Es un atentado a derechos civiles fundamentales, el de decidir de la mujer, por consiguiente son legítimas todas las batallas que se den en su defensa
Asturias dará la «batalla jurídica» para frenar la nueva ley del aborto
Rajoy defiende el anteproyecto y recuerda que la ley de 1985 fue cambiada por el PSOE sin estar anunciada en su programa electoral
Foto.- Manifestación en París ante la embajada de España contra el anteproyecto de ley del aborto.
28.12.13 - AGENCIAS | OVIEDO/ MADRID, en El Comercio.
El Gobierno asturiano dará la batalla «política y jurídica para tratar de frenar la contrarreforma» que, en opinión del consejero de la Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, supone la ley del aborto, que próximamente iniciará su tramitación parlamentaria. En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo asturiano, Martínez recordó que el Gobierno del Principado «fue el primero en mostrar su rechazo a esta contrarreforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el mismo día en que fue aprobada por el Gobierno».
«Supone un retroceso de casi tres décadas y aleja a España de la Europa de los derechos civiles», afirmó Martínez, para quien las contrarreformas que el Gobierno del PP está aplicando están dejando un «país oscuro, involucionista y retrógrado». En el caso concreto de la ley del aborto, señaló que Asturias va a estudiar todas las medidas a su alcance para frenarla porque atenta contra los derechos de las mujeres y de una sociedad más tolerante y porque ha sido adoptada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón «de espaldas a los ciudadanos y a las comunidades autónomas».
Con esta ley, según el portavoz del Gobierno asturiano, habrá dos clases de mujeres en España: las que dispongan de medios para abortar con garantías en otros países europeos y las que tendrán que hacerlo aquí, con grave riesgo para su salud.
Muy diferente es la postura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien defendió el anteproyecto de reforma al considerar que regula este tema «de manera equilibrada». Pese al respaldo público de Rajoy, desde el propio PP siguen surgiendo las voces discrepantes. Entre ellas, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien aboga por mejorar el texto para llegar a acuerdos. Núñez Feijóo habló después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijera de forma rotunda en una entrevista publicada por ABC que la ley es un texto muy elaborado, que ha delimitado claramente los principios y éstos son «irrenunciables». Aunque, en otro medio, sí abrió puertas a posibles cambios: «Siempre la tramitación parlamentaria debe intentar mejorar los textos legislativos, y ojalá se produzcan aportaciones que así lo consigan».
Tras el último Consejo de Ministros del año, Rajoy se refirió a esas discrepancias hechas públicas por destacados miembros del PP: «Hay asuntos que a veces producen que haya posiciones diferentes en mi partido y también en otras fuerzas políticas», dijo. Rajoy no quiso pronunciarse acerca de si se dará libertad de voto a los parlamentarios del PP sobre este asunto. Mientras, el portavoz de su partido en el Congreso, Alfonso Alonso, sí fue más explícito y aseguró que los diputados populares «están comprometidos» con el programa electoral que «asumieron cuando se presentaron para ocupar su escaño dentro del proyecto» del partido.
Volviendo con Rajoy, el presidente explicó que el anteproyecto aprobado el pasado viernes va en línea con la ley de 1985, la cual, «sin anunciarse en ningún programa electoral de nadie», fue modificada en 2010 por el Gobierno socialista. Recordó que durante las dos legislaturas de José María Aznar no se modificó la ley de 1985, que contemplaba tres supuestos -violación, riesgo para la salud de la madre y malformación del feto- para que las mujeres pudieran abortar. El anteproyecto presentado ahora limita a dos los casos en los que las mujeres pueden interrumpir de forma voluntaria su embarazo: violación y riesgo para la salud psíquica y física de la madre. Preguntado sobre las críticas desde Francia a la reforma, Rajoy ha dicho que se queda «con la rectificación que hizo el Gobierno francés», en alusión a las declaraciones del ministro de Interior, Manuel Valls, quien dijo que cada país «tiene derecho a hacer sus leyes». El titular galo de Interior hizo estas manifestaciones después de que la portavoz del Gobierno de su país, Najat Vallaud-Belkacem, considerara un «retroceso» la reforma española. Y precisamente en París, doscientas personas protestaban ante la embajada de España contra la reforma de la ley.
La batalla política no cesa ni dentro ni fuera. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que le «avergüenza como español que una ley de España la aplauda el señor Le Pen», y lamentó que «se quiera cambiar una ley europea por una ley de la extrema derecha europea». El coordinador federal de IU, Cayo Lara, fue mucho más allá y a acusó a Ruiz-Gallardón de ser el «nuevo Torquemada del siglo XXI» con esta reforma que, a su juicio, retrotrae a España a «decenios atrás».
