PRENSA

Hay propuestas sobradamente descartadas ...

El Ministerio y el PSOE rechazan que los ciudadanos paguen la crisis de la sanidad

La FSA admite que «hay que ser más eficientes, mejorar la gestión y eliminar gastos que podrían ser superfluos» en todas las áreas de Gobierno

Oviedo, Marcos PALICIO, para La Nueva España

El Ministerio de Sanidad y la Federación Socialista Asturiana (FSA) cerraron ayer el círculo del rechazo político a soluciones que carguen sobre los ciudadanos el peso de la crisis financiera de la sanidad. Sus negativas al copago y sus fórmulas análogas (peajes por asistir al médico, más impuestos indirectos, etcétera) se suman así a las posiciones unánimes expresadas en la Junta General del Principado y el Congreso de los Diputados. Las dificultades de sostenibilidad del sistema asturiano de salud no se resuelven haciendo que los ciudadanos paguen parte de los servicios de la sanidad pública, según aseguran fuentes del departamento que dirige Trinidad Jiménez. Esa alternativa, afirman, «no ha sido contemplada por este Ministerio».

 

Ante la señal de auxilio lanzada la semana pasada por el Ejecutivo regional sobre la estrechez de sus recursos para la sanidad, el gravamen a los usuarios no sirve, pues, como solución para ninguna Administración. Esta posibilidad, justifica el Ministerio, «se considera gravosa para las clases más necesitadas, las que más pueden requerir la sanidad pública, y no ha demostrado ser la solución en otros países». En Asturias, la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, rechazó abrir de modo unilateral este debate y el consejero de Salud, José Ramón Quirós, aboga por una sanidad «gratuita», aunque «si hay que pagar algo», precisa, «debería ser de modo proporcional a la renta».

 

Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, asegura que ni el PSOE español ni el asturiano se plantean el copago ni penalizar servicios. «Eso es propio de un modelo de gestión que no compartimos», afirma. A su juicio, Asturias «es un ejemplo de sanidad pública, con un servicio de calidad. Otra cosa es que haya que ser más eficientes y mejorar la gestión». La FSA defiende una campaña de información que conciencie del problema «a médicos, pacientes y personal sanitario», aunque esa mejora de la gestión, precisa, «no tiene por qué ceñirse al área de salud, sino a todas las del sistema». Aunque «es difícil definir qué es superfluo; tal vez habría que eliminar gastos que podrían tener ese adjetivo», aventura Gutiérrez, para quien «se podrían debatir cambios, pero en un marco nacional. La Comunidad no puede tomar decisiones unilateralmente».

 

Propuestas que se han barajado en Cataluña, a instancias de Jaume Puig, investigador del Centro Economía y Salud y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

 

- Cobrar a los pacientes una cantidad simbólica -por ejemplo, un euro- por cada visita médica.

 

- Hacer pagar a los jubilados una parte de los fármacos que consumen. También fue planteada por José Ramón Quirós en la Junta General del Principado el pasado mes de abril.

 

- Cobrar a los pacientes ingresados el coste de las comidas del hospital, porque «tienen que pagarlas igualmente si están en su casa».

 

- Introducir a bajo coste otros servicios que la Seguridad Social no da ahora mismo.

 

- Destinar el dinero que pagan los contribuyentes en su centro de salud para mejoras en el mismo centro, y que no revierta en las arcas del Estado. Es un método que se aplica en países europeos como Suecia.

 

El Congreso, como la Junta, rechazó por unanimidad el copago en marzo

Oviedo, M. P.
La negativa política al copago de los ciudadanos como solución para los problemas financieros de la sanidad quedó patente hace cinco meses en el Congreso de los Diputados. Al igual que en la Junta General del Principado, en Madrid la respuesta fue un «no» unánime. Los grupos políticos respaldaron una proposición no de ley presentada por el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el pasado 11 de marzo. El político asturiano expuso entonces que el coste añadido que supone el copago para el paciente trata de disuadirle de usar la sanidad pública y discrimina el acceso al servicio. En aquel debate, la diputada asturiana del PP Pilar Fernández Pardo argumentó que esta medida no soluciona los problemas de financiación sanitaria y lamentó que hayan sido los consejeros de Asturias y Cataluña, «ambas gobernadas por el PSOE», los que «han puesto el asunto sobre la mesa».

Los que no olvidan la represión

Vecinos de la comarca ponen en marcha una asociación para recuperar la memoria histórica e investigar el paradero de los desaparecidos

Vicente Gutiérrez Solís, a la izquierda, y Alberto Valdés, de la Asociación de Damnificados de la Represión del Nalón. juan plaza

Lne.es » Nalón, Langreo, L. M. D.

Vecinos del valle del Nalón han impulsado la creación de la primera asociación por la recuperación de la memoria histórica de la comarca. El colectivo, llamado Asociación de Damnificados de la Represión Franquista, tiene su sede en Blimea. Su presidente es Alberto Valdés, que explicó que el objetivo de la asociación es «recuperar la memoria y la dignidad pública» de las personas que fueron «asesinadas o represaliadas por la dictadura», sobre todo en sus primeros años. «Muchos familiares de personas que fueron asesinadas o desaparecieron en esa época no han tenido ningún tipo de compensación por todo lo que pasaron. Uniéndonos podremos reclamar una indemnización», señaló Alberto Valdés.

El presidente de la Asociación de Damnificados de la Represión Franquista señaló que la actual ley de Memoria Histórica «no ha cumplido con todas las expectativas». El Congreso aprobó que las víctimas de la represión recibirían una compensación económica. «Es para las víctimas, pero del año 1968 hasta la transición. ¿Qué ocurre con todos los muertos con anterioridad a esta fecha, entre 1937 y 1968?», se pregunta Alberto Valdés, que añade que con esa decisión «se desampara» a muchas personas «que defendieron la legitimidad republicana y a sus familias».

Alberto Valdés se puso a sí mismo como ejemplo. «A mi padre lo mataron por ser secretario del Partido Comunista de Blimea. Del acta de su juicio no se desprende ninguna otra acusación. Ésa era la única, y lo fusilaron». Eso provocó que «mi familia quedase estigmatizada y yo no recibí apenas educación, me quedé casi analfabeto, tuve que empezar a trabajar muy joven para ayudar a mi madre, que se quedó viuda con seis hijos», explicó Alberto Valdés.

Para el nuevo colectivo de recuperación de la memoria histórica del valle del Nalón, el revés sufrido por el juez Baltasar Garzón en su pretensión de investigar la represión franquista e identificar a las víctimas enterradas en fosas comunes «fue todo un varapalo». «Se ve que en este país buena parte de las élites las hemos heredado del viejo régimen», afirmó Valdés. Desde la asociación se quieren «impulsar actividades» y para ello «queremos contactar con toda la gente que sea posible, con las personas que hayan sufrido este tipo de represalias o con sus familiares». Para ello, existen dos números de teléfono, el 610014781 y el 985692322.

Uno de los socios del colectivo es el presidente de la Federación Langreana de Asociaciones de Vecinos, Vicente Gutiérrez Solís. Él mismo sufrió en sus carnes la represión franquista, pero la peor parte se la llevó su mujer, cuyo padre, Eliseo Argüelles, fue ejecutado por la contrapartida de la Guardia Civil. «Al acabar la guerra, se echó al monte. Un día, junto a otro compañero, César Rodríguez, fue acorralado en la que llamaban la "casa blanca", entre La Teyea y La Nueva. Se supone que murieron en un tiroteo», afirmó Vicente Gutiérrez Solís. Según establece un documento, firmado por el entonces jefe de información de La Nueva, con esa «captura» «la zona perteneciente al centro de información de Samuño quedó completamente limpia de bandidos».

 

Testigos de lo ocurrido explicaron a los familiares de Vicente Gutiérrez Solís que los cadáveres de los dos maquis habían sido cargados a lomos de dos mulas, que bajaban por el valle del Samuño junto a los guardias civiles. «Ahí se pierde la pista de los cadáveres», señaló el actual presidente de la Federación Langreana de Asociaciones de Vecinos. «Desde aquel día», un 18 de junio de 1940, «nadie supo más dónde los habían enterrado o arrojado», añadió Solís. Eso sí, la familia de Eliseo Argüelles siguió sufriendo la represión. «Otro hermano suyo fue fusilado, y su esposa y su hija fueron a Soria presas», apuntó.

 

A través de la Asociación de Damnificados de la Represión Franquista, Vicente Gutiérrez Solís quiere darle «un empujón» a la investigación que ha puesto en marcha «para saber qué se hizo con los cuerpos de Eliseo y de su compañero».

 

 

 

Periodismo, no sin preguntas

Históricamente se reservaron para momentos excepcionales, pero hoy las comparecencias sin preguntas ante los medios o las ofertas de vídeos con declaraciones políticas se repiten

La Nueva España. CARMEN PLANELLES/EFE.  Para unos supone un límite al trabajo de los periodistas, para otros el deseo de los partidos de marcar sus mensajes en cada momento.

Hasta tal punto ha indignado a la clase periodística el último vídeo del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la que reaccionaba al archivo del ’caso Gürtel’, que, además de las protestas de las organizaciones profesionales, un manifiesto lanzado en Facebook por el periodista Carlos Hernández-Echevarría condenando estas prácticas ha recibido cerca de 3.000 adhesiones en cinco días.

La grabación de Camps, que además simulaba una rueda de prensa inexistente, sencillamente porque no había periodistas, es uno más en la relación de casos en que los políticos prescinden de dar explicaciones a los periodistas. Basta con consultar los bancos de datos para detectar algunos ejemplos.

En 2006, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, utilizaron este formato. El primero para presentar a Miguel Sebastián como candidato a la alcaldía de Madrid (25 de octubre) y Rajoy para fijar su postura sobre el proceso de negociación del Gobierno con ETA (29 de junio).

El ex lehendakari Juan José Ibarretxe la ha utilizado esporádicamente, en una de las ocasiones para opinar sobre la condena del ’caso Atutxa’ (22 enero de 2008), y es una práctica habitual de los portavoces de Batasuna y su entorno.

Este año, el ex ministro de Defensa Federico Trillo rechazó ser preguntado tras valorar la sentencia del Yak-42 (19 de mayo) y también lo hizo en la sede del PP el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada, en relación al espionaje del que supuestamente había sido objeto (22 enero).

 

INTERESES ENCONTRADOS

Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, difieren a la hora de abordar esta cuestión. El director de Comunicación del PSOE, Juan Antonio Blay tiene claro que: "desaconsejaré fervientemente una comparecencia sin preguntas".

 

"Los políticos tienen la obligación ética y moral de comparecer. No hay que tener miedo a la transparencia", dice a Efe Blay, para quien "puede haber excepciones, pero una cada año, o cada cinco años".

 

En el PP, su secretario de Comunicación, Carlos Floriano, defiende este formato en los casos en que "el partido quiera fijar su posición sobre temas de interés de los ciudadanos. De admitirse las preguntas -explica a Efe- éstas podrían centrarse en cuestiones que no tienen que ver con el objeto de la comparecencia".

 

El problema es que en el ámbito de la comunicación política "confluyen dos intereses distintos, no siempre coincidentes: el de la prensa para encontrar el punto interesante a la noticia, por buscar audiencias amplias, y el de los políticos por marcar el mensaje en cada momento", explica a Efe Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública.

 

Arroyo, que ha sido asesor de políticos como Carme Chacón o María Teresa Fernández de la Vega, cree que se debe establecer un "cierto equilibrio" entre "la libertad de los portavoces para fijar los momentos en que quieren dar las informaciones y el derecho de la prensa a saber y a conocer".

 

Pero "si alguien convoca una rueda de prensa y luego no admite preguntas, no sabe de qué va la profesión y está vulnerando un código de democracia", agrega Arroyo.

 

Este formato, advierte Xavier Roig, consultor de comunicación estratégica, "se está poniendo de moda, como un procedimiento a corto plazo para salir, lo menos mal parado, de una situación de crisis en una organización".

 

Pero "trae complicaciones en el medio y largo plazo", explica a Efe Roig, quien fue jefe de gabinete de Pasqual Maragall (1983-1996) y asesoró en las campañas del presidente del F.C. Barcelona Joan Laporta (2003) y de Michelle Bachelet (Chile, 2005).

 

Utilizadas a lo largo de la historia en situaciones excepcionales, esta técnica se ha ido rebajando de nivel al ser empleada por "políticos que no son los máximos líderes", porque -dice Roig- "estamos viviendo unos momentos de tensión extrema y hay miedo a hacer frente a la prensa".

 

Sin embargo -afirma- "esos formatos no mejoran la percepción que los ciudadanos tienen de los políticos".

 

¿PORTAVOCES PREPARADOS?

Como ejemplo de una estrategia totalmente opuesta, Roig expone cómo los asesores de Bill Clinton en la última fase de su segundo mandato, en plena crisis Lewinsky, decidieron, tras un intenso debate, que el entonces presidente de los EEUU tenía que dar explicaciones y hacerlo lo mejor posible, y "se hartó de responder y responder a los periodistas", explica.

 

El director de Mas Consulting España, Daniel Ureña, cree que estos métodos "limitan mucho el papel del periodista" y el abuso de los mismos "mina la confianza de los periodistas respecto a los políticos".

 

El responsable de esta empresa, que en los últimos cinco años ha formado a líderes de más de diez partidos políticos de toda España, afirma: "nosotros desaconsejamos estas prácticas".

 

"Los periodistas valoran cuando los portavoces comparecen, por eso tienen que estar preparados, lo que no sucede siempre", afirma Ureña, quien relata que el primer político que recibió formación de portavoces fue J.F. Kennedy, quien "adecuó su discurso a la televisión".

 

"Y eso es lo que hay que hacer -dice-. Los políticos han de adaptarse a los medios y no al revés. A veces es duro para el político, pero el que usa esa regla triunfa".

 

EL CONFORMISMO DE LOS MEDIOS

Las organizaciones profesionales de periodistas, que llevan varios años denunciando estos métodos han vuelto a la carga. El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, se ha dirigido a los directores de los medios de la capital invitándoles a una reflexión sobre el problema y ver la posibilidad de coordinar acciones conjuntas.

 

¿Qué se puede hacer? Urbaneja quiere conocer la opinión de los directores porque "el problema es nuestro, de los medios que son los que deciden qué se publica y qué no. Los políticos -dice a Efe- hacen lo que nosotros les dejamos hacer", por lo que cree que "los directores tendrían que tener el coraje de no pasar por determinadas prácticas".

 

Este es uno de los problemas que subyacen detrás de esas prácticas, a juicio del consultor Xavier Roig, porque "este proceso ha pillado a la prensa en plena fase de reducción de costes, por lo que si se les ofrecen vídeos gratis, pues fantástico. La prensa está viviendo unos momentos de desorientación".

 

"Somos un sector muy desmovilizado, muy poco preocupado por nuestros sistemas de trabajo, y lo que nos ocurre es porque ha habido demasiado conformismo", explica a Efe Juan Tomás de Frutos, miembro de la directiva de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

 

"Es una barbaridad que no podamos preguntar cuando es el arma fundamental del periodista: indagar, vislumbrar qué ocurre, verificar lo que se nos cuenta, contrastar la información, porque si no nos convertimos en meros postes transmisores", se lamenta Frutos.

 

"Tenemos que alimentar que ante la prohibición de preguntar, hagamos una pregunta y después otra, y otra... porque el derecho a preguntar es básico en el derecho a informar", agrega el portavoz de la FAPE.

A raiz de un incendio habido en un despacho del INS

CCOO alerta de las deficiencias del HUCA

15/08/2009 REDACCION, La Voz de Asturias 

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSSA-CCOO) denuncia que el incendio registrado el pasado miércoles en uno de los despachos del Servicio de Fisiología Respiratoria del Instituto Nacional de Silicosis (INS) refleja las "múltiples" deficiencias en materia de seguridad del HUCA.

El sindicato señala que el incendio fue provocado por una estufa que había quedado enchufada. Asegura que en un primer momento se produjo una gran confusión debido a que ninguno de los trabajadores estaba informado de cual debía ser su actuación de acuerdo al Plan de Emergencias, cuya existencia "ni siquiera conocían", no disponían de los teléfonos de emergencia y no estaban formados en el uso de los los medios de extinción a su disposición. Los bomberos emplearon más de una hora en apagar el fuego.

A pesar de lo que diga el SIMPA ahora, este tema fue tratado en los ordenes del día de las reuniones que la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma celebró en fecha 21 de abril y 12 de mayo de 2008, dónde estuvieron presentes...

VER EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Principado pone en marcha la evaluación de servicios públicos

El análisis sale a concurso y se enfoca a los ámbitos sanitario y educativo.

El Simpa cree que la medida podría ser el germen del cierre de áreas de salud.

15/08/2009 GEORGINA FERNANDEZ, para La voz de Asturias

El Principado ha sacado a concurso el trabajo de asistencia para "la evaluación de la prestación de servicios públicos" que se enfocará prioritariamente "a los ámbitos sanitario y educativo". El Sespa desconocía que iba a implantarse esa medida y teme que signifique la justificación del "cierre de algún servicio" de Salud.

En plena campaña de ahorro sanitario, ayer se publicaba la licitación de ese servicio de consultoría, que se licita por un total de 500.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. La consejería de Administraciones Públicas, que es la adjudicadora, indica que este contrato servirá para contrastar la "calidad" de las prestaciones y, más concretamente, para evaluarlas e implantar Cartas de Servicios en las unidades que se seleccionen con criterios de orientación al ciudadano. Se hará preferentemente en los ámbitos sanitario y educativo, pero no se excluirán otras áreas de la Administración.

RECORTAR PRESTACIONES

Carlos Fernández Moro, portavoz del Simpa aseguró ayer que el sindicato médico no ha sido informado de esta medida, pero expresó su temor de que, finalmente, sea la excusa "para cerrar algún servicio sanitario o para recortar prestaciones".

El Principado explica que con esta contratación se evaluarán, especialmente, las áreas que tienen una actividad de impacto más directo en el ciudadano. El objetivo es "analizar los niveles de calidad con los que se prestan los servicios; detectar oportunidades de mejora y tras la identificación y adopción de las medidas que resulten necesarias, el establecimiento de compromisos de calidad con los ciudadanos, mediante la publicación y difusión de Cartas de servicios".

Esas Cartas informarán públicamente a los ciudadanos sobre los servicios prestados, las condiciones en que se prestan y los compromisos de calidad que asumen para proporcionar un mejor servicio.

DEMOSTRAR LA PREOCUPACION

Al tiempo, la consejería explica que ése será un documento preparado "para una posterior aprobación y certificación por organismos autorizados, que pueda utilizarse para demostrar la preocupación de las diferentes áreas de la Administración por mejorar los servicios prestados y por aumentar la satisfacción de los ciudadanos".

La empresa adjudicataria debe analizar el nivel de calidad de los servicios; ver si cumplen las expectativas de los usuarios y evaluar sus niveles de rendimiento; así como establecer unas acciones de mejora. Entregará unos "informes de evaluación" que contendrán "una exposición de la situación, el plan de calidad que es preciso acometer y los plazos previstos para continuar el proceso de elaboración e implantación de Cartas de Servicios".

Suponemos que una de las primeras experiencias se dará en el nuevo Hospital de Mieres junto con el nuestro...

El Gobierno descarta cerrar hospitales comarcales, aunque sí prevé especializarlos

Sanidad reforzará las inspecciones y actuará con «dureza» contra los médicos que receten sin justificación

IU pide un plan «progresivo» para pagar el sistema y «plantar cara» a los laboratorios.

«Areces piensa que la ingesta de fármacos es un deporte», dicen los pacientes. Asturias

El PP advierte de una maniobra para crear «un nuevo impuesto especial». Asturias

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ, para La Nueva España

La «hoja de ruta» que el Principado ha diseñado para acabar con la escalada del gasto sanitario pasa por la reconversión de centros hospitalarios, acabar con el exceso en la prescripción de medicamentos y pruebas diagnósticas por parte de los médicos aumentado el control sobre las recetas y concienciar a los usuarios sobre el uso de los fármacos. Al tiempo, en círculos próximos al Gobierno se asume que la coyuntura económica traerá por sí misma la congelación de los sueldos de los profesionales. Aunque tanto la congelación de sueldos como la posibilidad del copago de los medicamentos se quieren incluir dentro del debate nacional sobre la sanidad que el Gobierno asturiano reclama. «No se tomará ninguna medida unilateral», anuncian desde el Ejecutivo.

 

El Principado, además de acabar con la duplicidad de servicios entre centros médicos cercanos, quiere que algunos hospitales se especialicen en determinadas ramas sanitarias. Eso sí, se garantiza que mantendrán las prestaciones de carácter general. En principio esta medida se baraja para algunos hospitales concertados, y se pone como ejemplo el Sanatorio Adaro (Langreo), que se ha redirigido hacia la atención sociosanitaria vinculada a la ley de Dependencia. Esto, según fuentes del Gobierno, no implica el cierre de ningún hospital comarcal. «No se hicieron por capricho, sino porque eran necesarios, y lo siguen siendo», apuntan fuentes del Ejecutivo, que defienden «la atención en el territorio».

 

Algunas de las soluciones que se quieren implantar desde el Servicio de Salud Pública del Principado (Sespa) para garantizar la sostenibilidad del sistema -que ya ha obligado a rescatar del Presupuesto de este año 101 millones de euros- se quieren poner en marcha utilizando como campo de pruebas el nuevo hospital de Mieres, cuyas obras está previsto que concluyan a finales de 2010.

 

Mientras, la planificación para atajar el aumento del gasto farmacéutico, una de las causas que ha disparado el coste de la sanidad, pasa por reforzar las inspecciones y sancionar con dureza a los médicos que se salten las instrucciones sobre la prescripción de fármacos. Además, se quiere acabar con la figura del paciente que suma varios tratamientos, siempre que sea posible, y con las prescripciones múltiples de medicamentos. Para ello arrancará de forma inmediata un estudio individualizado de cada caso. Según se explica, «muchas de estas prácticas no son sólo antieconómicas, sino también antisanitarias». Se entiende que el problema no es el tiempo de consulta, como apuntan algunos profesionales, sino «la forma de recetar». Para poner en marcha este giro que se quiere dar a la sanidad, el Gobierno espera contar «con la colaboración y el compromiso» de los médicos, a los que recuerda que son «los profesionales mejor pagados de la sociedad asturiana», sin olvidar que «si la sanidad asturiana es una de las mejores de España es gracias a su alta cualificación». Al mismo tiempo se advierte de que «es implanteable» una aumento de los salarios en los próximos años. Por último, la próxima semana se iniciarán los trámites para la contratación de los servicios necesarios para diseñar una campaña de concienciación ciudadana sobre el uso de los fármacos.

La salud pública asturiana.

Médicos y usuarios arremeten contra la sugerencia de los recortes sanitarios

El Colegio profesional y el sindicato Simpa acusan al Principado de gestionar mal la sanidad.

La asociación El Defensor del Paciente afirma que suprimir diagnósticos es inaceptable.

15/08/2009 GEORGINA FERNANDEZ, para La Voz de Asturias

Todo un chaparrón de críticas ha provocado el llamamiento del gobierno autonómico a los médicos para que recorten el gasto sanitario. Los representantes de usuarios y, sobre todo los de los facultativos, han puesto el grito en el cielo. Ambos coinciden en que hay que ahorrar en muchos otros capítulos suntuarios, antes que en las recetas y las pruebas médicas y también en creer que el Ejecutivo gestiona mal y usa la sanidad como un vivero de votos.

El que está convencido de que todo esto desembocará en el copago es el Simpa. Carlos Fernández Moro, responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico del Principado de Asturias asegura que lo único que saldrá de esta tormenta de llamamientos a la responsabilidad en el gasto será que los pensionistas tendrán que pagar parte de las recetas. En cuanto a que el recorte lo hagan ellos, los médicos, él lo rechaza rotundamente: "No vamos a recortar prestaciones a nuestros pacientes. Si creemos que necesitan algo se lo recetaremos, y si precisan una prueba, la prescribiremos. Seguiremos buscando el bienestar del paciente".

Opina que el Principado gestionó mal las transferencias --"le metieron un gol por toda la escuadra". En cuanto al recién aprobado modelo de financiación autonómica, lo mismo: "Pedíamos que tuvieran en cuenta nuestra dispersión territorial y el envejecimiento de la población y se ve que no lo hicieron, porque ahora, a los cuatro días ya estamos llorando".

El representante del Simpa acusa a Gobierno asturiano de querer "ganar votos con la sanidad". "Al paciente se le quiere dar barra libre, y luego que el médico le diga que no. Vamos a ser serios, el 99% de los médicos de Asturias no vamos a dejar de recetar todo lo que sea necesario para el paciente".

Una filosofía muy parecida es la que maneja Carmen Rodríguez. A la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias el llamamiento del Principado a que sus colegiados ahorren la pilla de veraneo fuera de casa, pero rebate a través del móvil los argumentos esgrimidos por la consejera portavoz, Ana Rosa Migoya: "Es que las pruebas y las recetas no se dan a tontas y a locas", replica. Y devuelve la bola : "Los médicos sabemos quiénes desperdician los recursos, quiénes los administran mal. La Administración llama a consumir sanidad, a exigir porque eso para ellos es un vivero de votos".

La presidenta también aventura que "quizás Asturias negocia peor los recursos" que otras comunidades autónomas y por eso aquí "ha saltado la luz roja".

Mucho más dura aún en sus argumentos es la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente. Nada más conocer el llamamiento del Principado a que los médicos se aseguraran "de su necesidad" antes de pedir pruebas o expedir recetas, Carmen Flores escribió una carta abierta al presidente asturiano. En ella le acusa de intentar coartar el derecho a una asistencia sanitaria sin recortes y, en relación a la petición a los ciudadanos para que no acudan a los servicios de urgencias "por cuestiones menores" le pregunta a Vicente Alvarez Areces si cree que a los ciudadanos les gusta acudir a "las urgencias colapsadas de Asturias".

Además, advierte de que "cada prueba que se deja de hacer puede ser la falta de un diagnóstico grave", lo que supondría una responsabilidad seria para los médicos. En cambio, le sugiere al presidente que ahorre "en los sueldos de su equipo de gobierno; en la publicidad de lo bien que hace su labor; y en viajes".

Por lo que se ve vale más ser empleado

Los empleados declaran al fisco más rentas que los empresarios

LOS RENDIMIENTOS DE LOS ASALARIADOS SON DE 18.356 EUROS Y LOS DE LOS EMPRESARIOS DE 11.388.

La diferencia de ingresos declarados es de casi 7.000 euros en Asturias

La Voz de Asturias. 14/08/2009 REDACCION

Los trabajadores y pensionistas asturianos declaran a Hacienda unas rentas anuales que superan en 6.968 euros a las de los empresarios profesionales, y alrededor de 6.845 euros más, si se compara con los ingresos de los autónomos, según el informe de la lucha contra el fraude fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

 

El estudio establece que el importe medio declarado por rendimientos del trabajo de los asalariados fue de 18.356 euros en Asturias en el 2007 (año de referencia que se toma en el análisis), mientras que el de los empresarios fue de 11.388 euros.

 

El informe realizado por el servicio de estudios de Gestha recalca que "si bien el diferencial entre lo declarado por los asalariados asturianos y sus empleadores creció sin interrupción en el periodo 2000-2006, durante el año 2007 se acortaron las distancias sólo gracias a las rebajas fiscales aplicadas a las rentas del trabajo, puesto que los empresarios en Asturias apenas incrementaron sus ingresos declarados". En 2006, los asalariados asturianos "llegaron a declarar 8.737 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y 8.260 euros más que los microempresarios en módulos", indica el informe.

 

Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados y los profesionales y empresarios en estimación directa se localizan en Madrid (7.794 euros), Asturias (6.968), Galicia (5.994) Cataluña (5.103) y Cantabria (5.012). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas fueron La Rioja (951 euros), Aragón (1.696) y Murcia (1.878).

 

Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (13.148 euros), seguida de Cataluña (8.950) y Asturias (6.845). En el extremo contrario, se sitúan Extremadura (2.411), Murcia (3.456) y Galicia (4.292), con las menores diferencias.

 

Gestha estima que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar todas las posibilidades de la Ley Antifraude, aprobada hace casi tres años, para reducir la economía sumergida y las bolsas de fraude, limitándose a cumplir con facilidad los objetivos tradicionales.

Además, asegura que el ministerio de Economía y Hacienda se resiste a cumplir la disposición de la Ley Antifraude que permitiría a los técnicos de Hacienda asumir mayores responsabilidades para reducir el fraude fiscal y mejorar el control de la subvenciones y de las ayudas públicas.

El margen para mejorar la eficacia y la eficiencia es bastante amplio aún ...

El Gobierno pide a los asturianos que «no abusen» de la sanidad y se plantea concentrar servicios

El Principado quiere reducir la duplicidad de unidades en hospitales cercanos entre sí para rebajar costes

El gasto farmacéutico es «un caballo desbocado», reconoce el Ejecutivo

La crisis ha acelerado el debate sobre la sostenibilidad de la sanidad asturiana, un servicio cuyos costes se llevan ya el 40 por ciento del Presupuesto. El Principado pide a los ciudadanos que «no abusen» de la sanidad y se plantea la concentración de servicios. Los expertos hablan de cerrar hospitales y del copago y los médicos, de más tiempo para atender a los pacientes y reducir así el gasto en fármacos.

Oviedo, P. R. / Pablo GONZÁLEZ, para La Nueva España

El Gobierno asturiano hizo ayer un llamamiento a los asturianos para que hagan un «uso responsable» de la sanidad pública, cuya viabilidad futura está en entredicho, según ha reconocido el propio Principado, debido a la escalada del gasto. La consejera y portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, pidió expresamente que «no se abuse» de los servicios con hábitos como acudir de manera sistemática a los servicios de urgencia de los hospitales. Persuadir a los ciudadanos de modificar comportamientos como ésos es una de las líneas de trabajo que se plantea el Principado para reforzar la sostenibilidad del sistema. Otras consisten en concentrar servicios médicos y en contener el gasto farmacéutico.

El Ejecutivo ya ha anunciado el reajuste del Presupuesto de este año para rescatar 101 millones de euros destinados a otras partidas y redirigirlos a la financiación de la sanidad. Y es que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se ha encarecido en los últimos cinco años un 38% y ya se lleva el 40% del Presupuesto regional. A pesar de todo, el Gobierno señala que no hay riesgo de quiebra de la sanidad asturiana.

El Principado, además de en la redistribución del Presupuesto, trabaja en la puesta en marcha de varias fórmulas con las que «racionalizar el gasto, porque queremos hacer un sistema sanitario sostenible», apuntó ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno. Aunque, según Migoya, «aún se está en la tarea de diagnóstico y todavía no se ha planteado ninguna medida en concreto», el Principado tiene varias ideas para controlar el gasto. «El tiempo de debate se ha acabado, ahora toca decidir», explicaron ayer otras fuentes del Gobierno. Según esta versión, la puesta en marcha del nuevo Hospital Central de Asturias (HUCA) debe servir de percha para darle un vuelco a un sistema cuyas cifras se han disparado. Así, el Principado quiere «racionalizar» algunos servicios médicos a través de lo que fuentes del Gobierno denominan «coordinación hospitalaria». Esta medida está pensada para ciertos casos en los que en dos hospitales próximos se ofrezcan servicios duplicados que puedan unificarse sin menoscabo de la atención.

Otra de las prioridades es poner coto a la escalada del gasto farmacéutico, un «caballo desbocado», según una expresión del Ejecutivo. «Es cierto que detectamos un aumento en el consumo de medicamentos que se debería controlar y también duplicidades de servicios que podrían prestarse con las mismas garantías desde centros únicos», anotó Migoya. En definitiva, lo que se busca es acabar con la «barra libre» de recetas a cargo del erario regional por parte de los usuarios y de los propios médicos.

«Hacemos una llamada a la concienciación del usuario para no realizar abusos de los servicios como los de urgencia de los hospitales, que a veces se utilizan para cuestiones que podrían solventarse en un centro de salud», manifestó también Migoya. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, apuntó en la misma dirección: «La garantía de futuro de los servicios públicos es de todos, en primer lugar, del Gobierno, pero también de los ciudadanos y, por supuesto, de los trabajadores».

Migoya aseguró también que «no hay ninguna propuesta» sobre la mesa para plantear el copago de los medicamentos. Otras fuentes cercanas al Gobierno destacaron que el copago, como «medida disuasoria» para aquellos que abusan de la farmacia pública, debería en su caso ser objeto de un «debate nacional liderado por el Ejecutivo central».

Gasto general

La sanidad pública asturiana tiene un presupuesto de 1.500 millones de euros. Esto supone casi el 40% de la totalidad del Presupuesto de la región y el 6,9% del producto interior bruto (PIB) del Principado.

En aumento

El gasto sanitario crece exponencialmente año a año. Según cifras oficiales, en el período 2004-2008 el gasto sanitario aumentó un 38,4%. La disparidad entre el aumento del gasto de todos los servicios públicos respecto a los ingresos pasará del 4,8% del año pasado al 12% del ejercicio actual.

Salarios

El Servicio Público de Salud del Principado (Sespa) cuenta con más de 14.200 trabajadores. Sus sueldos suman más de 742 millones de euros. Desde 2002 los sueldos del personal sanitario aumentaron un 47,6%. El del personal no sanitario, un 45,3%.

Fármacos

El Principado gastó en 2008 338,5 millones de euros en fármacos, un 6,9% más que el año anterior. Este año sólo en junio los medicamentos se llevaron de la caja común 29,3 millones de euros, por encima de la media nacional.

Los médicos piden más tiempo con los pacientes para recetar menos

Carmen Rodríguez: «Necesitamos un pacto de Estado»
Carlos Ponte: «El modelo gerencialista es muy defectuoso»

Oviedo, P. R., para La Nueva España
Un grave problema que debe abordarse con seriedad y con visión de estado. Así ve Carmen Rodríguez, presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, el asunto de la sostenibilidad del sistema público de salud. «A los médicos no nos coge de sorpresa esta realidad, porque hace tiempo que venimos denunciando la situación, y los políticos que gestionan la sanidad también lo saben», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

Su mensaje es que el gasto sanitario se puede frenar y cita tres fórmulas que considera básicas: la buena gestión de los recursos, «y aquí habrá que ver si la Administración hace sus deberes», la necesidad de trasladar a los ciudadanos el mensaje de que los recursos son limitados y debe hacerse un uso responsable de los mismos y la reducción del gasto farmacéutico, que admite que «es elevado».

«Los médicos de atención primaria llevan reclamando desde el 10 de octubre de 2002 más tiempo para atender a los enfermos. Si dispusieran de más minutos para ocuparse de cada paciente y dejaran de hacer labores administrativas o de enfermería, podrían diagnosticarlo mejor y evitarían despacharlo en cuatro o cinco minutos con una receta que alivie sus síntomas. Necesitan más tiempo para realizar un acto médico de calidad y no lo tienen. Y eso reduciría el gasto farmacéutico», señala Carmen Rodríguez.

La presidenta del Colegio de Médicos reclama un pacto estatal sanitario «al margen de los vaivenes políticos». «En la sanidad pública se acabó la equidad, tenemos 17 sistemas sanitarios distintos y, sin embargo, todos somos ciudadanos españoles y tenemos los mismos derechos constitucionales. En mi opinión, con las transferencias se desperdician más recursos».

Carlos Ponte, presidente de la Asociación Asturiana para la Defensa de la Sanidad Pública, advierte que casi el 35% del gasto sanitario es farmacéutico, porcentaje en el que se incluyen las recetas más el gasto hospitalario.

Ponte subraya que el gasto sanitario se apoya en dos grandes capítulos: el de personal y el de adquisición de bienes, equipos tecnológicos, fármacos y conciertos médicos. «Ambos constituyen algo más del 90% del total y son de magnitudes parecidas», explica. ¿Cómo evolucionan? En su opinión, el de personal tiene un crecimiento lento, con la excepción puntual, en el caso de Asturias, del incremento que se produjo tras la presión de los sindicatos al recibir Asturias las transferencias sanitarias y del relacionado con la carrera profesional. Los economistas de la salud calculan que dos tercios del incremento del gasto están relacionados con el segundo capítulo, sobre todo con la tecnología y los fármacos. «El sistema sanitario es uno de los espacios donde la gran industria tecnológica y farmacéutica obtiene sus beneficios», dice.

Influyen después otros factores. Según Ponte, la gestión «es muy defectuosa» porque el que se ha denominado «modelo gerencialista» da todo el poder a los gerentes, nombrados por los políticos, que actúan al margen de los médicos, de los enfermeros y, en general, del personal sanitario. La consecuencia se viene denunciando desde hace tiempo: desmotivación. «Los profesionales tienen que ser partícipes de la gestión, lo mismo que los ciudadanos», apunta.