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TRIBUNALES

Menos mal que hay quien defiende que la Ley no sólo sea sobre el papel: "…el nombramiento para el desempeño de puestos directivos deberá realizarse entre empleados públicos que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia"…

Menos mal que hay quien defiende que la Ley no sólo sea sobre el papel: "…el nombramiento para el desempeño de puestos directivos deberá realizarse entre empleados públicos que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia"…

USIPA impugna el nuevo sistema para nombrar directivos sanitarios

El sindicato centra el recurso en que no se exige que sean empleados públicos

27.10.2015, P. Á., en La Nueva España.

 

El sindicato USIPA ha llevado a los tribunales el nuevo mecanismo implantado por la Consejería de Sanidad para cubrir las gerencias de las áreas sanitarias y otros puestos directivos. Este sistema preserva la libre designación, pero incluye como novedades la convocatoria pública de todas estas plazas y la apertura de las mismas a profesionales ajenos a la función pública.

 

Desde tiempo atrás, USIPA se ha mostrado muy activo en su cruzada contra la libre designación en el seno de la Administración pública. En el presente caso, ha interpuesto un recurso por vulneración de derechos fundamentales contra las resoluciones del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que convocaban 17 puestos. El motivo de la impugnación se centra en que no exigen la condición de personal estatuario fijo o de funcionario de carrera. A juicio del citado sindicato, esta circunstancia "supone la infracción de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a las funciones públicas".

 

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo ha admitido a trámite el recurso y ha formado pieza separada para la suspensión solicitada, aún pendiente de resolver, pero ya ha denegado la suspensión denominada "cautelarísima".

 

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Y ESTA OTRA DE OPINION TAMBIEN RELACIONADA…

Para algunos no había crisis sino constantes repartos de beneficios de la “empresa familiar” en que se convirtió el Colegio de Enfermería…¡¡lorailo, lorailo…!!

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El gasto del Colegio de Enfermería para su revista se multiplicó por 21 en cinco años

La juez del caso pide más datos sobre la hija del presidente colegial y también acerca de Alfonso Román López

25.09.2015, P. Á., en La Nueva España.

 

El presupuesto destinado por el Colegio de Enfermería de Asturias a su boletín mensual pasó de 11.138 euros en el año 2005 a 237.000 euros en los años 2010 y 2011. Dicho de otra manera, se multiplicó por 21 en solo cinco años. Estos datos figuran en uno de los escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por un grupo de enfermeros que el año pasado denunció ante la fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por la junta de gobierno colegial, presidida por Emilio Losa. El documento de los denunciantes señala que la mencionada cuantía ha llegado a estar por encima del "coste final de los sueldos y seguros sociales de los empleados".

 

Según los promotores de la denuncia, la revista de la institución puede ser el eje del supuesto delito de apropiación indebida por el que Losa está imputado (investigado, según la nueva nomenclatura judicial). La jueza que investiga el caso, María Luisa Llaneza, acaba de reclamar al Colegio de Enfermería una serie de datos que los responsables de la corporación no enviaron pese a haber sido requeridos para ello hace unos meses. Se trata de los certificados de "las dietas abonadas en los últimos diez años" al presidente del Colegio, y de copias en soporte CD ROM del libro diario, el libro mayor y los libros auxiliares de caja y bancos.

 

La juez también ha exigido a la corporación de enfermeros los proyectos de presupuestos relativos al intervalo 2005-2015, el libro de actas del pleno de la junta de gobierno y de la junta general, y "las cuentas anuales firmadas y formuladas por el tesorero del Colegio". Asimismo, la magistrada Llaneza ha solicitado al Registro Mercantil de Asturias "las cuentas que han sido objeto de depósito por el Colegio" en los ejercicios fiscales 2005-2014. Estas peticiones están respaldadas por el fiscal, Gabriel Bernal.

 

Otra reclamación de la magistrada tiene como destinataria a BV Asesores Comunicación e Imagen, empresa que elabora la revista mensual del Colegio de Enfermería de Asturias. El interés de la juez se centra en los servicios que a dicha empresa -con domicilio social en Madrid- han prestado en los últimos diez años la compañía Loklark S. L. (dirigida y administrada por Marta Losa, hija de Emilio Losa) y Alfonso Román López, ex diputado autonómico del PP y vicepresidente del colegio profesional. La juez quiere saber también cuánto han cobrado por estos servicios.

 

BV Asesores ya había remitido al Juzgado un documento en el que indicaba que Alfonso Román recibe 2.000 euros mensuales (cantidad que no incluye IRPF) en virtud de un acuerdo vigente desde 2006 como compensación por sus trabajos periodísticos.

 

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¿Cómo pueden prescribir estas cosas?... es indecente e infame.

¿Cómo pueden prescribir estas cosas?... es indecente e infame.

ASI ESTABAN LAS COSAS EN 2013

ASI 1 AÑO DESPUES…

Y ASI AHORA:

Las víctimas de la talidomida acudirán al Constitucional y Estrasburgo

El Supremo avala la tesis de la Audiencia de Madrid, que consideró que las reivindicaciones estaban prescritas, y rechaza indemnizar a las víctimas

Foto.- El presidente y el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), José Riquelme y Rafael Basterrechea.

Daniel Roldán, MADRID, en El Comercio.

 

Las víctimas de la talidomida tendrán que seguir con su batalla judicial para que la Justicia les reconozca que sus madres fueron envenenadas por alguno de los fármacos que llevaba esta molécula que les provocó nacer con malformaciones, en algunos casos tan importantes que les provocaron la muerte. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación y el recurso por infracción procesal presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) y que contaba con el apoyo de la Fiscalía contra la decisión de la Audiencia de Madrid, que desestimó la demanda civil presentada contra la farmacéutica Grünenthal.

 

Solo uno de los nueve magistrados se ha mostrado contrario a este fallo y ha anunciado un voto particular. En el texto, la Sala defiende punto por punto la tesis del tribunal madrileño, que en su sentencia de octubre de 2014 concluía que la acción de responsabilidad civil, por la que los afectados solicitaron en 2012 indemnizaciones, estaba prescrita. Al no discutirse que se trataba de un supuesto de responsabilidad por culpa extracontractual, el plazo de prescripción es un año.

 

De esta manera, la Audiencia dejaba sin efecto la sanción del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, que en noviembre de 2013 decidió condenar a la farmacéutica alemana a pagar 20.000 euros a cada uno de los 23 afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les reconoció el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de un real decreto… (leer más)

 

El Supremo deja sin indemnización a las víctimas de la talidomida… (VER LA NOTICIA EN PUBLICO.ES)

 

La Fiscalía califica de "atentado contra la salud de la humanidad" la prescripción de la talidomida

El ministerio público se adhiere a la causa de los miles de perjudicados por el fármaco ante el Tribunal Supremo y apoya indemnizarlos con 200 millones de euros… (leer la noticia integra en público.es)

La administración de medicinas a los alumnos por parte de los docentes, recurrida por el SATSE ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado…

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Consejería de Sanidad

Resolución de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se emplaza a los interesados en el recurso interpuesto por el sindicato de enfermería-SATSE contra la Resolución Conjunta de la Consejería de Sanidad y de Educación, Cultura y Deporte de 22 de mayo de 2015, por la que se establecen estrategias en materia de salud escolar

PDF de la disposición  

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Parece evidente que es la vía más directa… puede que “otros” tengan que tomar nota.

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La Fiscalía abre diligencias por anomalías en la vigilancia de seguridad del HUCA

La asociación profesional había denunciado a los responsables del HUCA por las condiciones laborales

ASTURIAS24

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación por la denuncia interpuesta por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada contra los  responsables del HUCA, GISPASA y la Empresa de Seguridad Prosetecnisa. La asociación había llevado ante la Fiscalía las condiciones con las que los vigilantes realizan su trabajo en las instalaciones del nuevo HUCA. El escrito solicita al Ministerio Público que investigue supuestas "irregularidades, negligencias, infracciones y hasta responsabilidad penal" en materia de seguridad.

La denuncia va dirigida específicamente contra Alfonso Vicente Ramírez, responsable de seguridad de Gispasa en el HUCA; Dolores Carcedo, presidenta de Gispasa; Manuel Matallanas, gerente del HUCA, y Mario José Alonso Fernández, gerente delegado de Prosetecnisa Seguridad Asturias.  El escrito argumenta que se vienen produciendo "importantes problemas de seguridad" en las nuevas instalaciones hospitalarias. Avispa señala, por ejemplo, que la ausencia de planes de autoprotección de seguridad y emergencias supone un "grave riesgo" que puede ocasionar "graves daños" tanto para las personas como para los inmuebles.

La denuncia añade que el nuevo hospital, por el que pasan diariamente 10.000 personas entre usuarios y trabajadores, resulta inevacuable porque carece de un plan de emergencia. Avispa añade además que el equipo de seguridad privada está compuesto por tres profesionales que se reparten en turnos de ocho horas de lunes a viernes. Este dispositivo resulta, a juicio de la asociación, "claramente insuficiente". La asociación añade además que los profesionales han recibido a menudo agresiones por parte de los usuarios, sobre todo, en el servicio de Urgencias.

 

La Fiscalía investigará una denuncia sobre la seguridad del Hospital Central

El colectivo de vigilantes privados dice que el HUCA no tiene plan de emergencia

01.09.2015, P. Á., en La Nueva España.

La Fiscalía Superior del Principado ha abierto diligencias para investigar la denuncia interpuesta por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) contra los responsables del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la empresa pública Gispasa y la compañía de seguridad Prosetecnisa por "irregularidades, negligencias, infracciones y supuesta responsabilidad penal en materia de seguridad", en el complejo sanitario. A juicio de Avispa, las tareas de vigilancia del HUCA están gestionadas "ineficientemente", y el centro carece de "planes específicos" para situaciones de emergencia.

Días atrás, Prosetecnisa había replicado que la denuncia "no tiene el menor rigor profesional" y que "no es una querella, sino una mera denuncia, sin ningún recorrido jurídico".

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Una denuncia que, entre otras cosas, deja en evidencia a los delegados de prevención del HUCA y al Comité de Seguridad y Salud del área IV… no tiene desperdicio leerla

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LEER el documento integro de denuncia

La vigilancia del HUCA acaba en la Fiscalía

La asociación Avispa afirma que el hospital, por el que pasan diariamente cerca de 10.000 personas, carece de un plan de evacuación

Pablo Zariquiegui, en ASTURIAS24

 

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) presentará el martes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias una denuncia por las condiciones en las que estos profesionales realizan su trabajo en las instalaciones del nuevo HUCA. El escrito solicita al Ministerio Público que investigue supuestas "irregularidades, negligencias, infracciones y hasta responsabilidad penal" en materia de seguridad.

 

La denuncia va dirigida específicamente contra Alfonso Vicente Ramírez, responsable de seguridad de Gispasa en el HUCA; Dolores Carcedo, presidenta de Gispasa; Manuel Matallanas, gerente del HUCA, y Mario José Alonso Fernández, gerente delegado de Prosetecnisa Seguridad Asturias.

 

El escrito argumenta que se vienen produciendo "importantes problemas de seguridad" en las nuevas instalaciones hospitalarias. Avispa señala, por ejemplo, que la ausencia de planes de autoprotección de seguridad y emergencias supone un "grave riesgo" que puede ocasionar "graves daños" tanto para las personas como para los inmuebles. 

 

La denuncia añade que el nuevo hospital, por el que pasan diariamente 10.000 personas entre usuarios y trabajadores, resulta inevacuable porque carece de un plan de emergencia.

 

Avispa añade además que el equipo de seguridad privada está compuesto por tres profesionales que se reparten en turnos de ocho horas de lunes a viernes. Este dispositivo resulta, a juicio de la asociación, "claramente insuficiente". La asociación añade además que los profesionales han recibido a menudo agresiones por parte de los usuarios, sobre todo, en el servicio de Urgencias.

 

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Mientras no se exijan las responsabilidades políticas (por clientelismo puro y duro), económicas (salarios indebidamente pagados, gastos procedimentales…) y jurídicas (penales… lo hacen a sabiendas), seguirán persistiendo en estar “por encima de la Ley”… ¡¡total, lo pagamos entre todos!!.

Mientras no se exijan las responsabilidades políticas (por clientelismo puro y duro), económicas (salarios indebidamente pagados, gastos procedimentales…) y jurídicas (penales… lo hacen a sabiendas), seguirán persistiendo en estar “por encima de la Ley”… ¡¡total, lo pagamos entre todos!!.

Que lo que Sanidad ha unido lo separen los jueces

El TSJA vuelve a tumbar dos nombramientos de altos cargos del Sespa

Es la segunda decisión en poco más de 15 días contra la política de designaciones de la Administración autonómica

Foto.- El Consejero y el Gerente del SESPA… algo tendrán que decir y hacer…

Pablo Zariquiegui, ASTURIAS24

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha vuelto a anular dos nombramientos de altos cargos del Servicio de Salud del Principado. Es la segunda decisión contra la política de designaciones de la Consejería de Sanidad en poco más de 15 días.

El TSJA acaba de confirmar las sentencias previas del Juzgado de lo Contencioso nº4 de Oviedo por las que se anulaban los nombramientos de los subdirectores de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Cuarta, Álvaro González Franco y Sergio Pérez-Holanda Fernández. A principios de mes, el mismo tribunal consideraba nula la designación de José Fernández como director de Asistencia Sanitaria de la misma área.

El sindicato Usipa, que promovió los procesos, señala que, en los fundamentos de derecho, el TSJA acepta los argumentos de su representante legal, Eduardo Rueda. El tribunal considera que la Administración sanitaria incumplió el mandato constitucional de aplicar los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a los cargos públicos. Las sentencias señalan que estos preceptos constitucionales siguen estando vigentes aun cuando afecten a nombramientos de alta dirección.

Usipa asegura que los hechos ahora juzgados y sentenciados demuestran que, una vez más, el Sespa se "salta principios constitucionales básicos, en una nueva demostración de considerar lo que es público como algo particular......cosa a la que, por otra parte, están muy acostumbrados".

 

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Y VER LA NOTICIA DE MARZO CON ESTAS MISMAS DOS SENTENCIAS, AHORA CONFIRMADAS POR EL TSJA, EN LA PRIMERA INSTANCIA…

En el caso de la nena de Ibias, la acusación particular pide más del doble de la petición de la Fiscalía…

En el caso de la nena de Ibias, la acusación particular pide más del doble de la petición de la Fiscalía…

La familia de la menor atragantada con una palomita pide la pena máxima para la doctora

Solicita cuatro años de prisión y seis de inhabilitación

Foto.- Los padres con la foto de la nena fallecida, allá por marzo de 2013.

 

RTPA

 

La familia de la pequeña de Ibias, que murió al atragantarse con un grano de maíz, solicita la pena máxima para la médico que atendió a la pequeña, cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

 

La considera responsable de no practicarle la broncoscopia con la que podría haberle extraído el grano con el que se atragantó.

 

La petición es superior a la de la Fiscalía que pedía para la doctora año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación profesional. El abogado de los padres asegura que llegar hasta aquí no ha sido fácil.

 

El Sespa, responsable civil en esta presunta negligencia, defiende en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso TPA noticias, la actuación de la médica argumentando que no se le practicó la prueba por los riesgos que ésta entraña y ante la ausencia de certeza de que la niña se hubiera tragado el grano de maíz.

 

Ahora queda por conocer los argumentos de la defensa de la cirujana del HUCA para fijar la fecha de juicio oral.

 

 

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