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TRIBUNALES

Sin prisa, sin pausa y, sobre todo, con el máximo rigor y contundencia en la defensa de los intereses de Asturias… eso es lo que, obligadamente, hay que hacer.

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El Principado insta a Hacienda a rectificar el déficit y anuncia dos recursos judiciales

Llevará a los tribunales tanto la decisión del Gobierno central de reservarse un mayor margen de gasto como el posterior reparto 'a la carta' entre las regiones

10.08.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El Gobierno asturiano combatirá el reparto del déficit aprobado por el Ejecutivo central en un doble frente. Por un lado, ayer mismo aprobó el traslado de un requerimiento al Ministerio de Hacienda en el que se insta a su titular, Cristóbal Montoro, a modificar la distribución del margen adicional de gasto que la UE concedió al conjunto de España, y que favoreció a la administración central en detrimento de las autonómicas. Si la respuesta es negativa, el gabinete que lidera Javier Fernández acudirá a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, para litigar. Y, por otro lado, seguirá ese mismo camino judicial en cuanto los plazos legales lo permitan para intentar tumbar el posterior reparto 'a la carta' de los objetivos de déficit ya únicamente entre las comunidades.

Ambas decisiones, tanto el reparto del déficit entre la administración central y las autonomías como la posterior distribución asimétrica entre las comunidades, han resultado «lesivas y perjudiciales» para Asturias, señaló el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que compareció al término del Consejo de Gobierno extraordinario en el que se dio el primer paso de lo que parece una larga y complicada batalla judicial. Ayer, el Principado únicamente dio luz verde a ese requerimiento a Hacienda para que rectifique. Fue la única medida efectiva, si bien Martínez dejó claro que la decisión de acudir a los tribunales está prácticamente tomada si esa acción preventiva no prospera.

El Principado, pues, ataca por dos flancos al Gobierno de Mariano Rajoy para intentar revertir un reparto del déficit en el que ha salido especialmente malparado, con un objetivo del 1,06% cuando la media nacional es del 1,3% y algunas comunidades, caso de Valencia, Cataluña, Baleares o Murcia, se mueven entre el 1,5% y el 1,6%. Una distribución en la que Montoro ha actuado de forma «injusta» desde el principio, dijo Martínez, desde el momento en que Bruselas abrió la mano con España y dio más tiempo para el saneamiento de sus números rojos.

El Ejecutivo mueve primero ficha en relación con el reparto del margen adicional de déficit de dos puntos otorgado por la UE a España entre la administración central y las comunidades. De esa capacidad extra de gasto, el Ejecutivo del PP se reservó el 70% y cedió el 30% restante a las regiones. Una decisión «unilateral», reprochó Martínez, que «condicionó» la posterior distribución entre las autonomías. Esa resolución es la que ahora Asturias insta a Montoro a corregir, primero por la vía del requerimiento oficial y, llegado el caso, si en el plazo de un mes no hay respuesta o esta es negativa, a través de un recurso contencioso-administrativo.

«Se nos pide un esfuerzo de reducción del déficit mucho mayor que el que tendrá que hacer el Gobierno central, es injusto», lamentó el portavoz. «Siempre hemos mantenido una postura firme y contundente para exigir un reparto justo y equilibrado en un contexto de declive en la recaudación de los impuestos propios y de inelasticidad de los gastos sociales y siempre nos hemos encontrado con la negativa y la imposición del Gobierno de España», remachó, señalando que con este proceder se han vulnerado los preceptos de la ley de estabilidad presupuestaria.

 

«Argumentos suficientes»

El Principado comienza su actuación por este capítulo, que incluye la distribución del déficit entre Estado y comunidades también en 2014 (4,8% y 1% del PIB respectivamente), 2015 (3,5% y 0,7%) y 2016 (2,6% y 0,2%), principalmente por una cuestión de plazos. Son medidas que ya han sido aprobadas por el Consejo de Ministros y, por lo tanto, susceptibles de ser recurridas. Algo que todavía no ha pasado con el reparto 'a la carta' entre las autonomías, que cuenta con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero aún no ha pasado por la mesa del Gobierno.

Con todo, Guillermo Martínez dio a entender ayer que ese será el próximo paso del Ejecutivo, en cuanto el reparto 'a la carta' también tenga el plácet de Rajoy y sus ministros. Habrá recurso, previsiblemente también contencioso, porque el Principado cree tener ya «argumentos y materia suficiente» para acudir a los tribunales.

El portavoz rechazó con contundencia las críticas de quienes creen que el Gobierno está demorando en exceso las acciones judiciales y que enmarcó en «el desconocimiento, la mala fe y la falta de rigor».

Asturias recurre contra el reparto del déficit entre el Estado y las autonomías

El Principado asegura que el margen que dio a España la UE debió distribuirse equitativamente entre la Administración central y las regiones

10.08.2013, Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España.

Asturias irá a los tribunales contra el reparto del techo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional, en reunión extraordinaria, decidió ayer encargar a sus asesores jurídicos el inicio de las acciones pertinentes contra esta decisión, al tiempo que facultaba a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, para enviar al Gobierno central el requerimiento de modificación de esta medida. Esta reclamación es independiente de la que preparan en la Administración regional contra el reparto asimétrico del déficit.

Para este año, la Unión Europea concedió a España una flexibilización del límite deficitario para el conjunto de las administraciones, ampliando el 4,5% inicial hasta el 6,5%. De este incremento de dos puntos porcentuales, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reservarse para la Administración central y la Seguridad Social el 70% dejando sólo una tercera parte para las regiones. Es decir, ese 6,5% para el conjunto del país saldría de un déficit máximo estatal del 5,2%, al que se añade el 1,3% que se concedió a las autonomías.

En su reclamación, el Principado no sólo exige la rectificación del reparto para este año, sino que solicita la anular la previsión que también se aprobó para los ejercicios sucesivos, hasta 2016, como explicó ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras la reunión de los miembros del Ejecutivo de Javier Fernández. «El reparto aprobado para las distintas administraciones no respeta la ley de Estabilidad Presupuestaria, ni por las cantidades, ni por el procedimiento que se ha seguido para determinarlo», afirmó el también portavoz del Gobierno regional.

Según el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que el Principado opuso su voto en contra, igual que Cataluña, Madrid y Canarias, el Estado se reserva la mayor parte de la concesión al déficit que permitirá la Unión Europea.

En 2014, del 5,8% para todas las administraciones, las regionales podrán disponer de un 1%; en 2015, la UE ajusta a España hasta el 4,2% y el Gobierno del país cede de ahí un 0,7% para las autonomías. Por último, en 2016, el Estado podrá tener un déficit total del 2,8%, del que las comunidades sólo disfrutarán un 0,2%.

Una vez que el Gobierno central reciba el requerimiento de la consejera de Hacienda del Principado, comenzará a correr el calendario hacia el inicio de las acciones judiciales. Será a partir del 28 de agosto, un mes después de la toma de la decisión impugnada, cuando la región quede facultada para abrir un proceso por la vía contencioso-administrativa. «Siempre hemos mantenido una postura firme y contundente para exigir un reparto equilibrado del objetivo de déficit, en un contexto de declive en la recaudación de impuestos propios y de inelasticidad del gasto social. Y siempre hemos encontrado la misma negativa y la imposición del Gobierno de España», afirmó ayer Guillermo Martínez en la sede de Presidencia.

El 1,3% que el Estado cedió a las autonomías fue precisamente el porcentaje que tomó Madrid como referencia para fijar el techo autonómico del cierre del balance de 2013. Sin embargo, en lugar de equilibrar el objetivo entre las comunidades, el Ministerio de Hacienda optó por el llamado déficit asimétrico, otorgando diferentes porcentajes a cada región, en función de sus resultados de 2012. De esta forma, a Asturias le correspondió un 1,06% frente a otras, como Valencia, que llegaron hasta el 1,6%. Las comunidades del Mediterráneo, incumplidoras del límite en 2012, fueron las beneficiadas, frente a las que, como Asturias, habían hecho sus deberes, que deberán mantener la fuerte exigencia del año anterior.

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DEFENDIENDO LOS INTERESES DE ASTURIAS…

El Principado da el primer paso para recurrir el déficit ’a la carta’ y recusar al presidente del TC

El PP regional admite que el objetivo fijado «no es satisfactorio» y cree que un posible recurso debe tener «base jurídica» y no intencionalidad política

Foto: El portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ayer, en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno

07.08.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado dio ayer el primer paso para recurrir en los tribunales el reparto ’a la carta’ de los objetivos de déficit para 2013. En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno encargó a los servicios jurídicos que estudien la viabilidad de emprender acciones legales sobre la base de que la distribución asimétrica aprobada por el Consejo de Política Fiscal sería «discriminatoria» con Asturias. Quiere el Ejecutivo que esa iniciativa, en caso de concretarse, cuente con el respaldo de todos los grupos políticos de la Junta, una posibilidad que suscita dudas en el PP, que vincula un hipotético apoyo a que el recurso tenga «una base jurídica seria» y no intereses políticos.

El movimiento de ayer supone comenzar a materializar la amenaza que el Gobierno lanzó horas antes de que, el pasado miércoles, se reuniese el Consejo de Política Fiscal. El portavoz y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunció entonces que se contemplaba el recurso ante el Tribunal Constitucional como una opción si se concretaba un reparto del déficit lesivo para los intereses de la comunidad. Una hipótesis que se confirmaba esa misma noche cuando se asignaba al Principado un límite del 1,06% del PIB, frente al 1,3% de media y el 1,6% que recibe el territorio más favorecido, la Comunidad Valenciana. Desde entonces el Gobierno que preside Javier Fernández ha lanzado señales de su voluntad de acudir a los tribunales, una intención que ahora queda a expensas del criterio de su departamento jurídico.

Todo apunta a que habrá finalmente recurso ante el Tribunal Constitucional, en vista del descontento mostrado en los últimos días por el Gobierno y por las duras palabras de ayer de su portavoz. Martínez acusó al Ejecutivo central de «quebrar la equidad», de actuar «contra el sentido común», de «castigar» a Asturias pese a haber cumplido los objetivos en 2012 y de primar a comunidades de su mismo color político, caso de Extremadura, en detrimento del Principado.

El Ejecutivo, con todo, no actuará a toda prisa. Tiene margen en la medida en que la decisión del Consejo de Política Fiscal todavía no ha sido validada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE, paso previo a un eventual recurso. Además, Javier Fernández ya ha mostrado su voluntad de que las acciones a emprender cuenten con el mayor respaldo posible entre los grupos de la Junta.

Uno de ellos es el PP, cuya presidenta en Asturias, Mercedes Fernández, reconoció ayer que el reparto ’a la carta’ del déficit impulsado por su propio partido no ha sido positivo para la comunidad. «El resultado no es satisfactorio», admitió, si bien negó las acusaciones de que el Ministerio de Hacienda se moviera por cuestiones ideológicas recordando que Andalucía, también socialista, sí ha salido bien parada.

Pero una cosa es ese descontento y otra, sumarse a una acción judicial contra una decisión de un Gobierno de su propio partido. Mercedes Fernández no dio pistas claras de lo que hará pero sí ligó un hipotético respaldo a esa apelación a los tribunales a que el recurso tenga «base jurídica seria» y no esté guiado, como dio a entender que podría suceder, por intereses políticos.

Quien sí está abiertamente por la labor de recurrir es Foro, cuyo representante en el Senado, Isidro Martínez Oblanca, dio otra vuelta de tuerca a las críticas contra el déficit asimétrico y tildó de «enorme» el perjuicio para Asturias por una merma en la capacidad inversora que cifró en 200 millones de euros.

Podría darse la circunstancia de que el Principado acabase recurriendo al Constitucional casi a la par que recusa al presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el PP. Porque el Consejo de Gobierno también encargó informes jurídicos para determinar si procede tal recusación en las siete causas que Asturias tiene pendientes de resolución.

El Consejo de Gobierno solicita informes motivados a los servicios jurídicos para recurrir el reparto del déficit asimétrico y recusar al presidente del Tribunal Constitucional

WEB del P. de Asturias

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Servicio Jurídico del Principado de Asturias sendos estudios sobre la viabilidad de iniciar acciones jurídicas frente al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno central para la comunidad autónoma en este ejercicio, y de recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en los siete  litigios que el Principado mantiene abiertos ante este organismo.

Sobre el denominado déficit a la carta, el Consejo de Gobierno ha encomendado a los servicios jurídicos analizar si existen motivos que avalen el ejercicio de acciones judiciales por parte del Principado frente al objetivo de estabilidad presupuestaria, ante el posible carácter discriminatorio que para la comunidad autónoma provoca el reparto asimétrico del objetivo del déficit.

Hasta ahora, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijaban haciendo coincidir el objetivo global establecido para el conjunto de las comunidades autónomas con el individualizado. Sin embargo, en la revisión efectuada para 2013, durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se fijaron por primera vez objetivos diferenciados.

De este modo, el Gobierno del Partido Popular ha optado por un reparto diferente para cada una de las autonomías, tomando como punto de partida el objetivo alcanzado en 2012 (salvo para Extremadura, única comunidad a la que se le permite aumentar su límite de déficit), y dejando mayor margen a las que incumplen en detrimento de las que cumplen. Es el caso de Asturias, que ha cumplido sobradamente, aun estando en desacuerdo en el fondo con la política de desmedida austeridad que impuso el Ejecutivo de Rajoy.

La imposición del déficit a la carta confirma que el Ejecutivo del PP está dispuesto a quebrar la equidad e, incluso, el sentido común, en el trato a las comunidades autónomas, por lo que Asturias considera profundamente injusta la actuación del Gobierno central, que no sólo no reconoce, sino que castiga, la política financiera responsable del Principado. Y lo hace, además, sin tener en cuenta más información que el único dato de cierre de 2012.

El Gobierno del PP no ha valorado los esfuerzos realizados por el Principado que, a lo largo de los años, ha mantenido una gestión responsable de su déficit y de su deuda,  ni ha respetado el grado de cumplimiento que cada comunidad autónoma tuvo en la ejecución de las medidas recogidas en sus planes económico-financieros así como tampoco ha considerado las circunstancias coyunturales de ingresos y gastos producidas en 2012 y que no van a repetirse en 2013: la liquidación de la cuenta sanitaria, por un importe de 45,6 millones.

La indignación del Gobierno del Principado crece cuando constata que la “excepcionalidad” que no se le ha tenido en cuenta a Asturias sí ha tenido valor diferencial para Extremadura, comunidad a la que curiosamente se la ha otorgado un déficit mayor que el año anterior, al descontarle el efecto del impuesto de depósitos bancarios.

Por lo que se refiere al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el Consejo de Gobierno ha demandado un estudio a los servicios jurídicos con el fin de examinar si concurren elementos de juicio suficientes para recusarle, apartándole del conocimiento de los procedimientos que el Principado de Asturias tiene pendientes ante el alto tribunal.

La decisión de estudiar la posibilidad de recusarle está motivada por la recientemente conocida militancia en el Partido Popular de Pérez de los Cobos, en tanto su ideología política pudiera hacer quebrar la imparcialidad judicial necesaria para juzgar los cuatro recursos pendientes de resolución que el Principado tiene abiertos en dicha jurisdicción.

Tres son recursos que el Principado ha interpuesto contra el Estado:

  • Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 2012/0891 
  • Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 2012/0892 
  • Recurso de inconstitucionalidad contra el Artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre; BOE de 28-12-2012: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0384.
  • 

Un recurso lo ha interpuesto el Estado contra el Principado

  • Inconstitucionalidad: Artículo 41y disposición final 7ª Ley Principado de Asturias  3/2012 de 28 de diciembre: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0307

Asimismo, existe una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el año 2007 sobre el impuesto de grandes superficies comerciales que afectan a un total de 39 procedimientos que se encuentran suspendidos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pendientes de la resolución de dicha cuestión por el tribunal constitucional.

El Gobierno del Principado considera imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución. Todo ello con el agravante de que ocultó su militancia durante la sesión del Senado dedicada a escuchar a los candidatos al Tribunal Constitucional, previa al nombramiento. El Gobierno del Principado tomará las medidas oportunas una vez que conozca el resultado del informe encargado hoy a los servicios jurídicos.

El Gobierno regional busca argumentos legales para recurrir al alto tribunal contra Montoro

07.08.2013, Oviedo, Á. F., en La Nueva España.

Los servicios jurídicos del Principado trabajan en busca de los argumentos jurídicos que permitan al ejecutivo regional plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto asimétrico del déficit autonómico para 2013. Si la demanda contra la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sale adelante, añadirán otra solicitud: la recusación del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en los casos que impliquen al Principado, tras su recientemente conocida afiliación al PP.

«Es imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución», manifestó el portavoz del gobierno, Guillermo Martínez, tras la reunión semanal de los consejeros con el presidente del Principado, Javier Fernández.

Asturias logró permiso para cerrar el año con un déficit del 1,06% de su Producto Interior Bruto, frente a comunidades como Valencia, que lograron el 1,6%.

Desde la filas populares en Asturias, su presidenta, Mercedes Fernández, que dio su apoyo al ejecutivo socialista en sus negociaciones ante el Ministerio de Hacienda, advierte ahora de que, para obtener su respaldo, como ha pedido el gobierno regional, el recurso de debe reposar sobre «una base jurídica solvente y sólida», además de no caer en trampas intelectuales».

El Consejo de Gobierno aprobó también la estrategia contra incendios 2013-2016, con 39 medidas de actuación; la concesión de 2 millones de euros en ayudas para la compra de libros de texto; la firma de cuatro convenios para obras hidráulicas en Picos de Europa y la comarca del Caudal, además de un acuerdo con el colegio de abogados para la prestación del servicio de intermediación hipotecaria.

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Por una cuestión meramente formal más que discutible: el tribunal considera no legitimados a los seis diputados socialistas - cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales - que pidieron la suspensión…

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Cuatro jueces reactivan la privatización hospitalaria que pararon hace 14 días

Los magistrados archivan de plano el recurso de los socialistas sin entrar en el fondo del caso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite que su proceder no está previsto en la ley

Foto: Una de las mesas de votación de la consulta sanitaria en las que más de 1.000.000 de personas se opusieron a la privatización.

Elena G. Sevillano / Manuel Altozano, en El País.

La Comunidad de Madrid tiene vía libre para continuar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado la suspensión cautelar de la adjudicación de esos centros a tres empresas que el mismo tribunal había decretado el 10 de julio. Da así la razón al Gobierno regional, que alegó que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”. Al considerarlos no legitimados, el tribunal archiva el recurso, pero sin entrar a estudiar el fondo del caso, algo que, como admiten los propios magistrados, no está previsto por la ley.

La sección tercera de lo Contencioso aceptó el 10 de julio las medidas cautelares urgentes que pidió el PSOE, que solicitaba parar el proceso para que se estudiara la legalidad de una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes del final del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al añadir la palabra “anual”, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en 28.

El auto del TSJM de 10 de julio —del que ahora se desdice el mismo tribunal— consideraba que esa modificación en la garantía “pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material” y vio “evidente” que la cuantía de la fianza “varía sustancialmente” según sea del 5% del importe total o solamente del anual. Este hecho, la reducción en cerca de un 90% del aval, “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Este cambio, según los magistrados, “afectaría a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garantía definitiva”, añade, lo que a su vez tendría consecuencias para los “intereses generales”. Pese a hacer estas consideraciones, 14 días después el mismo tribunal rechaza el recurso socialista por falta de legitimación sin siquiera haber estudiado el expediente administrativo.

Sin embargo, ahora se desdicen de esa decisión con un criterio más que discutible, según fuentes judiciales. Esas fuentes señalan directamente al fundamento de derecho primero del auto por el que se anula la paralización de los concursos y se archiva el caso. En ese apartado, los magistrados vienen a admitir que la posibilidad de analizar si los recurrentes (seis diputados socialistas madrileños) tienen un interés legítimo para plantear su petición no está prevista en la ley de jurisdicción contencioso-administrativa (la que regula este tipo de procesos) cuando lo que se está analizando es una medida cautelar, recogida en una pieza separada, como es la paralización de los concursos de la privatización de seis hospitales.

Esa ley, en su artículo 51 —el que prevé cuándo se puede archivar el caso por falta de interés legítimo de los recurrentes—, exige que el tribunal examine previamente el expediente administrativo, algo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM admite no haber hecho. Es decir que, según los expertos consultados por EL PAÍS, los magistrados han dado carpetazo al caso sin examinar el fondo del asunto (el expediente administrativo), algo que, como mínimo, consideran irregular.

Así pues, la decisión de que solo los licitadores tienen un interés legítimo en los concursos paralizados —y no los diputados socialistas—, la razón por la que archiva el caso, solo podría haberse tomado una vez analizado el contenido de esas convocatorias, algo que los magistrados no han hecho. Esas mismas fuentes muestran extrañeza por el hecho de que al paralizar los concursos, el pasado 10 de julio, la misma sala que archiva ahora el caso porque los recurrentes no tienen interés legítimo, no advirtiera esa posibilidad entonces, al tomar una decisión tan dañina para los intereses de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que el tribunal “no solo levanta la suspensión y permite que siga avanzando la externalización”, sino que “rechaza por entero el recurso del PSOE”. El consejero ha tildado de “absolutamente político e ideológico” el recurso de los socialistas y afirmó acerca de los 14 días de retraso: “Los mayores perjudicados son los profesionales de los seis hospitales. Lo único que ha conseguido el PSOE es volver a meterles en el pozo de la incertidumbre”. Los socialistas han anunciado que recurrirán el auto. La asociación de médicos Afem también tiene un recurso pendiente por esta cuestión, con petición de medidas cautelares.

El TSJM levanta la suspensión de la privatización de la sanidad madrileña

El tribunal rechaza el recurso del PSM al considerar que no está legitimado para impugnar el proceso.

Tomás Gómez anuncia que apelará y que la justicia aún no se pronunciado sobre el fondo del asunto

PÚBLICO / AGENCIAS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión cautelar provisional que el pasado 10 de julio decretó sobre el proceso de privatización de la sanidad en Madrid, por el que el Gobierno de la Comunidad pretende externalizar la gestión de seis hospitales.

Con esta decisión, el concurso, que estaba suspendido provisionalmente desde ese día, sigue adelante.

La decisión es consecuencia del rechazo del TSJM al recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) para interrumpir el proceso privatizador. Considera el tribunal que el PSM no está legitimado para impugnar el proceso.

El TSJM había decidido suspender cautelarmente el proceso tras un recurso del PSM presentado ante la corrección, por parte de la Comunidad, de un error en los pliegos para introducir la palabra "anual" en el apartado de las garantías que debían presentar las empresas. Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

En su última comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5% del importe total del contrato.

Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5% del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidenca.

El PSM tiene cinco días de plazo para presentar recurso de reposición contra la decisión. El líder del PSM ha anunciado que plantearán ese recurso y pedirán la nulidad al auto de este miércoles  "porque vulnera la legalidad vigente y por no tener en cuenta el escrito que presentamos ayer argumentando y defendiendo nuestra legitimidad para defender a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha afirmado Gómez en rueda de prensa.

El socialista ha asegurado que "lo que queda pendiente es el fondo del asunto", que sigue "en los tribunales" a través de otros recursos. "Sobre el fondo del asunto no se han pronunciado los tribunales. El problema no es quien presenta el recurso sino el fondo del asunto", ha remarcado a lo largo de su intervención.

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El Sespa deberá pagar 60.000 euros a una gijonesa por la detección tardía de un cáncer

El TSJA considera que debería haber apurado «los medios diagnósticos disponibles» desde las primeras quejas de la mujer en 2003 hasta su operación en 2009

25.07.13 - M. MENÉNDEZ | GIJÓN, en El Comercio.

Una paciente gijonesa deberá ser indemnizada con 60.000 euros debido a la deteccion tardía de un cáncer de mama, del que debió ser operada. Así lo dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula una resolución de la Consejería de Sanidad del Principado en la que denegaba cualquier tipo de indemnización a la paciente.

Los hechos se remontan a 2009, cuando la mujer, de 33 años, fue intervenida de un cáncer de mama después de manifestar numerosas quejas ante los servicios sanitarios sobre la presencia de una tumoración desde 2003 que ya entonces tendría dos años de evolución. La sentencia indica que en 2003 desde Atención Primaria se le propuso acudir a cirugía por un «nódulo en axila y mama derechos». Durante varios años sólo se le hicieron ecografías que no relevaron nada importante hasta que en marzo de 2009 se le diagnosticó un «carcinoma ductal infiltrante», que precisó inmediato tratamiento quirúrgico con una mastectomía y la posterior reconstrucción de la mama, que se produjo en el Hospital de Cruz Roja, de Gijón.

Según el TSJA, «el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad». La sentencia indica que la paciente había sido remitida al servicio de cirugía «sin que se realizasen las pruebas que contribuyesen a un diagnóstico correcto de la lesión o a una detección de la neoplasia de mama». El documento añade que «la reiteración de los síntomas, sin un diagnóstico efectivo de benigndad o malignidad, debería haber hecho sospechar y alertar a los facultativos de la situación, lo que exigía agotar los otros medios de diagnóstico de que dispone la sanidad pública», como mamografías, punciones, biopsias o resonancias magnéticas.

El caso es que tanto la Administración como la aseguradora alegaron que se atuvieron a los protocolos marcados para estos casos, pero el TSJA indica que éstos «no son vinculantes ni establecen conductas rígidas, y pueden no ser seguidos en función de las condiciones específicas de cada paciente, que pueden aconsejar una actuación diferente». Por eso, recalca la necesidad de «hacer una valoración individualizada del caso concreto».

 

«Pérdida de oportunidad»

La sentencia considera que el diagnóstico tardío produjo «una pérdida de oportunidad», aunque deja claro que «no es sencillo» cuantificar cuánto daño se produjo por ese retraso en el diagnóstico y cuánto se debe a la propia enfermedad. Es por ello por lo que en el fallo se estima en parte el recurso, anula la resolución de la Consejería de Sanidad y establece una indemnización de 60.000 euros, en lugar de los 155.000 que había solicitado la demandante, que deberá ser abonada de forma solidaria por el Servicio de Salud del Principado de Asturias y la aseguradora Zurich. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el propio TSJA para unificación de doctrina, para lo que hay un plazo de 30 días.

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El Principado, condenado por no prestar reproducción asistida a una lesbiana

Una sentencia del TSJA, pionera en España, le obliga a pagar 7.723 euros y respalda el acceso universal a este tipo de tratamientos

Foto: Silvia García en Avilés.

21.07.13 - JAVIER FERNÁNDEZ | GIJÓN, en El Comercio.

La propuesta del Ministerio de Sanidad de excluir a lesbianas y mujeres solas de las ayudas a la reproducción asistida llegará el próximo martes al Consejo Interterritorial de Salud, donde se presentará a todas las comunidades autónomas. Lo hará, no obstante, en medio del mar de críticas que se ha generado desde que trascendieran las intenciones del Gobierno central y con la Justicia ya de lado de quienes han alzado la voz. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Principado a cumplir con el derecho de Silvia García al tratamiento y a reintegrarle los 7.723 euros que invirtió en cuatro inseminaciones artificiales realizadas en clínicas privadas.

La sentencia, pionera en España, se ampara en que la Constitución establece «la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo» y defiende que no se negar el acceso a la reproducción asistida gratuita a parejas del mismo sexo, ya que «se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para la procreación». Un razonamiento que choca de pleno con los planes del Ministerio de Sanidad.

 

«Es una bofetada»

La ley de reproducción asistida vigente exige que haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica de imposibilidad de gestación para que sea la cartera de servicios sanitarios la que asuma el coste del tratamiento. Para acabar con los resquicios que deja la laxitud de la normativa actual y excluir de forma explícita a mujeres solas y homosexuales, el borrador que prepara el departamento de Ana Mato recoge que solo las «parejas integradas por un hombre y una mujer» podrán acceder a «la inseminación artificial o la fecundación in vitro» gratuitas. En el documento se ha definido también de forma específica qué es necesario para obtener un certificado de esterilidad, que sólo se otorgará cuando «una pareja lleva un año manteniendo relaciones sexuales con penetración». La igualdad de trato y la no discriminación que recoge la Constitución española y la sentencia del TSJA, sin embargo, suponen un fuerte impulso para las reclamaciones de madres solas y parejas homosexuales. También alimentará su ánimo reivindicativo el hecho de que el Principado ni siquiera recurriese la sentencia en los diez días hábiles que tenía para hacerlo desde que fue dictada, el pasado 26 de abril.

«Es una bofetada para las intenciones del Gobierno central», comentó ayer a este periódico la demandante, Silvia García. Lamentó, sin embargo, que hayan tenido que «pasarnos dos años peleándonos con la Justicia para que nos reconocieran después lo que pedíamos desde un principio».

 

Cinco intentos, un bebé

Una vez le fue denegado el acceso a la reproducción asistida por la no existencia de un varón estéril, Silvia García presentó una reclamación en el HUCA el 18 de abril de 2011 y recurrió en septiembre del mismo año la decisión ante los tribunales. Pese al golpe que supuso para ella la desestimación de su demanda por parte del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, no se dio por vencida y tampoco renunció a su ilusión de ser madre.

A partir del mes de julio de 2011 se sometió en varias clínicas privadas a cuatro ciclos de inseminación artificial sin obtener resultados positivos. Los 7.723 euros que tiene que reintegrarle el Principado, toda vez el TSJA dejó sin validez la decisión del juzgado avilesino y falló a su favor, corresponden al coste este tratamiento fallido.

Pese a que los precedentes no jugaban a su favor, no bajó los brazos y en un quinto intento consiguió quedarse embarazada de un niño al que dio a luz hace tan solo cuatro semanas. El importe de esta última fecundación in vitro no está computado en el montante que recoge la sentencia y, con el arrojo que le ha proporcionado el respaldo recibido por la Justicia, su intención es la de «reclamarlo por todas las vías posibles», recurriendo de nuevo a los tribunales en caso de que sea necesario.

El Tribunal Superior obliga al Principado a pagar la reproducción asistida de una lesbiana

«Es una sentencia pionera en favor de los derechos de los homosexuales», señala la demandante, que recibirá 7.723 euros

Oviedo, Sara ÁLVAREZ Un fallo inédito a escala nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) publicó recientemente una sentencia que condena a la Consejería de Sanidad y al Servicio de Salud del Principado (Sespa) por no haber facilitado a una lesbiana la reproducción asistida en 2011. La demandante, Silvia García, recibirá por parte del Gobierno regional el derecho denegado en un principio y la devolución de más de 7.000 euros por los tratamientos a los que se sometió durante estos años en clínicas privadas para poder quedarse embarazada. El Ejecutivo autonómico ya ha adelantado que no recurrirá la decisión judicial.

Después de dos años de pleitos en los juzgados, la avilesina Silvia García ha logrado su propósito: que el Principado le reconozca el derecho a la reproducción asistida, aunque no tenga problemas físicos para quedarse embarazada y que le devuelva el importe que ha invertido en tratamientos de fertilidad a lo largo de estos dos años. En total, 5 inseminaciones artificiales -todas fallidas- y una fecundación in vitro. Esta última con buen resultado porque dio a luz hace cuatro semanas.

Tras el conocimiento de la sentencia, García cargó contra el actual Gobierno nacional. «A pesar de esta sentencia, única en España en pronunciarse sobre los derechos de los homosexuales en el ámbito de la reproducción asistida, el Ministerio de Sanidad propondrá la semana que viene que el acceso a este derecho quede limitado a parejas integradas por un hombre y una mujer», señaló. «El PP vuelve a la carga restringiendo el derecho de las familias homosexuales a tener hijos a su capacidad económica y limitando los recursos públicos a un único tipo de familia, la tradicionalmente admitida por su ideología: hombre y mujer», añadió.

«Desde el principio, mi abogado entendió que, en estos casos, existía una clara discriminación y que la actuación de la sanidad pública no había sido justa», señala García. Su lucha, que llevó hasta el final, contrasta con el de otra mujer en la misma situación, Andrea Muñiz. «A ella se la expulsó de la Unidad de Reproducción Asistida a pesar de que ya se encontraba en tratamiento y, debido al encarecimiento del proceso por las nuevas tasas judiciales, no pudo recurrir la sentencia», indicó ayer la avilesina. «Yo pude seguir con la lucha y recurrir antes de la entrada en vigor de las tasas, evitando el enorme desembolso que suponen y que han originado una nueva justicia en España vetada para los pobres y reservada a los ricos», criticó.

La lucha de Silvia García comenzó en 2011, cuando acudió al Hospital San Agustín de Avilés por primera vez para someterse a un tratamiento de reproducción asistida porque no tenía pareja masculina. El Principado, en términos de esterilidad, asume el coste de esta práctica, pero el tratamiento le fue denegado por la Dirección de Salud por no cumplir con los requisitos necesarios para acceder por la vía pública. Esta decisión chocó con la anterior ley de reproducción humana asistida, promovida en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se contemplaba que «la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil y orientación sexual».

Esta norma motivó que Silvia García comenzara el proceso judicial, que finalizó hace unas semanas, cuando el TSJA estimó parcialmente el recurso que había interpuesto. El órgano judicial justificó la parcialidad alegando que «la parte recurrente hizo acopio de todas las normas que se le ocurren, vengan o no al caso, ensanchando los márgenes del conflicto jurídico con exageraciones».

García, tras la primera negativa del hospital público a facilitarle el tratamiento que pedía, y después de iniciar el proceso judicial, acudió a diversas clínicas privadas para someterse hasta a cinco tratamientos de inseminación artificial, sin lograr quedarse embarazada. El coste de los diferentes procedimientos a los que se sometió durante estos dos años ascendió a 7.723 euros, importe que ahora tendrá que reembolsarle el Servicio de Salud del Principado tras la resolución de la sentencia. El TSJA, para argumentar el auto, remitió en el documento a la Carta Magna española: «La Constitución ampara el principio de igualdad de trato y no disminución por razón de sexo, por lo que debemos entender que en los casos de esterilidad no puede excluir la que, en términos médicos, se denomina como primaria (esterilidad causada por no tener pareja masculina), ya que, de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación».

Tras esta resolución, García ha dado por «resuelto» el debate sobre el derecho a la reproducción asistida en mujeres homosexuales.

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Y con esto al PP se le priva de una parte del ¡¡y tu más!!...

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El Supremo archiva la causa contra el exministro José Blanco

Asegura que "no resulta acreditado el tráfico de influencias" ya que el dirigente socialista se limitó a facilitar una entrevista entre el empresario y el regidor

ANDER AZPIROZ | MADRID, en El Comercio.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la defensa del exministro socialista de Fomento José Blanco y ha acordado archivar las actuaciones que se tramitaban contra él por un delito de tráfico de influencias a favor de un amigo íntimo, el empresario José Antonio Orozco, en el denominado 'caso Campeón'.

El juez instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, había propuesto el pasado 7 de junio a la Sala de lo Penal del alto tribunal que tramitara el suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar al exministro de Fomento José Blanco por un delito de tráfico de influencias. En su auto, Soriano consideró probado que Blanco había mediado con el alcalde de Sant Boi para que se agilizara la tramitación de una nave propiedad de la empresa de Orozco,Transportes Azkar, y que había recibido con anterioridad dos informes desfavorables por parte de un técnico municipal y que un tercero recibió el visto bueno.

En el auto emitido este jueves la Sala de lo Penal rebate uno a uno los indicios argumentados por el instructor para considerar una posible comisión de delito. Así, estima que "no resulta acreditado el tráfico de influencias" ya que el exministro socialista se limitó a facilitar una entrevista entre el empresario y el regidor, sin que Blanco ejerciera presión sobre el alcalde ni se produjera "abuso de superioridad".

La Sala también resta capacidad probatoria a las llamadas telefónicas intervenidas por la Policía entre Blanco y Orozco y este y terceras personas. En las primeras, solo estima que se puede deducir que "el empresario se dirige al aforado solicitando su intermediación para contactar con el alcalde de Sant Boi y hacerle llegar las discrepancias existentes entre la petición de licencia y los informes municipales". Por su parte las de Orozco y uno de sus empleados solo muestran la disconformidad del primero con la actuación del ayuntamiento y la necesidad de corregirlas. En unas últimas entre amigos del empresario y desconocidos "se alardea de relaciones personales con el aforado" que no acreditan una investigación penal.

Por último, el auto destaca que tanto el alcalde como el técnico municipal que realizó los informes han negado ante el instructor cualquier tipo de presión por parte de Blanco para favorecer a su amigo.

Blanco: «He sido injustamente acusado y víctima de un infundio»

"Mi tiempo en la primera línea de la política ha terminado", asegura el exministro de Fomento

18.07.13 - EUROPA PRESS | MADRID.

El diputado del PSOE por Lugo y exministro, José Blanco, ha mostrado este jueves su "satisfacción" por el archivo de la causa que se seguía contra él por el 'Caso Campeón' y que ha decretado el Tribunal Supremo, ha subrayado que "ha quedado claro que he sido injustamente acusado y fui víctima de un infundio político" y ha proclamado que, con esta decisión se abre "un tiempo nuevo" para él.

 

En una rueda de prensa ofrecida en el Congreso, Blanco ha confesado que los casi dos años que ha durado este procedimiento han sido "muy duros y muy difíciles" para sus allegados, compañeros y familiares. "Lamentablemente mi padre no puede vivir este momento", se ha lamentado, antes de agradecer su apoyo a todos los que han mostrado su confianza en él durante todo este tiempo.

 

"Esto ha concluido a Dios gracias, la verdad se ha abierto camino", ha afirmado, incidiendo en que él siempre defendió que las acusaciones que se vertieron contra él eran "absolutamente falsas". "Ha quedado claro que he sido injustamente acusado, que he sido víctima de un infundio político que ha fracasado", ha recalcado.

 

"Esto -ha apuntado justo después- debería servir para que el infundio deje de ser un instrumento político. Nada puede reparar el daño causado, pero hoy para mí empieza un tiempo nuevo", ha asegurado, aunque a renglón seguido ha puntualizado que no entra en sus planes volver a la "primera línea política" y que no va concurrir a las primarias que va a celebrar el PSdG en septiembre.

Por “pérdida de oportunidad” más un “consentimiento informado” absolutamente insuficiente en explicaciones de riesgos y posibles complicaciones…

Por “pérdida de oportunidad” más un “consentimiento informado” absolutamente insuficiente en explicaciones de riesgos y posibles complicaciones…

LOS HECHOS SE REMONTAN A 2007

Condenan al Sespa a pagar 50.000 euros por una muerte «que podría haberse evitado»

Los médicos no detectaron la infección que acabó con la vida de la paciente

17.07.2013, Oviedo, Félix VALLINA, en La Nueva España.

La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a pagar un total de 48.672 euros a la familia de una mujer que falleció en el año 2007 a consecuencia de una infección que supuestamente la afectaba desde que se sometió a una operación de corazón y que no le fue diagnosticada por los médicos a pesar de que en los meses posteriores a la intervención acudió en varias ocasiones con diversas dolencias a distintos centros sanitarios de la red regional. La sentencia es firme y da la razón después de años de lucha al demandante, Miguel del Castillo Alonso, hijo de la fallecida, que estuvo representado durante el proceso por el abogado ovetense Manuel Javier López García.

 

Según la sentencia, «no cabe duda de que el retraso en el diagnóstico de la enfermedad constituye una pérdida de oportunidad, dado que, de haberse efectuado con anterioridad, tal vez podría haberse evitado el resultado final o, cuando menos, dilatar el mismo». La «pérdida de oportunidad» le ha servido a la familia para cobrar 28.672 euros. El resto del dinero, los otros 20.000 euros, le han llegado en concepto de daño moral. «Se puede deducir la absoluta insuficiencia del consentimiento firmado por la paciente al limitarse a señalar que se le va a practicar una intervención en el corazón sin especificar ninguno de los riesgos y complicaciones que de la misma podían derivarse», dice la sentencia. Y añade: «dicho vicio constituye un daño moral susceptible de ser indemnizado independientemente de la concurrencia de una mala praxis».

 

El abogado de la familia de la mujer fallecida asegura que, «a pesar de contar más de 70 años», antes de la intervención estaba llena de vitalidad. Pasó por el quirófano para someterse «al cambio de una válvula coronaria» y «allí cogió una infección nosocomial producida por el Staphylococcus epidermis». Después del alta, sin saber lo que le pasaba, acudió «muchas veces» a «distintos centros de salud» -entre ellos el Hospital Valle del Nalón- «diciendo que le dolía». La mujer «perdió mucho peso y tenía fiebre constante», pero nadie le explicaba los motivos. Cuando lo hicieron, «ya era tarde». La familia pedía inicialmente 200.000 euros, pero su recurso fue estimado sólo en parte.

 

MAS CASOS DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD POR LA GEOGRAFIA NACIONAL…

 

Y TAMBIEN MAS CASOS DE INSUFICIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO…

Es noticia de hace dos días, pero conviene tenerla muy presente… no suelen acontecer alegrías más que esporádicamente, y esta lo es.

Es noticia de hace dos días, pero conviene tenerla muy presente… no suelen acontecer alegrías más que esporádicamente, y esta lo es.

El Tribunal Constitucional permite cobrar el impuesto a la banca

Levanta la suspensión sobre el tributo por el que Asturias prevé recaudar 30 millones en 2013

Foto: El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, a su llegada a la rueda de prensa para comunicar la buena nueva…(esperada desde el precedente de Cataluña de mayo).

EFE / Juan A. Ardura,  Oviedo, en informacion.es

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión temporal que había decretado sobre el impuesto a los depósitos bancarios en Asturias, tributo de nueva creación por el que la comunidad autónoma espera recaudar este año 30 millones, según informó ayer el Gobierno del Principado.

El TC había suspendido en febrero de forma provisional la aplicación de dicho impuesto a raíz del recurso presentado por la abogacía del Estado por orden del Gobierno central. El auto judicial sobre la suspensión del impuesto a la banca del Principado es una de las primeras resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional tras su renovación. El tributo asturiano a la banca estaba en suspenso desde febrero pasado, cuando los magistrados habían admitido a trámite el recurso planteado por el Gobierno central.

Transcurrido el plazo de cinco meses del que disponía el Tribunal para decidir si lo mantenía, el Constitucional ha acordado permitir que se cobre el tributo, si bien no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo del recurso. El auto señala que los intereses particulares del sector financiero no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos, un razonamiento que "se comparte plenamente desde el Principado", explica el consejero de la Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, quien confirma que el impuesto autonómico empezará a cobrarse en cuanto se dé traslado oficial del auto. En opinión de Martínez, es "una buena noticia política y presupuestaria para todos los asturianos" que el Tribunal Constitucional levante la suspensión del tributo sobre los depósitos bancarios.

El portavoz del Gobierno asturiano ha incidido también en el hecho de que los magistrados del Tribunal Constitucional resalten en su decisión la importancia presupuestaria del tributo en las circunstancias actuales de crisis. "Confiamos en que la decisión final del Constitucional también sea favorable. Mientras tanto, recaudaremos el tributo", resalta el portavoz del Gobierno.

El Principado mantiene abierto un doble frente ante este impuesto, ya que hay un recurso presentado por el Gobierno central contra el mismo, y presentó a su vez otro de inconstitucionalidad en marzo contra el impuesto a tipo cero a los depósitos bancarios establecido por el Ejecutivo estatal. El Ministerio de Hacienda anunció en diciembre la incorporación de una enmienda a los presupuestos del Estado para establecer un impuesto a tipo cero en toda España sobre los depósitos bancarios. La decisión se conoció cuando también estaban a punto de aprobarse los presupuestos del Principado, que incluían la creación de ese impuesto, como decidió hacer también Cataluña, para sumarse al que ya tenían en marcha en Andalucía, Extremadura y Canarias.

Los magistrados han tenido en cuenta al levantar la suspensión del impuesto que el Gobierno del Principado había incluido una previsión de 30 millones de euros de ingresos en el presupuesto autonómico de 2013, uno de los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la Administración asturiana. A esta justificación ya recurrieron los magistrados de este tribunal cuando levantaron la suspensión del impuesto a la banca de la Generalitat catalana.

 

Comenzará a cobrarlo en cuanto se reciba el Auto del TC…

El Principado celebra que el TC levante la suspensión del tributo sobre los depósitos bancarios

OVIEDO, EUROPA PRESS

El Gobierno asturiano considera "una buena noticia política y presupuestaria para todos los asturianos" que el Tribunal Constitucional haya levantado la suspensión del impuesto a los depósitos bancarios.

 

El Ejecutivo recuerda, a través de una nota de prensa, que con esta decisión, podrá recaudar el tributo, establecido en los presupuestos de este ejercicio. Así, la cantidad prevista ronda 30 millones.

 

Según recuerda el gobierno asturiano, el Tribunal Constitucional había suspendido en febrero de forma provisional la aplicación del impuesto a raíz del recurso presentado por la abogacía del Estado, a órdenes del Gobierno central. El tribunal disponía de cinco meses para decidir si mantenía o retiraba la suspensión. Transcurrido ese plazo, ha resuelto permitir el cobro del tributo hasta que se pronuncie definitivamente sobre el fondo del asunto.

 

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha indicado que para el Gobierno asturiano es "una buena noticia". "Compartimos plenamente los razonamientos que sostienen el auto. En especial, el que señala que los intereses particulares del sector financiero  no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos", afirma Martínez. Los magistrados también resaltan la importancia presupuestaria del tributo en las circunstancias actuales.

 

A partir del conocimiento oficial del auto, el Gobierno asturiano iniciará el proceso correspondiente para su recaudación. "La decisión del Constitucional es satisfactoria política y presupuestariamente. La primera es importante, pero la segunda también tiene muchísimo valor. Treinta millones son una cantidad muy notable en esta coyuntura. Aunque siempre confiamos en que el Tribunal levantaría la suspensión, también teníamos cierta inquietud; ahora, felizmente, ha quedado disipada", aseguró el portavoz del Principado.

 

Martínez ha insistido en que confía en que la decisión final del TC comparta la argumentación jurídica del Gobierno asturiano y del Consejo Consultivo.

 

El Principado considera «una buena noticia» el levantamiento de la suspensión de su tributo a la banca

Martínez cree que el auto del Constitucional es «satisfactorio política y presupuestariamente» y confía en que la decisión final del tribunal «sea favorable» a la región

14.07.13 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

 

La decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión sobre el impuesto asturiano a los depósitos bancarios ha dado una alegría al Gobierno regional, que la ha recibido como «una buena noticia política y presupuestaria». El tribunal había cancelado en febrero y de forma temporal la vigencia y aplicación del tributo a la banca aprobado en la ley de presupuestos del Principado para 2013 -con el que el Gobierno regional pretendía recaudar unos 30 millones de euros-, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo central. Ahora, debía decidir si levantar la suspensión o renovarla durante otros cinco meses.

 

Finalmente, el Constitucional ha permitido que, mientras se dirime el futuro del gravamen, Asturias pueda seguir cobrándolo, hecho que el Gobierno de Javier Fernández pondrá en práctica una vez que reciba de forma oficial el auto que invalida la suspensión.

 

«Para nosotros es una buena noticia. Compartimos plenamente los razonamientos que sostiene el auto. En especial, el que señala que los intereses particulares del sector financiero no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos», explicaba ayer el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez.

 

El consejero quiso subrayar que el tribunal hace referencia en el texto a los ajustes a los que se ven obligadas las administraciones autonómicas para respetar los límites de déficit, «ajustes que multiplican la importancia de disponer de nuevos recursos económicos para atender las necesidades de los asturianos».

 

Así, no pudo más que dar la decisión del tribunal por «satisfactoria» y recordar que los 30 millones que ahora pasarán a recaudar «son una cantidad muy notable», que servirán para disipar la «inquietud» que les producía la suspensión.

 

Martínez aclaró que el auto no se pronuncia sobre el fondo del litigio, pero mostró su confianza en que la decisión final del Constitucional comparta la argumentación jurídica del Gobierno regional y del informe encargado al Consejo Consultivo, para que sea «favorable» al Principado. Recordó, además, que el Ejecutivo está actuando en un doble frente y que, además de defender su propio tributo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al impuesto estatal de tipo cero aprobado por el Gobierno de Rajoy.

 

Mientras tanto, la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, quiso señalar que, de momento, la decisión sólo responde a un paso procedimental: «Se ha levantado la suspensión, lo cual quiere decir que se puede tramitar la figura impositiva, pero no que se haya emitido un fallo sobre el fondo del asunto». Los populares insistieron en que el tribunal se posicionará una vez tenga todos los elementos de juicio y advirtieron de que, entonces, puede ser que el fallo «diga que el impuesto no se ajusta a la Constitución española y que lo recaudado ha de ser devuelto». Por esta razón, Fernández llamó a la «cautela», aunque transmitió el «máximo respeto» hacia la decisión del tribunal.

 

No dejó pasar la oportunidad de atribuir la creación del tributo regional a una concesión del PSOE a IU, «porque necesitaban esos votos para configurar la mayoría que no le dieron las urnas en el Parlamento asturiano». La coalición, por su parte, coincidió con el Gobierno del Principado en definir como una «buena noticia» el levantamiento de la suspensión y apuntó que el deseo de IU es que «se cumpla justamente lo que dice la Constitución: que pague más quien más tiene». Cuando el PP recurrió el tributo, concluyó su coordinador general, Manuel González Orviz, «indicó al lado de quien estaba, de los poderes económicos y financieros y no de la ciudadanía».

 

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