PRENSA

“La corrupción en el centro del panorama político”, resultados de la encuesta de Metroscopia

El 95% asegura que los partidos protegen y amparan a los acusados de corrupción

Los ciudadanos consideran que se extienden las malas prácticas y la corrupción

FERNANDO GAREA, Madrid, 12 ENE 2013, en El País

La llamada sensación térmica depende de factores distintos a la temperatura objetiva y no siempre coincide con ella. De la misma forma, la impresión que tienen los ciudadanos sobre la corrupción política dibuja un negro panorama en el que cada vez hay más casos y, lo que es más negativo, en el que existe impunidad casi absoluta para los implicados. En tiempos de crisis se acentúa esa impresión por motivos obvios, hasta el punto de que, según la encuesta de Metroscopia, un 63% considera que ha crecido la corrupción política; un 54% asegura que es superior a la de otros países y hasta un 95% desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatirla.

Casos como el de la financiación ilegal de Unió, en el que la Justicia ha tardado 16 años en sentar en el banquillo a los acusados y se ha saldado con un pacto para evitar la cárcel, contribuyen a esa impresión. Se cumplen estrictamente la ley y el proceder habitual de buscar acuerdos con la acusación para aceptar los hechos y evitar la cárcel, pero se elude la ejemplaridad que los ciudadanos exigen por la acumulación de casos. Por eso, hasta un 92% deplora la lentitud de la Justicia hasta el punto de considerar que es ineficaz para combatir la corrupción.

Además, como hay resistencia a la expulsión de la vida política de los acusados, la sensación de impunidad de los corruptos se asienta en la sociedad. De ahí que un 95% de los encuestados denuncie que los partidos tienden a tapar y proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles. Esa protección es a veces transversal como lo prueba que el Gobierno del PP indultara el pasado mes de marzo a un dirigente de Unió para evitarle la cárcel. A falta de respuesta en los partidos y la Justicia, la salida según la encuesta debe estar para el 87% en una posición intransigente de los ciudadanos a la hora de ir a votar. Es decir, que no se apoye a candidaturas en las que se incluyan a acusados por corrupción. Para un 67%, no obstante, los políticos corruptos son solo una minoría, pero suficiente para poner en entredicho el buen nombre de los demás.

El sondeo es coherente con la impresión de desafección política que muestran todas las encuestas. De hecho, se deduce que si en este momento hubiera elecciones la participación estimada sería de entre el 60 y 62%, es decir, entre 10 y 12 puntos por debajo de la de las elecciones generales de 2011.

Los encuestados son muy críticos con los partidos y el 86% les exige un gran pacto nacional para hacer frente a la crisis económica. A esa petición le sigue el pesimismo del 76% que considera improbable ese acuerdo.

La conclusión es que el 88% reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y problemas y no los de la sociedad; el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven y el 72% lamenta que sientan los pactos como debilidad y no como fortaleza. También ponen de manifiesto un declive de lo que se conoce como clase política, porque el 66% asegura que los partidos actuales son peores que los de la Transición y el 55% opina que con los de ahora no se hubiera logrado el tránsito a la democracia.

Cosas que pasan en ¿Españistán?

Rajoy recurrirá ante el TC el euro por receta de Madrid, y el PSOE se adelanta

El ex titular madrileño de Sanidad Güemes es consejero de una empresa que gestionará los análisis de seis hospitales

Foto: Juan José Güemes con su esposa Andrea Fabra famosa por el “que se jodan” que nos brindó desde su escaño en el congreso de los diputados.

Madrid, Agencias, en La Nueva España

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el euro por receta de la Comunidad de Madrid, gobernada por su partido, en el que pedirá la suspensión de la medida, según confirmó ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo entiende que se «vulnera el principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico». Cuando el Gobierno recurrió la misma decisión en Cataluña, alegó además que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio.

La Comunidad de Madrid ya anunció, a través de su presidente, Ignacio González, que no devolverá el dinero recaudado mediante el cobro de la tasa aunque la medida se declare inconstitucional.

El PSOE, por su parte, presentó ayer otro recurso ante el TC. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias, fueron los encargados de presentar la impugnación ante el Constitucional, también por vulneración del principio de igualdad. Tanto el PP como el PSOE lo han hecho tras un enfrentamiento interno.

Por otra parte, toda la oposición madrileña pidió ayer explicaciones al Gobierno sobre el hecho de que el anterior consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, sea miembro del consejo de administración de la empresa Unilabs, que gestionará los análisis clínicos de seis hospitales madrileños. Según Ignacio González, la adjudicación de los análisis se efectuó a otra empresa que, con posterioridad, fue comprada por Unilabs. El Gobierno de Rajoy se desmarcó del caso y remitió a la Comunidad de Madrid para que dé explicaciones.

La empresa a la que aconseja Güemes se hace con los análisis de seis hospitales

Unilabs España compra el 55% de la UTE Ribera Salud y Balagué

Esta unión de empresas se adjudicó el servicio en un concurso que el propio Güemes convocó

• REACCIONES | IU pide que se endurezca la ley de incompatibilidades

E. G. S., Madrid, en El País.

Los posibles conflictos de intereses entre políticos que han tenido responsabilidades en la gestión de la sanidad pública y pasan a las empresas privadas del sector siguen alimentando la protesta generada en Madrid por la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Los dos últimos consejeros de Sanidad madrileños, del Partido Popular, tienen actualmente intereses en la sanidad privada. La empresa para la que trabaja Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

Güemes abandonó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en marzo de 2010, año preelectoral, para dedicarse a la empresa privada. Fichó por la escuela de negocios Instituto de Empresa, donde preside el Centro Internacional de Gestión Emprendedora. El pasado junio la empresa suiza Unilabs, dedicada a los análisis clínicos, le nombró consejero. En noviembre, Unilabs compró el 55% de la participación que el laboratorio catalán Balagué Center —que anunció un ERE en octubre— y la sociedad Ames tenían en la UTE que gestiona los laboratorios. El tercer socio es Ribera Salud. Según informó Unilabs en una nota de prensa en noviembre, la operación supuso cinco millones de euros. 

La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas de unos 1,2 millones de madrileños las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

“Güemes asesora en las operaciones pero no negocia ni utiliza su imagen ni su pasado como consejero de Sanidad”, aseguró un portavoz de Unilabs horas después de que la cadena Ser informara de que la empresa de la que es consejero Güemes “se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó”. El portavoz de Unilabs recordó que la empresa, integrada en Capio, no obtuvo ningún concurso público de la Comunidad de Madrid mientras Güemes fue consejero de Sanidad. Unilabs llegó a presentarse al concurso de los análisis clínicos, pero lo perdió contra Ribera Salud.

El laboratorio central que da servicio a seis hospitales y a sus áreas de referencia está ubicado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Allí se hacen las pruebas del Hospital Infanta Cristina de Parla, el Infanta Leonor de Vallecas, el Sureste en Arganda del Rey, Henares en Coslada y el Hospital del Tajo en Aranjuez. Güemes defendió desde la Consejería de Sanidad la colaboración público-privada en sanidad y la entrada de empresas en la gestión. Llegó a presentar el plan de infraestructuras sanitarias ante un auditorio de empresarios en el hotel Ritz —Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa, rezaba el programa del encuentro— antes que a la ciudadanía o al Parlamento regional.

En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato.

Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. Unilabs ha emitido un comunicado en el que tilda de "tendencioso y torticero" el intento de vincular la presencia del exconsejero en su consejo de administración con cualquier irregularidad en la adjudicación. La empresa recuerda que el concurso se convocó en 2008 y que "Unilabs se presentó y no resultó adjudicatario", que Güemes entró en su consejo en 2012 y que en ese año Unilabs adquirió, "mediante transacción privada y previo acuerdo de los accionistas" el 55% de la UTE adjudicataria, según "se anunció públicamente en su día". "No se ha tratado de ninguna adjudicación, ni concurso, ni contrato de la Consejería de Sanidad de Madrid, sino de un acuerdo entre Unilabs y dos empresas". Por tanto, considera "absolutamente intolerable" pretender "deducir de esta operación mercantil entre tres compañías la más mínima actuación irregular y no acorde a la legislación vigente".

Todos ganan, nadie gana para todos los gustos habrá.

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La huelga médica termina en empate

El SIMPA evita que los facultativos tengan que recuperar por las tardes el descanso de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Después de tres meses largos de huelga intermitente, y con casi 100.000 asturianos en lista de espera, el Sindicato Médico (SIMPA) y la Consejería de Sanidad firmaron ayer un acuerdo que pone fin al conflicto y deja en empate una dura batalla en la que ambas partes se han dejado unas cuantas plumas. En menos de 48 horas, unos y otros se pusieron a negociar en serio, orillaron maximalismos y resolvieron la batalla posiblemente más dura que haya vivido hasta le fecha la sanidad pública de la región.

«No hay vencedores ni vencidos», sentenció el titular de Sanidad, Faustino Blanco. «Es un acuerdo equilibrado y satisfactorio», subrayó el secretario general del SIMPA, Antonio Matador. El acuerdo fue rubricado a las siete de la tarde de ayer. Hubo saludos, incluso abrazos, entre los contendientes. Se respiraba un ambiente de alivio tras la tensión de las jornadas anteriores. ¿Tregua temporal o paz definitiva? Vistas las experiencias precedentes, cabe aventurar que más bien lo primero. Otra cosa es determinar la duración de la «pax médica». «Me conformo con que el siguiente conflicto espere a la próxima legislatura», señalaba un miembro del equipo del consejero Blanco. Si así fuera, es muy posible que algunos de los más veteranos dirigentes sindicales ya estén para entonces jubilados o, cuando menos, en la reserva.

El empate no ha sido a cero: ha habido goles, goles marcados y goles encajados. La organización sindical ha ganado en la recuperación de los descansos de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas. La Consejería había comenzado pidiendo siete horas por libranza: tres horas y media en forma de descuento salarial y otras tres horas y media en trabajo vespertino. Al final, los facultativos sólo deberán «devolver» un máximo de seis horas al mes que ni siquiera les obligarán a trabajar por las tardes: las recuperarán al término de la guardia (a las ocho de la mañana) participando en sesiones clínicas en las que expliquen a sus compañeros las incidencias acontecidas durante la noche. Algo que, en general, llevan cumpliendo -de forma no reglada- desde hace largos años.

En la trinchera contraria, la Consejería se ha salido con la suya restringiendo la concesión de actividad alternativa (y retribuida) a los médicos que a partir de ahora cumplan 55 años y quieran dejar de hacer guardias nocturnas. La decisión quedará en manos de la comisión mixta del hospital correspondiente, si bien a esos profesionales se les garantiza prioridad si en su servicio surge la necesidad de realizar actividad extraordinaria vespertina («peonadas»). Éste será el punto que más le costará a la cúpula del SIMPA «vender» a los médicos.

Entre tanto, los profesionales que ya tenían concedida esta actividad alternativa verán reducidas de 12 a 10 las horas retribuidas que podrán realizar mensualmente. Una pérdida menor si se tiene en cuenta que la Consejería aspiraba a suprimir totalmente este trabajo de las tardes, lo que para algunos médicos suponía una pérdida salarial que podía rondar los 9.000 euros anuales.

Por lo demás, del acuerdo se derivan varios puntos relevantes más. La jornada semanal aumenta de 35 a 37,5 horas para dar cumplimiento a la norma estatal impulsada por el Gobierno de Rajoy. El documento ofrece múltiples posibilidades de cumplimentar las dos horas y media semanales que no caben en el clásico horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Incluso abre la posibilidad -a la que seguramente querrán acogerse los facultativos de los centros de salud- de que simplemente se prolongue la jornada en media hora diaria, pues alude a la opción de adaptar los módulos adicionales «a las especiales características del centro o servicio». Otro epígrafe relevante señala que las 2,5 horas adicionales podrán hacerse en las mañanas de los sábados, pero subrayando por dos veces que el trabajo sabatino será siempre «voluntario».

El SIMPA ha logrado salvar el descanso del lunes para los médicos que hacen guardia desde las ocho de la mañana del sábado a las ocho de la mañana del domingo (la Consejería quería erradicarlos). Y también ha conseguido mantener las actuales condiciones de horario y jornada de los servicios de urgencias (hospitalarios y de atención primaria), «sin perjuicio de su posible reorganización en el futuro», precisa el acuerdo.

El pacto de ayer implica la desconvocatoria automática de los ocho días de huelga médica programados para la segunda quincena de enero. El contenido del documento deberá ser incorporado al decreto regulador de la jornada laboral en el ámbito sanitario, que será aprobado en el Consejo de Gobierno del Principado que previsiblemente se celebrará el miércoles de la próxima semana.

Antes, los dirigentes del SIMPA deberán esmerarse en convencer a sus compañeros de las bondades del acuerdo, cuya esencia fue pergeñada en la tarde-noche del pasado martes por el consejero de Sanidad y el responsable de atención sanitaria del SIMPA, Ángel Colmeiro. Las asambleas que se celebren en la mañana de este próximo lunes serán movidas. El ambiente en algunos sectores hospitalarios no será favorable. Se han levantado voces y se han escrito mensajes electrónicos con la palabra «traición». Incitar a la calma a los médicos más montaraces requerirá paciencia. «No tenemos miedo a que ocurra nada», aseguró el secretario general del SIMPA.

¿Y qué pasará con las investigaciones abiertas sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga? «No es el momento de acordarse de los expedientes, sino de felicitarse por el acuerdo», apostilló Faustino Blanco.

Claves del acuerdo

La Consejería restringe el derecho a actividad retribuida de los profesionales que cumplan 55 años y quieran dejar de trabajar por las noches

«La duración de la jornada ordinaria de trabajo será de 37,5 horas y media semanales de promedio (...) La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio».

«Los módulos a desarrollar en jornada de sábado serán siempre con carácter voluntario».

«El personal facultativo que realiza guardias de presencia física tendrá derecho a un descanso ininterrumpido de 12 horas tras la finalización de las mismas, sin merma retributiva alguna. Este personal realizará hasta un máximo de seis horas mensuales que se aplicarán tras la finalización de la jornada complementaria, para garantizar la continuidad de los procesos asistenciales derivados de la actividad realizada durante esa jornada complementaria, mediante la realización de sesiones clínica en los distintos servicios y unidades».

«El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido con una duración de 36 horas semanales, no sustituibles por descansos alternativos».

«El personal que tenga reconocida la exención de guardias mantendrá dicha situación en módulos de actividad alternativa que completarán diez horas mensuales».

«El personal facultativo que solicite la exención de guardias por razones de edad presentará su solicitud ante la gerencia del Sespa, en la que hará constar su solicitud de participación en actividades asistenciales de carácter extraordinario. El procedimiento de tramitación de éstas solicitudes se realizará con participación de la comisión mixta del hospital».

«Los servicios de urgencia, hospitalarios o de atención primaria, mantendrán las condiciones de horarios y jornada vigentes en la actualidad, aplicándose un incremento en la jornada de dos horas y media semanales, en cómputo anual, sin perjuicio de su posible reorganización en el futuro».

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Del margen de una semana que se han dado, esperar resultados definitivos y satisfactorios el primer día es mucho pedir

Sespa y médicos negocian, todavía sin resultados, un pacto sanitario

Representantes de la Administración y del SIMPA mantuvieron reuniones durante toda la jornada de ayer

Foto: Ángel Colmeiro, responsable de área de atención especializada del SIMPA.

Oviedo, P. R., en La Nueva España

Cautela y trabajo. Esas dos palabras podrían definir la primera jornada de reuniones entre representantes de la Administración del Principado y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), con el único objetivo de alcanzar un pacto sobre la organización de la jornada laboral que evite una nueva convocatoria de huelga. «Estamos trabajando en ello, pero todavía es pronto para hablar de resultados», declaró a LA NUEVA ESPAÑA Ángel Colmeiro, responsable de área de atención especializada del SIMPA. Colmeiro añadió que «las sensaciones son buenas en unas cosas y, en otras, no tan buenas, pero estamos en pleno trabajo».

Las reuniones se celebraron a lo largo de la jornada, y en las mismas participaron, además de representantes del sindicato médico, responsables del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y de la Consejería de Sanidad. Un portavoz de este último departamento se manifestó en la misma línea que el SIMPA. «Lo importante es trabajar para llegar a un acuerdo», señaló.

La Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico acercaron posturas el pasado miércoles, tras una larga charla que celebraron el martes, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y el ya citado Colmeiro. El Principado decidió posponer una semana la aprobación del decreto que regula la jornada laboral y, a cambio, el Sindicato Médico desconvocó la huelga que tenía previsto desarrollar el lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana. La sanidad pública asturiana lleva con movilizaciones desde el pasado 8 de octubre, inicialmente de todos los sindicatos sanitarios, a excepción de UGT, y desde noviembre con la única participación del SIMPA. Según explicó Faustino Blanco en la rueda de prensa que ofreció el miércoles, «no es bueno cerrar en falso ningún conflicto, y merece la pena obtener un buen acuerdo».

Los asuntos más polémicos son la aplicación de la prolongación de la jornada semanal, las guardias de los médicos mayores de 55 años y la libranza de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas.

Los médicos no devolverán horas tras una guardia, pero perderán las tardes pagadas

El Principado renuncia a cambiar el descanso tras la guardia, línea roja del Simpa, pero sí recortará gran parte de los módulos para mayores de 55 años

11.01.13 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Una de cal y otra de arena. Los médicos no tendrán que devolver horas tras una guardia, pero se quedarán sin las tardes pagadas, los llamados módulos vespertinos para mayores de 55 años. El Principado renuncia a modificar el descanso de la guardia, principal detonante de un conflicto que acumula ya 33 jornadas de huelga y línea roja del Sindicato Médico (Simpa). A cambio de esa 'abdicación', la Consejería de Sanidad aplicará un importante recorte sobre el trabajo de tarde que hasta ahora abonaba a los facultativos que por llegar a los 55 años estaban exentos de realizar guardias y a los que compensaba con una media de tres módulos vespertinos al mes, por los que cobraban 770 euros mensuales. El Principado también aspira a implantar el trabajo de tarde en los centros de salud de los principales núcleos urbanos, mediante la apertura en horario de 16 a 18.30 horas.

Estos son los principales puntos del principio de acuerdo alcanzado el martes entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico y que podría servir para desbloquear un conflicto que se inició el pasado 8 de octubre y que ha puesto a la sanidad pública patas arriba. De momento, la inesperada reunión entre el consejero Faustino Blanco y el responsable de Atención Especializada del Simpa, Ángel Colmeiro, ha dejado un avance evidente entre las partes y ha hecho que el Simpa suspendiera la primera de las tres semanas de huelga convocada para enero y cuyos paros debían comenzar el lunes.

Poca información oficial ha trascendido del referido encuentro y de los sucesivos que tuvieron lugar también durante la jornada de ayer, que se celebraron en la Consejería de Sanidad y sin la presencia de la gerente del Sespa, Celia Gómez.

Pero tal y como avanzó en exclusiva EL COMERCIO, según los términos informales alcanzados hasta la fecha, los médicos ganarían la batalla por la libranza del descanso tras la guardia, ya que aunque se mantiene la obligación de devolver hasta un tope de seis horas al mes, éstas se podrán descontar del trabajo (hasta ahora no computado) que los profesionales suelen realizar una vez concluida la jornada de atención continuada. El Sespa les permitirá computar como actividad laboral las sesiones clínicas y el tiempo que los facultativos emplean en informar sobre la incidencia de la guardia al relevo.

Reunión del ejecutivo

Por contra, el Simpa perderá en su lucha por la no desaparición de los módulos para mayores de 55 años. El sindicato exige el mantenimiento de los ya autorizados (unos 300) argumentando que «las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo». El Principado podría aceptar esta petición, pero a cambio de vincular esta actividad remunerada a objetivos asistenciales claros. Sin embargo, el Sespa no cederá un ápice en la creación de nuevos módulos. Para resolver este punto, se podría crear una comisión de seguimiento.

El Simpa celebró a última hora de ayer un ejecutivo para analizar las últimas negociaciones, y también para sopesar el resultado de las asambleas celebradas en los diferentes hospitales. El sindicato logró recabar el apoyo de los médicos del HUCA, uno de los centros más conflictos durante la huelga, pero no de la asamblea de Cabueñes, que recela de los términos del acuerdo.

«Quiero ser optimista y pensar que podemos llegar a un acuerdo»

11.01.13 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Por primera vez en los últimos cuatro meses, el secretario general del Simpa parece vislumbrar una luz al final del camino. Antonio Matador, que ayer acudió al programa 'La Lupa', de Canal 10, se mostró favorable al acuerdo, aunque no echó las campanas al vuelo. «Quiero ser optimista y pensar que podemos llegar a un acuerdo. Ha sido un proceso muy duro y prolongado y aunque tengo todavía muchas cautelas, prefiero pensar en positivo», indicó. A preguntas del responsable de 'La Lupa', Juan Neira, el líder del Simpa reconoció que en las últimas 72 horas «se han producido más avances que en tres meses, en los que no hubo casi negociación».

Sobre el encuentro que el consejero de Sanidad y el responsable de Atención Especializada del Simpa celebraron el martes y que dio origen a la primera tregua del conflicto, Matador indicó que «es verdad que se avanzó algo, pero la negociación se mantiene abierta con la pretensión de cerrar un acuerdo antes del miércoles».

El Simpa optó por suspender la primera fase de la huelga de enero tras aceptar el Principado retrasar una semana la aplicación de la nueva jornada, que previsiblemente debería haber sido aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de anteayer. Este cambio de actitud llevó a los médicos a ceder por vez primera en la desconvocatoria de las movilizaciones. El secretario general del Simpa reconoció en 'La Lupa' que se habían producido avances tanto en el descanso tras la guardia, al permitir el Sespa que las horas a devolver «se puedan descontar del trabajo que ya realizan al término de la guardia».

Donde parece necesario hilar más fino es en lo referido a los módulos para mayores de 55 años. «No se puede aplicar con carácter retroactivo, por ahí avanzaríamos poco», advirtió Matador que, por contra, sí acepta una revisión a la baja para los que se vayan incorporando una vez aprobado el decreto de nueva jornada. En cuanto a la desaparición de las 'peonadas', Matador señaló que nunca fue 'casus belli', al igual que la apertura de consultas de tarde en Primaria. «Somos conscientes de que tenemos que ceder en algo, pero la agresión que el Sespa pretendía perpetrar hacia el médico es brutal», recordó. De ahí que «entienda que haya facultativos que nos pidan que sigamos con la huelga».

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¿Fin del conflicto en la sanidad asturiana?: De momento hay un “principio de acuerdo”

Sanidad y los médicos acercan posturas y se dan una semana para alcanzar un pacto

El SIMPA aplaza los tres días de huelga previstos para la próxima semana y el Consejero pospone la aprobación del decreto que regula la jornada

Foto: Faustino Blanco, en primer término, con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer.

Oviedo, P. Á. / J. A. O. / J. A. A., en La Nueva España.

Puede ser el principio del fin de la huelga de médicos; o quizá una simple ilusión que no llegue demasiado lejos. Una conversación «franca y larga», que concluyó bien entrada la noche de anteayer, martes, ha movido al Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) a aplazar el paro de facultativos que tenía previsto desarrollar el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Como contrapartida, la Consejería de Sanidad se avino a posponer la aprobación del decreto que regula la jornada laboral en el ámbito sanitario, motivo originario del conflicto que sufre la sanidad pública asturiana desde el pasado 8 de octubre.

Tras el acercamiento de posturas constatado por ambas partes, la Administración sanitaria y el sindicato acordaron acometer hoy mismo una negociación que pueda dar una salida a la huelga médica. Y se han dado de plazo una semana, pues está previsto que la citada norma, que iba a ser aprobada ayer por el Consejo de Gobierno del Principado, lo sea finalmente el próximo miércoles.

«Tiene que ser posible un acuerdo. No puede haber perdedores ni ganadores por goleada, ni un pulso para ver quién aguanta más. Asturias y los pacientes no se merecen que la huelga siga. Ya ha estado bien». En estos términos se pronunció en la tarde de ayer Ángel Colmeiro, responsable del área de atención especializada del SIMPA, quien protagonizó la aproximación negociadora en una reunión en la que tuvo como interlocutor a Faustino Blanco, consejero de Sanidad. Éste decidió bajar a la arena personalmente ante la perspectiva de ocho días más de huelga en la segunda quincena de enero (los lunes, miércoles y viernes).

Hasta el momento, el peso de las conversaciones lo había llevado la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Celia Gómez. La tónica general de las anteriores reuniones se resumía en acusaciones recíprocas de falta de flexibilidad y de voluntad negociadora.

«Hemos accedido a retrasar una semana la aprobación del decreto porque merece la pena un buen acuerdo y porque no es bueno cerrar en falso ningún conflicto», explicó Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer. El propio consejero, semanas atrás, había dado por zanjada la crisis tras firmar con UGT un acuerdo sobre la jornada laboral. Ayer, modificó su discurso hacia un terreno más realista. Según el titular de Sanidad, el acuerdo tiene que lograrse «en el tiempo acotado y bien definido de una semana». Y ha de dar lugar a un texto legal que «va a ser una referencia con toda seguridad». El consejero confía en consensuar con el SIMPA determinadas matizaciones al decreto.

No han trascendido los contenidos concretos de la conversación que anteayer mantuvieron Blanco y Colmeiro. Según diversas fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, se abordaron los asuntos más espinosos (aplicación de la prolongación de la jornada semanal, guardias de los médicos mayores de 55 años, libranza de las mañanas posteriores a las guardias nocturnas...) y se registraron aproximaciones entre las dos partes.

Las propuestas de la Consejería llegaron a ser plasmadas en un papel que Colmeiro analizó en la mañana de ayer con los restantes miembros del consejo ejecutivo del SIMPA, quienes concluyeron que no podían dar un sí rotundo y definitivo en un plazo tan corto. En consecuencia, optaron por solicitar a la Consejería una moratoria que implicaba el aplazamiento de la aprobación del controvertido decreto. Sanidad aceptó la propuesta.

«Creo que hemos podido abrir vías para llegar a un posible acuerdo en los próximos siete días», manifestó Colmeiro, quien añadió que «vamos a apurar las negociaciones todo el tiempo que sea necesario, aunque necesitemos 15 horas diarias». En esta misma línea, el Sindicato Médico difundió un comunicado en el que celebra «la nueva voluntad del Gobierno del Principado de poner fin al conflicto», frente a la precedente situación de enquistamiento.

En la controversia terció ayer UPyD, cuyo único diputado en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, exigió tanto a la Consejería de Sanidad como al SIMPA «que sean responsables y agoten todas las posibilidades hasta acercar posturas por el bien de la sanidad pública».

Entre tanto, Mercedes Fernández, presidenta regional del Partido Popular, reclamó que el consejero de Sanidad comparezca de forma urgente -dentro del mes de enero- en el Parlamento autonómico. Los populares acusan a Faustino Blanco de «falta de cintura política ante un conflicto inacabable».

Los médicos suspenden la huelga tras retrasar el Principado la aplicación de la nueva jornada

El Gobierno aplaza una semana la aprobación del decreto prevista para ayer.

El principio de acuerdo se alcanzó tras una reunión de 5 horas entre Faustino Blanco y Ángel Colmeiro.

10.01.13 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El conflicto médico se toma un respiro y puede que sea definitivo. De manera repentina, y cuando quedaban cinco días para que los facultativos reanudaran la huelga en protesta por la nueva jornada, el Principado y el Sindicato Médico (Simpa) anunciaron ayer una tregua, la primera en cuatro meses. Aún no hay fumata blanca, pero si «un principio de acuerdo» que tendrá que cuajar en una semana, que es el plazo que se han dado las partes en conflicto. De momento, la primera consecuencia es que no habrá huelga. El Simpa acordó suspender el inicio de los paros de los próximos lunes, miércoles y viernes (los días 14, 16 y 18), aunque mantiene la convocatoria para la tercera y cuarta semana de enero. En contrapartida, y cumpliendo con un compromiso «personal y de palabra» adquirido previamente por el consejero de Sanidad, el Principado decidió retrasar la aplicación de la nueva jornada, cuya aprobación preveía tramitar ayer el Consejo de Gobierno.

El sustancial avance se alcanzó después de que el titular de Sanidad, Faustino Blanco, y el responsable de Atención Especializada del Simpa, Ángel Colmeiro, y portavoz del comité de huelga, mantuvieran el martes una reunión en la sede de la consejería que duró cinco horas y que se optó por guardar en secreto. El encuentro, «intenso y cordial», según el representante del Simpa, fue convocado el mismo martes por el propio consejero. En la cita que tuvo lugar en el edificio de Calatrava, y que arrancó a las cinco de la tarde, sólo participaron dos personas: Blanco y Colmeiro. De ahí, y pasadas ya las diez de la noche del martes, salió el que parece el primer principio de acuerdo de peso desde que los médicos acordaran ir a la huelga, el pasado 8 de octubre. Blanco se afanó por arrancar un compromiso para que el Simpa firmara ayer el acuerdo, pero los médicos «solicitaron un plazo de una semana» para someter la decisión al conjunto de facultativos.

El consejero de Sanidad, que compareció al término del Consejo de Gobierno, aseguró que «el decreto de jornada no se desnaturalizará», sino que, por el contrario, «mantendrá lo sustancial de lo planteando».

Pacto salomónico

No obstante, según pudo saber EL COMERCIO, el nuevo modelo de jornada permitirá «flexibilizaciones» en su aplicación, sobre todo en los puntos más conflictivos como son el descanso tras la guardia y el trabajo de tarde en los centros de salud. Si se mantiene lo acordado extraoficialmente, los facultativos habrán ganado la batalla en la libranza tras la guardia, ya que aunque se mantiene la obligación de devolver hasta un tope de seis horas al mes, éstas se podrán descontar del trabajo (hasta ahora no computado) que los médicos suelen realizar una vez concluida la guardia. Por contra, el Principado se apuntaría un tanto con los módulos de tarde para los médicos mayores de 55 años. En principio, la previsión es mantener los actuales módulos aunque vinculados a objetivos de reducción de demoras y listas de espera, mientras que los de nueva creación serán excepcionales. También ganaría el Principado, al menos en parte, en la implantación del trabajo vespertino en Primaria. Los centros de salud, sobre todo los que dispongan de demanda suficiente, abrirán consultas por la tarde de 2,5 horas.

Las claves del acuerdo

10.01.13 – El Comercio.

El Gobierno del Principado ha aplazado hasta la próxima semana la entrada en vigor del decreto de aplicación de la nueva jornada para tratar de acercar posturas con los médicos. Estas son las claves del acuerdo que han alcanzado:

Libranza tras la guardia.

Se mantendrá la obligación de devolver hasta un tope de seis horas al mes, pero éstas se podrán descontar de tareas que los médicos ya realizan al término de cada guardia. En la práctica, los facultativos no tendrán que recuperar ninguna hora, aunque aparezca en el decreto de jornada.

Trabajo de tarde.

Los médicos de hospitales harán módulos de 2,5 horas semanales o de 4 horas cada quince días. En los centros de salud se abrirán consultas por la tarde, pero no en todos, sino en aquellos que cuenten con demanda asistencial que lo justifique y previa negociación con los equipos.

Módulos para mayores de 55 años.

Los ya existentes tendrán que estar vinculados a objetivos asistenciales. Por contra, los que se creen en el futuro serán prácticamente excepcionales.

Ponderación de jornada.

Queda en 1,21 como estaba fijada en el decreto de jornada firmado con UGT.

El Principado asegura que el decreto de ampliación de jornada será una buena herramienta para preservar un sistema sanitario público, accesible y equitativo

“Es un documento maduro y responsable que tiene valor en sí mismo”, asegura el consejero de Sanidad. Faustino Blanco afirma que la iniciativa de la consejería para retomar el diálogo con el sindicato médico refleja “la fortaleza democrática del Ejecutivo regional”

WEB del Principado de Asturias (NOTA OFICIAL).

El Gobierno del Principado considera que el decreto que regulará la ampliación de la jornada en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) es una buena herramienta de gestión diseñada para preservar un sistema sanitario público, sostenible, equitativo, accesible y socialmente justo. “Es un documento maduro y razonable, que tiene valor en sí mismo”, ha explicado el titular de Sanidad, Faustino Blanco, en el transcurso de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La aprobación de este documento, que iba a ser ratificado hoy por el Consejo de Gobierno, ha sido pospuesta para atender a la disposición de alcanzar un acuerdo por parte de la Consejería de Sanidad y del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) como fruto de un encuentro que se celebró, por iniciativa del consejero de Sanidad, durante la tarde de ayer. El consejero de Sanidad citó al responsable de Atención Hospitalaria del Simpa, Ángel Colmeiro, a una reunión “oficial y formal” para tratar de explorar de nuevo las posibilidades de alcanzar un acuerdo, unas horas antes de la aprobación del decreto.

Fruto de esta reunión fue la incorporación en el texto del decreto de algunos elementos interesantes y satisfactorios para las dos partes que, sin desnaturalizar su contenido, podrían permitir cerrar un acuerdo que suponga el fin definitivo de la huelga.

El Sindicato Médico, a la vista de la voluntad manifiesta de cerrar un decreto satisfactorio expresada por el consejero, decidió suspender la convocatoria de huelga y pidió al Gobierno retrasar una semana más la aprobación del decreto con el fin de sustanciarlo con un documento de cierre, mediante un texto compartido que responda al principio de acuerdo del martes alcanzado entre el titular de Sanidad y el responsable de Atención Hospitalaria del Simpa. El Gobierno accedió a retrasar la aprobación del acuerdo al entender que “merece la pena porque es bueno para los asturianos” y desde el convencimiento de que “no conviene cerrar en falso un proceso de conflicto como este”.

Faustino Blanco asegura que la iniciativa de la Consejería de Sanidad refleja el  “talante negociador” de un Gobierno para el que el pacto y la capacidad de llegar a acuerdos es “uno de sus principales valores” y una “muestra de nuestra fortaleza democrática”.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responde en el Senado a Jesús Iglesias (Senador por Asturias de IU).

LA ULTIMA PALABRA, COMO SE PREVEIA, LA TENDRAN LOS TRIBUNALES…

Hacienda dice que su tributo a los bancos deja sin efecto el impuesto asturiano

Asume que se pueda generar un conflicto de intereses entre ambas administraciones y que los tribunales tengan que resolver el litigio

09.01.13 - JOSÉ A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El impuesto del Principado a los depósitos bancarios quedó sin efecto el 1 de enero. Esta es, al menos, la tesis que defiende el Ministerio de Hacienda, que insiste en que la entrada en vigor del tributo nacional invalida el gravamen asturiano. Fuentes consultadas por este periódico dan por hecho de que produce un «conflicto de intereses» entre dos administraciones y aceptan que esta batalla tenga que resolverse en los tribunales.

El Gobierno de Rajoy tiene pocas dudas, a priori, sobre el resultado. Señalan desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro que en el momento en que el Estado aplica una norma quedan invalidadas las leyes impulsadas desde las comunidades autónomas. Es el caso del gravamen bancario. Poco o nada, según afirman, sirve que el Principado haya movido pieza y adelantara la puesta en marcha del gravamen a los últimos días de diciembre. «Desde el 1 de enero, el impuesto asturiano queda sin efecto», advierten fuentes del Ministerio, que rechazan de momento situar al Principado en el mismo escalón que Andalucía, Extremadura y Canarias. Estas comunidades sí recibirán una indemnización económica por dejar de aplicar el tributo a los depósitos bancarios. «En el caso de Asturias no cabe ningún tipo de compensación», opinó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una comparecencia en el Senado a preguntas del senador de IU, Jesús Iglesias.

Para el Ministerio de Hacienda el impuesto asturiano «no existe» como tampoco ve similitudes con el envite lanzado desde Cataluña. Cabe recordar que el Gobierno presidido por Artur Mas siguió cauces similares, aunque no idénticos, a los del Principado. Los matices son importantes, recuerdan desde Hacienda. La Generalitat aprobó el impuesto por decreto y lo hizo un Ejecutivo en funciones, ya que la operación se gestó pocas semanas antes de la celebración anticipada de las elecciones autonómicas.

No hay tomada una resolución, apuntan, sobre qué medida se adoptará ni el cuándo. Reconocen que la salida más lógica cuando se produce una discrepancia de este tipo entre administraciones la establecen los tribunales. Ponen como ejemplo, el recurso presentado por el Gobierno central al 'euro por receta' aplicado en Cataluña. En este caso, advierten las mismas fuentes, todo está en estudio y se podría conocer la decisión a lo largo de este mes en el que, por cierto, está previsto que se celebre una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Desde el Ministerio de Hacienda se reafirman en los argumentos expuestos a lo largo del último mes. Sostienen que la fórmula elegida es la única capaz de garantizar un escenario homogéneo en todo el territorio y evitar que haya «17 impuestos diferentes». Además, consideran que es la forma más adecuada para apaciguar la inquietud trasladada desde la UE por la aplicación de este tipo de gravámenes.

Existe una opción, remota por el momento, de que el Gobierno dé marcha atrás en sus intenciones. Esto pasaría por cambiar el tipo de tributo y seguir los pasos dados ya por Francia que ha decidido gravar las transacciones financieras o, lo que es lo mismo, la compra-venta de acciones por parte de las entidades financieras. Hacienda confirma que está evaluando los resultados de este impuesto y no descarta habilitarlo en España, lo que podría suponer, deslizan, prescindir del gravamen bancario que aplica a tipo cero y que colisiona con el que ya recauda en Asturias.

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De las particularidades a la generalidad en el principal y mas importante de los problemas: la destrucción de empleo

El valle del Nalón es la zona de Asturias donde más empleo se destruyó por la crisis

La construcción y la industria centran la pérdida de puestos de trabajo, mientras que el sector servicios, con 13.621 personas, se resiente mucho menos

Foto: Manifestación de junio en Langreo en defensa del carbón y del empleo en las cuencas.

Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España

La industria y la construcción son los sectores en los que se concentra la pérdida de empleo en la comarca desde el inicio de la crisis. El valle encabeza la destrucción de puestos de trabajo en Asturias en términos porcentuales en el período 2007-2011, según los datos facilitados por SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). Siete de cada diez empleos suprimidos corresponden a los sectores de la industria y la construcción. En cambio, la destrucción de puestos de trabajo en servicios no es tan acusada como en el conjunto de la región.

En los cinco concejos del valle (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso) se destruyeron durante esos cuatro años un total de 1.961 puestos de trabajo, aproximadamente el doble de la población actual del municipio coyán. De esos empleos perdidos, 766 corresponden a la industria, lo que supone una reducción del 17,27% desde 2007 a 2011. Gijón y Oviedo se sitúan por detrás, con un 5,78% y un 4,89% respectivamente. Sólo la comarca oriental supera en porcentaje los puestos de trabajo suprimidos, con un 19,3% (362). El sector industrial daba trabajo en el Nalón antes de comenzar la crisis a 4.435 personas frente a las 3.669 del finales del 2011.

En la construcción, se destruyeron 634 empleos. El trabajo en el sector descendió a los 1.433 asegurados frente a los 2.067 del año 2007, antes de que la crisis económica afectase a este área. La reducción es, por tanto, del 30,6%. Los dos sectores, la industria y la construcción, suman 1.400 puestos de trabajo perdidos en cuatro años, lo que representa el 71,4% del volumen de empleos eliminados en el valle.

Detrás de estas cifras se encuentran los trabajadores de empresas como Venturo XXI o Alas Aluminium, que fueron emblemas de la reconversión de las comarcas mineras. La cartográfica ubicada en San Martín llegó a alcanzar en sus puntos máximos de actividad los 125 trabajadores. En 2010, cuando tenía 73 empleados, se inició el concurso de acreedores que desembocó en la liquidación definitiva meses después. La historia de Alas Aluminium estuvo plagada de expedientes regulatorios. El primero tuvo lugar en 2009. La compañía langreana llegó a tener alrededor de 300 puestos de trabajo.

Frente a la destrucción de empleo en la construcción y en la industria, la pérdida de puestos de trabajo en el sector servicios no es tan acusada como en el conjunto de la región. La reducción en el valle se sitúa en el 3,4% (492 empleos de un total de 14.113) frente al 31,4% de media regional. Es el sector que mejor está soportando la crisis en los cinco concejos de la comarca.

En total, los cinco municipios se han dejado por el camino en cuatro años 1.691 empleos de los 21.111 existentes en 2007. Por tanto, esa cifra se ha quedado en 19.150, lo que representa un 9,2% de disminución. El análisis de SADEI no incluye todavía los datos de 2012.

Laviana encabeza el ranking de municipios del valle que han sufrido un mayor reducción de puestos de trabajo. En 2011 se quedó con 790 puestos de trabajo menos que en 2007, cuando había 3.273. El descenso alcanza el 24%. En San Martín bajaron en 505, un 13,9% desde los 3.273 existentes antes de la crisis. En Langreo, el descenso alcanza los 651 puestos de trabajo (el 4,7%) y en Caso a 26 (el 7%) mientras que Sobrescobio tiene 10 empleos más y son un total de 241.

El paro se incrementó en la comarca en 1.019 personas el año pasado

Langreo, E. P., en La Nueva España

La comarca del Nalón cerró el pasado año con un descenso del desempleo en 260 personas respecto a noviembre aunque el paro se ha incrementado respecto al año anterior. En total son 8.793 las personas desempleadas en el valle frente a las 7.774 registradas en diciembre de 2011, según los datos de la Consejería de Economía y Empleo.

De diciembre de 2011 a diciembre de este pasado año se ha producido un incremento del paro de 1.019 personas en los cinco concejos de la comarca. Tanto en este valle como en el Caudal era habitual alcanzar al cierre del año el pico de paro del ejercicio. Sin embargo, en esta ocasión no ha ocurrido y se ha registrado el mayor descenso de 2012, por encima del mes de junio, cuando la comarca alcanzó una reducción de 151 personas inscritas en las listas del Servicio Público de Empleo.

En el pasado mes, Langreo fue el que registró la mayor caída (109 desempleados menos), aunque mantiene la cifra más alta de demandantes de trabajo, un total de 5.275. Laviana registró 85 parados menos (un total de 1.302), San Martín del Rey Aurelio 60 menos (un total de 2.101) y Sobrescobio seis menos (un total de 37). El desempleo se mantuvo estable en Caso (que tiene 78 parados).

Las contrataciones que se realizan en las fechas navideñas han permitido este descenso del paro, que se ha dejado sentir más en el valle del Nalón que en el Caudal, donde 2012 finalizó con 7.550 desempleados. Las Cuencas cierran el ejercicio con 2.198 desempleados más que en el año 2011, lo que supone un incremento del 15,17%. Además, durante el pasado año se registró en los valles mineros el tope histórico del paro, con los 16.686 demandantes de trabajo que se registraron en las oficinas regionales de empleo durante el mes de noviembre.

El 2012 fue el segundo año con más caída del empleo en España durante la crisis

Los cotizantes a la Seguridad Social se redujeron en el último año en 787.000 personas, un tercio del total de los afiliados perdidos en el último lustro

Oviedo, Javier CUARTAS, en La Nueva España

El 2012 fue el segundo peor año en destrucción de empleo en España en términos de afiliaciones a la Seguridad Social desde que estalló la actual crisis en 2008. El año pasado, la afiliación a la Seguridad Social se redujo en 787.241 personas, más del triple que el año precedente y supuso casi un tercio de los 2,75 millones de empleos que desaparecieron en los cinco últimos años.

Desde que se desencadenó la llamada Gran Recesión, sólo hubo un ejercicio peor que el que acaba de concluir: fue 2008, el primero de la crisis, y en el que la Seguridad Social perdió 890.142 afiliados.

El 2012 fue también el primer año en el que la cifra de cotizantes a la Seguridad Social (algo más de 16,44 millones) se situó por vez primera por debajo de la cifra de afiliados que había a fines de 2003, el último año completo bajo el Gobierno de Aznar. Entonces España tenía 16,58 millones de afiliados. Durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2007), la afiliación creció en más de 2,6 millones y alcanzó en 2007 los 19,19 millones de cotizantes, una cifra récord en la historia de España.

A partir de 2008 se entró en una espiral de destrucción de puestos de trabajo que se llevó por delante 890.00 empleos ese año. Sin embargo, las políticas de estímulo mediante gasto público que se pactaron en las cumbres del G-20, que alentó el FMI y que aplicaron casi todos los países, incluido España, dieron resultado. La destrucción de empleo en España prosiguió durante todos los ejercicios, pero de forma cada vez menos acusada. Esta desaceleración (merced a las controvertidas políticas de gasto) fue muy acusada. En 2009 la destrucción de empleo se redujo en España hasta los 665.595 afiliados, el 25,22% menos que en 2008. Al año siguiente (2010) la pérdida de afiliados (161.923) fue el 76,67% menor que un año antes y el 81,8% inferior a 2008. Estos fueron los «brotes verdes»: la atenuación acelerada de la destrucción de empleo y la salida de España de la primera recesión.

El cambio de política económica a partir de 2010 cuando, a resultas de la crisis de la deuda soberana griega, la UE y el FMI impusieron a España y demás países una exigente y estricta política de ajuste y recorte del gasto público, tuvo un efecto perverso inmediato. Por vez primera desde 2008 se rompió la tendencia de acelerada minoración de la destrucción de empleo en España y el descenso de afiliados a la Seguridad Social se incrementó de forma súbita en el 53,26%. En vez de los 161.923 empleos destruidos en el año precedente, se pasó en 2011 a una desaparición de 248.173. Y España, como otros países de la UE, volvió a entrar en recesión.

Pero el ejercicio más funesto después del de 2008 fue el que ahora acaba de concluir. La combinación de la reforma laboral de 2012 -que abarata y facilita el despido-, junto con la mayor subida de impuestos de la historia reciente española y la política de mayores ajustes y recortes sociales y del gasto e inversión públicos desde que estalló la crisis ha supuesto que en los últimos doce meses la Seguridad Social haya perdido 787.241 afiliados, el 217,21% más que el año precedente (el último ejercicio de Zapatero) y el 386,18% por encima que 2010, el último ejercicio que aún se benefició de las políticas presupuestarias expansivas contracíclicas que se aplicaron en el arranque de la crisis para combatir con gasto público el derrumbe del supraendeudado sector privado español, el desplome de la demanda interna y el «pinchazo» de la gran «burbuja» inmobiliaria.

De los 2,75 millones de cotizantes que perdió la Seguridad Social en los cinco años de la crisis, el 32,33% desapareció en 2008 y el 28,59% el año pasado. En 2010, tras dos y medio de políticas expansivas públicas, sólo se perdió el 5,88%.

Parte de la desaparición de afiliados puede no ser destrucción de empleo real sino transferencia de actividad a la economía sumergida. Pero este fenómeno, muy acusado en España, no cuestiona la tendencia.

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La despoblación de las comarcas mineras

Una sangría de casi 20.000 habitantes

Los valles mineros han perdido en una década más vecinos incluso de los que tiene el concejo de San Martín del Rey Aurelio

Sobrescobio es el único que gana población

Mieres / Langreo, Julio VIVAS, en La Nueva España

El ocaso de las Cuencas es ya un hecho manifiesto en lo referente a su pérdida de población. En tan sólo una década, las comarcas mineras perdieron 19.592 habitantes, más de los que tiene un concejo como San Martín del Rey Aurelio, municipio que, además, es uno de los que han perdido más vecinos desde 2001 hasta hoy. Una pérdida que contrasta con los datos globales del Principado de Asturias, que ganó 2.031 habitantes en diez años. De los diez concejos de las Cuencas sólo se salva de la quema un municipio, Sobrescobio, que en esta década ha ganado 64 vecinos. La sangría de población que sufren las Cuencas vendría motivada, tal y como señala Rafael Menéndez, geógrafo e investigador del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo, y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, «al cambio en el modelo productivo y residencia en el que se apoyaba el fenómeno urbano en las comarcas mineras, unido, además, al fin de ciclo de la minería que estamos viviendo».

El descenso de habitantes en las comarcas mineras supone que estos territorios cuentan un 11,5 por ciento menos de población que existente hace diez años. Así lo muestran los datos de la revisión del padrón municipal que hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace unos días. Si bien la sangría se nota en unos concejos más que en otros. Este es el caso de Aller, cuyo descenso fue de casi un 20 por ciento. Se da la circunstancia de que el municipio allerano es el segundo de España que más habitantes ha perdido en la última década, tal y como relataba el INE en un estudio publicado a mediados de diciembre. Por encima de la media de las Cuencas también se encuentran otros dos concejos, Riosa, que pierde un 16,1% de población; Mieres, con un descenso del 13,3 por ciento; y San Martín del Rey Aurelio, con un 12,4 por ciento. Tanto este último concejo, como Mieres también formaban parte del citado ranking del INE sobre los municipios que más habitantes pierden de España.

Menos acusada fue la pérdida en la cabecera del Nalón, Langreo, que es el que, porcentualmente, menos vecinos ha perdido en estos diez años. Tan sólo un 3,6 por ciento, seguido muy de cerca por Laviana, con un 4,3. El descenso se eleva al 8 por ciento en Morcín y Caso, mientras que Lena se acerca a la medida de los valles mineros, con una pérdida del 10,4 por ciento. Este último concejo también forma parte del temido ranking del INE.

En total, las comarcas mineras cuentan con 150.245 habitantes, siendo Langreo el concejo que más población engloba, con 43.647 habitantes. Cerca queda Mieres, con 42.421; siendo San Martín del Rey Aurelio el tercer municipio más poblado, con 17.953 vecinos. Laviana, también en el valle del Nalón, es el cuarto, con 14.044 habitantes. Le siguen Lena y Aller, con 12.367 y 12.136 vecinos, respectivamente. En los últimos puestos están Morcín, con 2,866 habitantes; Riosa, con 2.140; Caso, con 1.799 y Sobrescobio, con 872.

El geógrafo Rafael Menéndez asegura que, para frenar esta sangría poblacional, las comarcas mineras «tienen que reinventarse, porque no han apostado en ningún momento por la función residencial. De hecho, se da la paradoja de que muchos de los trabajadores de las industrias que han llegado a las comarcas mineras se van a residir a otros municipios». Los beneficiados en este caso son Oviedo y Gijón, pero también concejos intermedios como Siero y Llanera. Menéndez también destacó que, teniendo en cuenta los negativos datos de natalidad de la región, «la única forma de crecer es atraer población de otros municipios o inmigrantes». Esto último se hace más complicado en la actual situación de crisis, que hace que disminuya la población extranjera, «con lo que sólo nos queda hacer la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, que hacen perder población rápidamente, como está ocurriendo en las comarcas mineras», resaltó.

La apuesta, tal y como apuntó Menéndez, es «convertir las ciudades en núcleos residenciales más atractivos». Un modelo de futuro que ya se ha aplicado con éxito en otros concejos de la región asturiana por parte de las administraciones locales que, en el caso de las comarcas mineras «tan sólo parece que estén administrando la caída».