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PRENSA

“La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas…”, recuerda.

“La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas…”, recuerda.

Cascos ve «contraproducente» modificar la Constitución para controlar el déficit

El presidente de Foro Asturias advierte de que el problema sólo se resolverá si los encargados de hacer las políticas generan confianza

28.08.11 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

El límite constitucional al déficit y a la deuda pública pactado entre el PSOE y el PP es un guiño a los mercados que llega en un momento crítico para la economía española y para la zona euro, pero, sobre todo, es el reconocimiento de la imposibilidad de adoptar acuerdos «serios, leales y responsables» entre la clase dirigente. Así lo ve, al menos, el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, para quien resulta «contraproducente» modificar la Constitución para fijar límites a la capacidad de endeudamiento, un objetivo político «aceptable», pero que no requiere, a su juicio, ni la modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias ni la modificación de la Constitución. «Por este camino, Rajoy y Zapatero acabarán proponiendo modificar la Constitución para fijar que en España se tiene que conducir por la derecha en nuestras calles y carreteras», ironizó.

Para «controlar el despilfarro», bastaría, apostilló, un compromiso político serio como el ocurrido en 1978, cuando «en circunstancias políticas mucho más difíciles», se firmaron los Pactos de La Moncloa. «Es esa lealtad de los dirigentes políticos españoles para asumir las respuestas que exige la superación de la crisis la que generará confianza en nuestra economía, y no una contraproducente reforma constitucional que fomenta la desconfianza», argumentó el presidente de Foro Asturias en declaraciones a EL COMERCIO.

El jefe del Ejecutivo autonómico hizo pedagogía y explicó que aunque es partidario de «controlar el despilfarro» y también de que se «conduzca por la derecha», no cree que ninguno de estos dos preceptos deban estar recogidos en la Constitución. «Me parece absurdo que determinado tipo de decisiones políticas en las que existe un consenso, si es que existe de verdad entre todos, tenga que ser la Constitución la que lo legalice. La Carta Magna es el marco de convivencia, pero no es la definición de políticas concretas», indicó.

Aunque el pacto entre socialistas y populares trata de mandar un mensaje a los inversores del compromiso de España con la estabilidad presupuestaria, que permita garantizar la solvencia futura del país, el líder de Foro Asturias advirtió de que lo único que conseguirá será enviar un mensaje negativo. «Los políticos son los primeros que no generan confianza y están trasladando el problema al conjunto de la sociedad española», aseguró tras recordar que «hace tres años y medio hubo quien compareció y ganó las elecciones ofreciendo el pleno empleo y negando la crisis».

Por eso, apeló a la responsabilidad ciudadana de cara a la próxima cita con las urnas porque «quienes hicieron el ejercicio básico de irresponsabilidad que era engañar a la sociedad española, confundir a los españoles y proponer políticas equivocadas no pueden sacar a España de la crisis».

Uno de los puntos claves de la reforma constitucional acordada es que el control afecta también a los entes territoriales. Y es que las cuentas de las comunidades vienen despertado una gran desconfianza en los mercados y en los organismos internacionales, tanto por la falta de transparencia como por la ausencia de controles sobre ellas. El pacto entre populares y socialistas supondrá que los gobiernos no sólo tendrán que elaborar los presupuestos con déficit inferiores a los estipulados, sino que si durante el ejercicio hay desviaciones, tendrán que tomar medidas para corregirlas.

A la espera de conocer el desarrollo de la norma, los analistas coinciden en que, con la reforma, el Gobierno tendrá más recursos en sus manos para imponer la disciplina fiscal a las comunidades, y éstas menos posibilidad de esquivar las exigencias de estabilidad.

Igualdad territorial

Para Álvarez-Cascos, lo que va a resolver el problema del déficit no es el contenido de la reforma sino la confianza que deben generar los encargados de hacer las políticas. Por eso, advirtió, «lo que en Asturias nos jugamos en noviembre, haya o no reforma, es una política económica que produzca efectos positivos, beneficie por igual a todas las comunidades y evite que la región siga estando marginada. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos que los demás».

Álvarez-Cascos insistió en que lo que España necesita es un nuevo pacto entre todas las fuerzas políticas, «con independencia del resultado electoral de noviembre». «Eso es lo que va a generar confianza y desde Asturias no sólo predicaremos sino que practicaremos estos principios e invitaremos a las fuerzas políticas a alcanzar los acuerdos para desde Asturias contribuir a reforzar la economía española que es el mejor camino para salir adelante».

El líder de Foro Asturias se preguntó por qué se habla ahora de gobernanza y no hace unos meses, cuando la Unión Europea venía preconizando el decálogo de la gobernanza. «En España algunos dirigentes han vuelto la espalda a esos compromisos», sentenció.

Frente a la defensa de la reforma que, como no podía ser de otra manera, se realizó desde el PSOE y el PP asturiano, las valoraciones de Álvarez-Cascos mantienen el tono crítico que avanzaron el martes tanto el diputado regional de IU Aurelio Martín, como el candidato de UPyD en Asturias durante las pasadas elecciones, Ignacio Prendes.

También el viernes el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, se mostró muy crítico con una reforma que, señaló, «rompe el consenso social» y está impuesta por un «gobierno económico que defiende y promueve el capitalismo de casino y las políticas ultraliberales».

La transparencia en las cuentas no debería molestar a nadie… ¿o sí?

La transparencia en las cuentas no debería molestar a nadie… ¿o sí?

Cascos revisará todas las ayudas del Gobierno anterior

Hacienda amplía las auditorías del sector público a las subvenciones aprobadas desde 2008

La consejería abre la puerta a la contratación de empresas privadas para aplicar los controles

Foto: El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego

26/08/2011 Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias

Las auditorías del Principado llegarán más lejos de la anunciada revisión del estado de cuentas de cada consejería. El Ejecutivo ha dado vía libre a la Intervención General para revisar todas las ayudas y subvenciones concedidas por el anterior Gobierno desde 2008 hasta las elecciones autonómicas de mayo. El boletín oficial de la Administración regional publicó ayer una resolución del nuevo responsable de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, que lleva a la práctica el programa electoral de Foro, ratificado por Francisco Álvarez-Cascos ante la Junta General durante el debate de investidura.

Aunque el nuevo presidente esquivó el asunto durante la campaña, desde su llegada al cargo ha expresado desconfianza sobre la situación económica heredada del Ejecutivo anterior y, a principios de este mes, denunció la existencia de una deuda no reconocida de 211 millones de euros. Para el PSOE, es una revelación sin base, achacable a facturas, pendientes de pago pero en modo alguno escondidas, del sistema público de salud. El Gobierno sostiene que no todas esas obligaciones incumben a la Consejería de Sanidad, pero aún no ha presentado un balance de las indagaciones de Hacienda.

Del Riego apenas ha pronunciado unas pocas palabras en público desde su nombramiento a mediados de julio. Sin embargo, sí dejó claro desde el principio que el primer encargo que había recibido era llevar a cabo un estudio profundo de las arcas regionales. Sobre el terreno, la tarea corresponderá a Emma Ramos, la economista y funcionaria de carrera que desde el pasado lunes es la nueva interventora general del Principado. El decreto recogido en el Bopa refuerza sus poderes para aplicar los planes anuales de control financiero permanente y de auditorías que la Administración autonómica desarrolla por mandato legal todos los años.

Más inspecciones

El texto amplía las inspecciones fijadas para 2011 por el anterior consejero, el socialista Jaime Rabanal. Con la incorporación de tres instrucciones más a la anterior orden, Hacienda llama a revisión a todos los organismos y entes públicos y a todas las entidades y fundaciones en las que el Principado tiene una participación mayoritaria. No es una sorpresa, porque Cascos también ha repetido en los últimos meses sus intenciones de adelgazar ese sector --formado por 46 sociedades en las que trabajan casi 3.000 personas-- con ventas y cierres.

Lo que sí resulta un añadido al discurso de Foro es la sombra de sospecha sobre los criterios con los que se ha manejado el dinero público destinado a ayudas y subvenciones. El decreto pone la lupa sobre todas las partidas con esa finalidad incluidas en los presupuestos regionales de 2008, 2009, 2010 y 2011 y deja a criterio de la Intervención el alcance de los controles.

Para cumplir los objetivos, la Intervención podrá recurrir a la ayuda de empresas privadas de auditoría. Es una fórmula de control externo que ya aplican entidades como el Sespa, el Ente de Comunicación, el 112 o Bomberos de Asturias. La resolución de Hacienda permite extender la práctica a cualquier organismo público.

De los resultados dependerá el ritmo de las actuaciones en el sector público. Ya en la investidura, Cascos reconoció que no todos los organismos se encuentran en la misma situación y que de un análisis detenido y profundo debía derivarse un calendario que tuviera en cuenta esa disparidad. En esas sesiones en la Junta, apuntó a dos entes como los primeros candidatos a perder su vinculación con el Principado: la constructora Sedes y la radiotelevisión pública.

Ritmos diferenciados

En la velocidad y la intensidad del ajuste también tendrá influencia la deuda regional. Del Riego, que al asumir la dirección de Hacienda aseguró que la situación del Principado no era comparable a la de las regiones con dificultades, cambió de discurso en apenas tres semanas para respaldar las imputaciones sobre la deuda oculta. El Gobierno asegura que la cifra final puede superar los 211 millones calculados hasta ahora, aunque el PSOE lo niega y asegura que en su etapa al frente del Principado no se realizó ningún gasto sin atribuirlo a alguna partida del presupuesto. La oposición acusa al Ejecutivo de preparar un ajuste en el gasto social con la excusa de ese desfase. Hacienda ya ha alertado de que su existencia condiciona y lastrará las cuentas para el próximo año, cuya elaboración es una de las principales tareas de la Junta cuando reanude sus sesiones a partir de septiembre.

En las suspicacias sobre el sector público, Foro no se ha esforzado por distinguir su discurso del que sostiene el Partido Popular desde principios de la anterior legislatura. Su portavoz parlamentario, Enrique Álvarez Sostres, se ha referido con insistencia a esos organismos como “chiringuitos socialistas”, un término que los diputados del PP acuñaron en sus debates con el Ejecutivo socialista. Sin embargo, la falta de concreción de Foro sobre el alcance del ajuste supuso un obstáculo al negociar un pacto con los populares.

Cascos faculta a la interventora general para revisar la gestión económica de Areces

El Gobierno de Foro encargará a firmas privadas auditorías de las empresas públicas y supervisará las subvenciones y ayudas concedidas desde 2008

Oviedo, E. LAGAR, en La Nueva España

El Gobierno de Álvarez-Cascos parece decidido a examinar meticulosamente la gestión económica de su antecesor en la Presidencia del Principado, el socialista Álvarez Areces. En este sentido, el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) publicó ayer una resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público por la que se amplían las facultades de la intervención general para que pueda auditar todo lo relativo al gasto presupuestario aprobado, al sector público empresarial y a las subvenciones y ayudas públicas. En los dos últimos casos están dispuestos a revisarlas desde 2008.

La resolución publicada ayer por el BOPA otorga a la nueva interventora general, la avilesina Emma Ramos Carbajal, amplia capacidad de maniobra para inspeccionar la situación económica de los gastos presupuestarios en todas las partidas de las cuentas que dejó aprobadas el anterior Ejecutivo. Además, y en virtud de esta resolución que modifica el plan anual de control financiero permanente y el plan anual de auditorías, la intervención general también podrá auditar «con el alcance que a tal efecto determine» «cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto, del Principado de Asturias». Las oportunas «revisiones o controles de calidad» podrán ser contratadas, en virtud de esta resolución, a «empresas privadas de auditorías».

El plan anual de auditorías también ha sido modificado para que Emma Ramos pueda pasar revista a todas las subvenciones y ayudas públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de 2008, 2009, 2010 y 2011. La resolución publicada ayer por el BOPA indica que «el alcance de cada uno de estos controles se determinará, caso por caso, por la intervención general».

La revisión que el actual Gobierno está haciendo de la gestión del anterior Ejecutivo regional ya se está dejando notar en dos proyectos: el Centro Niemeyer de Avilés y las obras de soterramiento de Feve en Langreo.

El modelo actual de gestión del Niemeyer caducará dentro de cuatro meses, cuando termina la cesión temporal de los edificios, y el Gobierno de Álvarez-Cascos aún no se ha pronunciado al respecto. Por el momento, ha iniciado una auditoría para examinar la gestión que se ha desarrollado hasta la fecha. También tiene entre sus manos una auditoría donde se presentan reparos a las cuentas de 2010 porque faltan justificaciones de gastos.

En cuanto a las obras de soterramiento de Feve en Langreo, el Gobierno regional está realizando una auditoría del proceso de adjudicación de estos trabajos por parte del anterior Gobierno de Areces. La Consejería de Fomento indicó que este tipo de auditorías se extenderá a «otras obras problemáticas». El problema en Langreo surgió cuando las constructoras decidieron que a partir del próximo día 1 de septiembre prescindirán de la práctica totalidad de los trabajadores (propios y de subcontrata) ante los impagos del Principado. La Consejería de Fomento ha reconocido que las obras de soterramiento, que deberían estar terminadas a finales de 2012 y ascienden a 54 millones, llevan un ritmo «llamativamente bajo».

El Principado auditará todo el sector público y las ayudas del último mandato de Areces

El Ejecutivo inicia su inspección por 17 organismos vinculados a la Administración autonómica

26.08.11 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado podrá, a partir de este momento, fiscalizar a todas las entidades, fundaciones y empresas públicas en las que tenga una participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto. Hasta ahora, el Gobierno regional sólo podía llevar a cabo este año controles en tres entidades públicas, de acuerdo al plan anual de auditorías. Con la modificación, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), se faculta al Ejecutivo para fiscalizar las cuentas de todos los organismos y entes públicos.

En principio, según pudo saber este periódico, el Gobierno ha encargado ya a la Intervención General la puesta en marcha de auditorías en 17 de estas entidades, dentro de lo que supone la primera fase de un plan con el que el Gabinete presidido por Francisco Álvarez-Cascos pretende conocer la situación financiera de cada una de las 62 sociedades y empresas que forman parte de la conocida como administración paralela del Principado.

El Gobierno asturiano nunca ha ocultado sus intenciones. Cascos, desde su llegada a la Presidencia, reconoció que entre sus planes figuraba en un lugar preferente reordenar el sector público y las empresas y organismos que forman parte de él. Eso sí, la condición previa era tener configurada la estructura orgánica del Ejecutivo, un trámite que está a punto de culminar.

El siguiente paso para poder fiscalizar todas las empresas públicas era modificar el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el presente ejercicio, que precisamente fue modificado por el anterior Gabinete diez días antes de las Elecciones Autonómicas del 22 de mayo.

Circunstancias

Recuerdan que en el articulado de la ley por la que se rige el control interno ejercido por la Intervención General se contempla la posibilidad de variar el contenido de los citados planes «cuando se produzcan circunstancias que así lo justifiquen». Entiende, por tanto, el Ejecutivo que en este momento se producen esas condiciones.

Hasta ahora, tal y como quedaba reflejado en el citado plan de auditorías, sólo tres entidades públicas estaban obligadas por ley a someterse este año a una auditoría financiera. En el último plan figuraban 112 Asturias, Bomberos del Principado y Ente de Radio Televisión del Principado (RTPA). Hecha la modificación por parte de Hacienda y Sector Público, se autoriza a la Intervención General a efectuar auditorías sobre cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria del Principado. Para llevar a cabo la fiscalización de estas entidades, Intervención General podrá proponer la contratación de empresas externas, es decir, privadas, para llevar a cabo las auditorías.

La otra gran novedad que se introduce con la modificación planteada por el Ejecutivo de Álvarez-Cascos es que, al mismo tiempo que se faculta a la Intervención General para revisar las cuentas de las empresas públicas también se les autoriza a investigar las subvenciones y ayudas públicas financiadas con cargo a los presupuestos del Principado correspondientes a los últimos cuatro años o, lo que es lo mismo, la última legislatura del Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.

La medida puede generar una importante controversia con los socialistas, que siempre han defendido la buena gestión de las entidades y organismos públicos. Sin embargo, el Gobierno de Foro Asturias tendrá en este caso el apoyo del PP para llevar a cabo una iniciativa de este calado, que permitirá conocer todas las ayudas que se concedieron desde los distintos departamentos del Ejecutivo regional y los destinatarios de las citadas subvenciones. El Gabinete insiste en que el único afán que esconde esta actuación es conocer con precisión el estado de las cuentas y proceder a un control más estricto de las mismas.

Los datos indican que nuestro margen de ahorro con la prescripción por genéricos es mayor…

Los datos indican que nuestro margen de ahorro con la prescripción por genéricos es mayor…

Asturias registra el gasto más alto por receta, con una media de casi 13 euros

Los médicos de primaria realizan cada año más de 25 millones de prescripciones de fármacos, con un coste total de 324 millones de euros

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Asturias registra el gasto medio por receta médica más elevado de todo el país. En lo que va de año (de enero a julio), cada medicamento prescrito por los médicos de la sanidad pública asturiana les ha supuesto a las arcas públicas un promedio de 12,72 euros, una cuantía superior a la media nacional, situada en 11,59 euros. El precio más barato corresponde a Andalucía: 10,26 euros.

Los precios de los fármacos están disminuyendo en toda España de forma pronunciada como consecuencia de las medidas de ahorro impuestas desde el Ministerio de Sanidad. En el caso de Asturias, el importe medio por receta alcanzó un máximo aproximado de 14,50 euros a principios de 2010. Desde mediados de ese año la tendencia a la baja es común a toda España.

Los fármacos prescritos en los centros de salud son gratuitos para los pensionistas, en tanto que los usuarios activos han de abonar el 40 por ciento de su importe. El 60 por ciento restante corre a cargo de la Administración sanitaria.

El gasto medio por receta es un indicador relevante. Aunque de por sí represente una cuantía pequeña, hay que tener en cuenta que los médicos de primaria de Asturias prescriben cada año algo más de 25 millones de recetas, lo cual significa que si el Principado alcanzara el gasto medio por receta de Andalucía, el ahorro anual ascendería a 61,5 millones de euros. Y si Asturias se igualara a la media española, de unos 28 millones. Se trata, en ambos casos, de cifras muy relevantes sobre una factura anual situada en unos 324 millones de euros.

La caída del precio de las medicinas es una buena noticia para las arcas públicas. De hecho, la actividad del Ministerio de Sanidad en los últimos tiempos ha consistido, en buena parte, en arbitrar medidas de reducción de los costes de los fármacos. El pasado viernes el Gobierno central aprobó una normativa en virtud de la cual los médicos sólo recetarán medicamentos genéricos y no marcas comerciales, en tanto que los boticarios deberán dispensar el medicamento más barato de su tipo. Asimismo, se rebaja un 15 por ciento el precio de los medicamentos con más de diez años desde su registro sin genéricos en el mercado.

Con estas medidas, el Ejecutivo aspira a ahorrar a las arcas estatales unos 2.400 millones de euros al año, y otros 167 millones anuales para el bolsillo del ciudadano.

Con todo, tampoco en este caso llueve a gusto de todos. Los boticarios están entre preocupados e indignados. El Colegio de Farmacéuticos de Asturias ya ha denunciado en varias ocasiones que a las oficinas de farmacia les resulta «imposible» mantener el volumen de empleo, de gasto corriente y de inversión de las boticas con los sucesivos recortes del gasto en fármacos. La corporación subraya que el sector ha sufrido en apenas un año tres decretos de urgencia. «Los dos aprobados en 2010 han supuesto una pérdida de recursos para las oficinas de farmacia de un 22 por ciento respecto al pasado año», señala el colegio, que añade que de cumplirse las previsiones del Ministerio de Sanidad, con el decreto del pasado viernes «estaríamos hablando de un descenso del 40 por ciento para los ingresos de las oficinas de farmacia al sumarse los tres decretos sucesivos».

El presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) indigna, con sus declaraciones, al área VII…

El presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) indigna, con sus declaraciones, al área VII…

VER LAS DECLARACIONES QUE DAN ORIGEN A ESTA POLEMICA:

EN LA NUEVA ESPAÑA

EN EL COMERCIO

Mieres hace frente común en defensa del hospital ante las críticas de Cofas

IU acusa a la entidad farmacéutica de mirar «por su negocio» y no por el interés general

25/08/2011 Aitana Castaño, Mieres Del Camino, en La Voz de Asturias

Pocas polémicas han conseguido unir tanto a los partidos políticos de Mieres como la que ha provocado Pablo Ramos, presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) cuestionando la necesidad de construir un hospital en la comarca del Caudal. IU, PSOE y PP han hecho frente común para defender un proyecto “de interés general” que beneficia a miles de personas de Mieres “pero también de Aller y Lena” y cuya necesidad es “indiscutible”.

Las críticas del gobierno local de Izquierda Unida hacia el presidente de Cofas son duras: “Entendemos que estas palabras son consecuencia de una reacción del sector farmacéutico ante medidas que suponen recortar los ingentes beneficios que llevan décadas acumulando. Se trata de un sector que suma millones de euros de beneficios y que utiliza argumentos espurios para desviar la atención de su negativa a aceptar el plan de ahorro farmacéutico planteado”, señalan desde IU. Los responsables del gobierno municipal defienden que “el sistema de salud es un derecho”. “Para el presidente de Cofas, tal como demuestran sus declaraciones, es un negocio y por ello olvida que miles de vecinos del área sanitaria VII tardan entre 45 minutos y una hora en llegar al Álvarez-Buylla”. En Izquierda Unida salen en defensa del Hospital como una “necesidad comarcal” porque “no todos los usuarios del hospital viven en el casco urbano de Mieres y es una vergüenza que se deje en el olvido a ciudadanos que viven en lugares como Pajares, Urbiés, Felechosa o Tuiza y que tienen el mismo derecho a la sanidad que los que lo hacen en las zonas urbanas”. “El Ayuntamiento de Mieres defiende el interés general, otros solo sus multimillonarios beneficios”, apuntan y concluyen que “pedimos al presidente de Cofas más rigor en sus declaraciones y en sus argumentos y que evite culpar de sus problemas al derecho de la ciudadanía a un sistema sanitario de calidad”.

El “interés general” es también, a juicio de Diana González, edil de los socialistas en el concejo mierense, lo que debe prevalecer, por encima incluso de las palabras de Pablo Ramos. “Hace años que superamos el debate sobre la necesidad o no de un centro hospitalario en la zona, tanto es así que ni siquiera la ruptura del pacto de gobierno, en su día, entre el PSOE e IU fue por eso, no se discutía la necesidad sino la ubicación”, apuntó Diana González que recalcó que “nos parece que Ramos no ha tenido en cuenta el interés general cuando ha hecho estas declaraciones ni está apostando por la sanidad pública, algo que desde el PSOE sí hacemos”.

“El hospital de Mieres es absolutamente indiscutible”. Así de tajante se mostró el edil del PP, José Juan García que considera que “las palabras de Ramos son una metedura de pata porque él, en concreto, pertenece y da voz a un sector, el de las farmacéuticas, que más dinero gana en el mundo a pesar de la crisis”. “El centro hospitalario mierense no es algo nuevo, existe desde hace 60 años y posiblemente sea aquí, en las cuencas mineras, donde más se necesite y más justificado esté ya que somos una de las zonas donde mayor envejecimiento se está dando”.

Mieres censura que el presidente de Cofas cuestione la necesidad del nuevo hospital

Mieres del Camino, A.V., en La Nueva España

El equipo de Gobierno de Mieres (IU-LV), así como los grupos municipales de PSOE y PP rechazaron ayer las declaraciones realizadas por el presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), Pablo Ramos, cuestionando la necesidad de construir el hospital comarcal Álvarez-Buylla, y exigieron una rectificación pública.

Desde el Gobierno local apuntaron que las palabras de Ramos, -que indicó que un ciudadano de Mieres tenga un nuevo hospital en su población, a 12 minutos del de Oviedo y a 17 del de Gijón, es un ejemplo de gestión errónea- «son consecuencia de una reacción del sector farmacéutico ante medidas que suponen recortar los ingentes beneficios que llevan décadas acumulando». El gobierno mierense apuntó que «para nosotros el sistema de salud es un derecho y para el presidente de Cofas, es un negocio».

En la misma línea se pronunciaron los portavoces de PSOE, Diana González, y PP, José Juan García. La edil socialista aseguró que ese debate está «superado» e indicó que «el Área VII no tiene un hospital nuevo, el hospital ya estaba aquí y como no se podía reformar, se construyó otro edificio». En esa línea, el concejal popular apuntó que el Álvarez-Buylla «lleva 70 años en Mieres» y recordó que «da servicio a 70.000 vecinos de Mieres, Aller y Lena».

Mieres carga contra el presidente de Cofas y le pide más rigor con el Álvarez-Buylla

25.08.2011 - E. C., GIJÓN, en El Comercio.

Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres no le ha sentado nada bien que el presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), Pablo Ramos, haya cuestionando la necesidad de construir el nuevo Hospital Álvarez-Buylla cuando hay «uno a 12 minutos en Oviedo y otro a 17 en Gijón».

La reacción del Ayuntamiento mierense llegó ayer mismo a través de un comunicado en el que el equipo de gobierno «lamenta las declaraciones realizadas por Pablo Ramos».

«Entendemos que estas palabras son consecuencia de una reacción del sector farmacéutico ante medidas que suponen recortar los ingentes beneficios que llevan décadas acumulando», carga el Consistorio, que subraya que «se trata de un sector que suma millones de euros de beneficios y que utiliza argumentos espurios para desviar la atención de su negativa a aceptar un plan de ahorro farmacéutico».

«Para nosotros el sistema de salud es un derecho. Para el presidente de Cofas, tal como demuestran sus declaraciones, es un negocio y por ello olvida que miles de vecinas y vecinos del área sanitaria VII tardan entre 45 minutos y una hora en llegar al Álvarez-Buylla», explican. Y subrayan que «no todos los usuarios del hospital comarcal viven en el casco urbano de Mieres», al tiempo que califican de «vergüenza que se deje en el olvido a ciudadanos y ciudadanas que viven en lugares como Pajares, Urbiés, Felechosa o Tuiza y que tienen el mismo derecho a la sanidad que los que lo hacen en las zonas urbanas. El Ayuntamiento de Mieres defiende el interés general, otros solo sus multimillonarios beneficios», concluyen.

Finalmente, el Consistorio reclama al presidente de Cofas «más rigor en sus declaraciones y en sus argumentos y que evite culpar de sus problemas al derecho de la ciudadanía a un sistema sanitario de calidad».

Mañana viernes, por lo que se ve, se producirá la preceptiva reunión del Consejo de Administración del Sespa…

Mañana viernes, por lo que se ve, se producirá la preceptiva reunión del Consejo de Administración del Sespa…

El Principado nombrará esta semana a los gerentes del HUCA y Cabueñes

Lisardo Barriuso se perfila para asumir la gerencia del centro gijonés y Jesús Rodríguez, para el Hospital Central

Foto: Conversación en 2008 entre el entonces gerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Jesús Rodríguez, y Mariano Rajoy.

25.08.11 - L. F. / A. V. | OVIEDO, en El Comercio.

Con la máxima cautela para evitar generar suspicacias, el Ejecutivo regional ultima los nombramientos de los gerentes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y de Cabueñes, designaciones que, según las fuentes consultadas por El COMERCIO, podrían recibir luz verde esta misma semana.

Según esas mismas fuentes, Jesús Rodríguez, exgerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y actual director de un centro psiquiátrico madrileño, sería el encargado de tomar las riendas del HUCA después de que el Gobierno regional haya recibido la negativa de la asturiana Pilar Fernández Ampudia, directora médica del complejo hospitalario de León y primera opción del Sespa.

Rodríguez, que deberá encargarse del complejo traslado del viejo al futuro Hospital Central, pasaría así a sustituir a Mario González, cuyo cese, así como el del resto de su equipo, se produjo hace escasos días tras un tenso enfrentamiento con el nuevo gerente del Sespa, Juan Azcona.

Y, si todo parece apuntar a que el nuevo gerente del HUCA llegará de fuera de la región, no ocurrirá lo mismo con el nuevo responsable de Cabueñes, ya que el Principado quiere fichar al que ya fuera director médico del centro hospitalario gijonés entre 1996 y 2002, Lisardo Barriuso, quien también ejerció dicho cargo en el complejo hospitalario de León entre 2004 y 2007 para trasladarse más tarde, también como director médico, a Ibiza y Formentera.

Pero los de Rodríguez y Barriuso no son los únicos nombramientos que se perfilan. Según las fuentes consultadas, los responsables sanitarios del Gobierno regional también han definido ya la segunda línea del Hospital Universitario Central de Asturias. Para ella, suenan como seguros los nombres de dos facultativos: Francisco Javier Vadillo y Ángel Alzueta, que ocuparán, respectivamente, la Dirección Médica y la Subgerencia del Hospital Central.

Firmas a favor de García Prada

Las destituciones fulminantes de dos subdirectores médicos, José Antonio García Fernández y Fernando Fernández Cadena, y del responsable del área de gestión de salud mental del HUCA, Hilario García Prada, que desencadenaron a su vez la del gerente del hospital, Mario González, siguen levantando ampollas en el ámbito sanitario. Según confirmaron ayer varias fuentes del Central, «el malestar generado por una decisión completamente arbitraria del nuevo gerente del Sespa, lejos de haber desaparecido, aumenta». Tanto es así, que los trabajadores del área de salud mental han tomado la iniciativa y se encuentran recabando firmas en favor de García Prada tras una decisión que tachan de «lamentable» y que consideran «una venganza personal contra una buena persona y un excelente profesional».

Y mientras que el organigrama de la Consejería de Sanidad se completa, el baile de nombres en los principales centros hospitalarios de la región continúa. Los que podrían 'salvarse' son el gerente del Álvarez Buylla (Mieres), Fernando Gallego, y el del Valle del Nalón, Antonio Roibás.

El Sespa ultima los relevos en las gerencias del HUCA y Cabueñes

Ángel Alzueta se perfila como subgerente del Hospital Central y Fernando Gallego podría dirigir el centro gijonés

Lne.es, Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) está ultimando los relevos de los equipos directivos de los hospitales y gerencias de atención primaria de la región. Mañana viernes, en una reunión del Consejo de Administración del Sespa, se harán efectivas algunas de las sustituciones previstas. Se da por seguro el nombramiento del nuevo gerente del Hospital de Cabueñes, de Gijón, y de una parte de la dirección del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en la que, por el momento, no parece estar incluido el gerente.

 

En el HUCA, este periódico ya anticipó la semana pasada la incorporación, como director médico, del neurólogo Francisco Javier Vadillo, quien hasta el momento desempeñaba la dirección médica del Hospital San Agustín de Avilés. Reemplazará a César Morís, quien retorna a su trabajo clínico como cardiólogo. Es casi seguro que Ángel Alzueta será el nuevo subgerente del Hospital Central en sustitución de Ángeles García. Alzueta fue en una etapa anterior director médico del complejo sanitario ovetense.

En medios sanitarios se apunta que el Sespa aún no ha hallado el perfil que busca para la gerencia del Hospital Central en sustitución de Mario González. Al nuevo gerente se le quiere responsabilizar de todo lo relativo al desarrollo del nuevo recinto del HUCA, que se está construyendo en los terrenos de La Cadellada, y al posterior traslado de una sede a otra. En días pasados se barajó con insistencia el nombre de Jesús Rodríguez, quien, entre otras responsabilidades, ha sido gerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

En el Hospital de Cabueñes es seguro el relevo de Luis Hevia Panizo como gerente. Como posibles sustitutos suenan Fernando Gallego -actual responsable del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres- y Lisardo Barriuso, antaño director médico del hospital gijonés.

Gallego tiene como supuesta baza favorable el hecho de que quien era hasta el momento la directora médica de su hospital, Beatriz López, va a ser nombrada subdirectora de Atención Especializada del Sespa. Entre tanto, la subdirección de Atención Primaria la ocupará Ana Tuero, quien fuera gerente de Primaria del área sanitaria de Avilés y en los últimos tiempos técnica de la Consejería de Salud.

Para hacerse cargo de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del Sespa, muchos dedos señalan a un psiquiatra del entorno del catedrático Julio Bobes, y para la dirección del servicio del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) a un profesional del servicio de Urgencias del HUCA.

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La clínica adquiere una máquina de radioterapia que ataca el tumor y deja intacto el tejido sano

24/08/2011 Susana D. Machargo, Oviedo, en La voz de Asturias

La clave está en la precisión. Permite incrementar la dosis sin dañar los elementos vitales que rodean el punto de radiación. Asturias dispondrá a partir del otoño de un tratamiento de radioterapia puntero en el mundo gracias al equipo que acaba de adquirir el Instituto de Medicina Oncológica y Molecula de Asturias (IMOMA), situado en el Centro Médico de Oviedo. Se trata de un modelo de acelerador lineal, del que sólo existen otros dos prototipos en el mundo --uno en Estados Unidos y otro en Suiza--, que reduce a un diametro milimétrico la diana de la radioterapia, con lo que sólo ataca a las células tumorales y no a las sanas o a los órganos vitales que lo rodean. Este tratamiento es importante en tumores diagnosticados en zonas delicadas como los localizados en la cabeza, el cuello o cerca de la médula.

El Centro Médico, una clínica de carácter privado, atiende a un total de 900 pacientes al año diagnosticados con cáncer, pero a los más complejos tiene que derivarlos a otros hospitales privados del país. Gracias a este acelerador lineal podrá tratar hasta 30 enfermos al día, incluso con mejores resultados en menos tiempo. La mejora de la precisión a una diana milimétrico permite incrementar la dosis de radiación con la que se combate el tumor y así reducir al mínimo las sesiones, que en algunos casos puede limitarse a una sola visita.

Así lo explicó ayer el director de la Unidad de Oncología Clínica y Traslacional del IMOMA, Rubén Cabanillas, en la presentación del nuevo acelerador que entrará en funcionamiento el próximo otoño. Lo que no pudo precisar Cabanillas es cuánto costarán los tratamientos y a cuántos pacientes podrán tratar al año.

Pero el Centro Médico y el equipo de Cabanillas cuenta con la colaboración de tres especialistas de prestigio mundial que estos días están en Oviedo ayudando al IMOMA a poner en marcha el acelerador, ya que ellos ya han trabajado con esta tecnología en Nueva York. Antes, trabajadores del departamento realizaron una estancia en Estados Unidos para conocer de primera mano su funcionamiento. Aseguran que, salvo el prototipo de Suiza, no existe en Europa una tecnología similar y que, junto con el Laboratorio de Medicina Molecular, que gestiona Juan Cadiñanos, pretenden convertirse en un centro de referencia, en tratamiento y en investigación.

Los expertos Nancy Lee, una de las tres especialistas americanas que colabora con el Centro Médico, es miembro del departamento de Oncología Radioterápica del Memorial Sloan-Kettering Center de Nueva York y responsable del área de cabeza y cuello. Lee destacó ayer en Oviedo la importancia de proteger el tejido que hay alrededor del tumor en localizaciones específicas como la cabeza, en las que se puede dañar con facilidad los ojos, las glándulas salivales o la lengua. También explicó que este acelerador puede contribuir a que no se deteriore el aspecto físico, al concentrar la radiación y suprimir incluso sesiones, ya que se trata de un tema muy sensible para los pacientes.

Por su parte, Michael Lovelock, es investigador e instructor de Física Médica en el Memorial Sloan Kettering y especialista en radiofísica. Lovelock explicó que con el nuevo acelerador se puede reducir la tasa de mortalidad, ya que con su guía de imágenes se localiza el tejido óseo dañado y se puede focalizar el tratamiento en apenas dos o tres milímetros. Así se protegen órganos sensibles como la columna.

El tercer experto es Edward J. Shin profesor y jefe del Departamento de Oncología de Cabeza y Cuello y Otorrinolaringología del New York Eye and Ear Infirmary, que defiende la importancia de formar equipos multidisciplinares de médicos.

Previsiblemente el Congreso de los Disputados lo convalidará hoy, en la sesión extraordinaria…

Previsiblemente el Congreso de los Disputados lo convalidará hoy, en la sesión extraordinaria…

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011. VER TEXTO INTEGRO

Las farmacias temen pérdidas del 40% por el plan de ahorro

El colegio acusa a Madrid de poner en peligro la viabilidad del actual modelo

Foto: Presidente del Colegio de farmacéuticos de Asturias.

23/08/2011 S.D.MACHARGO / N. RODRÍGUEZ, OVIEDO, en La Voz de Asturias

Las farmacias asturianas perderán hasta un 40% de sus ingresos si el Congreso de los Disputados aprueba hoy, en una sesión extraordinaria, el tercer real decreto consecutivo desde el año 2010 destinado a reducir el gasto en medicamentos. Con esa súbita caída de la facturación, no podrán mantener el nivel de empleo, de gasto corriente y de inversión, por lo que auguran, a la vuelta de la esquina, el final del actual modelo de prestación farmacéutica del país e incluso nuevos cierres. En cambio, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que ayer visitó el Centro Internacional Oscar Niemeyer garantiza que una de las prioridades del Gobierno es trabajar en pro de la viabilidad económica del estado de bienestar.

Los profesionales farmacéuticos quieren dejar claro que llevan años contribuyendo a la sostenibilidad del sistema, al margen de los recortes que ahora pone en marcha el Estado. Desde el año 2000 aplican al Servicio de Salud del Principado (Sespa) un descuento automático en la factura mensual que supone el 20% de su beneficio bruto, para colaborar con el sistema.

El paquete de medidas

¿Qué se les exige ahora? El paquete de medidas que aprobó el viernes el Consejo de Gobierno y que hoy debate el Parlamento español es muy variado y se denomina Medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) , con las que se pretende ahorrar 2.400 millones de euros al estado y a las comunidades autónomas.

Entre otras iniciativas, destacan la aplicación de una deducción del 15% a los fármacos que, por carecer de genérico en España, no se han incorporado al sistema de precios de referencia y llevan unos 10 años en el mercado. Pero, sobre todo, incluye la generalización de la prescripción por principio activo, en lugar de por una marca. Esto supone que las farmacias dispensarán la presentación del medicamento o producto sanitario con menor precio. Además, establece la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración de los tratamientos de acuerdo con la práctica clínica.

Los farmacéuticos asturianos afirman que los dos decretos de ahorro que ya están en vigor desde 2010 les han supuesto “una pérdida de recursos para las oficinas de farmacia de un 22% respecto al pasado año”. Y ahora creen que esta nuevo plan les bajará la facturación otro 20% más, por lo que en total el recorte de sus ingresos será superior al 40% en poco más de un año. Pero lo más grave es que creen que este tipo de iniciativas fracasará. Piensan que “la reiteración en las medidas de ajuste sobre el sector farmacéutico es insuficiente para solucionar el déficit público” y que “pone en riesgo la viabilidad económica de nuestro sistema de prestación farmacéutica”.

Estas impresiones forman parte de una declaración que el Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado de Asturias hizo pública ayer y que trata de que la sociedad asturiana conozca de primera mano cómo van a afectar al sector los ajustes en el gasto público farmacéutico que está programando el Gobierno central.

Su pesimismo encaja a la perfección con la corriente de escepticismo que encabeza el nuevo consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, quien puso en duda la efectividad de las medidas justo a la salida del consejo interterritorial en el que las comunidades autónomas, por unanimidad, dieron luz verde a la batería de medidas para intentar reducir la factura farmacéutica de las administraciones. Navia-Osorio aseguró que la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que fue la encargada de defender el proyecto, era demasiado optimista al creer que iban a ahorrar 2.500 millones de euros.

Valoración ministerial Precisamente Pajín estaba ayer en Asturias, en una visita privada, y habló de la polémica por el plan de ahorro de la factura farmacéutica. La ministra explicó que el Ejecutivo pretende “no sólo hacer una apuesta por el ahorro, sino además una apuesta por mejorar la equidad del sistema en nuestro país”. También explicó que “la sanidad es absolutamente sostenible si se adoptan las medidas que se han de seguir adoptando y es una prioridad para nuestro gobierno”.

Las novedades respecto a los medicamentos genéricos permitirán “que los ciudadanos se ahorren una parte muy importante del gasto en farmacia, pero también que se lo ahorren las comunidades autónomas”, añadió Pajín. Porque el objetivo que pretende es “que se garanticen prestaciones y se pague a los proveedores a los que se les debe mucho dinero”.

La ministra señaló que va a seguir trabajando “en esa dirección y demostrando que para este gobierno sí es una prioridad la sanidad pública”. Resaltó cómo en “estos últimos años hemos hecho dos cosas fundamentalmente: inyectar dinero extraordinario a la sanidad pública desde el primer día que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno español y hemos ido adoptando permanentemente medidas de ahorro”.

Los boticarios ven «imposible» mantener el empleo con el nuevo recorte sanitario

El Colegio de Farmacéuticos de Asturias considera «inasumible» el último decreto ley, que significará un descenso en los ingresos del 40%

Oviedo, P. R., en La Nueva España
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias ve «imposible» mantener el volumen de empleo, de gasto corriente y de inversión de las boticas con el nuevo recorte del gasto sanitario. En una nota oficial, el colegio asturiano considera que «pese a ser conscientes de la situación económica del país, la magnitud del recorte que se nos impone es inasumible». El Gobierno español considera que el nuevo decreto permitirá a la Administración pública ahorrar 2.400 millones de euros al año en medicamentos y 177 millones al conjunto de los ciudadanos.

En el Principado funcionan 457 farmacias que dan empleo directo a algo más de 2.000 personas. El Colegio de Farmacéuticos, que preside José Villazón, asegura que desde el año 2000 las oficinas del Principado vienen realizando al Sespa un descuento automático en la factura mensual que supone el 20 por ciento de su beneficio bruto, «para colaborar con la sostenibilidad del Sistema Público de Salud».

El colectivo recuerda que el sector ha sufrido en apenas un año tres decretos de urgencia, dos de los cuales fueron aprobados en 2010 y han supuesto una pérdida de recursos de un 22 por ciento con respecto al año anterior. «De cumplirse las previsiones del Ministerio de Sanidad de una bajada de la facturación de un 20 por ciento con el reciente decreto, estaríamos hablando de un descenso del 40 por ciento para los ingresos de las oficinas de farmacia al sumarse los tres decretos sucesivos».

Consideran los farmacéuticos asturianos que la reiteración en las medidas de ajuste sobre el sector, «además de ser insuficientes para solucionar el déficit público, pone en riesgo la viabilidad económica de nuestro sistema de prestación farmacéutica, que ha demostrado su utilidad sanitaria y social y cuya calidad es valorada positivamente por sus usuarios».

El Colegio de Farmacéuticos reclama de los responsables políticos una mejora de la gestión general del gasto público haciendo un esfuerzo en materia de austeridad, eficiencia, y productividad «en lugar de actuar una y otra vez sobre el sector del medicamento, que, además, presenta una factura absolutamente transparente».

En la presentación del nuevo decreto ley sobre gasto sanitario, realizado el pasado día 19 por la vicepresidenta Elena Salgado tras el Consejo de Ministros, la titular de Economía y Hacienda defendió la medida subrayando que pretende «ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública».

Salgado añadió que el Gobierno adopta estas medidas «desde el principio de responsabilidad» porque «tiene que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos». Y añadió: «Las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos».

A estos recortes, las farmacias deben añadir la crisis financiera que padecen las comunidades autónomas, que lleva a algunos gobiernos a retrasar el pago a las boticas. En Asturias, hasta el momento, no se ha producido ninguna situación extrema, y los boticarios cobran del Principado 35 días después de dispensar los fármacos a los usuarios.

«Las farmacias tienen la resistencia que pueden tener. Si no cobran, no pueden pagar a los suministradores; y si no pagan, no les sirven los medicamentos necesarios para atender la demanda de los pacientes», declaraba José Villazón a LA NUEVA ESPAÑA el pasado 6 de agosto.

Pero la situación preocupa en el sector, sobre todo tras el cierre protagonizado por los farmacéuticos de Castilla-La Mancha el pasado 11 de agosto, en protesta por la deuda de más de cien millones que tiene el Ejecutivo de Dolores de Cospedal con el sector.

En los últimos doce meses -de junio de 2010 a junio de 2011-, la factura en medicamentos que han debido afrontar las diecisiete comunidades autónomas españolas asciende a casi 11.500 millones de euros, de los cuales 325 corresponden a Asturias.

Los farmacéuticos alertan de que los nuevos recortes son «inasumibles»

Advierten de que, con el nuevo decreto del Gobierno, será «imposible mantener el empleo, el gasto y la inversión» de las boticas

23.08.2011 - E. C., GIJÓN, en El Comercio.

El Colegio de Farmacéuticos de Asturias advirtió ayer de que, con los nuevos recortes aprobados el pasado viernes por el Gobierno, será «imposible» mantener el nivel de empleo, de gasto corriente y de inversión» de las boticas. En un comunicado, la entidad colegial asegura que, desde el año 2000, las oficinas de farmacia del Principado vienen realizando al Sespa un descuento automático en la factura mensual que supone el 20% de su beneficio bruto, «para colaborar con la sostenibilidad del sistema público de salud».

Asegura ser «consciente» de la situación económica del país, pero advierte de que la magnitud del recorte «es inasumible» y de que el sector ha sufrido en apenas un año tres decretos de urgencia - dos de ellos aprobados en 2010- y que han supuesto una pérdida de recursos de un 22%.

De cumplirse las previsiones del Ministerio de Sanidad, la bajada de su facturación sería de un 20% con el reciente decreto, lo que elevaría a más del 40% el descenso de los ingresos de las oficinas de farmacia.

A su juicio, la reiteración en las medidas de ajuste sobre el sector farmacéutico, además de ser insuficientes para solucionar el déficit público, pone en riesgo la viabilidad económica del sistema de prestación farmacéutica, «que ha demostrado su utilidad sanitaria y social y cuya calidad es valorada positivamente por sus usuarios».

Los farmacéuticos reclaman una mejora de la gestión general del gasto público, haciendo un esfuerzo en materia de austeridad, eficiencia, y productividad, «en lugar de actuar una y otra vez sobre el sector».

Un balance oportuno de la JMJ celebrada en Madrid…

Un balance oportuno de la JMJ celebrada en Madrid…

Laicos y teólogos critican la sumisión de las instituciones ante el papa

Ratzinger, por su parte, ha evitado críticas directas a leyes aprobadas en España que chocan con la moral católica

22/08/2011 JESÚS BASTANTE / MADRID, en La Voz de Asturias

Se acabó. Benedicto XVI llegó anoche a Roma después de pasar 79 horas en España y de una semana en la que la juventud católica ha copado Madrid, cerrando calles, concentrando todas las atenciones de seguridad, sanitarias y de orden público de la capital de España. Una concentración, la JMJ, que ha supuesto un éxito numérico, con centenares de miles de católicos congregados en torno a su líder, con la aquiescencia, absoluta colaboración y hasta una cierta postración de las autoridades públicas, desde el rey hasta al alcalde de Madrid, pasando por las máximas autoridades estatales, comunitarias y municipales. Joseph Ratzinger, por su parte, ha respondido evitando cualquier referencia directa a leyes aprobadas en España que contradicen claramente el credo católico, como la del matrimonio homosexual o el aborto. La polémica, en esta ocasión, llegó por el coste que tendrá para las arcas públicas un encuentro confesional en un estado supuestamente aconfesional y los conflictos y agresiones que se sucedieron desde la marcha laica del pasado miércoles y que han puesto en un brete la actuación de la delegada del Gobierno y de la Policía.

La asistencia

"El problema no es llegar al convencido, sino a los otros", dice José María Castillo

El teólogo granadino José María Castillo ha visto, como balance positivo, "la masiva presencia de jóvenes" y que "se ha hablado de Dios y de la fe, con un mensaje que, gracias a los medios, llegará a todo el mundo". Sin embargo, critica el "excesivo gasto" para que la Iglesia lleve a los nuevos púlpitos su mensaje. "No es muy cristiano hablar de Dios a base de gastar dinero". Del mismo modo, Castillo critica que se diga "que todos estos jóvenes son representativos de la juventud mundial". "El problema, como siempre, no es llegar a los convencidos, sino llegar a los otros, en igualdad de condiciones".

"Todo se podía haber hecho de manera mucho más sencilla, sin querer imponerse por las calles de Madrid", destaca el teólogo salmantino Xabier Pikaza. En su opinión, y desde un punto de vista evangélico, "no responde al Evangelio que el Papa casi tenga más importancia que la Eucaristía o que los actos". Un exceso de "papolatría" que "no es la mejor forma de transmitir la fe y evangelizar a la juventud".

Los mensajes del papa

Xabier Pikaza cree innecesario el afán por "imponerse en las calles de Madrid"

"Me sobra este afán de todos por quererse hacer fotos con el papa", constata Pikaza, que critica los "protocolos de tiempos de la cristiandad", con políticos besando la mano a Ratzinger y la primacía de "lo folclórico" frente a lo vocacional.

Para el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, "en un blanco y negro, algo raído, el infalible Papa ha proclamado, una vez más, "el no": al placer, a la planificación familiar, al sexo fuera del matrimonio, al divorcio, a la homosexualidad y al matrimonio de personas del mismo sexo, a la igualdad de género, a la buena muerte y "el sí" tozudo al celibato de los curas y a una renovada sumisión de las monjas (por ser mujeres), al mismo tiempo que ha "atizado" un peligroso fundamentalismo católico, sin que los poderes políticos y judiciales intervengan", sostuvo Delgado.

Por su parte, Evaristo Villar, de Redes Cristianas, insiste en que Benedicto XVI "ha tenido cierto cuidado" en no citar expresamente ninguna legislación española en este viaje, aunque "en todos los discursos se ha asomado la sensación de que se quería imponer la moral católica sobre la ética que emana del Parlamento".

Violencia policial

En cuanto a las cargas contra los que protestaban contra el coste de la visita papal y la ocupación de espacios públicos para un evento confesional, Pikaza incide en que "los indignados tenían todo el derecho del mundo a manifestarse". "Estos enfrentamientos son preocupantes", añade.

Para Evaristo Villar, de Redes Cristianas, "ha habido un vacío de protección pese a que estaba todo pactado, y grupos provocadores dentro de estos jóvenes tan tiernos en apariencia". "No es de recibo sostiene que un Estado laico no proteja a los que legítimamente se manifiestan", lo que demuestra que "algunos piensan que seguimos viviendo en un Estado teocrático".

Por su parte, Delgado sostiene que, tras la marcha del papa, "ha llegado la hora de hacer cuentas, balances y también de pedir responsabilidades políticas". "Políticos de diversos colores han atacado las legítimas protestas laicas en un miserable desprecio de la Constitución. Los antidisturbios se han puesto las botas, hechos que habrá que aclarar, administrativa y judicialmente... y se ha escuchado el himno El novio de la muerte", criticó Delgado. A su juicio, "tras esta semana de exaltación de los "valores católicos", la presión social para construir el Estado laico, que no excluya, ni privilegie, será más fuerte y alargada que nunca, por el bien de la democracia y del Estado de derecho".

Iglesia y Estado

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, criticó ayer la "sumisión" de todas las instituciones del Estado a la jerarquía de la Iglesia católica y el "flagrante incumplimiento" del precepto constitucional de que España es un Estado aconfesional.

Llamazares lamenta el "uso partidista y electoralista" que ha hecho el PP de la visita del pontífice y le ha acusado de "tratar de presentar sin éxito a la sociedad a los que criticaban las jornadas como unos herejes y unos infieles radicales y peligrosos, vulnerando los valores de entendimiento, solidaridad y amistad de los que dice hacer gala cumpliendo los mandatos de la Iglesia".

También arremetió contra el Gobierno y el PSOE por haberse "plegado" a los intereses de la jerarquía católica, informa Efe. Al mismo tiempo, censuró la "encerrona" de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior a los participantes en la manifestación laica, que tuvo lugar el miércoles 17 de agosto y que derivó en unas agresiones que se podrían haber evitado.