PRENSA

Presentación en Milán de las «Directrices ESH/ESC para el manejo de la hipertensión arterial»

La complicidad combate la hipertensión

La nueva «biblia» europea de la presión arterial subraya el seguimiento del paciente y unifica en 140 mmHg el nivel máximo para casi todos los enfermos

Foto: Francisco Fernández Vega, a la izquierda, y Miguel Ángel Prieto

Oviedo / Milán, P. Á. / Europa Press, en La Nueva España.

La complicidad entre el médico y el paciente se ha convertido en la medicina más eficaz para combatir la hipertensión arterial (HTA). Al menos, ésta es una de las principales conclusiones obtenidas por los especialistas asturianos presentes en el 23.º Congreso Europeo de HTA y Riesgo Cardiovascular, que se está desarrollando en Milán.

«Es fundamental el seguimiento de la evolución del riesgo cardiovascular y vigilar muy de cerca los resultados del tratamiento, con lo que estamos poniendo el énfasis en la relación médico-paciente, en el compromiso de ambas partes», subrayaron Francisco Fernández Vega -nefrólogo, vicepresidente de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial (HTA) y presidente de la sociedad asturiana de esta disciplina- y Miguel Ángel Prieto -coordinador nacional del área cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ( Semergen).

La Sociedad Europea de Hipertensión (ESH, en sus siglas en inglés) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, también en inglés) presentaron en la ciudad italiana sus muy esperadas «Directrices ESH/ESC para el manejo de la hipertensión arterial», en las que destaca la decisión de recomendar un único objetivo de presión arterial sistólica de 140 mmHg para casi todos los pacientes. Se estima que entre un 30 y un 35 por ciento de la población asturiana es hipertensa, y que entre los mayores de 65 años, la tasa puede alcanzar el 60 por ciento. Se trata de porcentajes equiparables a los del resto del territorio nacional, donde residen unos 14 millones de personas afectadas por el denominado «silent killer» (el «asesino silencioso»).

Esta novedad de la «biblia» europea contrasta con la versión de 2007, que recomienda un objetivo de 140/90 mmHg para los pacientes de riesgo moderado a bajo y 130/80 mmHg para los de alto riesgo. «No había pruebas suficientes para justificar dos objetivos», afirmó el profesor Robert Fagard, de Lovaina (Bélgica). Otros cambios van en la línea de los señalado por los expertos asturianos. Hablan, por un lado, de un papel cada vez mayor de la monitorización de la presión arterial en el hogar, junto con la presión arterial ambulatoria. Por otro, de un mayor énfasis en la evaluación de la totalidad de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y otras, ya que la mayoría de los hipertensos también padecen daños en los órganos, diabetes u otros factores de riesgo cardiovasculares a tener en cuenta.

Las nuevas directrices europeas prestan también especial atención a los nuevos tratamientos, como la denervación renal en la hipertensión resistente, que se describe como «prometedora», aunque se admite que precisa más ensayos. También describe cómo y cuándo tomar los medicamentos antihipertensivos, aunque no indica ninguno en concreto para la presión normal alta, ninguna preferencia específica para la monoterapia, pero recoge un protocolo actualizado de medicamentos que se toman en combinación.

Estas directrices se desarrollaron a lo largo de un periodo de 18 meses y fueron supervisadas en dos ocasiones por un equipo de 40 evaluadores europeos, además de los revisores internos. Por vez primera, clasifican las pruebas de acuerdo a la clase de la recomendación y el nivel de evidencia. Los expertos insisten en que el estilo de vida, la falta de conocimiento por los pacientes y los médicos, la vacilación en la iniciación y la intensificación de tratamiento contra las drogas y las deficiencias estructurales de la salud figuran entre las razones para el creciente problema de la presión arterial alta en Europa.

Ponen de relieve los especialistas cómo ha cambiado el panorama de la hipertensión e indican lo que hay que hacer para reducir la mortalidad y la morbilidad de la presión arterial alta y los problemas asociados. De hecho, describen esta condición como «el riesgo global líder para la mortalidad en el mundo», que afecta, desde 2003, a entre el 30 y 45 por ciento de la población europea.

«Realmente tenemos que crear conciencia de la enfermedad», señaló el profesor Giuseppe Mancia, de Milán, al subrayar que es una condición que puede ser controlada si se trata adecuadamente. Según el informe, los cambios de estilo de vida son «la piedra angular para la prevención de la hipertensión», entre ellos la reducción de la sal y el alcohol, así como el mantenimiento de un peso corporal saludable, ejercicio regular y la eliminación del hábito de fumar.

 

Más contacto con el paciente para luchar contra la hipertensión

Las nuevas guías europeas para el manejo es esta enfermedad, presentadas en Milán, mantienen en 140/90 el límite de presión arterial

16.06.13 - JAVIER FERNÁNDEZ | GIJÓN, en El Comercio.

Desde 2009 no se había publicado ninguna revisión y los profesionales esperaban ya con interés la nueva actualización de la guía de 2013 para el manejo de la hipertensión que, ante unos 6.000 congresistas, la Sociedad Europea de Hipertensión presenta estos días en Milán.

«Apela a la estrecha relación entre médico y paciente», destacó ayer Francis Fernández, vicepresidente de la Sociedad Española de Hipertensión y presidente de la asturiana, desplazado a Milán junto con otros sanitarios del HUCA y del Centro de Salud Vallobín-La Florida, de Oviedo. Recalcó que el nuevo documento recomienda un seguimiento más ajustado y que la labor del médico debe ir más allá del simple cálculo de la magnitud del problema. «Hay que controlar la evolución y tratar de bajar los niveles de riesgo», que se mantienen en las mismas cuatro categorías vigentes: muy alto, alto, moderado y bajo. El enfermo, tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Llevar unos hábitos de vida saludables, medirse la tensión, tomarse la medicación y acudir puntualmente a las revisiones, son algunos de las lógicas rutinas que no puede descuidar.

Los estudios que se han venido realizando en los últimos cuatro años, cuando se realizó la última revisión de la guía de 2007, no han encontrado fundamentos suficientes para cambiar los límites de presión a partir de los cuales han de comenzar a tomarse medidas, que permanecen en 140/90 milímetros de mercurio para la práctica mayoría de los pacientes. Los diabéticos, sin embargo, tendrán unos márgenes más estrechos y deberán procurar que su presión arterial se ajuste a los 140/85 milímetros. Los expertos han incidido también en Milán en la necesidad de trabajar en la prevención y el desarrollo de tratamientos precoces.

La delegación asturiana, por su parte, no se ha dedicado a actuar de simple oyente en una cita de «un nivel científico muy alto». Han tomado la palabra hasta en cuatro ocasiones para comunicar al resto de asistentes sus estudios sobre el riesgo cardiovascular y la monitorización ambulatoria de la presión arterial.

Su contribución y la del resto de congresistas permitirán seguir luchando contra la hipertensión -que en España afecta a 14 millones de personas- y las enfermedades cardiovasculares, primera causa de mortalidad en los países avanzados 

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Es evidente que hay alternativas, y no una sino muchas

Javier Fernández reclama un impuesto para «garantizar y reforzar» las pensiones

El Presidente teme que ligar las prestaciones a los ingresos de la Seguridad Social suponga «una bajada brutal en la economía de los beneficiarios»

Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España

El presidente del Principado, Javier Fernández, se mostró ayer partidario de estudiar otra fórmula de financiación, «más allá de las cotizaciones», para asegurar el futuro de las pensiones, «garantizarlas y, si es posible, reforzarlas». Entre las alternativas que propone estaría la de establecer «un impuesto» con ese destino «no sé si específico o a través de los Presupuestos del Estado en el futuro, todo eso queda abierto». Fernández solucionó con esa declaración de intenciones una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, durante el turno de cuestiones al Presidente al que ayer se sometió. El jefe del Ejecutivo asturiano planteó esta posibilidad ante la cada vez «menor participación de los salarios en el producto interior bruto (PIB).

El temor de Javier Fernández es que la vinculación de las pensiones a los ingresos y los gastos de la Seguridad Social pueda derivar «en una bajada brutal de la capacidad económica de los pensionistas si se registran niveles altos de inflación y se deja de actualizar las pensiones en función del índice de precios al consumo (IPC)».

El portavoz de IU, Ángel González, había expresado al Presidente su preocupación por el estado de «alarma social» que se ha generado en torno al futuro de las pensiones al hilo de las informaciones que llegan desde el Gobierno central y desde la Comisión Europea. «Esto se combate democráticamente, en los tribunales y en la calle», advirtió González después de asegurar que le necesidad es «acabar con las pensiones de miseria, garantizar la revalorización y, si es necesario, aplicar impuestos a los ricos». González solicitó al presidente regional más «beligerancia» a la hora de defender la justicia y la igualdad.

Javier Fernández no fue tan lejos como pretendía el diputado de IU, aunque sí admitió la posibilidad de aplicar un impuesto. Advirtió del error que se produce al relacionar los activos y los pasivos del sistema y prefirió que la evaluación partiese de «cuánto se produce y cómo se reparte ese beneficio». En el lado negativo, vaticinó en los próximos años una «bajada de la pensión media en Asturias» y subrayó que «si ahora disfrutamos de las más altas tras el País Vasco es porque hubo empresas que tenían cotizaciones altas, y muchas de esas empresas eran públicas».

Fernández ve posible un nuevo impuesto para garantizar el futuro de las pensiones

«Si los salarios cada vez tienen una menor participación en el conjunto del PIB, habrá que recurrir a fórmulas más allá de las cotizaciones», defiende el presidente asturiano

15.06.13 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

«Soy partidario de garantizar y, si es posible, reforzar el poder adquisitivo de las pensiones». El presidente del Principado, Javier Fernández, partió de esta premisa para responder en el pleno a una pregunta de IU, que le interrogó sobre la posibilidad de crear un impuesto especial a los patrimonios y rentas más altas, con destino exclusivo a las pensiones. «Si los salarios cada vez tienen una menor participación en el conjunto del PIB, obviamente habrá que recurrir a otras fórmulas más allá de las cotizaciones», consideró Fernández, quien no descartó la habilitación de un tributo específico. Dejó bien claro, eso sí, que «todo está abierto» y la cuestión debe ser tratada en el marco del Pacto de Toledo. Es allí, especificó, donde se debe determinar «qué va a pasar» en el futuro.

El jefe del Ejecutivo regional rechazó el informe encargado por el Gobierno central a un grupo de expertos, que en su opinión atiende a cuestiones «coyunturales», al vincular las prestaciones al nivel de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Porque esto, insistió, puede provocar una bajada «brutal» de la capacidad económica de los jubilados si se registran altos niveles de inflación y no se actualizan las pensiones en función del IPC.

Vaticinó, además, que la pensión media en Asturias será más baja a medida que pasen los años. «Algunos dirán que es por la decadencia de esta comunidad y no tendrán en cuenta que si ahora disfrutamos de esas pensiones es precisamente porque hubo empresas que tenían altas cotizaciones», argumentó. Y no fue su única predicción: Javier Fernández se mostró convencido de que «los mismos que lanzaron esa diatriba de rebajar los salarios para ser competitivos serán los que dirán que la bajada de las pensiones es una muestra más de la decadencia de la región».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel González, instó al presidente asturiano a «mojarse» en la defensa de los pensionistas y le recordó la «alarma social» generada ante las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo sufridas por el colectivo. A este respecto, el diputado recordó que nada más y nada menos que el 30% de la población asturiana es pensionista. Dio otro dato: las reformas del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las acciones puestas en marcha por el actual, Mariano Rajoy, han costado ya a los receptores de estas prestaciones la pérdida de un 12% de poder adquisitivo. Y las previsiones sobre el desempleo apuntan a que en un tiempo se alcanzará el 20%. Por esta razón, incidió, el Principado ha de mostrarse «beligerante» ante las intenciones del Ejecutivo estatal.

Y una forma de hacerlo, interpretan desde IU, es estableciendo «urgentemente un impuesto» a los ricos, con el objetivo de preservar unas prestaciones que en algunos casos, destacó González ante el resto de parlamentarios, «son miserables hasta el punto de que el recibo de la luz se lleva la mitad».

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Asturias, en el nivel medio estatal

VER EL INDICE DEC-2013 por Comunidades Autónomas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Navarra, País Vasco y La Rioja, comunidades con mejores servicios sociales

Valencia, Canarias y Madrid ocupan los últimos puestos, según un estudio de los directores y gerentes

12.06.13 - D. VALERA | MADRID, en El Comercio.

Tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y La Rioja, lideran con diferencia el desarrollo de los servicios sociales en España, según un estudio de la asociación de directores y gerentes en servicios sociales publicada hoy. El ranking evalúa el desarrollo de los derechos (por ejemplo, la aplicación de ley de dependencia), la relevancia económica -que no significa gastar más sino con eficacia- y la cobertura de los servicios (plazas residenciales, ayuda a domicilio, discapacidad...).

Con este baremo el nivel medio-alto solo lo alcanzan Navarra (7,15 puntos), País Vasco (7,35) y La Rioja (6,85). En un nivel medio-bajo se encontrarían Castilla y León (6,65), Cantabria (6,60), Asturias (6,35), Cataluña (6,35), Castilla-La Mancha (6,25) y Aragón (5,85). En un nivel débil se encuentra Extremadura (4,60) y en lo que denominan irrelevante estarían Andalucía (4,40), Galicia (3,65), Madrid (2,75), Murcia (2,80), Canarias (2) y Valencia (0,60).

En su conjunto la inversión de todas las comunidades autónomas se ha reducido en 478 millones de euros entre 2009 y 2012. Es decir, un 3,64% del PIB. El gasto por habitante se ha reducido un 1,75% en todo el país, pasando de 280,03 euros en 2009 a 275,13 en 2012. En cualquier caso, los responsables del estudio aseguran que la disparidad entre las comunidades autónomas es enorme. Por eso reclamaron una ley estatal que fije unos servicios mínimos.

Los mayores recortes en términos relativos se han producido en Baleares, con un descenso del 36,39 por ciento (43,4 euros menos por habitante y año); seguido de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno ha aplicado un recorte del 26,74%. Le siguen Galicia (18,65%), Canarias (18,51%), Navarra (15,89%), Castilla y León (8,6%), Extremadura (6,63%), Andalucía (3,61%), País Vasco (2,93%) y Aragón (2,26%).

Asturias, en el nivel medio español en servicios sociales

13.06.2013, La Nueva España

Asturias figura entre las siete comunidades que han incrementado su gasto en servicios sociales entre los años 2009 y 2012. Sin embargo, la puntuación media que recibe el Principado en el desarrollo de esos servicios es de nivel medio, junto a Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Sólo Navarra alcanza un nivel de desarrollo alto. El estudio refleja las extraordinarias diferencias entre autonomías: Baleares gasta por habitante y año 76,42, mientras que el País Vasco invierte 796,13 euros.

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Debate del “pensionazo” que se cierne sobre todos nosotros: “No hay que olvidar lo sustantivo y ello es que NO es necesario NI está justificada ninguna nueva reforma”

COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISION EJECUTIVA CONFEDERAL DE CC.OO. JUNTO CON LOS SECRETARIOS DE LAS ESTRUCTURAS CONFEDERALES, SOBRE EL INFORME DE LOS “EXPERTOS” SOBRE PENSIONES

CCOO admite el error de su ’experto’ en el informe de las pensiones, pero no tomará medidas

El sindicato asegura que la participación Miguel Angel García en el informe de los expertos sobre las pensiones fue planteada por el Gobierno y su voto no recoge la posición de CCOO en la materia

EUROPA PRESS

Tras la fuerte polémica desatada por el voto favorable del responsable del Gabinete Económico del sindicato al informe del grupo de expertos sobre las pensiones, CCOO reconoce que fue un error dejarle participar. Sin embargo, el sindicato no aplicará las medidas contundentes que pedían algunos de los dirigentes más críticos.

 

La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO reiteraba que el informe de los ’expertos’ sobre las pensiones "no recoge su posición" en la materia, y ha reconocido que fue "un error" el haber aceptado la participación del coordinador del Gabinete Económico del sindicato, Miguel Angel García, que votó a favor del informe.

 

En una declaración de la Comisión Ejecutiva y de las secretarias y secretarios generales de las estructuras confederales de CCOO tras la reunión mantenida este martes ante el debate abierto por el informe de los expertos sobre pensiones, el sindicato señala ser "consciente del desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y sus afiliados".

 

CCOO destaca que el Gobierno planteó la presencia de García en el grupo de ’expertos’ por ser una persona de reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda pública, "y no como representante del sindicato", por lo que se consideró autorizar su presencia por creer que era conveniente que en la comisión "hubiese la mayor pluralidad posible". "No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032", señala.

CCOO no avalará medidas que supongan una reducción de las pensiones

 

En su declaración el sindicato afirma que la reforma que promueve el Gobierno "no es necesaria", ya que la nueva Ley de Seguridad Social, vigente desde hace apenas cinco meses y fruto de los acuerdos suscritos en febrero de 2011, "ya aborda mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema y, en concreto, prevé la determinación del factor de sostenibilidad para el periodo 2027-2032 para empezar a aplicarse a partir de esta fecha".

 

El sindicato subraya también que "en ningún caso" avalará medidas que supongan reducción de las pensiones presentes y futuras, cuestionando que se tenga que introducir, sin respetar los términos contemplados en la legislación vigente, "un nuevo elemento para el cálculo de la pensión y que este esté asociado a la ’esperanza de vida’, así como el hecho de que la revaloración de las pensiones deje de estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin efectos la Ley que contempla el citado principio. CCOO reitera así que la mejor garantía de futuro para el sistema es "estimular la creación de empleo así como su calidad, empezando por incrementar el salario mínimo interprofesional", emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de Toledo y del diálogo social.

 

UGT asegura que la unidad de acción con CCOO en pensiones es "plena"

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha pedido al Gobierno que aclare si avala o no el informe de los ’sabios’ y le ha recordado que el documento "no tiene encaje" en la reforma de pensiones de 2011.

nuevatribuna.es

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha asegurado este martes que la unidad de acción con CCOO respecto al desarrollo del factor de sostenibilidad de las pensiones es "plena", pese a que uno de los miembros del sindicato de Ignacio Fernández Toxo, Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Técnico, ha votado favorablemente al informe de los expertos.

 

Ferrer, en un encuentro con la prensa para presentar el Anuario de Relaciones Laborales 2013 que edita UGT, ha afirmado que conoce de primera mano la opinión de la Ejecutiva de CCOO y ha recordado que los líderes de ambos sindicatos, Cándido Méndez (UGT) y Fernández Toxo (CC.OO.) ya se mostraron ayer unidos ante este tema durante una rueda de prensa conjunta.

 

El ’número dos’ de UGT ha pedido al Gobierno que aclare si avala o no el informe de los ’sabios’ y le ha recordado que el documento de los expertos "no tiene encaje" en la reforma de pensiones de 2011, en vigor desde enero de este año. Ferrer también ha reclamado al Ejecutivo que "despeje" cómo va a ser el proceso de negociación, si primero se va a discutir en el Pacto de Toledo y luego con los agentes sociales, como se hizo con la reforma de 1996, o si el marco va a ser otro. En cualquier caso, ha asegurado que si el Gobierno les llama, irán a negociar como hacen siempre "a pesar de que les llama poco y de que a veces les llama cuando ya ha tomado las decisiones".

 

El secretario de Acción Sindical de UGT ha insistido en que la reforma de 2011 está vigente (apenas hace seis meses que entró en vigor) y que en ella no se hablaba de establecer un factor de revalorización anual (FRA) como el que recomiendan los expertos, sino un factor de sostenibilidad demográfico, que sería el equivalente a lo que los ’sabios’ han denominado el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI). En definitiva, los expertos han aconsejado introducir dos factores, uno que sí se contemplaba en la reforma y otro que no, el FRA, que desliga la subida de las pensiones del IPC y la vincula a la evolución de los ingresos y gastos del sistema.

 

"La mayoría de los expertos no han tenido en cuenta el marco legal. Lo que han hecho los expertos no tiene nada que ver con lo que se les encomendó ni con la realidad española", ha denunciado el dirigente sindical, que cree que también se está buscando que los trabajadores se hagan planes de pensiones privados para complementar las pensiones públicas.

 

Según Ferrer, la clave del informe de los expertos es precisamente el FRA, porque actúa sobre los nueve millones de pensiones actuales para recortar el gasto. En este sentido, ha destacado que en la reforma de 2011 ya se hizo un "recorrido muy importante" para reducir el gasto en pensiones, porque se elevó la edad de jubilación a los 67 años y el periodo de cálculo de las pensiones, en ambos casos de manera progresiva.

 

El Gobierno "tiene prisa" en aplicar las recetas del comité de expertos

El representante de UGT en la comisión de ’sabios’ para la reforma de las pensiones que votó en contra del informe afirma que el Gobierno no quiere utilizar el Fondo de Reserva porque computa en el déficit.

nuevatribuna.es

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, el único que votó en contra del informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad como representante de UGT, ha afirmado este martes que el Gobierno "tiene prisa" por aplicar el Factor de Revalorización Anual (FRA) recomendado por los ’sabios’, en el que se desvincula la subida de las pensiones del IPC, porque tirar del Fondo de Reserva computa en el déficit.

 

En un encuentro con la prensa para presentar junto al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, el Anuario de Relaciones Laborales 2013 del sindicato en el que él ha actuado como coordinador, Ruesga ha justificado su ’no’ al informe final de los expertos en que la reforma propuesta es "imprudente e inoportuna" y "carga" el ajuste del gasto sobre los nueve millones de pensionistas actuales.

 

La explicación que da Santos Ruesga es que de los dos factores propuestos por los expertos, el Factor de Revalorización Anual (FRA) y el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), el que representa un mayor ahorro de gasto es el primero, ya que el segundo, ligado a la esperanza de vida y con efectos sobre futuros pensionistas, apenas supondrá un recorte del gasto en los próximos años.

 

Por el contrario, el catedrático ha señalado que el FRA, que desliga la revalorización de las pensiones del nivel de precios y las vincula a los ingresos y gastos del sistema, conllevará un mayor ahorro para las arcas públicas, pues hará que nueve millones de pensiones, las que hay actualmente, sean más bajas.

 

"Hay mucha prisa por poner en marcha el año que viene el FRA, porque el FEI ahorra poco a corto plazo. Y no quieren usar el Fondo de Reserva porque computa en el déficit. Lo que quieren es volcar el ajuste en los nueve millones de pensionistas actuales. Como no saben de donde más recortar, lo van a cargar sobre los pensionistas", ha denunciado.

 

Asimismo, Ruesga ha advertido de que el recorte de las pensiones que se deriva de la propuesta de los ’sabios’ provocará un aumento de los niveles de pobreza entre los pensionistas al caer la relación entre el salario y la pensión.

 

"En la medida en que la relación entre salario y pensión vaya cayendo, el salto de un trabajador a pensionista supondrá una renta más baja, con lo que los niveles de pobreza aumentarán entre los pensionistas", ha dicho Ruesga, que ha añadido que precisamente la UE ha pedido que se tengan en cuenta las situaciones de pobreza cuando se apliquen políticas de austeridad.

 

El catedrático ha asegurado que la reforma propuesta supone el recorte a medio plazo más importante que se ha hecho en la UE en esta materia, pues en la mayor parte de los países sólo se utiliza un único factor, mientras que en el caso español se proponen dos.

 

Para Ruesga, cuando alguien, en este caso el Gobierno, crea una comisión de expertos "es para arropar algo". Aunque asegura no haber recibido ninguna "injerencia" del Ejecutivo a título personal durante las negociaciones del informe, considera que el hecho de que el Gobierno enviara a los expertos su propia interpretación de cómo debía ser el factor supone de por sí una "injerencia importante", más cuando en el documento se abría la puerta a establecer un factor de sostenibilidad "con dos piernas".

 

A la hora de justificar su negativa al informe, Ruesga insiste en que las pensiones bajarán con la propuesta que se ha realizado y considera que los expertos "se han extralimitado" en su encargo, pues se les pidió que diseñaran un factor de sostenibilidad demográfico y han acabado proponiendo dos fórmulas, una de ellas ligada al ciclo económico.

 

El catedrático ha desvelado que durante las reuniones del comité se pidió un informe a la Abogacía del Estado en el que se reconocía que bajar las pensiones nominalmente vulneraba el derecho de los pensionistas, aunque también se precisaba que si se hacía sobre la pensión inicial no habría problemas. "Era un informe nada claro. Se decía que sí, pero que no", ha explicado.

 

Ruesga ha señalado que lo que realmente ocurrirá si se aplican las fórmulas propuestas en el informe final de los expertos es que a los pensionistas actuales, como máximo, verán congelada su pensión (cláusula suelo), pero no los futuros, que no tendrían un mínimo de pensión garantizado.

 

El catedrático reconoce que su oposición y la de Miguel Ángel García y José Luis Tortuero, los tres expertos que introdujeron un voto particular al informe, logró que el lenguaje del texto final "se modulara bastante y se pausara" porque el primer borrador era "enormemente tremendista". También ha explicado que los tres consiguieron incorporar algunos elementos y sugerencias al documento.

 

Pese a las apelaciones que hace el informe a que lo que se apruebe finalmente dependerá de decisiones políticas, Ruesga ha afirmado que el documento de los ’sabios’ "rezuma antipolítica", como si no se fiaran de los políticos, de ahí que se haya planteado un mecanismo automático.

 

El catedrático se teme que alguien venga diciendo dentro de unos meses, puede que Bruselas, que con el factor de sostenibilidad no es suficiente y que hay que acometer otra reforma de las pensiones que toque de nuevo la edad de jubilación o el periodo de cálculo de las pensiones, medida ésta última que más ahorro conllevaría para el sistema. "Sería una tomadura de pelo", ha apuntado.

 

Por último, Ruesga ha insistido en que debería abordarse un factor de suficiencia de las pensiones para que mantuvieran un nivel mínimo y suficiente, y así lo defendió ante el resto de expertos cuando hablaron de introducir el FRA y el FEI.

 

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El personal sanitario juzga «imposible» aumentar los turnos sin invertir más

Los profesionales del sector piden mayor presencia de quienes conocen el día a día de hospitales y centros de salud en el comité asesor

Foto: Abelardo Román, exgerente del HUCA, conversa con Zenaida Álvarez, antigua responsable de la Fundación Hospital de Jove, en presencia de María José Capellín, directora de la Escuela de Trabajo Social, de Gijón. Detrás, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, con el médico Francisco Ortega. (Instantanea en los prolegómenos de la reunión del Consejo Asesor de Sanidad de antes de ayer).

12.06.13 - JAVIER FERNÁNDEZ | OVIEDO, en El Comercio.

 

Que hospitales y centros de salud funcionen por la tarde y se optimice la alta tecnología con la que cuenta el Sespa para mejorar el servicio sanitario y reducir las listas de espera, algunas de las propuestas del Comité Asesor de Sanidad del Principado, cuentan con el respaldo de los profesionales del sector. Defienden, eso sí, que para sacarlas adelante será necesario mucho más que la reorganización de una plantilla que consideran insuficiente para cubrir más turnos. Médicos, enfermeros y el resto de trabajadores del sistema sanitario sostienen que si no se realizan contrataciones o se recurre al pago de horas extra -que en sanidad se conocen como peonadas y que el Gobierno regional erradicó el pasado mes de septiembre al convertirlas en ordinarias-, estas iniciativas quedarán en un «brindis al sol».

 

A la espera de que se conozca la totalidad de las iniciativas del comité para mejorar la sostenibilidad del sistema, recogidas en un documento en el que se trabaja desde febrero y que verá la luz en unos quince días, los profesionales juzgan que las propuestas que han transcendido hasta el momento son «lógicas» aunque difíciles de poner en práctica, y que no suponen novedad alguna, ya que han sido discutidas durante años. «Claro que sería estupendo que la sanidad funcionase mañana, tarde, noche, domingos y festivos», resalta Antonio Matador, presidente del Simpa, quien hace hincapié, sin embargo, en que «si no se va a incrementar el gasto, es imposible». Un argumento que esgrimen también desde el sindicato de enfermería Satse y desde la Junta de Personal del HUCA, coincidiendo en que este tipo de órganos asesores necesitan de «profesionales que viven el día a día del servicio sanitario y lo conocen de verdad».

 

«Todo lo que se conoce hasta el momento, como la creación de una central de compras, de la que ya hemos hablado mucho, tiene una parte razonable», añade, por su parte, Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos, que resalta también que «en sanidad estamos sobrados de intenciones y necesitamos más hechos».

 

«Despolitizar la sanidad»

Continúa Matador diciendo que uno de los aspectos que más le preocupa es la posibilidad de contratar especialistas de fuera de Asturias y que las plazas puedan cubrirse por méritos específicos de formación, y no de antigüedad, como se hace actualmente: «Suena a que vamos a un sistema de gestión privado». Defiende las bondades del modelo actual -aunque critica que «se utiliza en primaria y no en especialista, donde son comunes los nombramientos a dedo»- y recalca que lo realmente necesario es «despolitizar la sanidad», para evitar el baile de altos cargos que se produce con cada cambio de Gobierno y que, a su juicio, no favorece una gestión eficaz.

 

El resto de propuestas que ya se conocen, como fusionar gerencias, recalca Francisco Menéndez, presidente de la Junta de Personal del HUCA, «no van a suponer ningún ahorro». Aumentar personal, a su juicio, serviría también para evitar derivaciones a centros privados con un coste que en el caso de las resonancias magnéticas cifra en 120 ó 130 euros la unidad. Este ahorro serviría, dice, para sufragar un aumento de plantilla que permitiría sacar mayor partido a la tecnología. Critica, en esta línea, que «estamos deshaciendo la sanidad pública» y reclama un debate profundo en el que participen unos profesionales a los que Faustino Blanco, consejero del ramo, «ignora sistemáticamente». Por otro lado, Margot Marqués, del Satse, apunta que desplegar más recursos, algo que considera necesario, queda muy lejos ya que, pese a existir compromiso de mantener el número de trabajadores, «solo en el HUCA hay 17 plazas de enfermera sin cubrir».

 

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RECOMENDAMOS LEER … (cosa que muchos no hacen, dicho sea de paso) lo siguiente:

 

• LA SANIDAD PUBLICA ASTURIANA I (RIDEA)
• LA SANIDAD PUBLICA ASTURIANA II (RIDEA)
• EL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO EN ASTURIAS (CES)
• Las causas de enfermedad, la mercantilización y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (FADSP, Agosto 2011)
• LA REFUNDACION DE LA ATENCION PRIMARIA (Vicente Ortún, coordinador)
• Propuestas de medidas para incrementar la racionalidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin recurrir a recortes y privatizaciones (FADSP, Enero 2012)
• SISTEMA SANITARIO, SALUD Y SOSTENIBILIDAD

 

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Si como dice Rajoy España está mejor que hace un año pero peor de lo que estará el próximo año... entonces, ¿por qué hay que recortar las pensiones?

Rubalcaba: “No pactaremos una reforma de las pensiones sin los sindicatos”

El secretario general del PSOE propone al Gobierno que use el fondo de reserva contra la rebaja

El líder socialista se entrevista en Valencia con los sindicatos en Galmed, amenazada de cierre

Cristina Vázquez, Valencia, en El País.

"Los socialistas, sin los sindicatos, no aceptaremos ninguna reforma del sistema de pensiones", ha dicho rotundo este domingo en Valencia el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha propuesto además al Gobierno que utilice el fondo de reserva de la Seguridad Social para no rebajarlas.

 

Un día después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitara la Comunidad Valenciana, el líder del principal partido de la oposición ha participado en la Fiesta de la Rosa que han celebrado los socialistas valencianos en un parque de la ciudad. "Salvemos la crisis con una medida anticrisis, que es el fondo de reserva", ha dicho Rubalcaba, convencido de que la crisis pasará y habrá nuevos cotizantes a la Seguridad Social.

 

El líder socialista ha ironizado acerca del comentario que el sábado hizo Rajoy, del que ha dicho tiene que esconderse en hoteles. "Dijo que España está mejor que hace un año pero peor de lo que estará el próximo año. Entonces, por qué hay que recortar las pensiones".

 

Rubalcaba recordó que la reforma que el Gobierno socialista sí pacto con sindicatos y empresarios lleva solo seis meses en vigor y ha lamentado que los populares no quieran aplicarlo. "Lo que se pactó, si se cambia, se ha de volver a pactar", ha subrayado.

 

El dirigente del PSOE ha recordado que el sistema hoy en vigor en España prevé mecanismos para las épocas de dificultades como las actuales. "Para esos periodos de desajustes está el fondo de reserva. Salvemos la crisis con una medida anticrisis", ha reiterado.

 

Rubalcaba se ha despedido de los socialistas valencianos con una rápida alusión a la necesidad de un cambio político en España y en la Comunidad Valenciana. "Y el PP de aquí no se puede preocupar de los parados porque tiene que hacerlo de todos sus imputados".

 

Antes del acto de la Fiesta de la Rosa, Rubalcaba se entrevistó en Valencia con una representación de trabajadores de la planta de Galmed en Sagunto, que, según acaba de anunciar la multinacional ThyssenKrupp, cerrará dejando en el aire decenas de puestos de trabajo. "Desde hoy es nuestra lucha que no cierre", ha remachado el secretario general del PSOE.

 

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Factores demográficos, orográficos, socio-culturales, el dispositivo asistencial etc, inciden en toda lectura mínimamente rigurosa del gasto por habitante

Gasto sanitario: las diferencias se disparan

Asturias es la tercera región que más dinero per cápita destina a salud

10.06.2013, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.

La crisis y los consiguientes recortes están disparando las diferencias entre el dinero que destinan a sanidad unas comunidades autónomas y otras. Las cifras son elocuentes. El País Vasco tiene previsto dedicar este año a la salud 1.552 euros por habitante y Navarra, 1.419. En ambos casos se mantienen las cuantías de 2012. En el polo opuesto, la Comunidad Valenciana sitúa su gasto en 965 euros per cápita y Andalucía en 999, en ambos casos con reducciones muy sensibles con relación al ejercicio precedente. Asturias ocupa el tercer puesto, justo por detrás de las dos comunidades citadas, con 1.370 euros por usuario, después de un ajuste de recursos del once por ciento con relación a 2012. La media española es de 1.191 euros por ciudadano.

 

Estas cifras han sido difundidas por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Como suele suceder con las estadísticas, se prestan a interpretaciones de todo tipo. Lo que resulta incuestionable es que un mayor gasto per cápita no implica automáticamente una mejor asistencia sanitaria. Es necesario tener en cuenta muchos factores.

 

Resulta evidente que atender a un millón de habitantes concentrados en el cogollo de Madrid es muy distinto a prestar asistencia al millón de almas que viven diseminadas por la geografía asturiana. El Principado está distribuido en ocho áreas sanitarias, cada una dotada de un hospital como mínimo. Luego están los centros de salud. Para los núcleos más pequeños y aislados, los consultorios periféricos. Un tupido árbol de muchas ramas que, naturalmente, sale caro.

 

Navarra y el País Vasco siempre se han caracterizado por un gasto sanitario elevado, relacionado en teoría con las ventajas de sus regímenes fiscales. Las restantes autonomías hacen lo que pueden y lo que quieren. En los últimos tiempos, más bien lo que pueden. Los recortes se imponen, y el gran desafío consiste en aplicarlos del modo menos lesivo posible para los ciudadanos. En la otrora todopoderosa sanidad catalana acaba de hundirse el prestigioso Hospital Sant Pau.

 

El médico Carlos Ponte, responsable en Asturias de FADSP, ha echado números y asegura que el gasto sanitario público de la región ha menguado un doce por ciento (más de 180 millones de euros) desde 2010. Sostiene que la política de recortes «está yendo a lo fácil, pero no a lo nuclear». Según Ponte, «hay que usar el bisturí, no la podadora». La cuestión es ponerse de acuerdo en qué es «lo nuclear» y atreverse con ello.

 

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Al final sólo hubo una honrosa excepción y no es la del experto puesto por CC.OO

Los expertos aprueban el informe sobre pensiones con un único voto en contra

Los sabios ponen a España a la cabeza de Europa en los ajustes de pensiones

La anterior reforma ya preveía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente

Foto: La ministra de Empleo, Fátima Báñez (se la ve que no cabe en sí de gozo), durante el acto en el que el comité de expertos ha hecho público el informe sobre sostenibilidad de las pensiones

Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.

España tendrá lista antes de que acabe el año su segunda reforma profunda del sistema de pensiones durante la crisis. Si el Gobierno, el Pacto de Toledo y los agentes sociales se atienen a los dictados del informe de expertos presentado el pasado viernes, España tendrá “un factor de sostenibilidad de tercera generación que va más allá de cualquier país europeo”. Así lo definió Rafael Doménech, uno de los componentes del grupo que ha elaborado el informe que propone una definición del factor de sostenibilidad basada en un doble mecanismo de ahorro: uno que desliga la evolución de las pensiones del IPC y las vincula a la salud de las cuentas de la Seguridad Social y otro que calcula la cuantía de la pensión inicial de acuerdo a la esperanza de vida.

España se enfrenta a un problema muy serio en las próximas décadas. La jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1978, elevará de nueve millones a 15 millones el número de pensionistas. Para afrontar el problema ya se hizo una reforma hace dos años. Según el informe de envejecimiento de la Unión Europea de 2012 (Ageing Report), aquellos cambios provocaron una de las mayores reducciones de gasto previsto en pensiones en Europa junto con Grecia, Luxemburgo y Letonia.

Pero las últimas previsiones demográficas, de 2012, y sobre todo la recaída en la recesión después de 2011 han redoblado el reto y acelerado la llegada del factor de sostenibilidad, previsto en 2027 y que tenía que aplicarse por primera vez en 2032. Nueve de los 10 expertos que han suscrito la propuesta se ha inclinado por que entre en vigor cuanto antes, esto es 2014, y eso supone añadir ya más vías de reducción y ajuste sobre los pensionistas.

El 1 de enero de este año comenzó a retrasarse progresivamente la edad de jubilación que irá de 65 a 67 años en 2027; desde esa fecha también se está aumentando el tiempo necesario para cobrar toda la pensión (hoy en 35 años y seis meses que llegará a 37 años en el futuro); y paralelamente sube el número de años para calcular la cuantía de la pensión de 15 años a 25 en 2022. A estos recortes en marcha habría que sumar ahora otros dos, si nada cambia en el trámite parlamentario: la reducción de las pensiones futuras en función del incremento de la esperanza de vida y la actualización anual de la prestación según la salud de las cuentas de la Seguridad Social a través de una fórmula que, de no mediar ingresos extraordinarios en el sistema, puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones actuales y, sobre todo, futuras.

Cuesta encontrar un país en Europa que esté aplicando tantos mecanismos de ahorro a la vez, empezando por el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que, como en alguna ocasión ha recordado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se hace en uno de los periodos más cortos de Europa (Alemania llegará a los 67 años en 2029 y Austria, a los 65 años en 2033).

Suecia sí que ha ido más lejos que España. No obstante, el caso de este país escandinavo es muy distinto al español, no solo por tener un amplio Estado de Bienestar, sino porque el cambio llegó 1994 y supuso un vuelco en su sistema de pensiones y adoptó uno, llamado de cuentas nocionales, en el que las prestaciones recibidas equivalen exactamente a las cotizaciones más el cálculo de la rentabilidad ficticia supuestamente obtenida por ese dinero.

En el propio informe de los expertos hay un anexo en el que se recogen varios países que ya están aplicando factores de sostenibilidad. Además de Suecia, hablan de Alemania, donde el factor se aplica sobre la revalorización anual, calculada sobre una ratio entre cotizantes y jubilados, lo que se ha traducido en los últimos años pérdidas de poder adquisitivo.

En Grecia, por su parte, el factor de sostenibilidad traerá retrasar la edad de jubilación según la esperanza de vida desde 2021 y, aunque se prevé que se retrase hasta los 69 años y cuatro meses en 2060, actualizará las pensiones según el IPC. Otro de los países rescatados, Portugal, también ha aplicado un importante ajuste a sus pensiones. El país vecino, como España, ajustará la pensión incial de acuerdo a la esperanza de vida, aunque su edad de jubilación se mantendrá en los 65 años.

Entre los países periféricos sí que hay uno que ha ido muy lejos: Italia, donde se ha adoptado un modelo similar al sueco. No obstante, Italia ya gastaba en 2010 en pensiones más del 15% de su PIB, según el Ageing Report 2012, más de cinco puntos por encima de lo invertido entonces por España.

Hipotecar las pensiones futuras para pagar

Amanda Mars

¿Cómo asegurar que se pagan las pensiones cuando cada vez hay menos cotizantes por jubilados, cuando toda una generación de baby boom va a retirarse en los próximos años? Hoy hay 2,3 activos por cada pensionista —son solo 1,9, si se excluye a los seis millones de parados— y este ratio no deja de encogerse, así que el informe de los expertos abre la posibilidad de que, si incluso el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agota, el Tesoro Público emita deuda con los ingresos futuros como garantía. Es decir, que si vienen mal dadas, se pueda obtener dinero prestado para pagar hoy dejando las cotizaciones futuras como prenda.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es una suerte de hucha de la que el Estado echa mano para pagar las pensiones cuando los ingresos presupuestarios de cada año no dan más de sí. El Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que recurrir a ello el año pasado en dos ocasiones. Este colchón cerró el ejercicio 2012 en un total unos 63.000 millones de euros. El 97% de los activos están invertidos en títulos de deuda pública española.

El documento elaborado por la docena de expertos señala que “en el hipotético caso de que el Fondo de Reserva no bastara para completar la financiación de las pensiones durante las recesiones, es importante destacar que el sistema se financiaría al emitir el Tesoro títulos de deuda con la garantía de los ingresos futuros”.

Por el contrario, en los periodos de expansión económica “los ingresos extraordinarios del sistema producirían superávits transitorios que se utilizarían, en su caso, para pagar la deuda que pudiera haberse acumulado, y el sobrante se añadiría al Fondo de Reserva”. El año pasado el Fondo generó cerca de 3.000 millones de euros por los rendimientos netos de sus inversiones.

El Gobierno no descarta volver a echar mano de la hucha. Porque cinco años de crisis han hecho mella en la tesorería de la Seguridad Social. El sistema acabó su último ejercicio con un déficit —la diferencia entre las cotizaciones y el gasto— en más de 10.000 millones de euros, con los cálculos de Hacienda, el desfase más alto desde 1999, cuando el sistema dejó de ocuparse de los servicios sanitarios.

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