PRENSA

El máximo perjuicio para la ciudadanía con el mínimo coste y esfuerzo de los huelguistas

VER ARTICULO ANTERIOR DE OPINION QUE EXPLICA AL DETALLE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR EL SIMPA

La «caja de resistencia» de los facultativos puede resistir la huelga sin excesivos problemas

Foto: Un médico con una pegatina de servicios mínimos, en el HUCA, durante una de las últimas jornadas de huelga

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) no descarta que la huelga de facultativos pueda prolongarse varios meses más, incluso todo lo que resta de legislatura. Esta afirmación puede parecer un tanto grandilocuente, pero desde la dirección del SIMPA se subraya que, de no dárseles una solución digna, los profesionales están dispuestos a hacerla realidad.

Lo que resulta bastante claro es que, desde un punto de vista económico, los médicos de la región tienen capacidad para cumplir esta amenaza. La experiencia de estos tres meses de huelga pone de relieve que la sanidad pública asturiana se ve severamente afectada con tal de que los paros sean secundados por poco más de un centenar de profesionales (sobre una plantilla total de unos 3.200 que se aproxima a los 4.000 si se incluye a los médicos residentes). La clave estriba en una adecuada «selección» de los huelguistas. En esta estrategia, los anestesistas constituyen un elemento decisivo, por cuanto sin ellos la actividad de los quirófanos queda paralizada.

Con el fin de que no sean solamente unos pocos los médicos que carguen con las consecuencias económicas de los paros, el SIMPA tiene organizadas unas «cajas de resistencia» a las que están aportando fondos -según los dirigentes sindicales- el 80 por ciento de los facultativos de los hospitales, así como otros profesionales de los centros de salud y médicos residentes. Con esta estructura, les resulta bastante asequible afrontar los costes de los paros. Según declaró recientemente la gerente del Sespa, el descuento medio por día de huelga ronda los 175 euros por profesional.

DEL PROYECTO DE DECRETO DE JORNADA QUE NO LE GUSTA AL SIMPA… (VER EL BORRADOR)

El control horario de la nueva jornada sanitaria recaerá sobre los jefes de servicio

Serán los encargados de vigilar que el personal del Servicio de Salud, tanto médico como no sanitario, realiza las 37,5 horas semanales

06.01.13, LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

De jefes de servicio a jefes de personal. Los responsables de unidades, equipos, departamentos o servicios sanitarios serán los encargados de velar por el cumplimiento de la nueva y ya polémica jornada del Servicio de Salud. El decreto sobre ampliación de horarios en la sanidad pública asturiana, cuya aprobación mantiene a los médicos en conflicto desde octubre pasado y contra la que hay convocada una cuarta tanda de huelga, obliga a los jefes de servicio -en la mayor parte de los casos, facultativos- a controlar el horario del personal. Tendrán que velar por el cumplimiento de la jornada tanto en el caso de los médicos como de enfermeros, auxiliares, técnicos, celadores y administrativos que trabajen en el área clínica que tienen a su cargo.

La normativa que eleva en 2,5 horas la jornada semanal en la sanidad y que modifica algunas de las condiciones laborales de las que hasta ahora disfrutaban los facultativos obliga a los hospitales y centros de salud del Principado a establecer mecanismos de control de horarios. No detalla el decreto si el personal del Servicio de Salud (Sespa) tendrá que fichar, pero sí recoge que «el cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante los mecanismos de control que se implanten en los centros y establecimientos sanitarios». El encargado de su control inmediato «será la persona responsable de cada servicio, unidad o equipo», especifica el documento sobre nueva jornada que previsiblemente será aprobado la próxima semana por el Consejo de Gobierno.

El Principado acabará implantando la nueva jornada por decreto al no conseguir el apoyo sindical necesario. Salvo UGT, el resto de centrales sindicales rechazaron secundar el modelo de jornada propuesto por el departamento que dirige Faustino Blanco.

Así las cosas, jefes de sección o de servicio e, incluso, directores de área de gestión clínica, serán los que tendrán que velar y vigilar para que los casi 15.000 trabajadores del Sespa cumplan el horario, entrando a la hora indicada, y saliendo, también, al horario estipulado.

Asimismo, también tendrán que verificar (el decreto no dice cómo) que se aplica de forma correcta la ampliación de jornada, bien sea con el trabajo de tarde o con módulos matinales durante los sábados. Porque, según el decreto que el Principado comenzará a aplicar en los hospitales y centros de salud y a cuyo contenido ha tenido acceso EL COMERCIO, éste establece que las 2,5 horas de más podrán realizarse a través de módulos vespertinos o bien durante los sábados por la mañana. El Sespa también abre la posibilidad a trabajar cuatro horas seguidas, por la tarde o en sábado, cada dos semanas.

Excepción en Primaria

La ampliación de jornada deberá destinarse, fundamentalmente, a realizar trabajo asistencial, atender actividad programada y mejorar la accesibilidad con la apertura de las consultas por la tarde, así como otras acciones vinculadas a incrementar la eficacia y la gestión de recursos. La continuidad de la asistencia, es decir, trabajar media hora más al día tal y como demandan los médicos desde que estallara el conflicto, sólo es una posibilidad que queda permitida para centros de Atención Primaria, aunque sólo en casos excepcionales en los que no se puedan habilitar consultas vespertinas o realizar actividad programada. En hospitales, la media hora de más al día no está contemplada en el decreto.

Los mayores de 55 años volverán a hacer guardias

06.01.13 - L. F. | GIJÓN, en El Comercio.

Los médicos mayores de 55 años, que hasta ahora podían dejar de hacer guardias y realizar en contrapartida trabajo asistencial en horario de tarde, volverán a la atención continuada. Llegar a los 55 años ya no será condición 'sine qua non' para solicitar la exención de guardias. Según el documento del decreto de nueva jornada, la exención de guardias por razones de edad u otras circunstancias será competencia exclusiva de la gerencia del Servicio de Salud. En cualquier caso, quienes queden exentos de este tipo de atención, que obliga a los médicos a trabajar 17 horas seguidas en días de semana (de 15 a 8 horas) y 24 horas en festivos y domingos (de 8 a 8), no tendrán derecho a actividad alternativa retribuida como ocurría hasta ahora. Los facultativos de 55 años podían cambiar guardias por módulos de tarde (4 horas semanales), por los que cobraban 256 euros. Según el Sindicato Médico, la exención por razones de edad se consiguió en 1995 tras una huelga de cuatro meses en la sanidad española, en los años en los que la cartera de Sanidad estaba en manos de la socialista Ángeles Amador. La continuidad del trabajo retribuido de tarde para los médicos de 55 años que ya lo hacían queda a expensas de lo que decida el Sespa en cada uno de los casos, precisa el decreto.

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Cautela y mucha, que remedio

El Principado acoge con «toda la prudencia» el buen dato sobre el déficit

Mercedes Fernández ve «poco ambicioso» el anteproyecto de ley para el sector público

Foto: La Consejera de hacienda en un pleno en el JGPA.

Oviedo, J. A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España
«Con toda la prudencia». Así ha acogido la Consejería de Hacienda el último informe ministerial -sobre los tres primeros trimestres de 2012- que incluye a Asturias entre las comunidades mejor colocadas para lograr el objetivo de déficit público, fijado en el 1,5% del producto interior bruto (PIB). Hay satisfacción contenida, pero las fuentes consultadas en el departamento que dirige Dolores Carcedo prefieren esperar al cierre del ejercicio para realizar una valoración oficial, sobre todo por las especiales circunstancias de la prórroga presupuestaria.

La Consejería de Hacienda asume que en el capítulo de ingresos, que es el flanco más débil de Asturias para el cumplimiento del objetivo de déficit, no podrá contar con los veinticinco millones previstos por la venta de las sedes del Principado en Bruselas y en Madrid, que no se ha materializado. «Habrá que ver cómo se comportan otras fuentes de ingresos», apuntaron los portavoces de Carcedo.

Por su lado, la líder del PP asturiano, Mercedes Fernández, mostró ayer su respaldo al Ejecutivo regional de cara a la consecución del objetivo de déficit. «Si Asturias y el Gobierno de Javier Fernández se comprometen, desde el PP tendrán todos los elogios y los apoyos», aseguró la dirigente popular durante una visita a Noreña.

Además, Fernández criticó el anteproyecto de la ley de reestructuración del sector público del Principado, cuyo texto no obra en poder de la dirigente popular, que se quejó del «oscurantismo» en torno a las decisiones del Consejo de Gobierno. «No disponemos del proyecto, pero me parece poco ambicioso, cortoplacista y no aprovecha una oportunidad para enfrentar una reforma rigurosa de la Administración», señaló Fernández, que censuró el plan del Ejecutivo porque, según dijo, «refunde, pero suma: donde había cinco y cinco, ahora hay diez».

La líder popular calificó de «espléndida noticia» la creación de un instrumento por el cual los proveedores de una Administración morosa podrán dirigirse directamente al Ministerio de Hacienda para que «arbitre la forma de pago».

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Los sindicatos consideran que la rebaja del paro es «un espejismo»

Los valles mineros registraron en diciembre el mayor descenso del desempleo del año

Las comarcas del Nalón y el Caudal contabilizaron 16.343 demandantes de trabajo, 343 menos que el mes anterior y 2.198 más que al cierre de 2011

Las uniones comarcales de UGT y CC OO ven el recorte como «un hecho puntual» y temen un nuevo repunte

Foto: Los secretarios comarcales de UGT y CC.OO. (de archivo).

Mieres / Langreo, J. VIVAS, Pablo CASTAÑO, en La Nueva España

Las Cuencas registraron en diciembre el mayor descenso del paro durante 2012. Las oficinas de empleo de los valles del Nalón y el Caudal contabilizaron 16.343 demandantes de trabajo, 343 menos que el mes anterior. Un dato optimista en un año dramático para el empleo. Durante 2012 el paro aumentó en 2.198 personas y se superaron las cifras de la época dura de la reconversión industrial, cuando las Cuencas tenían 25.000 habitantes más.

El mes de diciembre ha supuesto un pequeño alivio en la cola del paro de las Cuencas. Las contrataciones de las fechas navideñas (la inmensa mayoría de los contratos firmados son en el sector servicios y predominan los realizados a mujeres) han conseguido reducir en 343 el número de demandantes de empleo, que se sitúa en 16.343 según las cifras que maneja la Consejería de Economía y Empleo.

El descenso ha sido del 2,05%, superior a la caída media en Asturias, situada en el 1,36%, y a la caída media en España, de 1,20%. «Algo positivo se está moviendo en la economía española», señaló el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al calor de estos datos. En años anteriores, el mes de diciembre solía engordar las cifras del desempleo. En las Cuencas era habitual alcanzar el pico del paro del año. Sin embargo, en esta ocasión no ha ocurrido y además en diciembre se ha registrado el mayor descenso de 2012, por encima de los datos del mes de junio, cuando el desempleo descendió en 261 personas con el inicio de la campaña de verano.

Los datos positivos de diciembre no logran ocultar el nefasto año para el mercado laboral. Las Cuencas cierran 2012 con 2.198 desempleados más que en 2011, lo que supone un incremento del 15,17%. Además, durante el pasado año se registró en los valles mineros el tope histórico del paro, con los 16.686 demandantes de trabajo que se registraron en las oficinas de empleo en el mes de noviembre. El fracaso de firmas emblemáticas de la reactivación de las Cuencas como Alas Aluminium, Diasa Pharma, Venturo XXI, Kerkus Metals o Asturiana de Calderería y Montaje, y los recortes de plantilla y regulaciones de otras grandes firmas como Rioglass se han sumado a la contracción general de la actividad económica vinculada a la crisis.

Durante el pasado mes de diciembre el paro descendió en seis concejos de las Cuencas. Langreo fue el que registró la mayor caída (109 desempleados menos), aunque mantiene la cifra más alta de demandantes de trabajo, un total de 5.275. Mieres registró 88 parados menos (tiene un total de 4.788), Laviana 85 menos (un total de 1.302), San Martín del Rey Aurelio 60 menos (un total de 2.101), Lena 13 menos (un total de 1.144) y Sobrescobio seis menos (un total de 37). El desempleo se mantuvo estable en Caso (que tiene 78 parados) y aumentó en tres concejos de las Cuencas: Riosa, que registró 15 desempleados más (tiene un total de 220): Aller, que contabilizó dos desempleados más (tiene 1.195), y Morcín, que registró uno más (un total de 233).

Por comarcas, el desempleo descendió en diciembre a mayor ritmo en el valle del Nalón, al pasar de 8.992 parados a 8.793, lo que supone una caída de 199 demandantes. En el valle del Caudal el descenso fue de 144 parados al pasar de 7.614 a 7.550 demandantes de empleo.

Históricamente, el paro femenino ha sido más alto que el masculino en los valles mineros, donde aún tiene mucho peso la industria. Sin embargo, la crisis ha cambiado la tendencia. De los 16.343 parados contabilizados el pasado mes, 8.645 son hombres, lo que representa el 52,90% del total. El número de paradas es de 7.698, lo que supone el 47,10%.

«Un espejismo».

Así consideran los sindicatos UGT y CC OO de Nalón y Caudal los últimos datos mensuales de desempleo en las Cuencas, con el mayor descenso del año. Las centrales ven en esta rebaja un hecho puntual y, en ningún caso, como una consecuencia de la reforma laboral llevada a cabo en el último año por el Gobierno de Mariano Rajoy.

José Manuel Camporro, secretario de la Unión Comarcal de UGT en el Nalón, señaló que el descenso del paro «es un tema estacional que, por desgracia, volverá en unos días a la situación de antes, con unos datos escalofriantes de desempleo». De hecho, Camporro hizo referencia a la «espectacular caída en las cotizaciones a la seguridad social». Esto, según el sindicalista, «sí es consecuencia de la reforma laboral del PP». Similares palabras las de su homólogo de CC OO en el Nalón, José Manuel Zapico, quien aseguró que, a pesar de los buenos datos, «el empleo no se va a consolidar en los próximos meses porque la reforma laboral va a seguir haciendo estragos». Tampoco hay demasiado optimismo en la comarca del Caudal. El recién elegido secretario de la Unión Comarcal de CC OO, Emilio Prieto, aseguró que «es un caso puntual, es verdad que hacía mucho que no bajaba tanto el paro, pero en su mayoría son contratos temporales». Por ello, el sindicalista subrayó que «me dolería mucho que el Gobierno analizase estos datos como que está empezando a funcionar su reforma laboral, porque nada más lejos de la realidad». En cuanto al resto del año, Prieto calificó el 2012 como «fatal», e hizo alusión a la «lluvia» de cierres de empresas que ha habido en los últimos meses. Tampoco se olvidó el sindicalista del conflicto de la minería «que ya volvemos a tener encima».

Por su parte, José Manuel Zapico afirmó que el año que termina «ha sido el peor de todos en términos de empleo y actividad económica». El responsable de CC OO del Nalón señaló que «se confirmó el desmantelamiento industrial, después del estrepitoso fracaso de la reactivación económica en las Cuencas por la falta de planificación de la administración, de coordinación en la aplicación de los recursos que había y la ausencia de control en la ejecución». Zapico también aprovechó para abogar por un ayuntamiento único en el Nalón que «favorezca una planificación conjunta del valle y evitar casos como los del centro de estudios medioambientales de San Martín, que hoy es un solar». Camporro, por su parte, tachó de «catastrófico» el último año, «que asusta, no sólo por las empresas cerradas, sino también por lo que han tenido que hacer otras para evitar el cierre, reduciendo el número de trabajadores».

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Que Montoro apele a la lealtad institucional, y más en este tema, es absolutamente “alucinante”

El pulso que resolverán los tribunales

El Principado insiste en su tesis y asegura que es el Ejecutivo central quien comete un fraude al instaurar un tributo a tipo cero

Entra en vigor el impuesto a la banca de Rajoy que colisiona con el gravamen que ya aplica Asturias

Foto: Montoro, la pasada semana, en el Congreso de los Diputados.

02.01.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN, en El Comercio.

Ya no hay marcha atrás. Ayer, día 1 de enero, entró en vigor el impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito a tipo cero que choca frontalmente con el gravamen incluido en los presupuestos asturianos y con el que el Principado espera obtener una recaudación cercana a los 30 millones. Nadie está dispuesto a dar un paso atrás y todo hace indicar que el pulso se resolverá en los tribunales. Los representantes de ambas administraciones tienen asumido este extremo e y confían en salir victoriosos si finalmente hubiera litigio. El Principado acusa al Gobierno central de cometer un «fraude de ley» al imponer un impuesto de tipo cero y restringir así la capacidad normativa de una autonomía, mientras que el Estado insiste en que la iniciativa persigue un doble objetivo: evitar que dos administraciones puedan gravar el mismo hecho imponible e impedir que las comunidades tengan la opción de aplicar su propio tributo. Lo cierto es que la propuesta, incluida en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado durante su trámite en el Senado, surgió pocos días después de que el Principado anunciara su intención de aplicar este impuesto, fruto del acuerdo con IU en la elaboración de las cuentas públicas para 2013, que fueron aprobadas en el pleno del pasado viernes.

Esquivar la restricción

Superado el trámite parlamentario, el gravamen bancario, una de las fórmulas elegidas por el Gobierno de Fernández para aumentar los ingresos en un escenario de caída de la recaudación, comenzó a aplicarse, antes incluso de que finalizara 2012. ¿El motivo? Esquivar la restricción impuesta desde Madrid al poner en marcha el impuesto antes que el Gobierno central y garantizar, al mismo tiempo, que el Estado no pueda despojar al Principado del tributo sin antes fijar una compensación como ya ha hecho con otras comunidades donde el gravamen funcionaba con anterioridad. Son los casos de Andalucía, Canarias y Extremadura.

Fue precisamente esta última, durante la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra como responsable de la Junta, la que primero tensó la cuerda para obtener más ingresos de las entidades financieras. En aquel momento, el Gobierno central, presidido por José María Aznar, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional para dejar sin validez el impuesto. La sentencia, conocida hace pocas semanas, daba la razón a las tesis extremeñas y, por extensión, a todas las comunidades que decidieron aplicar el tributo. A este dictamen se agarra precisamente Asturias para mantener el pulso con el Ministerio de Hacienda y reivindicar la validez de su gravamen.

«El impuesto del Gobierno central no cumple con una finalidad recaudatoria y sólo intenta vaciar de contenido la capacidad tributaria de las autonomías», explica el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que acusó al Gobierno de Rajoy de actuar de forma «fraudulenta» en este asunto.

El Principado aún no ha decidido si acudirá al Tribunal Constitucional a la espera de ver cómo se juegan las cartas desde Madrid. Montoro, titular de Hacienda, amenazó en varias ocasiones a las comunidades que lanzasen un órdago al Estado con llevarlas ante los tribunales y no sería extraño que ese fuera el siguiente paso.

Elemento distorsionador

Sostiene el ministro que Asturias, como el resto de comunidades, tiene un plan económico y financiero aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, según su opinión, no deberían introducirse nuevos elementos distorsionadores. Montoro, que expresó en varias ocasiones su rechazo a compensar al Principado por «despojarle» del tributo, reclama sin embargo «lealtad institucional» e insiste en «tender puentes» entre las administraciones. Asegura que la medida pretende «homogeneizar» el sistema tributario y mantener la unidad del mercado bancario interior. En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que la Comisión Europea ya trasladó en varias ocasiones su inquietud ante el hecho de que los gravámenes establecidos por las autonomías vaya a producir incompatibilidades con la normativa europea y de que estos nuevos impuestos lastren las capacidad de los bancos de facilitar créditos.

No son argumentos que convenzan al Gobierno de Fernández ni tampoco a Cataluña, que ha seguido un plan similar al Principado. Las dos comunidades insisten en que sus tesis están más cerca de la opinión del Constitucional y confían en que si alguien tiene que recular en sus intenciones ese es el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El PSPV pide a Fabra que imite a Asturias con el gravamen bancario

Los socialistas valencianos lamentan que el presidente de la Generalitat renuncie a ingresar 100 millones

31.12.12, E. C. | VALENCIA, en El Comercio.

Los socialistas valencianos han pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que siga los pasos del Principado y articule la puesta en marcha de un impuesto a los depósitos bancarios, al igual que ha planteado el Ejecutivo de Javier Fernández. Tributo, por cierto, que entró ayer en vigor. Si finalmente gana el pulso a Madrid y se aplica, Asturias obtendría por esta vía 30 millones en 2013.

En la Comunidad Valenciana esa cifra se incrementa hasta los cien. Los socialistas valencianos consideran que una región que arrastra graves problemas de liquidez no puede prescindir de unos ingresos que permitirían, según su opinión, «aliviar la carga que suponen los continuos recortes».

Fabra, según el PSPV, se niega a molestar a las entidades bancarias pero, en cambio, «sube las tasas a los estudiantes, exige el copago a quienes necesitan medicinas, recorta el sueldo de maestros, médicos y enfermeros, y pretende cobrar una tasa a quienes necesitan una ambulancia».

«Si a muchos ciudadanos se les piden sacrificios, por qué no a los bancos como sí se les pide en otras comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Extremadura y el año próximo en Cataluña y Asturias», destacan los socialistas valencianos, que recuerdan que el Partido Popular ya rechazó una enmienda socialista a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para establecer este impuesto.

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La “línea roja” del Simpa o el “lo quiero todo” en una negociación lo cual supone que dicha negociación no es tal.

Las 6 horas mensuales de las guardias

Sespa y Sindicato Médico mantienen abierto el conflicto sobre una jornada laboral que está a punto de ser aprobada por decreto

Oviedo, P. R., en La Nueva España

La regulación de la jornada ordinaria en la sanidad pública asturiana tras el decreto de Mariano Rajoy, que obliga a aumentar dos horas y media a la semana, ha sido el motivo principal, aunque no el único, del todavía existente conflicto entre el Gobierno del Principado y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que mantiene una convocatoria de huelga de ocho días para el próximo mes de enero. Sería el cuarto mes de paros en la sanidad regional.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) considera que el decreto que se aprobará en los próximos días recoge buena parte de las demandas fundamentales de las organizaciones sindicales. Según se incluye en el texto, la duración media de la jornada semanal de todos los trabajadores de la sanidad pública será de 37,5 horas semanales y la jornada anual laboral será de 1.650 horas.

Las dos horas y media de incremento de la jornada se realizarán, con carácter general, mediante módulos de al menos dos horas y media en un día a la semana, aunque se podrán establecer otras modalidades en función de las necesidades del servicio.

En lo que respecta a los médicos que realizan guardias, una vez finalizada ésta, el facultativo tendrá derecho a un período mínimo de descanso de 12 horas, tal y como se recoge en la normativa laboral. ¿Cuál es, pues, el origen del conflicto?

Ese período de descanso se le retribuye al médico como jornada ordinaria, es decir, como si estuviera realizando su trabajo en el hospital. Son 7 horas que se le abonan, además de la guardia, pero que el médico no hace. Según sostiene el Sespa, la jornada laboral anual que tiene que cumplir, de 1.650 horas, se ve reducida con estos períodos de descanso que siguen a las guardias. Si un médico hace cuatro guardias al mes -algo bastante habitual-, el Sespa le paga 28 horas, las de descanso obligatorio, como si las estuviera trabajando.

El decreto de Rajoy exige que todo empleado público trabaje 37,5 horas semanales y para llegar a esa cifra, el especialista que hace guardias debería trabajar 9,5 horas más a la semana.

¿Qué propone el Sespa a los que hacen guardias? Que en vez de trabajar esas 9,5 horas que exige la ley, en aplicación de una ponderación por la penosidad de estar disponible, realice un máximo de 6 horas mensuales, con independencia del número de horas en jornada ordinaria que haya dejado de trabajar después de una jornada de descanso.

¿Y qué dice el SIMPA? Que esta modificación «sigue siendo claramente insuficiente».

VER EL ULTIMO BORRADOR DEL DECRETO DE REGULACION DE JORNADA EN EL SESPA (resaltados todos lo cambios operados con relación al anterior…)

TODA LA INFORMACION EN NUESTRA SECCION DE LA WEB: “JORNADA”

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Dos no se respetan si uno no quiere y ese uno es Mariano Rajoy

El Principado rompe con Rajoy

El malestar con el Ejecutivo central por el impuesto sobre la banca marca un antes y un después en las relaciones entre el Gobierno asturiano y Madrid

Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España

A su llegada al Gobierno del Principado Javier Fernández hizo de la «lealtad institucional» una de sus señas de identidad. Opinaba que un proceder firme pero cordial con el Ejecutivo de Mariano Rajoy siempre sería más útil y ofrecería mejores resultados que la vía de la confrontación. Sin embargo, la postura desde Madrid apenas ha variado desde el junio pasado, con escasas concesiones a las peticiones que llegaban desde Asturias.

En los últimos días la actitud asturiana ha cambiado. El Ejecutivo de Javier Fernández, posiblemente espoleado por el impuesto nacional a la banca que pretende anular el autonómico, anunciado previamente en el Principado, ha endurecido su discurso y marca distancias con el Gobierno popular de la nación. En Asturias acusan al Ejecutivo central de actuar de forma «fraudulenta». El ejemplo lo puso ayer Guillermo Martínez, portavoz del Ejecutivo regional, en su última comparecencia del año. Nunca antes desde la sede de la Presidencia del Principado se habían expresado con tanta dureza. La ruptura es un hecho.

En su repaso a los siete meses de Gobierno socialista en Asturias, Martínez reservó un apartado para la cooperación institucional, señalada como «regla básica en las relaciones con el Gobierno central». Aunque reconoce la «lógica» colaboración en «algunos casos», el también consejero de Presidencia constata una «absoluta cerrazón» por parte de Madrid.

La fría relación entre los socialistas asturianos y el PP regional tampoco ayuda a engrasar la situación. La ausencia de sintonía personal entre Javier Fernández y la líder popular en el Principado, Mercedes Fernández, es evidente.

En siete meses apenas han alcanzado puntos de encuentro. En privado, las quejas del uno respecto de la otra y de la otra respecto del uno son mutuas. En público sus partidos escenifican recurrentes desacuerdos en el Parlamento regional que no hacen sino alejar aún más a sus líderes.

Y de fondo aparece el elemento desestabilizador de Foro en la derecha asturiana, cuyo empeño por laminar al PP es incluso mayor que su deseo de recuperar el Gobierno regional. De la división conservadora salen beneficiados los socialistas.

Los problemas entre el PP y el PSOE en Asturias crecen cuando se trasladan a Madrid. Guillermo Martínez lo dejó claro ayer al exponer la declinante situación del sector minero y la decisión de Rajoy de llevar el nuevo Plan de la Minería a Bruselas sin negociaciones previas. «El Gobierno asturiano se ha caracterizado por contribuir a buscar soluciones al conflicto», dijo el consejero de Presidencia, que también rescató la petición personal que Javier Fernández hizo a Mariano Rajoy para que considerase cambios en la posición estatal sobre las ayudas al sector.

Como respuesta, «la actitud fue atrincherarse en los duros recortes al carbón y el rechazo a buscar soluciones». Y, refiriéndose directamente a Rajoy, Guillermo Martínez le acusa de hacer «oídos sordos» a las peticiones del sector y de apostar «por la imposición».

Si, además de Rajoy, el Ministerio de Industria era el destinatario de la crítica anterior, tampoco el de Fomento se libró de duros calificativos. «No han respondido a las ofertas de diálogo del Gobierno asturiano, que no ha hecho causa de enfrentamiento con ninguna de las obras ni con las fechas, pero crece la incertidumbre y la indefinición para infraestructuras fundamentales, lo que empieza a resultar muy preocupante».

El Ejecutivo asturiano considera irrenunciable la culminación en tiempo y forma del AVE y las autovías del Cantábrico y del Suroccidente. En la sede presidencial de Suárez de la Riva echan de menos «una solución para el tráfico mixto de mercancías y pasajeros por Pajares», además de la conclusión de ambas carreteras.

De la comparecencia de Guillermo Martínez queda la sensación de que el Gobierno regional no se siente correspondido. El Consejero considera que han sido «leales» con el resto de instituciones públicas, «pero exigentes» a la hora de defender a la región.

Así justifica los recursos elevados al Tribunal Constitucional por los recortes de Rajoy en sanidad y educación, donde detectaron invasión de competencias, aunque en la balanza de la lealtad pone las decisiones que el Principado tomó para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del producto interior bruto que exige el Ministerio de Hacienda y que no todas las comunidades podrán respetar.

En el resumen que hizo de los siete meses con los socialistas al frente de la región, Guillermo Martínez subrayó su «legítimo orgullo por haber conjurado el riesgo de intervención» (lo lograron con la aprobación del plan económico financiero) y también por «la negociación y el diálogo» que supieron llevar con «el resto de fuerzas, que han permitido, entre otras cosas, lo más importante: la aprobación de los Presupuestos».

El análisis de Martínez aclara la satisfacción del Gobierno regional con su labor de puertas adentro en el Principado y abunda en la decepción por el muro que han encontrado en el Gobierno de Mariano Rajoy, con el que ahora ponen distancia, a la espera de lo que suceda con el enfrentamiento que se desencadenará al hilo del impuesto sobre la banca. Mientras Asturias calcula recaudar 30 millones al año, la respuesta de Madrid bajo la excusa de guardar el equilibrio del mercado, no le reportará ingresos, al haberlo fijado a tipo cero. «Un fraude», según el Principado.

Críticas a la «ley del embudo» por el objetivo de déficit regional

El Gobierno del Principado confía en cerrar el año dentro del objetivo de déficit que marca el Gobierno central, el 1,5% del producto interior bruto de la autonomía. El último dato, de septiembre, situaba a Asturias con un superávit del 0,63% y convertía al Principado en la única región, junto al País Vasco, con números positivos. La buena marcha de las cuentas, a la espera del cierre contable, que se conocerá ya avanzado enero, no es obstáculo para que desde el Ejecutivo regional se exija al Gobierno central flexibilidad con el límite del año que viene, fijado en el 0,7%. Más aún si se tiene en cuenta que la Comisión Europea sí se lo ha concedido al Ejecutivo de la nación. «Practican la ley del embudo, exigiremos que suavice el límite para 2013», dijo ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.

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La previsión de ahorro anual para las arcas de la administración del Principado con esta medida se estimó en 20 millones cuando se le dio el visto bueno en el Consejo de Gobierno del 1 de noviembre

El Principado impulsa las compras centralizadas de medicamentos

El Ejecutivo realiza las primeras licitaciones y garantiza el pago a los proveedores

29.12.12 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

A partir de 2013 se establecerá un sistema de garantía de pago a proveedores que participen en compras centralizadas de medicamentos, que permitirá el cobro a las empresas suministradoras en el plazo legal establecido, según el Ministerio de Sanidad, que ha llevado al Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Ana Mato, las dos primeras licitaciones para las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios.

«Entre los objetivos de la licitación centralizada está la obtención de mejores precios en la adquisición de productos», explica Sanidad, que establece que no haya un proveedor único para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El acuerdo, que también garantiza la estabilidad de los contratos hasta tres años, «persigue mantener la calidad y unificar los criterios técnicos que deben cumplir los productos en las comunidades autónomas adheridas, voluntariamente, al proceso, así como dotar de mayor transparencia a los contratos derivados del Acuerdo Marco».

En la licitación centralizada sólo se realiza una selección de proveedores y el objetivo es que, si hay licitadores suficientes por lote, se seleccionen al menos cuatro proveedores. Después, será cada Servicio de Salud el que, en sus contratos derivados fije el o los proveedores para su comunidad autónoma.

En concreto, se han adherido a estas licitaciones 15 Servicios de Salud: el INGESA (dependiente de Sanidad y responsable de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla) y los de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y la Comunidad Valenciana.

La primera compra centralizada incluye dos tipos de medicamentos, las epoetinas y los anti TNF, y tres productos sanitarios: guantes quirúrgicos, tiras reactivas de glucosa y material de incontinencia. En este primer acuerdo se reportará un ahorro estimado de 80 millones de euros.

El Gobierno lanza la primera compra centralizada de fármacos

Sanidad y 14 comunidades adquirirán conjuntamente dos medicamentos y tres productos sanitarios

El Ministerio calcula un ahorro de 80 millones de euros

MARÍA R. SAHUQUILLO, Madrid, en El País.

La central de compras, una de las medidas de ahorro que más veces se ha puesto encima de la mesa para ahorrar en Sanidad, cristaliza por fin. Tras años de propuestas y anuncios —también del Gobierno del PSOE—, la anunciada adquisición conjunta de fármacos y productos sanitarios entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas recibirá luz verde previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros. A la compra de dos fármacos —epoetinas y anti TNF— y tres productos sanitarios —guantes, tiras reactivas para medir la glucosa y material para incontinencia— se han adherido 14 comunidades. Solo Cataluña, País Vasco y Andalucía han decidido no subirse al carro, porque ya habían iniciado acciones para comprar estos productos por su cuenta. Sanidad estima que con esta primera compra, de unos 600 millones de euros, se logrará un ahorro inicial de 80.

Y es que es más fácil lograr mejores precios con pedidos mayores. Las ventajas de la economía de escala ya se probaron con la compra de vacunas —como la de la gripe—, con las que se economizaron 37 millones de euros entre este año y el anterior. Una cantidad importante en plena época de crisis y recortes: entre 2010 y 2012, Gobierno y comunidades han aplicado un recorte de más de 5.000 millones de euros a sus presupuestos sanitarios—. Ahora se cumple una reclamación veterana y unánime de los expertos sanitarios y que llegó a convertirse en un hilo musical constante en las reuniones entre Sanidad y las autonomías.

La adhesión a la compra conjunta es voluntaria. Y a ella se han sumado también los ministerios de Defensa e Interior para los centros penitenciarios y hospitales militares. Fuentes del departamento de Ana Mato explican que las comunidades pueden incorporarse a la central de compras en cualquier momento. Una vez que el sistema está establecido, es más fácil añadir productos al paquete, para lo que tendrá que haber un nuevo acuerdo. El Gobierno planea lograr con este sistema, y con las nuevas incorporaciones de fármacos, un ahorro anual de 1.000 millones de euros.

Tras el hachazo presupuestario, la reducción salarial de los funcionarios, las medidas para reducir el gasto en medicamentos y el aumento del copago farmacéutico, el Gobierno busca ahora ahorrar en el capítulo de consumo intermedio: el destinado al pago de proveedores de productos y servicios. Y ha elegido para ello dos principios activos de uso hospitalario muy empleados en los que desembolsará 500 millones. Se trata de las epoetinas indicadas para la anemia asociada a la insuficiencia renal o a la quimioterapia; y los anti-TNF, un fármaco inmunosupresor bastante caro indicado para las enfermedades autoinmunes y patologías como la artritis reumatoide.

Hay otros muchos candidatos a sumarse a la lista. Sobre todo productos sanitarios; como muestra el ejemplo de Andalucía. Esta comunidad ya tiene su propia central de compras —por eso, explica una portavoz de la consejería de Salud, no se ha sumado a la nacional— con la que adquieren a un mejor precio desde víveres para sus hospitales hasta gasas. Con ella logran un ahorro anual de 100 millones de euros.

Las empresas que suministren a los participantes de la central de compras tendrán una garantía de cobro añadida del Gobierno. Esta fórmula se introdujo con una enmienda en los presupuestos de 2013 y busca incentivar a los proveedores para que participen en los concursos.

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En los dos meses precedentes fuimos la comunidad autónoma en la que más descendió el gasto ahora moderamos la cifra.

Un 13,49% menos que en 2011

El gasto farmacéutico se situó en 20,1 millones de euros en noviembre en Asturias

OVIEDO, EUROPA PRESS

El gasto farmacéutico del Principado de Asturias se ha situado en noviembre en 20.165.795 euros, lo que supone un descenso del 13,49 por ciento respecto al mismo mes de 2011, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Según los datos recogidos por Europa Press, el número de recetas facturadas fue de 1.865,1 en el Principado, lo que supone un 6,22 por ciento menos que en el mismo mes de 2011. Por su parte, el gasto medio por receta en Asturias se situó en 10,81 euros, un 7,75 por ciento menos que en noviembre del año pasado, cuando ascendía a 11,72 euros.

En total, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 720.685.973 euros en el pasado mes de noviembre, lo que supone una reducción del 15,18 por ciento con relación al mismo mes del año anterior. En lo que va de año el ahorro logrado ha sido de 1.190 millones de euros.

Por comunidades y ciudades autónomas, Castilla y León se sitúa como la tercera en la que más se ha reducido el gasto farmacéutica, por detrás de Galicia (-38,35 por ciento) y Cataluña (-23,90 por ciento).

En cuanto al gasto medio por receta en España, el dato de noviembre se situó en los 10,64 euros y continuó la tendencia a la baja, con un descenso del 1,82 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Por lo que respecta a la cifra de recetas facturadas en noviembre  (67.723.352), ha experimentado un descenso del 13,60 por ciento con respecto al mismo mes de 2011.

Por regiones, las que más han reducido este número de recetas son Galicia (-37,12%), Cataluña (-21,27%) y La Rioja (-12,72%). Por contra, las que menos han sufrido el descenso de recetas facturadas han sido Castilla la Mancha (-3,11%), Ceuta (-5,33%) y Asturias (-6,22%).

El gasto farmacéutico cayó un 13,4% en noviembre

28.12.12 - REDACCIÓN | GIJÓN, en El Comercio.

3,1 millones de euros menos. Ésa es la cifra en que se redujo el gasto farmacéutico en Asturias durante noviembre, mes en el se gastaron 20.165.795 euros en fármacos. En porcentajes, se trata de un descenso del 13,4%, por debajo de la media nacional, que llegó al 15%.

De hecho, por encima de la rebaja constatada en el Principado se encuentran las registradas en Galicia (38,3%), Cataluña (24%), Castilla y León (16,5%), La Rioja (16%), Cantabria (15,4%), Extremadura (15,1%) y Baleares (14,4%).

En todo el país, el gasto ascendió a 720,68 millones, con un ahorro consecutivo en cinco meses que asciende a 931 millones. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad achaca esa tendencia en el recorte a las medidas de ajuste incluidos en la última reforma sanitaria. Una reforma que implica el copago por receta, lo que ha hecho que el número de las firmadas en noviembre haya bajado un 13,60%, al quedarse en menos de 67,8 millones. El gasto por receta se ha recortado también: casi un 2%.

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