 300 de los 958 que hay en la actualidad. Ni siquiera saben con exactitud a cuántos afectará, ya que la reducción se aplicará por tramos de población, pero aún no se ha especificado cómo.

Y los trabajadores, los funcionarios, han visto esfumarse su paga extra de navidad, un año en el que ya habían sufrido recortes salariales. Ante esto, el descontento en los municipios es evidente aunque la actitud de la administración local, advierten desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC), será la de «sometimiento a las decisiones del Gobierno central». Principalmente, señala su presidente, Antonio de Luis Solar, «porque no nos va a quedar otra que resignarnos».

Eso no quiere decir que los alcaldes no esperen movilizaciones de mayor calado que las convocadas hasta el momento. Muchos, de hecho, las apoyan. «Es lógico que los funcionarios protesten, porque ya son varias las medidas acumuladas que inciden en su poder adquisitivo». En los consistorios «se nota una ambiente de rechazo total a las medidas del Gobierno», asegura De Luis Solar. Duda, además, de que «esto sea lo que necesita el país en estos momentos, ya que se notará en la reducción del consumo». Pero las administraciones locales tienen las manos atadas. Sólo pueden confiar en que durante los trámites parlamentarios «se puedan corregir algunas cuestiones».

Tampoco significa que vayan a permanecer con los brazos cruzados. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, decidió remitir una carta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas solicitando que la medida no se aplique a los funcionarios de su localidad. La razón que argumenta el regidor de IU es la misma que blanden otros muchos municipios, de distinto color político. Para acogerse al plan de pago a los proveedores, tuvieron que cumplir, como condición esencial, con la reducción de trabajadores o, si escogían no despedir a nadie, con la bajada de salarios a sus funcionarios. «Ya les hicimos una rebaja en mayo y hay más formas de ajustar: que busquen los 70.000 millones de euros de fraude fiscal que hay en España, pero que no aprieten siempre a los mismos», defiende Vázquez.

En cuanto a la reforma de las corporaciones locales, se pregunta «por qué si fueron ellos mismos quienes plantearon la eliminación de las diputaciones, ahora las rellenan de contenido». Con la reducción de concejales, advierte como ya hizo la FACC, «se va a ahorrar bien poco. Yo no sé cuánto gana un concejal en Madrid, pero en una ciudad como Mieres cobra, si no está liberado, 250 euros». Si sí lo está, percibe «el mismo sueldo que tenía en su empresa».

Aquí, sugiere el alcalde de Cabrales, José Antonio Pérez, es donde habría que meter mano. «La mayoría de los concejales, los de los pueblos, no cobran. Sería mucho más eficaz limitar el número de liberados», sugiere. El regidor de Foro confía, por otra parte, en que «los que ya hayamos hecho los deberes no tengamos que repetirlos». Es decir, que los consistorios que ya hayan reducido «más de lo que el Gobierno pedía» el sueldo de sus trabajadores, como Cabrales, no tengan que volver a afrontar una reducción salarial.

La alcaldesa socialista de Llanes, Dolores Álvarez, ve el mismo sinsentido en los recortes. «Los ayuntamientos suponen el 3,5% de toda la deuda pública española, no creo que estos ajustes afecten excesivamente en el ahorro», explica. Aún así, cree que, en lo relativo a los funcionarios, «habría sido más lógico reducir ambas pagas en un porcentaje, en vez de eliminar una».

Demasiados errores continuados ¿no os parece?... la mala suerte que tuvieron, esta vez, es que lo publica la revista Rolling Stone.

La Policía carga por error contra adolescentes que acudían al Mulafest

ELCOMERCIO.ES

Las protestas en el centro de Madrid contra los recortes del Gobierno anunciados esta semana han dejado una escena insólita: los antidisturbios se confundieron y cargaron contra unos jóvenes ’skaters’ que esperaban junto al cine Callao para entrar al festival Mulafest. El el minuto 1:18 del vídeo se puede ver cómo se dirigen hacia ellos y les golpean, aunque rápido rectifican su actitud alertados por los gritos de los presentes, que les advierten de que no son radicales.

Todo ocurrió sobre las 10 de la noche cuando unos 250 muchachos, la mayoría adolescentes, aguardaban a la puerta del cine para ver la película ’Welcome’. Fue entonces cuando contemplaron atónitos cómo los agentes se acercaban y, a la vista de su actitud, algunos alertaban del peligro: "¡Echaros para atrás, que viene la Policía cargando", se puede escuchar.

"Fue como una batalla campal", explicó Marga Velarde, una testigo, a la revista Rolling Stone. "La más pura expresión del fascismo. Nosotros tuvimos que quitar varias motos y un coche de los años veinte que teníamos expuestos en la plaza porque la policía podría romperlos", añadió.

Las protestas se endurecerán aún más

Los encerrados se quedan en los pozos

Los siete mineros que permanecen desde hace 48 días en Candín y Santiago deciden continuar la protesta

El SOMA afirma que respeta la decisión, pero que no pondrá «en peligro su salud»

Foto: David Villa hablando con los mineros encerrados en el pozu Candín.

Pozo Candín / Pozo Santiago, E. PELÁEZ / A. VELASCO, en La Nueva España

Los siete mineros encerrados en las explotaciones de Candín (Langreo) y Santiago (Aller) siguen en los pozos. Pese a que a última hora de la noche del viernes todo estaba preparado para que salieran a lo largo de la jornada de ayer, los propios trabajadores han decidido mantener el encierro en ambos centros de trabajo, donde centenares de personas volvieron a concentrarse ayer para mostrar su apoyo a la reivindicación. Pese al tesón de los mineros por prolongar el encierro, el SOMA-FITAG-UGT aseguró que, llegado el caso, se va a anteponer la salud de los trabajadores a cualquier otro factor. De hecho, en el pozo Santiago, el delegado sindical de la central llegó a asegurar que «llevamos 48 días de encierro y entendemos que para nosotros, esta forma de protestar está a punto de terminar».

En la tarde del viernes se planteó que los encerrados abandonaran las explotaciones. Incluso se barajaron horas. Los encerrados saldrían de Candín a las diez de la mañana para reunirse con los trabajadores de Santiago en la salida de estos últimos, dos horas después. Sin embargo, una reunión que duró hasta altas horas de la noche hizo que los planes se cancelasen, después de que los encerrados decidieran seguir adelante con la protesta.

En palabras del delegado sindical del SOMA-FITAG-UGT en Santiago, Gerardo Cienfuegos, «si no salen es porque no quieren». En su intervención ante las personas que había acudido a apoyar a los encerrados en Santiago, Cienfuegos aseguró que estos mineros «son un ejemplo de sacrificio de solidaridad». El responsable sindical esgrimió que «queremos que esto finalice, pero son ellos los que quieren permanecer en la protesta». En todo caso, aseguró que el sindicato antepondrá «como una prioridad el estado de salud físico y mental a cualquier otra reivindicación». «Con la familia, somos los que tenemos más ganas de verlos, pero tenemos que respetar la voluntad de los encerrados, que es que de momento no van a salir», proclamó. El motivo de mantener la protesta es que los mineros «entienden que la posición inmovilista de este Gobierno impide el abandono del encierro, y por tanto quieren seguir en el esfuerzo y en el sacrificio».

Previamente, Gerardo Cienfuegos aseguró que los mineros de Santiago «se encuentran bien de salud y de ánimo, y quieren mantener la protestas el tiempo que sea necesario y que la salud les permita». Precisamente hace unos días Cecilio Antuña, Héctor Berrouet, y Jorge Díaz aseguraban estar «al límite» de sus fuerzas, aunque reconocían que la dureza del conflicto y la posición inmovilista del Gobierno les daba «fuerzas para resistir». También les transmiten fuerzas las muestras de apoyo de las numerosas personas que volvieron ayer a acudir a la concentración de respaldo. A las doce de la mañana, la entrada del pozo estaba repleta de compañeros, vecinos y simpatizantes, que esperaban un abandono del encierro que finalmente no se produjo.

Una situación similar se produjo en el pozo Candín, donde el delegado sindical del SOMA-FITAG-UGT, Manuel Robles, elogió el «poder de sacrificio» de los cuatro encerrados, David García Fariza, José Abelardo Alonso Castro, Carlos Santos Artidiello y Darío Martínez Fernández. No obstante, Robles hizo hincapié en que «no pueden llegar a límites que les puedan dejar secuelas de por vida». Aunque la postura de los trabajadores es la de continuar a seiscientos metros de profundidad en la planta séptima del pozo, el sindicato les ha trasladado que «son muchos días y no queremos poner en peligro su salud». Los encerrados viven en un «ambiente de humedad grande», argumentó Robles, para añadir a continuación que «en el momento en que quieran abandonar los acompañaremos». Su acción de protesta es el «primer eslabón de otras acciones».

Los trabajadores anuncian nuevas protestas «aún más contundentes»

El delegado sindical del SOMA-FITAG-UGT en el Candín anunció que las movilizaciones que se realizaban en las cuencas mineras se trasladarán a partir de ahora a otros puntos de Asturias, donde hasta ahora se centraron en cortes de carreteras. Las próximas acciones, que serán programadas en reuniones de carácter nacional y regional del sindicato, «pueden ser aún más contundentes que las realizadas».

«Vamos a continuar luchando», señaló Robles. El sindicato solicita la reunión de la comisión de seguimiento para negociar y «parar este conflicto». En la concentración en el pozo Candín, al que acudió el diputado nacional del PSOE, Antonio Trevín, y los alcaldes de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Sobrescobio, los mineros pidieron disculpas a los vecinos a los que han causado trastornos durante las movilizaciones. «No es más que una medida de impotencia por la falta de diálogo», remarcó el delegado sindical.

Según Robles, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con su falta de capacidad de negociación y al actuar con «engaños y reuniones trampa tanto con los sindicatos como con el presidente del Principado», ha generado un «ansiedad y nerviosismo», subrayó. Esta situación se ha visto reflejada en «la dureza en las movilizaciones» que es consecuencia de «sus provocaciones» y rechazada por la fuerza sindical, afirmó Robles.

El dirigente sindical aludió además a la marcha de los mineros que concluyó en Madrid el pasado martes y a la manifestación celebrada allí una jornada más tarde. De ellas destacó que han sido ejemplares y que muchos ciudadanos han mostrado que comparten la lucha del sector. Su intervención en el Candín concluyó con una alusión a determinados tertulianos televisivos que «hablan de los mineros y las comarcas mineras con desprecio». La concurrida concentración en el pozo concluyó con una ovación de los asistentes.

Por otro lado, el diputado del PSOE Antonio Trevín aseguró que su grupo presentará una nueva iniciativa el jueves en el Congreso para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos con la minería. «Aseguró que no tiene dinero para el sector pero que hace semanas destinó más de 200 millones a compensar el déficit de las autovías radiales de Madrid», indicó Trevín.

David Villa: «Espero que se escuche a los mineros y el conflicto se solucione cuanto antes»

El futbolista langreano, de familia ligada al sector, visitó Candín para hablar con los encerrados y manifestarles su apoyo

Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España

«Espero que se escuche a los mineros, que se les tenga en cuenta», aseguró ayer el futbolista langreano, David Villa, en su visita al pozo Candín para participar en la concentración de apoyo a los encerrados y hablar posteriormente con los cuatro trabajadores que permanecen encerrados en la mina desde hace 48 días. El delantero del F. C. Barcelona, que hizo hincapié en que procede «de familia minera» y que actualmente tiene «allegados amigos y vecinos trabajando en el sector», espera que el conflicto del carbón «se solucione cuanto antes».

Villa se trasladó al pozo Candín pasadas las doce y media del mediodía desde su localidad natal, Tuilla, ubicada a cuatro kilómetros, donde clausuró su quinto campus oficial. Su presencia causó un enorme revuelo, especialmente entre los niños congregados alrededor del castillete, varios de los cuales acudieron con la equipación de la selección española de fútbol y otros con la del F. C. Barcelona, con el número 7 del jugador asturiano a la espalda, y un bloc de notas para pedirle un autógrafo.

David Villa, que estaba acompañado por su padre, Mel, que trabajó 27 años en la mina, ha seguido el conflicto desde la «lejanía». «No podía estar aquí al tener que seguir con el entrenamiento», explicó, aunque envió mensajes de ánimo a través de las redes sociales Además, según destacó Manuel Robles, delegado sindical del SOMA-FITAG-UGT en el Pozo Candín, durante su intervención ante los asistentes, «desde el primer día David se interesó por el conflicto». Por eso, los mineros quisieron trasladarle su agradecimiento por su apoyo.

Por su parte Villa mostró su esperanza de que «se tenga en cuenta» a los trabajadores del carbón «por el bien del sector y de los mineros que están ahí abajo, que son los que más sufren y sus familiares e hijos». A los cuatro trabajadores les trasladó a través del teléfono interior de la mina su fuerza y ánimos para que continuar con la lucha. Encerrados y familiares reconocieron, según expresó el futbolista, que estaban «animados y fuertes aunque llevan ya muchos días» en el pozo. También le explicaron que «no iban a parar, que estaban luchando por sus derechos».

Permanecer encerrados más de mes y medio en el pozo «es duro», remarcó Villa, que destacó la «entereza» de los cuatro mineros y sus ganas de seguir adelante. El jugador langreano se reunió, tras charlar con los trabajadores que protagonizan la acción de protesta en el pozo, con sus familiares. Hasta Candín se trasladaron en las últimas semanas otros futbolistas. Uno de los últimos fue Santi Cazorla, reciente campeón de la Eurocopa, que transmitió su ánimo a los encerrados. También acudieron los jugadores del Sporting de Gijón Alberto Lora, Roberto Canella, Sergio Álvarez, Pedro Orfila y Nacho Cases, que entregaron una camiseta firmada con la frase «Ánimo mineros».

David Villa: "Deseo que los mineros sean escuchados"

El delantero asturiano ha acudido al Pozo Candín para mostrar su apoyo a los mineros encerrados después de participar en la clausura del campus que lleva su nombre

13.07.12 - EFE | LANGREO

El futbolista David Villa ha participado hoy en una concentración en el pozo Candín, en Langreo, en el que cuatro mineros llevan 48 días de encierro, para mostrar su apoyo a la minería y ha deseado que el conflicto en el sector "se solucione cuanto antes".

David Villa, que procede de familia minera, ha pedido que "se escuche" a los mineros " y "se les tenga en cuenta".

El futbolista del FC Barcelona ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que ha vivido todo este asunto "desde la lejanía", pues no podía visitar las cuencas mineras, de donde él procede, por cumplir con sus entrenamientos.

"He mostrado siempre mi apoyo y ahora más si cabe por todo el conflicto. Ojalá acabe pronto", ha explicado. El delantero asturiano ha apuntado que ha hablado directamente con los mineros encerrados y ha reconocido que estaban "animados y fuertes" y "no iban a parar porque estaban luchando por sus derechos". "Su entereza demuestra las ganas que tienen para que la minería siga adelante", ha recalcado.

Tras participar en la concentración, Villa ha podido hablar por teléfono durante unos minutos con los trabajadores encerrados en el pozo y les ha transmitido su apoyo y ánimo.

Anteriormente, el futbolista participó en su localidad natal, Tuilla, en la clausura del acto de clausura de su quinto campus oficial, en el que han estado más de un centenar de niños.

En la concentración de esta mañana en el pozo han participado cientos de personas, entre las que se encontraba el delegado sindical de SOMA-FITAG-UGT en Candín, Manuel Robles, quien ha señalado que los cuatro mineros encerrados "tienen fuerza y ánimo", aunque "hay desgaste después de tantos días".

Robles ha dicho que siguen de cerca todas las acciones que se llevan a cabo desde el exterior, que es "lo que les mantiene vivos".

Asimismo, ha reconocido que las familias están llevando a cabo un gran sacrificio y "han sido ejemplares en su apoyo".

Por otro lado, el delegado sindical ha anunciado que habrá movilizaciones "más contundentes" y las acciones que se están llevando a cabo en las cuentas mineras las trasladarán a otros puntos de Asturias.

También ha pedido que el Gobierno cumpla lo pactado con el sector y que convoque la reunión de comisión de seguimiento.

Por su parte, el diputado nacional del PSOE Antonio Trevín ha alertado que el Ejecutivo central ha "incumplido de forma clamorosa con su palabra" y ha advertido de que "un recorte del 63 por ciento no es admisible".

Por ello, ha dicho que su partido presentará la próxima semana una iniciativa parlamentaria "exigiendo el cumplimientos de esos acuerdos" para garantizar el mantenimiento de la actividad y la reactivación de las comarcas mineras.

"Esta reivindicación aglutina el descontento general con el Gobierno del PP y sus nuevas medidas", ha alertado.

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Que nadie lo dude: están acabando con todo

El Gobierno aprueba la nueva Dependencia, que limita la figura del cuidador familiar

«Muchos dependientes van a estar muertos para cuando se les reconozca la prestación», critica la dirigente socialista Trinidad Jiménez

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España.

La reforma de la ley de Dependencia, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, fomentará los cuidados profesionales de las personas dependientes sobre los prestados por los familiares, a los que bajará un 15 por ciento la paga. La reforma, según el Ejecutivo, generará puestos de trabajo y servirá para proteger a los grandes dependientes. A su vez, con la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno central, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la reforma establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.

Por otro lado, se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, mientras que los que ya cotizan «no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen», según el Ministerio de Sanidad. A estos cuidadores se les reducirá un 15 por ciento la prestación que reciben, una figura que el Gobierno asegura que va a mantener, aunque les pedirá unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.

A partir de ahora, la ley define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará además de con la renta, con su patrimonio. No obstante, las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención, y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva -«a más renta más desembolso»- hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.

Asimismo, el Ejecutivo ha ampliado a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de dependencia, o no perciben la prestación, reciban dicha cuantía.

Las medidas contenidas en la reforma fueron debatidas el pasado martes por la ministra de Sanidad, Ana Mato, junto con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Tras esa reunión, Mato aseguró a los medios que hasta el momento la ley era «insostenible y necesitaba un cambio urgente», ya que en los últimos años estaba «colapsada», como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera.

Según el Ejecutivo, las previsiones a partir de las cuales se diseñó el sistema, en cuanto al nivel económico y número de beneficiarios, han quedado superadas por la realidad, ya que a falta de cuatro años para la implantación total de la norma, de forma acumulada, se han beneficiado 324.416 personas más de lo estimado. El gasto adicional al previsto inicialmente en la memoria de la ley ha sido de 2.724 millones de euros.

La ex ministra y secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, criticó ayer la reforma de la ley de Dependencia y advirtió de que «muchos dependientes van a estar muertos para cuando se les reconozca la prestación». Según Jiménez, los recortes en Dependencia podrían haberse evitado ya que «no cuesta tanto». En concreto, prosiguió, España destina a política social un 0,4 por ciento de su PIB.

Los empresarios denuncian el «fuerte varapalo» al sector

Madrid / Oviedo, Efe / P. Á., en La Nueva España

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) manifestó ayer su «enorme preocupación y rechazo» al anuncio de la subida del IVA, que supone un fuerte varapalo para el sector, «ya castigado» por retrasos en los pagos de la Administración. En un comunicado, la FED subraya que «el hecho de que se incremente el tipo del IVA para servicios sociales acarreará perjuicios económicos que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y dependencia».

La decisión del Gobierno «amenaza seriamente la viabilidad futura del sector, poniendo en peligro los 200.000 empleos directos y los más de 100.000 indirectos», asegura la FED, que denuncia el agravio comparativo con países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7 por ciento), e incluso con Irlanda o el Reino Unido, que están exentos, mientras España incremente el tipo del 8 al 10 por ciento «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».

Por otra parte, el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) del Principado trasladó ayer al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, la reivindicación de que la atención a los discapacitados y a sus familias sean «una prioridad» en las decisiones que en materia sanitaria adopte el Gobierno asturiano. Sanidad informó a los responsables del Cermi de que, debido a la situación de prórroga presupuestaria, resulta imposible convocar para este año la subvención a entidades sin ánimo de lucro.

Las claves de la reforma

Se recorta un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. Además, se les exigirá cumplir con unos «conocimientos básicos» para atender al dependiente, así como convivir con esa persona.

La reforma modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

En cuanto a la organización del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».

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A pesar de la dureza y de la duración que nadie crea que el conflicto está acabando

Los encerrados de Candín y Santiago tienen previsto salir hoy de los pozos tras 48 días

El SOMA ultimaba ayer el final de la protesta de los siete trabajadores, que permanecen a cientos de metros de profundidad desde el 28 de mayo

Foto: Marcha nocturna de la plataforma de mujeres del carbón en apoyo a los encerrados del pozo Santiago, en Aller.

Mieres / Langreo, Andrés VELASCO, en La Nueva España

El SOMA-FITAG-UGT tenía todo preparado a última hora de la tarde de ayer para hacer efectiva, a lo largo de la jornada de hoy, la salida de los mineros que desde hace 48 días están encerrados en las minas de Candín (Langreo) y Santiago (Aller). Los trabajadores asturianos se unirían de esta forma a los del pozo Santa Cruz del Sil, en León, aunque en el caso de los encerrados en la mina de la comunidad, los protagonistas del encierro fueron relevados por otros cinco compañeros.

Según pudo saber este diario, en el seno del SOMA se ultimaba ayer los detalles para poner fin a la protesta. No obstante, los propios encerrados en Candín y Santiago muestran algunas reticencias a abandonar la movilización ya que se ven con ánimo para seguir adelante, a pesar del castigo físico y psicológico que supone estar a cientos de metros de profundidad desde el pasado 28 de mayo. De los diez mineros que iniciaron el encierro hace 48 días, cinco en cada explotación, quedan en el interior de los pozos siete trabajadores, ya que tres de ellos se marcharon por recomendación médica.

Los encierros en la mina de Langreo y en la explotación allerana han captado en las últimas semanas numerosos apoyos, tanto de los trabajadores del sector y de sus familias como de habitantes de las Cuencas en general. A lo largo del último mes y medio se han convocado tres veces por semanas -los martes, jueves y sábados- concentraciones en las dos minas con el objeto de que los encerrados pudieran recibir el respaldo de sus vecinos. Cada una de esas concentraciones ha contado con la participación de cientos de personas. También se han organizados marchas solidarias hasta los pozos y se han colocado lazos negros en el exterior de las minas como señal de solidaridad, entre otras acciones.

Los encerrados también han tenido, a lo largo de todo de todo este tiempo, el aliento de sus familiares, que han acudido a las explotaciones para hablar con ellos por el teléfono interior de la mina. Asimismo, hasta los pozos se han acercado representantes del mundo de la política, la cultura o el deporte como fue el caso del futbolista internacional Santi Cazorla o de varios jugadores del Sporting de Gijón, que se desplazaron a las minas a dar su ánimo a los encerrados.

Marcha nocturna hasta la mina allerana

La Plataforma de Mujeres del Carbón, como ya hiciera el pasado lunes en el pozo langreano de Candín, organizó ayer una marcha nocturna de apoyo a los encerrados del pozo Santiago, en Aller, que partió del poblado de Bustiello. Entre los participantes, en la imagen, había esposas de mineros, trabajadoras de los pozos y vecinos que decidieron sumarse a la protesta.

CC OO llama arrogante a Soria por amenazar con aprobar en solitario otro plan minero

Maximino García afirma que el ministro de Industria «no tiene ni puta idea» al dejar que se cierre el sector y dejar el precio del carbón en manos extranjeras

Mieres / Langreo,  Andrés VELASCO, en La Nueva España

«Si el Ministro deja cerrar las minas para que luego el precio del carbón sea el fijado por otros países es que no tiene ni puta idea de lo que va a pasar en el futuro». Así de contundente se mostró ayer el Secretario General de la Federación de Industria de CC OO en Asturias, Maximino García, quien criticó duramente las amenazas del titular de Industria, José Manuel Soria, de elaborar por su cuenta un nuevo plan del carbón hasta el 2018. Este diario intentó recabar también la postura del SOMA-FITAG-UGT, aunque no fue posible contactar con ningún responsable del sindicato.

El responsable sindical de Comisiones dijo no estar extrañado por las advertencias de José Manuel Soria ya que «es un ejemplo más de la política que sigue este Gobierno». «Ellos quieren hacer ver que dialogan con las partes, pero la realidad, y se está viendo, es que toman decisiones sin contar con las organizaciones sindicales y los trabajadores», censuró García, quien agregó que «se creen que con mayoría absoluta pueden hacer lo que quieran». Maximino García advirtió de que «espero que su arrogancia tenga poco recorrido, porque están provocando que la sociedad se levante».

Las movilizaciones mineros han prendido la mecha de las protestas en otros sectores, puesto que «no solo se está atacando al carbón». Maximino García afirmó que «con las medidas que anunció el miércoles el Gobierno, se está atacando directamente a las condiciones laborales y a los derechos de otros muchos sectores del tejido productivo, y por tanto todos debemos movilizarnos ante este Gobierno».

Una vez concluida la «marcha del carbón» el pasado miércoles en Madrid, García se mostró cauto sobre las nuevas movilizaciones, y aseguró que se conocerán a partir de mediados de la próxima semana. «El lunes tendremos una asamblea interna y, al día siguiente, nos reuniéremos con el otro sindicato para ver cuáles son las acciones a llevar a cabo». Por el momento se mantiene la huelga indefinida en las empresas privadas y pública del sector, y el resto de movilizaciones. Además, no será esta la única asamblea en el seno de CC OO, ya que a finales de mes, el sindicato tendrá un encuentro con sus afiliados para dónde por donde llevar las acciones de protesta, ya que la dureza de dos meses sin cobrar por la huelga puede estar pasando factura a los trabajadores, y no se descarta volver al trabajo.

Torre vaticina que las empresas irán a concursos de acreedores en septiembre

Mieres / Langreo, A. V., en La Nueva España

El Consejero de Industria del Principado de Asturias, Graciano Torre, aseguró ayer que el conflicto del carbón podría desembocar, en un plazo de no más de dos meses, en concursos de acreedores y pérdida de puestos de trabajo. El responsable del Ejecutivo regional indicó que «cuando llegue septiembre las empresas tendrá que plantearse que hacen, ya que según sus propios balances, es posible que les terminen obligando a presentar un concursos de acreedores».

En declaraciones a la televisión pública del Principado, Graciano Torre también aseguró que la amenaza del Ministro de Industria, José Manuel Soria, de elaborar por su cuenta un plan del Carbón para 2013 es «una barbaridad». Y puso en duda, además, sobre qué bases va a presentar el Gobierno central el mencionado plan de forma unilateral. Torre se refirió a las movilizaciones y reconoció que «ha habido muchos más excesos que otras ocasiones», aunque afirmó que «lo que está en juego en este momento en las pervivencia de los pozos en 2012». Además, indicó que en el pasado, los gobiernos tuvieron más sensibilidad hacia el sector.

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La traducción práctica del plan de ajuste del Principado aprobado el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

El plan de ajuste de 2012 se lleva por delante 326 millones en inversiones y subvenciones

El Principado, que dice que endurecer el déficit traerá más recortes en servicios básicos, elimina 44 puestos de liberados y reformará el mapa sanitario y educativo

14.07.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El grueso del ajuste de 498 millones de euros que el Principado debe aplicar sobre sus cuentas en 2012, en virtud del plan aprobado el jueves por el Consejo de Política Fiscal, saldrá del capítulo inversor y de subvenciones y transferencias. Hasta 326 millones podará el Gobierno regional en estos ámbitos, tal y como se recoge en el citado documento que ayer mismo fue registrado en la Junta General, donde el lunes dará explicaciones la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Teniendo en cuenta que la inversión es siempre una de las partidas presupuestarias más fuertes y que las subidas de impuestos recogidas en el plan no comenzarán a tener impacto sobre las arcas públicas al menos hasta 2013, no es de extrañar que el Principado haya optado por esta vía para cuadrar sus cuentas con rapidez. Obras y proyectos por importe de 103 millones se reprograman; es decir, se retrasan en el tiempo. Otros 128 millones correspondientes a actuaciones finalizadas en 2011 no tendrán continuidad este ejercicio ante la falta de recursos. Y 95 millones salen del tijeretazo en las transferencias y las subvenciones.

El ajuste para 2012 se completa con recortes en otros sectores, fruto de la reducción de aportaciones del Estado y la UE para empleo, medio rural o sanidad. Medidas como el copago (diez millones) o la ampliación de la jornada laboral a todos los empleados públicos (tres millones, aunque aquí se apunta a una previsión de ahorro de hasta 18 millones en el mejor de los casos) completan la planificación del ejercicio en curso.

Pero el documento considerado «idóneo» por el Consejo de Política Fiscal va más allá y avanza las intenciones del Principado en años sucesivos, hasta 2014. Y hay iniciativas jugosas. Se prescindirá de 44 liberados institucionales, por ejemplo. Se habla de una revisión del mapa sanitario (hoy dividido en ocho áreas) y de una reestructuración de la red educativa en todos sus segmentos. Y se ahonda en cuestiones siempre delicadas como las guardias sanitarias o las ayudas sociales de que disponen algunos empleados al servicio de la administración regional.

El Principado, que se compromete a afrontar la reforma del sector público comprometida, incluyendo además fusiones de sociedades o entes todavía no detalladas en caso de que los estudios así lo aconsejen, valoró ayer las consecuencias del Consejo de Política Fiscal en otra de sus vertientes: el endurecimiento de los objetivos autonómicos de déficit. El portavoz, Guillermo Martínez, fue muy claro: «Ajustar más a las autonomías significa insistir en el ajuste en los servicios básicos».

Lamentó Martínez que el Gobierno central no comparta con las autonomías la flexibilización en el objetivo de déficit concedido por la UE a España. «Aplican la ley del embudo, ancho para ellos y estrecho para los demás», dijo. Y cuestionó asimismo que no se vayan a compartir con las regiones los ingresos adicionales que se obtendrán a través de la subida del IVA. «Quieren convertir a las regiones en el chivo expiatorio de la crisis», remarcó el portavoz, que lamentó que se intente trasladar una imagen «de ineficiencia» del Estado autonómico.

El Principado acusa al Gobierno de utilizar a las autonomías de «chivo expiatorio»

La Junta inicia el proceso de endeudamiento para inversiones con bronca por la tramitación

La Administración asume las obras plurianuales y recorta en todas las consejerías

Oviedo, Álvaro FAES, en L.N.E.

Con el ajuste de 498 millones del Principado aprobado por el Ministerio de Hacienda, y la ley de endeudamiento ya en manos de la Junta General, para conseguir 423 millones destinados a inversiones, la Administración regional completa el escenario que desbloquea la parálisis inversora a consecuencia de la prórroga presupuestaria. Aliviado, como dijo la consejera Dolores Carcedo y ayer repitió el titular de Presidencia, Guillermo Martínez, pero muy molesto por la actitud del Ejecutivo central, el Gobierno regional se centra ahora en el pleno del próximo lunes, donde los grupos parlamentarios pondrán la lupa sobre el destino del dinero para las inversiones. Superado el trago del examen por parte del departamento de Cristóbal Montoro, el Ejecutivo asturiano expresó ayer su rechazo a las nuevas exigencias que desde Madrid se imponen a las autonomías. Guillermo Martínez acusó a Mariano Rajoy de utilizar a las regiones españolas como «chivos expiatorios de la crisis» y de aplicar en su conducta la «ley del embudo, ancho para ellos, estrecho para nosotros».

La subida del IVA, «que puede ser legal pero no justa», también provocó la crítica del Consejero. «Es un impuesto que se reparte entre ambos pero que ahora solamente les beneficia a ellos».

El Parlamento asturiano debe aprobar ahora la ley de endeudamiento para recuperar el pulso inversor, la misma que Álvarez-Cascos no pudo sacar adelante en su momento por haber disuelto la Cámara para convocar elecciones. El trabajo de la Consejería de Hacienda, además de pactar con Madrid el exigente Plan Económico Financiero de los 498 millones, se ha centrado en las últimas semanas en elegir el destino de los 426 (los tres de diferencia respecto al crédito solicitado salen de retornos, intereses y otras cuestiones técnicas) para inversiones.

Los pagos irán destinados a obras con compromisos plurianuales, a las que generen ingresos, formen parte de proyectos que obliguen a aportaciones anuales o que se consideren estratégicas porque generan actividad económica. No obstante, ninguna Consejería se libra de importantes recortes, como consecuencia también del ajuste al que obliga la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Se trata, en cualquier caso, de cifras relativas a la inversión, que no a los gastos corrientes (sueldos, mantenimiento...). El Principado aún no ha comunicado a los grupos parlamentarios el ahorro por los recortes en el sector público, y sólo ha estimado los ingresos por ventas o enajenaciones de empresas participadas por la Administración y de algunos de sus bienes, como las sedes en Madrid y Bruselas.

Sí aparecen conceptos como la reducción del convenio de patrocinio del Sporting, que baja casi la mitad (de 595.00 euros a 315.500) o el último tramo de las obras del circuito «Fernando Alonso» en La Morgal, al que el presupuesto prorrogado entregaba 1,1 millones, pero que pierde cerca de la tercera parte y sólo recibirá algo más de 400.000. En el Niemeyer, el Principado invertirá únicamente 62.000 euros.

La recepción en la Junta del Principado de la solicitud de endeudamiento para acometer las inversiones pendientes provocó ayer cierta bronca durante la reunión de portavoces. El Grupo Socialista propuso la aprobación por vía de urgencia y lectura única (sin posibilidad de enmiendas), un punto para el que se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara. Con la negativa del PP y la inicial de Foro, ambos sin acceso previo al proyecto de ley, el portavoz socialista, Fernando Lastra, abandonó la sala y regresó, tras una conversación telefónica, con la sugerencia de retomar el diálogo el lunes. El Partido Popular manifestó que no cambiaría su decisión y todo indica que Foro podría reconsiderar su rechazo.

No gusta en el Principado, y tampoco en las otras tres autonomías que votaron en contra de las medidas de Rajoy (Andalucía, Cataluña y Canarias), así como en las dos del PP que se abstuvieron (Castilla y León y Extremadura), que el Gobierno central no reparta la flexibilidad de la Unión Europa con España, tras permitir que este año su déficit se mantenga en el 6,3% del PIB y no en el 5,3% como solicitaba inicialmente. No sólo eso, sino que las comunidades autónomos deberán dejar sus números negativos el año que viene en el 0,7% y en el 0,1% en 2014.

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Al ser un problema no de voluntad política sino de disponibilidad presupuestaria, la cosa irá para largo

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo defienden el traslado de Medicina al HUCA

Acercan posturas sobre el consorcio de escuelas de cero a tres años en el que ya trabaja el Ejecutivo

14.07.12 - A. S. / A. V. | GIJÓN, en El Comercio.

Primera reunión entre el presidente del Principado, Javier Fernández, y el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo desde su llegada al poder y primer encuentro en buena sintonía sobre una vieja aspiración de la Universidad asturiana: el traslado de la Facultad de Medicina a terrenos de La Cadellada.

Tanto el Gobierno asturiano como el Ayuntamiento ovetense apuestan por trasladar la Faculdesde su actual ubicación en el campus de El Cristo a las inmediaciones del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según explicaron ambos al término de una cita que se prolongó durante más de dos horas.

Fernández retoma así el compromiso del Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos, que ya pactó con el rector de la institución académica, Vicente Gotor, llevarse junto al nuevo Hospital la Facultad con el objetivo de levantar allí el futuro Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad asturiana. Un proyecto que cuenta ya con un informe preliminar sobre las necesidades de la infraestructura y que, sin embargo, se vio paralizado por la falta de fondos.

Ambos coincidieron también en la necesidad de construir un nuevo aulario y de acometer los accesos al HUCA desde la AS-II, aunque, al término de la reunión, el alcalde ovetense señaló que aunque defienden esos proyectos, no han hablado de plazos, «sino de objetivos realistas» para conseguir su puesta en marcha.

El encuentro sirvió también para hablar sobre el consorcio de las escuelas de cero a tres años en el que está trabajando el Principado para sustituir el modelo actual de gestión que comparten la administración regional y unos ayuntamientos asfixiados por la falta de recursos.

No obstante, según Iglesias Caunedo, Gobierno regional y Ayuntamiento son conscientes de la situación económica y de que deberán alcanzar acuerdos sobre actuaciones o inversiones desde la aplicación del «máximo rigor presupuestario».

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