PRENSA

Empieza la larga lista de contradicciones por justificar lo injustificable: una filosofía para los trabajadores – palo – y otra para las constructoras del HUCA – zanahoria -.

El consejero Quirós reconoce que los recortes salariales generarán tensiones

14/05/2010, en La Voz de Asturias

Ramón Quirós, Consejero de Salud, reconoció ayer que los recortes salariales previstos por el plan de ajuste de Zapatero generarán tensiones. "A nadie le gusta que le bajen el sueldo; los recortes salariales siempre generan tensiones", dijo. El titular de Salud, que asistió a la inauguración de las segundas jornadas cardiovasculares, recordó que, en el caso de Asturias, la Administración autonómica destina más de 800 millones de euros al pago de las nóminas de los trabajadores del Sespa. El consejero de Salud no quiso entrar a fondo y señaló que es aún pronto para valorar cómo afectará a su departamento el ajuste. Recordó Quirós que "habrá que esperar" porque las medidas requieren cambios legislativos y periodos transitorios. El titular de Salud subrayó: "Tomaremos las decisiones que haya que tomar porque defendemos un servicio esencial". Algo más explícito fue sobre el nuevo HUCA. Quirós manifestó, en la línea de lo publicado por este periódico, que "siempre es mejor un acuerdo para ambas partes que una salida no deseada por nadie".

Principado y empresas agotan el plazo para negociar sobre el HUCA y estudian ampliarlo

Las constructoras se muestran «muy indignadas» con el Gobierno y Quirós las insta de nuevo a «decidir si quieren hacer el modificado» de las obras

Oviedo, A. MENÉNDEZ / P. ÁLVAREZ, para La Nueva España

El Gobierno regional y las empresas que construyen el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) estudian alargar la prórroga técnica que habían acordado para intentar llegar a un consenso acerca del segundo sobrecoste de las obras del centro sanitario.

Este periodo de negociación comenzó el pasado 7 de abril, fecha de conclusión de los 58 meses que se otorgó a las constructoras para ejecutar los trabajos. Inicialmente, este plazo transitorio iba a durar mes y medio, o sea, que concluye el próximo día 22. Sin embargo, ante la evidencia de que las negociaciones no avanzan al ritmo deseado, ambas partes prevén prolongar este periodo. Lo contrario supondría empezar a hablar de asuntos de alto voltaje, como podrían ser las sanciones a las empresas por incumplir los plazos. Penalizaciones que, por su cuantía, son un asunto serio: podrían alcanzar los 90.000 euros diarios.

Mientras se deciden los siguientes pasos, el tiempo transcurre y las obras avanzan con gran lentitud. Frente a quienes auguran un acuerdo rápido entre el Ejecutivo autonómico y las empresas, este periódico ha podido saber que éstas están «muy indignadas» con las recientes declaraciones del consejero de Salud del Principado en las que Ramón Quirós planteaba un ultimátum a la unión temporal de empresas (UTE) configurada por las constructoras Sacyr, San José y Sánchez y Lago.

El pasado lunes, el titular de Salud afirmó que las empresas «deben poner sobre la mesa si quieren seguir o no adelante con los trabajos». Y agregó que «no sería un inconveniente cambiar de constructora si es que la UTE actual no se considera capacitada o con ganas de terminar la obra». A juicio de la UTE, estas palabras de Quirós constituyen «un órdago que no se sustenta», toda vez que -argumentan- un cambio de adjudicatarios implicaría un sensible aumento tanto de los plazos como del gasto.

Sean o no un órdago, lo cierto es que el titular de Salud no tuvo ayer reparos en abundar en las consideraciones expresadas el pasado lunes. Lo hizo minutos antes de inaugurar en Oviedo las II Jornadas Nacionales Cardiovasculares en Atención Primaria organizadas por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

A juicio de Quirós, «tanto la UTE como Gispasa tienen en su haber personas sensatas y capaces y que saben que la única solución posible es que ganemos todos». El consejero expresó su confianza en que «se llegue a un acuerdo satisfactorio para las partes», y agregó que «si no hay acuerdo, el camino está claro». ¿Y cuál es el camino? «La UTE tiene que decidir si quiere hacer el modificado, que está encima de la mesa con sus plazos, las unidades de obra a las que afecta y el dinero que creemos que realmente cuestan esas mejoras». El consejero de Salud indicó que «mejor llegar a un acuerdo bueno para las dos partes que ir a una solución que no es deseada por nadie, pero que si hay que llegar a ella tendrá que llegar».

Según Quirós, hablar de la posibilidad de una ruptura entre las empresas y el Gobierno asturiano no es, como dicen las constructoras, un órdago inviable: «La legislación permite a las empresas rescindir el contrato si consideran que no les interesa el modificado, y eso es lo que tienen que decidir».

Sostiene Quirós que el Principado y Gispasa (empresa pública que impulsa el proyecto) «están haciendo un trabajo excelente, ya que hay gente muy capaz que ha mirado al milímetro lo que vale cada una de las mejoras y están negociando en beneficio de todos».

Según el consejero, entre ambas partes existe una asimetría esencial. Y es que, mientras las empresas «son entidades con ánimo de lucro, que buscan su beneficio, y es legítimo, Gispasa es una empresa pública que busca el beneficio de todos y en estos tiempos defiende aun más el dinero de todos». Lo que sucede no es novedad, según el titular de Salud: «Que eso genere tensiones no es inhabitual, lo que se exige es buena capacidad de negociación y, sobre todo, rigor a la hora de valorar las cosas». En este punto, Quirós subraya que «Gispasa está actuando con mucho rigor».

La discusiones hacen referencia a una serie de modificaciones del proyecto cuyo coste es valorado por el Principado en unos 25 millones de euros y por las constructoras en unos 60 millones. Según algunas fuentes cercanas a las negociaciones, las pretensiones de las constructoras se han reducido en las últimas semanas. Si el encarecimiento quedara finalmente fijado en unos 40 millones de euros, el coste definitivo del edificio se situaría en unos 300 millones -inicialmente los trabajos se adjudicaron en 205,3 millones- y la factura global de las actuaciones en el entorno de los 490 millones de euros.
Controlar lo que se receta…
Oviedo, P. Á., para La Nueva España

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, pidió ayer a los médicos de atención primaria que, a la hora de extender recetas, tengan en cuenta el precio de los medicamentos. Esta actitud «tiene importancia, porque nos permite tratar a más pacientes con el mismo dinero», argumentó el consejero.

Quirós pronunció estas palabras en el acto de inauguración de las II Jornadas Nacionales Cardiovasculares en Atención Primaria, que se desarrollan en Oviedo bajo la organización de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y con la asistencia de unos 500 facultativos de primaria de toda España. Además del consejero, intervinieron en el evento protocolario Miguel Ángel Prieto, presidente del comité organizador de las jornadas; José Luis Llisterri, vocal del citado comité; Julio Zarco, presidente de Semergen; y María Jesús Rodríguez, concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo.

Minutos antes del acto, el consejero de Salud destacó que las enfermedades cardiovasculares constituyen en Asturias la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones: más de 4.200 personas fallecidas en 2008. «La buena noticia es que estamos consiguiendo disminuir la mortalidad», precisó, aludiendo a una estadística que excluye el alto envejecimiento de la región.

Sobre el posible efecto en el ámbito sanitario del recorte salarial a los empleados públicos anunciado por el Gobierno central, Quirós señaló: «Los recortes salariales en el ámbito de la Administración pública siempre generan conflictos y tensiones. Qué duda cabe de que a nadie le gusta que le reduzcan el sueldo, pero necesitamos pagar nóminas a fin de mes y todo el país va a tener que hacer sacrificios». 

 

Mas sobre el informe de Javier Elola elaborado a petición del CES

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Nueva «arquitectura» para la sanidad asturiana

Un informe del Consejo Económico propone reducir a tres las áreas sanitarias

El estudio indica que el diseño está desfasado y no es acorde con las carreteras actuales

El análisis trata de buscar soluciones para un servicio insostenible en siete años

Oviedo, J. A. ARDURA, PARA La Nueva España
El modelo sanitario asturiano necesita «una nueva arquitectura», un nuevo modelo que aumente la eficacia y la productividad del sistema sanitario público, según apunta el informe encargado por el Consejo Económico y Social de Asturias (CES) sobre el futuro de ese servicio. El estudio, elaborado por el consultor Francisco Javier Elola, alerta de que la sanidad asturiana corre el peligro de resultar insostenible a medio plazo, en el umbral del año 2017, de mantenerse el crecimiento de gasto actual. El Principado destina ahora un 38 por ciento de sus recursos económicos al gasto sanitario, un porcentaje que podría superar el 53 por ciento dentro de siete años.

El informe de Elola, experto que ha realizado estudios de naturaleza similar para el Ministerio de Sanidad, aborda en su primera parte un diagnóstico sobre la situación de la sanidad asturiana y realiza un repaso de la evolución del servicio público de salud en el conjunto de España. También analiza la evolución y tendencia de la sanidad antes de pasar revista a la actualidad del sistema sanitario regional. La segunda parte del estudio ya entra de lleno en la visión de futuro de los servicios de salud del Principado y concluye con un paquete de propuestas «para alcanzar el escenario más favorable» a la viabilidad de la sanidad pública, que supone la parte más novedosa del análisis.

Una de las conclusiones del estudio es que el mapa sanitario de Asturias del año 1984, que dividía la región en ocho zonas, se ha quedado obsoleto porque respondía a la reforma de la atención primaria abordada hace más de veinticinco años y se adaptaba a la red de comunicaciones de la época «para garantizar un acceso en tiempo adecuado tanto a la atención primaria como a la especializada». El informe propone la creación de tres redes subregionales para superar «el dilema hospital local/regionalización» y evitar la duplicidad y el solapamiento de servicios de referencia, que encarece la prestación sanitaria en la región. Estas tres redes serían:

- Hospital de Jarrio y Hospital San Agustín de Avilés: atendería las actuales zonas I y III.

- Hospital de Cangas-Hospital de Langreo-Hospital de Mieres-HUCA: atendería las áreas II, IV, VII y VIII.

- Hospital de Arriondas-Hospital de Jove-Hospital de Cabueñes: atendería las actuales áreas V y VI.

Esta ordenación, que según el autor del informe pretende ser respetuosa con el actual mapa sanitario de Asturias, establecería también tres niveles distintos para la cartera de servicios de la atención especializada. Los hospitales locales quedarían vinculados a hospitales generales (San Agustín, HUCA y Cabueñes), dando su apoyo a servicios de subespecialidades. El autor del informe apunta que, por ejemplo, «Mieres y Langreo deberían ser complementarios entre sí, y ambos con el HUCA». En definitiva, se trata de «reducir actividades innecesarias por redundantes y añadir valor a la calidad asistencial» y aumentar los procesos resolutivos ambulatorios tales como el hospital de día, la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía mínimamente invasiva. También constata la ausencia de una red integrada de servicios. El informe encargado por el CES revela que no se han desarrollado «instrumentos que garanticen la continuidad de los cuidados y la integración de los equipos asistenciales», tales como los sistemas de información y la integración clínica que abarcaría, por ejemplo, la gestión de las enfermedades crónicas. Esta nueva «arquitectura», a juicio de Elola, mejoraría la calidad de la asistencia sanitaria y permitiría una racionalización y mejora de la asistencia de urgencias.

El informe encargado por el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias sostiene que la viabilidad del sistema público de la sanidad requiere un amplio acuerdo de todos los agentes, similar al Pacto de Toledo para las pensiones. El consultor Francisco Javier Elola considera que el pacto debería ser estatal, pero también debería tener su traslado a todas las autonomías.

«El referente del Pacto de Toledo es adecuado porque está comprometida la sostenibilidad de la asistencia sanitaria pública, como en su momento las pensiones. De los problemas de la asistencia sanitaria pública participan todas las comunidades autónomas, gobernadas por distintos partidos, lo que debería facilitar el pacto», argumenta Elola en su estudio, en el que deja bien claro en su preámbulo que los análisis, propuestas y valoraciones recogidas en el mismo son de su responsabilidad exclusiva, «sin que reflejen o comprometan la opinión del CES, sus integrantes o al Gobierno del Principado».

La finalidad del pacto debería ser, según al autor del estudio, la mejora y sostenibilidad del sistema nacional de salud. Elola considera que el debate sobre el futuro de la sanidad deber estar presidido por la serenidad y sostiene que la propuesta de implantar el copago sería un obstáculo añadido. «Es el camino más seguro para evitar un debate sosegado sobre la situación actual y objetivos del Sistema Nacional de Salud».

Francisco Javier Elola entiende que ese debate debe dejar en un segundo plano a los partidos políticos y que reflexiones como la puesta en marcha por el Consejo Económico y Social de Asturias favorecen la búsqueda de soluciones sobre el futuro de un servicio público básico. «Apartar a los políticos de los focos para iniciar el debate puede ser una medida prudente. La iniciativa del Consejo Económico y Social de Asturias, iniciando un debate desde la legitimidad de los agentes sociales, puede contribuir al desarrollo de un debate constructivo, al que también debería invitarse a destacados científicos y profesionales de la sanidad», sostiene el autor del informe «Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable futuro».

El factor económico, con ser el primordial para determinar el grado de viabilidad del sistema sanitario, no es el único. El informe del Consejo Económico y Social también destaca la importancia de los factores demográficos, las expectativas de los ciudadanos y los avances tecnológicos, entre otros.

Salir del hospital en domingo

Para racionalizar el gasto sanitario, propone también centralizar la atención urgente y crear unidades de enfermos crónicos

El Consejo Económico y Social recomienda dar también altas en fin de semana

13.05.10 - LAURA FONSECA | OVIEDO, para El Comercio.

Los hospitales asturianos no son todo lo eficientes que deberían. En los últimos años, «su productividad ha bajado» y la estancia media (días de ingreso de los enfermos) se aleja de los parámetros que muestran centros sanitarios punteros en el resto del mundo. En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) los pacientes suelen permanecer ingresados 9,7 días como promedio. Esta tasa se sitúa por encima de la media nacional, que está en 8,4 días, y se aleja bastante de los estándares de calidad que muestran, por ejemplo, el Johns Hopkins Hospital o la Clínica Mayo (en Estados Unidos), por debajo de los 6 días.

Para incrementar la eficacia en el conjunto del sistema público asturiano, los expertos proponen una serie de mejoras de gestión. Algunas de ellas llaman la atención: como la de que los médicos den altas en fines de semana, una práctica ahora inexistente. La propuesta, que podría parecer anecdótica, «pero que no lo es», aparece en un extenso estudio elaborado por el médico y profesor Javier Elola, del que ayer se hizo eco este periódico.

El trabajo, editado por el Consejo Económico y Social (CES), ocupa 236 páginas y plantea una serie de propuestas para racionalizar el gasto sanitario, que en Asturias «amenaza con comprometer» el presupuesto regional, advierte. El autor del trabajo (médico que ocupó cargos de responsabilidad en diferentes administraciones sanitarias) critica la rigidez del sistema sanitario y aboga por acabar con determinadas prácticas fuertemente instauradas, como es la de no dar altas médicas en sábados y domingos, lo que hace que las estancias hospitalarias se prolonguen más de lo debido.

Escasa rentabilidad social

Pero no es lo único. A Javier Elola tampoco le parece eficiente la disgregación de los servicios de urgencias o la proliferación de hospitales locales que actúan como 'hospitales en miniatura'. Según este experto, Asturias debería avanzar hacia la concentración de servicios sanitarios. Lo dicho por este especialista contradice gran parte de las políticas que en materia de salud pública se pusieron en marcha en los últimos años en el Principado, donde se apostó por la descentralización de áreas médicas. La creación de servicios de oncología clínica fuera del HUCA o de unidades de radioterapia y hemodinámica son dos claros ejemplos de ello.

Elola apunta en su estudio que en la red de Atención Primaria funcionan 91 puntos de atención continuada, además de 12 servicios de urgencias. «Una red de 103 áreas de urgencia, incluso tomando en consideración condiciones relativas a la dispersión de la población rural en Asturias, supone un importante gasto con escasa rentabilidad social», alerta.

En su lugar, aboga por habilitar puntos de atención telefónica dirigido por enfermeras, tal y como hiciera en su día el Servicio Inglés de Salud. Estos dispositivos proporcionarían una más inmediata accesibilidad a los ciudadanos, tanto para problemas no graves (sólo un 2,2% de las consultas a los servicios de urgencia de atención primaria son derivadas a los hospitales) como para activar la red de emergencia», apunta.

Junto a la centralización de las urgencias, tanto de Primaria como de los hospitales, Javier Elola plantea también la creación de unidades para enfermos crónicos. En este sentido, insta a abandonar el tradicional modelo sanitario reconvirtiendo los hospitales de agudos en servicios con unidades más funcionales. De hecho, habla de cambiar camas de agudos por «recursos sociales intermedios».

Según Elola, en el año 2019 el 24% de la población asturiana tendrá más de 65 años. Por tanto, el peso de los enfermos crónicos y de los pacientes que tienen más de una patología será aún mayor. En la actualidad, muchos hospitales no pueden dar de alta a un enfermo porque no existen unidades intermedias donde pueda completar su recuperación antes de poder retornar a su domicilio.

Gestionar y asumir riesgos

Para este experto en Sanidad, el futuro de la sanidad pública pasa por aumentar su eficacia y calidad, así como por mejorar la opinión que de ella tienen los usuarios. En este sentido, aplaude medidas como la puesta en marcha por la Consejería de Salud de crear unidades de gestión clínica. Sin embargo, Elola cree que esta fórmula está abocada al fracaso sino va acompañada de una dosis de «responsabilidad y riesgo» para los implicados. Es decir, que considera efectivo que el Principado promueva la implicación de los profesionales en la gestión de los servicios sanitarios, pero le recuerda que debe exigir a cambio «resultados».

Hoy, a las cinco de la tarde, la plantilla se desplazará hasta la Junta General del Principado, donde se debatirá la proposición no de Ley que presentaron hace dos semanas los tres grupos políticos, PSOE, PP e IU-BA

Venturo XXI compró su sede para tener un aval y poder recibir créditos

La empresa cartográfica accedió a un préstamo de 600.000 euros después de haber adquirido la planta por 382.500 euros

13.05.10 - MARTA VARELA | SOTRONDIO, en El Comercio.

La crisis financiera desatada en 2007 provocó que las entidades bancarias decidieran 'cerrar el grifo' a la concesión de créditos. Venturo XXI, una de las empresas emblemáticas de la diversificación de las cuencas mineras, sufrió esa restricción en 2008. El motivo: carecía de activos, de bienes, con los que responder en caso de insolvencia. Para poder acceder a los préstamos, necesitaba presentar un aval. Por eso, decidió adquirir su sede (el inmueble que ocupaba hasta entonces en régimen de alquiler y que era propiedad de Hunosa). Fue valorado por la sociedad de tasación Krata en 3,5 millones de euros. Este aval lo presentó ante el Banco Popular.

A cambio, recibió un crédito de 600.000 euros y decidió hipotecar el inmueble. No obstante, la cartográfica tuvo acceso a este dinero después de haber comprado su planta por 382.500 euros (3,1 millones menos que su valor de tasación), por lo que consiguió una liquidez de 600.000 euros. Pese a todo, la operación no fue suficiente para estabilizar las pérdidas y ahora se encuentra en concurso de acreedores.

Según ha podido saber EL COMERCIO a día de hoy, las grandes empresas referentes en el sector de la cartografía, «han rechazado invertir y, mucho menos, adquirir Venturo XXI». El consejo de administración de la cartográfica samartiniega ya intentó entre finales de 2008 y principios de 2009 vender la firma a una empresa internacional dedicada a distribuir y promocionar sistemas de información geográfica. Sus responsables llegaron incluso a visitar las instalaciones de Venturo XXI acompañados de uno de sus dueños, Manuel Coronado.

Acreedores de Venturo XXI demandarán al Principado y Hunosa por no controlar la gestión

La denuncia quiere hacer responsables de las deudas de la empresa a los miembros del consejo de administración, por no detectar que la compañía «iba hacia la insolvencia»

El Entrego, L. M. D., en La Nueva España

Empresas acreedoras de la compañía Venturo XXI anuncian una demanda judicial contra los cuatro miembros del consejo de administración de la firma, formado por los dos promotores privados, Manuel y José Antonio Coronado Piñana, y por el representante de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, y por el representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), Manuel Fernández Prada. El objetivo de esta demanda sería «declarar responsables de las deudas de Venturo a todos los miembros del consejo de administración», ya que a su entender «han incumplido las obligaciones que la legislación mercantil les impone».

La compañía de fotografía aérea Azimut S. A., a la que Venturo XXI adeuda 174.612 euros, ya ha interpuesto una demanda judicial contra la cartográfica asturiana para reclamar esta deuda. Además, tal y como señaló su administrador único, Antonio Madrid Ortega, «hemos encargado al gabinete jurídico que utilice los mecanismos legales necesarios para que se declare responsables de las deudas de Venturo XXI a todos los miembros del consejo de administración, ya que a nuestro entender, presuntamente, han incumplido con sus obligaciones».

Venturo XXI está participada al 51% por RTK Topografía (los hermanos Coronado Piñana), el 21% es de la SRP, el 21% de Sadim y el 7% de Sodeco. Los responsables de esta compañía acreedora consideran que las administraciones «no han hecho los controles adecuados» para detectar a tiempo la situación en la que se ha visto abocada Venturo XXI, el concurso de acreedores. «Resulta sorprendente que el Principado no detectara a tiempo que la gestión de Venturo iba a llevar a la insolvencia», aseveró Antonio Madrid Ortega, que indicó que resulta «sorprendente» que «a través de los departamentos financieros de las sociedades que tienen el 49% del capital» no se detectara esta mala gestión, y que se haya permitido «llegar a este punto, en el que han hundido a sus trabajadores, a autónomos que han arruinado y a empresas proveedoras».

«Alguien interesado en su gestión», añadió Madrid Ortega, «debería haber detectado las anomalías que se han producido mucho antes de llegar a esta situación, sobre todo estando implicadas empresas públicas. Ya en las cuentas de 2007, cualquier auditor cualificado podía detectar que había partidas sospechosas». Estas partidas serían la de «Anticipo de existencias», de 715.191 euros, y la de «Aplicaciones informáticas», de 1.666.000 euros. «Ambas son incongruentes y muy elevadas para el tipo de empresa que es», aseveró el responsable de Azimut.

Hasta el 31 de diciembre de 2008, en sus tres primeros ejercicios, Venturo XXI perdió tres millones de euros. La deuda de la compañía se disparó ese último ejercicio, coincidiendo con la adquisición de su sede por 382.500 euros. Para esta compra, los hermanos Coronado habían logrado un crédito hipotecario de 600.000 euros.

LA PRORROGA TECNICA PACTADA POR AMBAS PARTES TERMINA A FIN DE MES

El Principado confía en alcanzar pronto un acuerdo para el HUCA

Una diferencia de quince millones frena la finalización de las obras.

13/05/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, en La Voz de Asturias

El palo y la zanahoria. Tras la advertencia, la mano tendida. El Gobierno del Principado señaló ayer que aún confía en cerrar un acuerdo en breve con la constructora del nuevo HUCA. Así lo indicaron a este periódico fuentes próximas a la negociación. Las diferencias, de momento, son todavía importantes. La UTE encargada de construir el hospital pretende arrancar 40 millones más para llevar del papel a la obra las mejoras previstas por la dirección facultativa. La sociedad pública Gispasa, promotora del proyecto, estima, sin embargo, que las modificaciones planteadas no cuestan más de 25 millones.

El Ejecutivo autonómico subraya que las diferencias, sin embargo, no son insalvables. De hecho, el Gobierno regional mantiene la previsión de que antes de que expire la prórroga técnica, a finales de este mes de mayo, tendría que haber un acuerdo.

Este periódico ya avanzó el retraso en las obras de construcción del nuevo HUCA, que deberían haber concluido a principios de abril. Ambas partes se dieron entonces lo que se denominó una prórroga técnica, un mes y medio de plazo, durante el que Gispasa y la UTE tratarían de llegar a un acuerdo. El Principado es consciente de que el tiempo corre en su contra.

La sociedad pública se comprometió entonces a que, en todo caso, la obra estaría finalizada antes de que terminara el mes de noviembre. En la fase final de la construcción, está previsto llevar a cabo, siempre según las previsiones de Gispasa, la instalación del equipamiento para que, ya a principios del próximo año, pueda acometerse la mudanza. El Ejecutivo asturiano mantiene la fecha de la primavera del pasado año para la apertura del centro.

La negociación de los últimos días ha estado marcada por las manifestaciones del Consejero de Salud, Ramón Quirós. El titular de Salud dio un ultimátum claro a la adjudicataria. O sigue adelante y acaba el hospital o se marcha y deja el paso a una nueva empresa. La UTE, sin embargo, tiene previsto poner fin a la obra. La constructora sabe que el tiempo corre a su favor para arrancar el acuerdo definitivo.

¿Será esta la salida del callejón en el que están metidas las altas instancias judiciales de nuestro país?

Baltasar Garzón, de juez de la Audiencia Nacional a "refugiado político" en La Haya

Así interpreta el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la solicitud del juez Baltasar Garzón de trasladarse a la Corte Penal Internacional. Según Silva "tiene toda la pinta de ser un acuerdo para evitar sentar en el banquillo a Garzón y no dañar más la imagen de la justicia española".

Para el presidente de la Audiencia Nacional es "una gran noticia".

NUEVATRIBUNA.ES / AGNESE MARRA

En los últimos cuatro días el juez Baltasar Garzón ha tenido que decidir sobre su futuro. Tres juicios pendientes, una aparente animadversión por parte de la judicatura hacia su persona y una presión mediática que hasta a él, le resulta difícil soportar. Este martes ha comunicado su decisión: marcharse la Corte Penal Internacional para trabajar como consultor externo de la oficina del fiscal. El juez de la Audiencia Nacional se trasladaría a La Haya bajo las órdenes del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo.

La decisión de Garzón es irrevocable, ahora le toca al Consejo General del Poder Judicial darle la licencia de servicios especiales. La Comisión Permanente estudiará este miércoles, en una reunión extraordinaria, la solicitud. Su situación sería asimilable a una excedencia, con la diferencia de que no se pierde el destino y no hay que volver a concursar.

La propuesta para cambiar de destino partió el pasado 6 de mayo de Luis Moreno Ocampo, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, quien ha valorado la experiencia de Garzón en la investigación de crímenes organizados y crímenes masivos y que quiere que asesore a la Fiscalía "para mejorar las técnicas de investigación", según las fuentes consultadas.

Para la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica la noticia ha caído como un jarro de agua fría. “Es una desgracia que al final tenga que ‘exiliarse’ para buscar una salida al callejón sin salida en el que le han metido”, le dice a nuevatribuna.es el presidente de la asociación, Emilio Silva.

Para el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, jefe directo del juez Garzón, la noticia se puede considerar como algo “positivo”, una “gran noticia” que “nada tiene que ver con las presiones que ha sufrido en los últimos meses” su compañero de trabajo.

Emilio Silva tiene una interpretación bien diferente: “Esto tiene toda la pinta de ser un acuerdo para no sentar a Garzón en el banquillo, no sólo por la mala imagen de la Justicia española, sino porque a ese juicio acudirían los juristas internacionales más importantes para defender al acusado, y le darían un tirón de orejas constante al Supremo. Ha sido una jugada para aparcar el juicio”.

Sin embargo Silva no piensa que el juez haya tirado la toalla ante tantas presiones: “Creo que no le han quedado más posibilidades, sabíamos que era la crónica de una sentencia anunciada, si todavía le quedara algo por lo que luchar, pero le han cerrado todas las posibilidades”. El presidente de la ARMH reconoce que el día en que se vaya a La Haya se convertirá en “un ‘refugiado político’ y se demostrará como ha menguado la democracia española. Es lamentable que tenga que optar por hacer carrera fuera y nosotros ya no podamos contar con él”.

Dentro de todo Silva saca algo de optimismo y asegura que el intento de investigar los crímenes de la dictadura y la guerra civil, “al menos ha servido para llevar el franquismo al terreno de la justicia y no al terreno de la política, eso sí lo considero un gran avance”.

LAS PERSECUCIONES A GARZÓN

El juez tiene abiertas en la actualidad tres causas en el Supremo que, con casi toda probabilidad, habrían provocado su salida de la Audiencia.

Sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo, el caso por las escuchas de los detenidos de la trama Gürtel con sus abogados y el del patrocinio de unos cursos en Nueva Yor por parte del Santander estaban complicando la vida del abogado durante los últimos meses.

En la actualidad, el juez tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre otras causas, la abierta contra el entorno de ETA, como la operación 'Bateragune', la investigación penal al PCTV y ANV, o el entramado de extorsión de la banda.

Además de los casos contra el entramado y la financiación de la banda terrorista, Garzón investiga asuntos de gran calado como el denominado 'caso Faisán', la mafia rusa radicada en España, una red de corrupción en Catalunya -'Caso Pretoria'- y otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo.

El canon digital, uno de los muchos privilegios de la SGAE, dictaminado negativamente por el Tribunal de Justicia Europeo

Los internautas piden que se elimine en la ley de Economía Sostenible

Madrid, Agencias
La Asociación de Internautas pedirá a los partidos políticos la eliminación del canon digital durante la tramitación de la ley de Economía Sostenible, tras el dictamen negativo de la abogada del Tribunal de Justicia Europeo. En declaraciones a Portaltic, el presidente de la asociación, Víctor Domingo, se mostró «satisfecho» por la publicación del citado documento y recordó que la postura de la abogada europea «da la razón» a los argumentos mantenidos durante tres años por la plataforma «Todoscontraelcanon».

En este sentido, recordó que el Gobierno debería «excluir» del pago del canon a las empresas y a las administraciones públicas, por lo que animó a estas últimas a «pedir el reingreso» de todas las cantidades abonadas por este concepto desde 2008. Según Domingo, algunos ayuntamientos como Castellón, Málaga o Tarragona, ya han iniciado este proceso.

Por otra parte, la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic) se mostró satisfecha con el dictamen, y resaltó que estas conclusiones respaldan su opinión sobre la «arbitrariedad» de la imposición.

Asimismo, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, aseguró que el Gobierno español «debería tomar nota» del dictamen.

Sánchez incidió en la necesidad de «encontrar nuevas fórmulas» para compensar a los autores por los derechos de propiedad intelectual».

Siguen las tensiones en la negociación, aunque parece que van a menos

Los escollos del nuevo Hospital Central

El Principado confía en alcanzar un acuerdo económico con la UTE, pero «no a cualquier precio», advierte

Los cambios introducidos en la zona quirúrgica y en el edificio administrativo, principales obstáculos

12.05.10 - L. FONSECA / E. MONTES | OVIEDO, en El Comercio.

Los cambios introducidos en el bloque quirúrgico del futuro HUCA, así como el desarrollo de las obras de rehabilitación y reforma integral del edificio administrativo (el que se ubicará en el que fue antiguo pabellón del Hospital Psiquiátrico), son dos de los principales escollos en la negociación que constructora y Principado mantienen entorno al nuevo sobrecoste de La Cadellada. Las partes en conflicto valoran las modificaciones de muy diferente forma. Mientras la UTE formada por Sacyr, Sánchez y Lago y San José presupuesta los cambios en más de 50 millones de euros, Gispasa (empresa pública promotora del proyecto) ha puesto el tope de su factura en 25 millones. Ni un euro más.

Pero, ¿cuáles son las reformas que ha propiciado el Principado en el último año y medio y que han llevado a las empresas a reclamar más dinero para acabar el HUCA? Por una parte, está el área quirúrgica, que crece con respecto al proyecto inicial. Gispasa ha dado por buenas las peticiones de los médicos del actual Hospital Central, que demandaron más de salas de cirugía, principalmente las ligadas a procesos ambulatorios. En principio se preveía que La Cadellada tuviera un total de 36 quirófanos. De hecho, la obra civil iniciada allá por junio de 2005 se desarrolló en torno a ese cómputo. Pero a principios de 2009, el Principado decidió aumentar los espacios de cirugía con el fin de potenciar los procesos que no requieren hospitalización. Uno de estos nuevos quirófanos se destinará al servicio de Oftalmología. En concreto, será para operaciones de cataratas. El objetivo es dar atención a una de las demandas quirúrgicas que más crece en Asturias.

Pero las tensiones en la negociación por este nuevo sobrecoste no sólo pasan por haber cambiado el bloque de quirófanos, además de reformar la zona de partos, donde se habilita un área para alumbramientos no medicalizados. También por cómo se han desarrollado los trabajos de reforma del único edificio que se mantuvo en pie: el antiguo pabellón psiquiátrico de La Cadellada donde funcionará el área de administración del nuevo hospital. La UTE propuso al Principado el derribo de dicho bloque, argumentando que su rehabilitación era mucho más costosa que su reconstrucción. Gispasa se negó a esta posibilidad, puesto que se trata de un edificio catalogado y, porque, además, la rehabilitación ya venía contemplada en el proyecto original.

Ayuntamiento de Oviedo

El caso es que el Principado permaneció varios meses a la espera de que el Ayuntamiento de Oviedo (actor a la sombra en la construcción del HUCA) autorizara intervenir en parte de la fachada de este edificio donde se necesitaba una actuación más en profundidad. El proceso de vaciado y rehabilitación de la fachada fue mucho más costoso de lo que las constructoras habían previsto en su cronograma, de ahí que ahora parte del sobrecoste que reclaman provenga también de esta actuación, considerada en principio algo menor.

«Mucha paciencia»

Mientras Principado y empresa tensan la cuerda de la negociación, fuentes de la UTE recuerdan que en todo el proceso de ejecución del HUCA «hemos tenido mucho paciencia». La unión temporal de empresas se refiere a los diferentes cambios que el Principado ha ido incorporando al conjunto de la obra una vez iniciados los trabajos sobre terreno. Varias de las modificaciones «las tuvimos que incorporar cuando la obra ya estaba avanzada». De hecho, afirman que «hubo que picar y romper en zonas terminadas». Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la incorporación de determinados avances tecnológicos que obligaron a recablear áreas que estaban pintadas, cerradas y selladas. El Principado no desmiente que esto haya sucedido, aunque dice que «no ha sido para tanto».

Con todo, la Administración regional confía en llegar a un acuerdo, aunque advierte de que «no a cualquier precio». En el seno del Principado la estrategia entorno a la negociación de este nuevo sobrecoste varía por departamentos. Así, mientras desde la Consejería de Salud, su titular Ramón Quirós, optó por lanzar una suerte de ultimátum a la constructora, a la que instó a decir si quiere seguir o no con la obra, el área de Economía que dirige Jaime Rabanal (a la sazón presidente de Gispasa) prefiere mantenerse en un plano más discreto. Con todo, ambas carteras reconocen que las negociaciones están en un punto «tenso». Ayer, el consejero de Salud volvió a referirse a este asunto, aunque lo hizo con algo menos de contundencia. Quirós pidió «no sacar las cosas de quicio» y afirmó en relación a lo dicho por él 24 horas antes que «las declaraciones que hice son muy concretas, muy claras y para buen entendedor sobran las palabras», dijo.

EL EJECUTIVO SOSPECHA QUE LA ADJUDICATARIA PUEDE RECLAMAR NUEVOS AUMENTOS.

El Principado amagó con paralizar el HUCA si superaba los 300 millones

El Gobierno se planteó extinguir el contrato ante la pretensión de la UTE.

Las constructoras no prevén por el momento renunciar a acabar la obra.

12/05/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, para La Voz de Asturias.

RL Nas negociaciones entre el Principado y la constructora del nuevo HUCA están resultando extremadamente tensas. El Gobierno regional, en el transcurso de estas conversaciones, llegó a plantear incluso la paralización del proyecto si el coste final, tal y como pretendía la adjudicataria, superaba los 300 millones de euros.

La negociación ha estado plagada de órdagos por ambas partes. Este periódico pudo conocer ayer que el Consejero de Economía, Jaime Rabanal, llegó a amagar incluso con paralizar la obra ante lo que consideró una petición desmesurada por parte de la UTE encargada de llevar adelante el proyecto. Esta advertencia planteada por el titular de Economía va en la línea de lo expresado ayer por su colega Ramón Quirós, Consejero de Salud. El toque de Jaime Rabanal a la adjudicataria tiene sentido en el contexto de tira y afloja de la negociación.

La constructora, como avanzó este periódico, llegó a solicitar hasta 58 millones de euros más por hacer frente a las mejoras propuestas por la dirección facultativa para acabar el proyecto. La pretensión de la UTE elevaría el coste final del hospital muy por encima de los 300 millones, en concreto, hasta los 317 millones de euros. Este periódico ha podido saber también, lo publicaba ayer mismo, que la UTE ha rebajado sus pretensiones. Solicita ahora 40 millones para entregar la obra. La cantidad sigue siendo excesiva para la sociedad pública Gispasa, promotora del proyecto.

En este contexto, se entiende el ultimátum del Consejero de Salud. Ramón Quirós pidió ayer la UTE que se decida. O realiza el hospital o el Principado extinguirá el contrato para adjudicar el final de la obra a otra empresa. La desconfianza en el Ejecutivo regional se mantiene mientras se llevan a cabo las negociaciones. El Principado no excluye que, si se llega a un acuerdo ahora, la constructora pueda reclamar más dinero, en una tercera ocasión, para finalizar el proyecto.

La UTE integrada por Sacyr Vallehermoso, San José y Sánchez y Lago no prevé, por el momento, la renuncia al contrato. Fuentes cercanas a la obra señalaron ayer a este periódico que es intención de la adjudicataria llevar a término el proyecto. La constructora reclama a cambio, eso sí, lo que considera de justicia. La UTE sugiere que las modificaciones encargadas por el Principado cuestan más de lo que el Gobierno regional está dispuesto a pagar.

Los cambios en fachada y habitaciones pueden elevar el coste final del HUCA a 300 millones

El segundo modificado puede situar la factura global de las actuaciones en unos 490 millones de euros
Conocedores del proyecto y el PP sostienen que cambiar de empresas alargaría el plazo de ejecución

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Una serie de cambios en la elección de los materiales de las fachadas y en las paredes de las habitaciones son dos de los factores que han provocado el segundo sobrecoste en las obras de construcción del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Un encarecimiento que finalmente podría quedar fijado en unos 40 millones de euros, lo que situaría el coste definitivo del edificio en unos 300 millones -inicialmente los trabajos se adjudicaron en 205,3 millones- y la factura global de las actuaciones en el entorno de los 490 millones de euros.

Los datos indicados más arriba resumen algunos de los aspectos que están discutiendo el Gobierno regional y las empresas que construyen la nueva sede del HUCA en los terrenos de La Cadellada. Las negociaciones están dilatándose en el tiempo sin avances aparentes. En números redondos, el Ejecutivo autonómico cifraba este segundo sobrecoste en unos 25 millones de euros, mientras que las constructoras reclamaban en torno a 60 millones.

El estancamiento de la situación causado por estas divergencias fue lo que condujo anteayer al consejero de Salud, Ramón Quirós, a plantear un ultimátum a las empresas. «Deben poner sobre la mesa si quieren seguir o no adelante con los trabajos; no sería un inconveniente cambiar de constructora si es que la UTE (unión temporal de empresas) actual no se considera capacitada o con ganas de terminar la obra», declaró Quirós.

Las empresas sostienen que parte de las modificaciones que el Ejecutivo autonómico quiere introducir en el proyecto son en realidad obra nueva. El consejero de Salud negó con rotundidad que incluso se esté hablando de edificios no incluidos en el proyecto original. Esta discusión no es baladí, pues podría tener implicaciones jurídicas en una hipotética resolución del contrato.

En su órdago de anteayer, Ramón Quirós no descartó la posibilidad de cambiar de constructoras. En ese caso, indicó, «la Administración adjudicaría la obra lo más urgentemente posible y eso no generaría que se alargasen enormemente los plazos». Al contrario, observó, «los plazos se pueden alterar si demoramos la resolución de la negociación».

Fuentes conocedoras de las obras consultadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA señalaron que, al contrario de lo que sostiene el consejero de Salud, rescindir el contrato con Sacyr, San José y Sánchez y Lago y convocar un nuevo concurso alargaría los plazos y aumentaría los costes de forma sustancial.

El Gobierno asturiano aún mantiene el discurso teórico de que resulta factible rematar las actuaciones antes de que concluya 2010. Las fuentes anteriormente citadas consideran que el plazo necesario con las actuales empresas ronda los doces meses, y que romper con ellas y contratar a otras podría implicar otros doce meses adicionales.

Entre tanto, el Partido Popular terció ayer en la controversia para señalar: «Si tan convencido está el consejero de Salud de tener razón, debería coger el contrato y los modificados y llevarlos al fiscal». Según el diputado popular Carlos Galcerán, «resulta imprescindible defender los derechos de la Administración, que son los derechos de los ciudadanos, pero habrá que ver hasta dónde alcanza el grado de chapuza generado por el Gobierno del señor Areces».

A petición del PP, el próximo día 19 comparecerá el gerente de Gispasa -empresa pública que impulsa el proyecto- ante la comisión especial de la Junta General del Principado que estudia el proceso de construcción del HUCA. «Tendrá que explicarnos con todo detalle la situación y por qué mintieron cuando negaron en su día que fuera a haber nuevos modificados y nuevos sobrecostes», indicó Galcerán, quien pronosticó: «Si se da la obra a otra empresa, los plazos se incrementarán aún más». 

 

De momento la edición está sólo en papel, si la hacen digital os la enlazaremos

11/05/2010 en la propia WEB del Consejo Económico y Social

El CES presentó el informe “Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable futuro”

Ayer martes 11 de mayo a las 12.00 horas, se presentó el informe “Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable futuro”, cuyo autor es D. Javier Elola Somoza, Director de Elola Consultores.
En la rueda de prensa estuvieron presentes: D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, D.Javier Elola Somoza, autor del estudio y Director de Elola Consultores, y Dña. Marisa Ponga Martos, Presidenta de la Comisión de Sanidad del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

La sanidad asturiana será insostenible en 7 años con el gasto actual, alerta el Consejo Económico

El mapa sanitario de la región está obsoleto y tiene demasiadas áreas, según el autor del informe del CES

Oviedo, J. A. ARDURA, para La Nueva España
Un estudio editado por el Consejo Económico y Social (CES) de Asturias alerta de que la sanidad pública asturiana será insostenible en el umbral del año 2017 de seguir la tasa de crecimiento de gasto mantenida en los últimos años. El análisis sobre el sistema sanitario asturiano también constata que el mapa sanitario se ha quedado obsoleto, con una red de hospitales comarcales que funcionan «como copias en miniatura» del hospital de referencia, el HUCA.

El informe realizado por el consultor experto en sanidad Francisco Javier Elola fue presentado ayer por el presidente del CES, Nicolás Álvarez, y por Marisa Ponga, presidenta de la comisión de sanidad de esa entidad, en la que están representados los agentes sociales, los municipios, la Universidad y el Principado. El estudio sobre el futuro de la sanidad asturiana prevé que ese servicio consumirá más de la mitad de los presupuestos regionales en los próximos años, tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de octubre, cuando se hizo eco del borrador del citado análisis. El informe, ya definitivo, apunta como diagnóstico que de seguir la inercia actual, el gasto sanitario público llegará al 8,7 por ciento del PIB regional y se llevará el 53,2 por ciento de los presupuestos del Principado de Asturias, una cifra que no será sostenible ni para la economía ni para los presupuestos regionales, apunta Elola.

El autor del informe, que ha dirigido también estudios para el Ministerio de Sanidad, sostiene que el mapa sanitario asturiano se ha quedado obsoleto, «con un excesivo número de áreas, lo que provoca solapamientos e ineficiencia en la utilización de recursos». Elola manifestó en la presentación del estudio que los hospitales comarcales de Mieres, Langreo, Cangas del Narcea, Arriondas y Jarrio tienden a funcionar como «copias en miniatura» del HUCA, una situación que, precisó, no se da sólo en Asturias, sino en el conjunto del país. Esa fórmula, en su opinión, es ineficaz y va contra los criterios de calidad. El experto apuntó que esos centros, los hospitales de área, deberían ser complementarios y encargarse de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, mientras que el centro de referencia trataría patalogías más complejas que precisan de una mayor especialización.

Elola también defendió ayer que la adopción de medidas debe acometerse de manera urgente. «Cuanto antes se tomen, menores serán los recortes y el sacrificio que haya que hacer», planteó el autor del informe, que citó, entre otras propuestas, la creación de redes asistenciales de atención primaria y especializada, que contribuyan a reducir las listas de espera, los ingresos hospitalarios y su duración, y también el gasto hospitalario. El autor del informe, además, abogó por la regionalización del sistema de salud y superar la «tradicional división poblacional y territorial del área de salud para atender los casos de patologías tales como el cáncer, la cardiopatía isquémica o los ictus.

Las amenazas de la sanidad

El sistema público de salud presenta los siguientes riesgos de futuro:

-Crecimiento económico lento o negativo: la disparidad entre la tasa de crecimiento del gasto sanitario y las posibilidades reales de su financiación a medio plazo es la «amenaza más claramente identificada».

-La desafección de las clases medias acomodadas: la falta de agilidad y el déficit de trato del sistema público impulsan la búsqueda de cobertura asistencial privada. «Disminuye la legitimación del sistema», que ahora pasa por ser uno de los puntos fuertes de la sanidad regional.

-El envejecimiento y la dispersión de la población en zonas rurales.

-La falta de cohesión del sistema, que hace más vulnerables los servicios de salud frente a la falta de coordinación de las políticas de personal.

Un estudio del CES aboga por centralizar servicios para racionalizar el gasto en Sanidad

El informe rechaza el copago y plantea la necesidad de evitar la duplicidad de áreas médicas

12.05.10 - L. F. | OVIEDO.

Los hospitales comarcales como los de Mieres, Langreo, Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas son «copias en miniatura» del Central y eso, a la postre, «no es eficiente». La centralización de servicios, a través de áreas de referencia, es en opinión de los expertos una solución para racionalizar el gasto en Sanidad del que tanto se habla estos días.

Estas son algunas de las ideas expuestas en un estudio editado por el Consejo Económico y Social que ayer se presentó en Oviedo. Su autor, el economista Francisco Javier Elola propone sin cortapisas la regionalización de los servicios sanitarios y evitar la duplicidad entre hospitales locales y los de referencia. En su opinión «esto garantizaría un modelo más eficiente y sostenible en el futuro».

A diferencia de otras autoridades en la materia, Elola rechaza el copago como fórmula para contener la factura sanitaria. «No sirve para eso», dijo. Tampoco otro tipo de fórmulas dirigidas a controlar la demanda de los usuarios como puede ser la entrega de facturas por el importe del coste de los servicios con el fin de concienciar a los pacientes.

Elola se inclina más por habilitar modelos complementarios en los que los hospitales de área se encarguen de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y los centros de referencia se centren en la atención y tratamiento de patologías más complejas que requieren más especialización y recursos. «De esta forma se aporta más eficiencia, calidad y seguridad al sistema», señaló.

El estudio ’Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias . Compromiso con un saludable futuro’ fue presentado en Oviedo por el presidente del organismo, Nicolás Alvarez; la presidenta de la Comisión de Sanidad del CES, Marisa Ponga; y el autor de la obra, Francisco Javier Elola. Para este experto, el actual modelo sanitario, basado en el funcionamiento de hospitales comarcales «no sólo no es eficiente» sino que va contra los criterios de calidad.

Respecto a las diferencias entre su propuesta y el modelo desarrollado en los últimos años para aproximar los servicios sanitarios a los ciudadanos, como ha sido en Asturias la descentralización de la radioterapia oncológica y la hemodinámica, Elola afirmó que con su fórmula se podrían aminorar más aún las listas de espera.

Explicó, en este sentido, que el mayor volumen de pacientes quirúrgicos se concentra en cirugía ambulatoria, una técnica que se realizaría en los hospitales locales de forma complementaria con «servicios de referencia» como cardiología, oncología o neurociencias, que estarían en centros de ámbito autonómico (Hospital Central).

Según este experto, el sistema sanitario de Asturias es «el más valorado» del conjunto del país y supone un sector productivo de movimiento en la economía regional, por lo que debe entenderse no solo como gasto, sino también «como inversión» para la economía autonómica.

No obstante, advirtió de que la dinámica de crecimiento del gasto sanitario interanual por encima de la economía, al igual que en el conjunto de España, hace «necesario», aunque no sabe si factible, «un pacto político y social» con consenso de todas las administraciones.

Medidas urgentes

Así, «cuanto antes se tomen las medidas, menores serán los recortes y el sacrificio que haya que hacer. Las medidas de racionalización se deben tomar a tiempo, de lo contrario la situación empeorará», afirmó. Entre las propuestas están, junto con regionalizar los servicios sanitarios, crear redes asistenciales de atención primaria y especializada que permitan reducir los ingresos hospitalarios, la duración de la estancia en el hospital, las consultas de urgencias y el gasto farmacéutico, mejorando la calidad asistencial y reduciendo el coste. También propone aumentar la eficacia y la productividad a través del desarrollo de unidades de gestión clínica y la vinculación de incentivos a objetivos.

Para el autor del estudio es muy importante la incorporación del paciente como «una agente activo» del sistema y, para ello, dijo, hay que implicarlo en la toma de decisiones sobre su «propia salud».

ESTUDIO DE LA SALUD EN ASTURIAS Y SU FUTURO.

El CES propone especializar los hospitales comarcales

El estudio de Javier Elola rechaza crear "miniaturas" del Hospital Central.

El experto aconseja un pacto nacional para llevar a cabo los ajustes.

12/05/2010 CAROLINA GARCIA, en La Voz de Asturias  

RU Nn informe editado por el CES propone una reforma total de los hospitales comarcales en Asturias. El experto Francisco Javier Elola apuesta por no duplicar estos centros sanitarios y hacer de ellos "miniaturas" del HUCA "para hacer un servicio más eficiente y sostenible". Estas son algunas de las claves que aporta en la publicación Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable futuro . El libro, presentado ayer por el Consejo Económico y Social (CES), analiza la situación de la sanidad en Asturias y da pautas para mejorar el servicio de cara al futuro.

Volviendo a duplicar centros, Elola asegura que existen "copias en miniatura" en zonas pequeñas y de poca población. Se refiere a Mieres y Langreo donde es partidario de que los hospitales sean complementarios con el Central. Una situación que aplica también a Cangas, Jarrio y Arriondas. Eso sí, aunque puntualiza que no es exclusivo de Asturias, asegura que resulta "insuficiente". Por eso, apuesta por regionalizar los servicios y hacer "modelos complementarios" en los que los hospitales de área se encarguen de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y los centros de referencia se centren en la atención y tratamiento de patologías más complejas que requieren más especialización y recursos. "De esta forma se aporta más eficiencia, calidad y seguridad al sistema". En cuanto al nuevo HUCA, Elola destacó la importancia que supondrá para la región el nuevo hospital que será "además de un magnífico edificio, un magnífico hospital".

Pese a que el Servicio de Salud asturiano es "el más valorado" entre los del Sistema Nacional y un "relevante factor productivo para la economía del Principado", Elola recordó la necesidad de lograr un pacto a nivel nacional apoyándose en que los problemas del sistema asturiano son "compartidos" por los del resto de las autonomías. En este sentido, recalcó que es "un objetivo alcanzable" conseguir un sistema sanitario en el que se empleen menos recursos y se mantenga la calidad asistencia. Para conseguirlo, platea una serie de medidas concretas. Pasos que "cuanto antes se tomen, menores serán los recortes y el sacrificio que haya que hacer". "Las medidas de racionalización se deben tomar a tiempo, de lo contrario la situación empeorará".

LOS PASOS

Para tener un mejor servicio sanitario, el experto propone aumentar la eficacia y la productividad a través del desarrollo de Unidades de Gestión Clínica y la vinculación de incentivos a objetivos, junto con una ágil adaptación a las nuevas tecnologías; crear redes asistenciales de atención primaria y especializada, que permitan reducir los ingresos hospitalarios, la duración de la estancia en el hospital, las consultas de urgencias y el gasto farmacéutico, mejorando la calidad asistencial y reduciendo el coste.

Además, apuesta por incorporar al paciente en las decisiones como ya se hace en otros países y desarrollar la biotecnología y farmacogenómica. Y señaló la importancia de aumentar la eficiencia a través del desarrollo de unidades de gestión clínica.