1.- Porque están de acuerdo con las convocatorias del SESPA: improbable y malo si es así, ya que no es lo que dicen por ahí.
2.- Porque no se enteran de que pueden y deben personarse: podría ser, algunos no leen el BOPA más que de vez en cuando, ineptos, por tanto.
3.- Porque son unos vagos… esto último no creo que sorprenda a nadie que se fije en estas cosas.
El Simpa se suma al recurso contra el concurso de las gerencias sanitarias
Insta a Sanidad a suspender la selección de candidatos «porque admitir a personas que no son funcionarios va contra la legislación»
Ramón Muñiz | GIJÓN, en El Comercio
Segunda impugnación contra el concurso convocado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para seleccionar a seis de los ocho gerentes de área, además de otros tres directores y cuatro subdirectores. Aunque los representantes laborales venían reclamando que estos puestos se decidieran tras una convocatoria pública, el sindicato Usipa primero y ahora el Simpa consideran que las bases que regulan el proceso amenazan con pervertir el resultado.
«Está vulnerando un derecho constitucional, el que dice que todos los ciudadanos tendrán derecho a acceder a los puestos y cargos en condiciones de igualdad», explica Ángel Colmeiro, autor de la impugnación que ayer anunció el Simpa. Según relata, las bases solo hacen una referencia a la «igualdad», pero es para darle una amplitud que «contraviene la legislación», valora el facultativo.
Textualmente el reglamento señala que pueden postularse a las plazas funcionarios, personal laboral y «también simultáneamente personal ajeno a la Administración que cumpla con los demás requisitos exigidos, con el fin de que la Administración pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes». Colmeiro estima que este principio es contrario a la Ley de Función Pública del Principado, que establece que el nombramiento del personal directivo deberá realizarse «entre empleados públicos que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo».
El gerente del Sespa, José Ramón Riera, defendió días atrás que la apertura de criterios está facilitando la llegada de «muchísimos candidatos y candidatas». «De lo que se trata es de que la gente que quiera dedicarse a la gestión presente su candidatura», abundó entonces.
«Han querido ir por el libro, dejar de nombrar 'a dedo' a la gente, pero el problema es que su convocatoria se salta también la legalidad», opone el representante del Simpa. Colmeiro admite sus sospechas de que esta puerta abierta no es casual: «Se incurre en una chapuza jurídica porque quizás tienen previstas a las personas que quieren nombrar».
La impugnación solicita la suspensión cautelar del proceso de selección. La Consejería de Sanidad dispone de un mes para manifestar si la concede «y, en caso de silencio administrativo se da por admitida», afirma el Simpa. «Luego tienen tres meses para resolver sobre el fondo de la cuestión», explica Colmeiro. «Confiamos en que la Administración reconozca sus errores, anule las convocatorias y provea tales puestos conforme a la legalidad», manifestó la central en un comunicado.
El sindicato Usipa ya había formalizado una primera impugnación, por el mismo motivo, que sigue pendiente de respuesta. «Admitimos que cuantos más candidatos se presenten, mejor puede ser la selección, pero todo debe hacerse dentro de los principios de legalidad, capacidad y mérito», indica Yolanda Iglesias, desde Usipa. «Es que ahora puede postularse cualquiera que pase por la calle, incluso un gerente de una empresa de 'chupa-chups', algo de lo que ya tenemos precedentes», agrega.
Iglesias teme que la apertura de los criterios de admisión al concurso sea sólo un paso más en una cadena de elementos que restarían objetividad al proceso. «Estamos hablando de concursos, lo que en principio está bien, pero luego la entrevista es subjetiva y muy determinante, y habrá que ver quiénes forman parte de los tribunales», sostiene.
Reivindicaciones
En el panorama sanitario es también noticia la amenaza de huelga que está blandiendo el Simpa. «Lo estamos valorando muy seriamente, para diciembre», señaló Colmeiro. Las fechas que se plantean apuntan a la semana previa a las elecciones nacionales, convocadas para el 20 del mes que viene.
La lista de reivindicaciones que alimentan la protesta incluyen el regreso a las jornadas de 35 horas a la semana, la reapertura de la carrera profesional, y la restitución de la paga perdida en el año 2010. También la recuperación de días de libre disposición, que un Real Decreto aprobado en septiembre posibilita «y que en Cantabria, Castilla y León, Galicia y otras comunidades se han podido aplicar ya en 2015 mediante negociación y sin problemas», agrego el facultativo.
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