TRIBUNALES

Primero se los anularon a Cascos y ahora a Javier Fernandez que siguió utilizando el mismo método ya lo dijimos y lo reiteramos: es el talón de Aquiles de esta Administración y no existe justificación para no zanjarlo definitivamente y yá.

El Tribunal Superior anula las 144 jefaturas de servicio elegidas «a dedo» por el Principado

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el Gobierno de Javier Fernández recurrió a la libre designación de «forma arbitraria»

01.10.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular los 144 jefes de servicio nombrados mediante el procedimiento de libre designación, «a dedo», por el gobierno de Javier Fernández (VER SENTENCIA). Sobre estas designaciones ya pesaba una suspensión cautelar, desde enero de este año (VER LA NOTICIA DE ENTONCES EN LA WEB DE COFPA), por lo que esos puestos habían sido cubiertos en comisión de servicios a la espera de la convocatoria del concurso por parte de la administración regional. El fallo de la sala de lo contencioso administrativo no es firme pues el Principado aún podría presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El gobierno socialista nombró a 144 jefes de servicio en septiembre del pasado año mediante el procedimiento de la libre designación, es decir sin convocar concurso alguno. El ejecutivo regional justificó los nombramientos «a dedo» de manera genérica por la especial responsabilidad del puesto pero no explicó, como exige la ley, los motivos de la elección de esos funcionarios, caso por caso. El colectivo Conceyu por otra función pública en Asturias (COFPA) recurrió contra esa decisión del ejecutivo socialista y también solicitó, como el sindicato Usipa, la suspensión cautelar de esos nombramientos, ya que había ganado pleitos, con anterioridad, a la administración regional con idénticos argumentos. Los magistrados concedieron esa suspensión cautelar y ayer mismo dictaron una sentencia en la que califican la libre designación como «un sistema excepcional frente al concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a los funcionarios públicos». La sala de lo contencioso administrativo, presidida por Luis Querol e integrada por los magistrados Antonio Robledo y Olga González-Lamuño, determina que la libre designación entre personal funcionario «debe en todo caso justificarse y razonarse de forma suficientemente motivada individualmente, caso por caso». Añade la sentencia que el gobierno regional tendría que haber justificado que «dichos puestos no pueden ser cubiertos por los procedimientos ordinarios de provisión, dada su especial responsabilidad, como excepción que es del principio de capacidad y mérito, e incluso de eficacia y economía que debe regir en la actividad administrativa». Los servicios jurídicos del Principado invocaban un artículo de la ley de función pública donde se permitía el uso de la designación a dedo en las jefaturas de servicio «atendiendo a su especial responsabilidad y confianza». Los magistrados del TSJA concluyen que la existencia de ese precepto «no implica que el nombramiento pueda efectuarse de forma arbitraria, sin motivar o razonar las circunstancias que concurren en cada una de ellas». La misma sala ya tomó una decisión idéntica con las designaciones a dedo del gobierno de Foro, que también eludió convocar un concurso para cubrir las jefaturas de servicio.

 

Coto a la libre designación

01.10.2013, La Nueva España.

 

El abuso de la libre designación o nombramientos «a dedo», en el punto de mira de los tribunales

 

- El Tribunal Superior de Justicia ha dictado con anterioridad varias sentencias por el uso abusivo y generalizado de los nombramientos «a dedo» en detrimento de los concursos, tanto en el gobierno de Vicente Álvarez Areces como en el de Francisco Álvarez-Cascos.

 

- El Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias en las que el TSJA consideró de «carácter extraordinario» el sistema de provisión de puestos de trabajo por libre designación.

 

- Los colectivos de funcionarios y los sindicatos argumentan que los nombramientos a dedo vulneran los principios de mérito y capacidad y afectan al funcionamiento de la administración.

 

- El gobierno ha recortado los puestos de libre designación en el proyecto de ley de función pública que prevé debatir en la Junta antes de fin de año.

 

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VER LA NOTICIA EN LA WEB DE COFPA DE LA ANULACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LA EPOCA DE CASCOS…

A los tribunales se les están hinchando las narices y con razón en este tema.

Según Auto del 11 de septiembre

El TSJA anula todos los nombramientos por libre designación del Principado desde mayo de 2008

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), mediante Auto fechado el 11 de septiembre (ver aquí), ha ordenado al Gobierno del Principado de Asturias el cese inmediato de todos los funcionarios nombrados por libre designación desde mayo del año 2008.

Así lo ha comunicado el Conceyu por Otra Función Pública d'Asturies, que ha dado a conocer el Auto en cuestión. Según explica esta asociación, el documento dispone que "el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2012, ganada por el sindicato USIPA (ver aquí), obliga a la Comunidad Autónoma a cesar a todos los funcionarios nombrados por ese sistema excepcional declarado ilegal, pues "en otro caso quedaría sin contenido la sentencia que se ejecuta" (fundamento de derecho segundo).

El Conceyu recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2012 declaraba nulo el uso del procedimiento de "nombramiento a dedo" aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 15 de mayo de 2008, en los siguientes términos… (así reproduce textualmente): "estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el proceso de instancia también por la USIPA y anular únicamente, por no ser conforme a Derecho, el sistema de libre designación que la impugnada relación de puestos de trabajo establecía para los siguientes puestos: la totalidad de los de Jefatura de Servicio; y los que, con rango jerárquico inferior a dicha Jefatura de Servicio, tienen asignado un nivel 26 o superior y son denominados con los términos de Coordinador, Asesor, Analista, Interventor, Secretario, Director o Responsable"

El Auto que acaba de dictar el TSJA constituye, para el Conceyu, "un hito decisivo para frenar el  fraude de ley en el que venía practicando el Gobierno asturiano de forma sistemática, aprobando nuevas relaciones de trabajo que incurrían en el mismo vicio de nulidad que las previamente anuladas, con el fin de mantener los nombramientos digitales ya efectuados y realizar otros nuevos". "Esta práctica fraudulenta ya no será posible a partir de esta resolución judicial", añade el comunicado.

Al mismo tiempo, el Auto del TSJA revela, una vez más, "la contumacia del Gobierno asturiano en su intento de eludir las consecuencias derivadas de sus actos declarados ilegales en sentencias firmes, interponiendo recursos carentes de la más mínima justificación en Derecho", señala la asociación. Así, apunta que la propia sala recuerda al Principado que "cualquier duda que suscitara la providencia recurrida podría haberse solventado con un escrito de aclaración, sin necesidad de presentar recurso alguno".

El Conceyu por Otra Función Pública n*Asturies pide al Presidente del Principado de Asturias que "los ceses de funcionarios exigidos por el TSJA vayan precedidos, por elementales razones de higiene democrática, del cese de los responsables políticos de la Función Pública asturiana".

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¡¡Si se puede, si se puede !!

El Tribunal Superior detiene la privatización sanitaria de Madrid

La Sala ordena suspender el proceso hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse dos años

Apunta a irregularidades en la adjudicación del concurso

• Auto del TSJM en respuesta al recurso de AFEM
• REACCIONES: AFEM ve en el auto “el principio de la victoria” de la ‘marea blanca’
• Diez meses de lucha de la 'marea blanca'

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso hasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.

Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.

Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.

Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2015.

Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.

Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24 páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo.

Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.

El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.

Cuatro recursos de AFEM y 14 en total

El plan privatizador de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en los tribunales 14 procedimientos. Cuatro de ellos están promovidos por AFEM, este proceso de hoy abierto por la vía de lo contencioso pero ante el TSJM y el otro el del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el que los médicos apelan a la protección de los derechos fundamentales.

La tercera causa de AFEM es también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid, que denegó el pasado 5 de septiembre la petición de suspender de forma cautelar el concurso. A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, el presentado ante el Juzgado número 16 era muy específico, ya que no se impugnaba todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso.

Además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración. La declaración de los altos cargos está suspendida porque la Comunidad no ha entregado la documentación requerida.

La privatización sanitaria se ve frenada por el TSJ de Madrid

Los magistrados que ya paralizaron la adjudicación de hospitales vuelven a frenar el proceso por ser "irreversible"

La gestión privada tiene encima un recurso de inconstitucionalidad, una suspensión en vía penal y otra contenciosa

Raul Rejón, en eldiario.es

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a suspender la privatización de hospitales en Madrid. Esta medida se une al parón que decretó un juzgado de Instrucción madrileño el pasado 3 de septiembre y repite la medida que los mismos magistrados dictaron el 10 de julio -levantada más tarde-. Así, la adjudicación de seis centros a tres empresas que inició la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012 y que se concretó en agosto tiene encima dos frenos judiciales: uno por la vía penal -la de inicios de mes- y esta que sigue la vía de lo contencioso.

El escrito de los magistrados del TSJM establece que el cambio en la fianza que introdujo la Consejería de Sanidad -del 5% del contrato total de diez años al 5% de una anualidad- "puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales". Además, el auto señala que "sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, considera que el cambio (...) del modelo de atención sanitaria especializada es de unas dimensiones tan extraordinarias que haría imposible volver a la situación anterior".

Con esta decisión, la entrada de empresas contratistas en los hospitales queda doblemente paralizada. Además, el TSJM sí considera a los recurrentes, la Asociación de Facultativos AFEM, competente para entrar en el proceso. La Comunidad de Madrid había iniciado su defensa legal aduciendo que los médicos no podían siquiera recurrir. Con ese mismo argumento habían conseguido sacar a los diputados del PSM del proceso después de que los mismos magistrados decretaran la primera supensión de las adjudicaciones el 10 de julio. En esta ocasión sí se entrarará en el fondo de la cuestión.

La privatización está desarrollándose en medio de una intensa batalla legal en contra. La subasta de gestón sanitaria tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PSOE. Además, la querella de AFEM que aún está en fase de instrucción y el recurso contencioso-administrativo de la misma asociación que hoy ha logrado frenar los planes privatizadores del Gobierno de Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty.

Los magistrados del Tribunal Superior también han establecido que las acciones penales no interfieren con las contenciosas. El consejero Lasquetty trató de quitar legitimidad al juez instructor a comienzos de septiembre y aseguró que el asunto ya había sido ventilado por el TSJM al levantar el primer parón. Ahora, esos mismos jueces a los que Lasquetty puso como argumento de que su nuevo modelo ya contaba con el visto bueno legal han puesto, de momento, una nueva traba a la entrada  de las empresas en los hospitales.

Tercer revés judicial a la privatización sanitaria en Madrid

El TSJM suspende el concurso para gestionar seis hospitales de la comunidad

EUROPA PRESS

La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para privatizar la gestión de seis hospitales públicos.

Se trata de la convocatoria de licitación del contrato de servicios denominado "Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo.

Según consta en el auto, responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra dicha resolución.

Hace una semana, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid suspendió cautelarmente el proceso privatizador de la sanidad madrileña. En el auto, que responde también a una petición de AFEM y que ha sido apoyada por la Fiscalía, argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal madrileño se refiere a este asunto. El pasado 10 de julio la misma sala procedió a suspender de forma cautelar el proceso de 'externalización' a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Sin embargo, a las dos semanas levantó la suspensión al entender que los diputados socialistas que habían presentado el recurso no ostentaban "un interés legítimo".

Precisamente, la falta de legitimación es lo que esgrimió la Comunidad de Madrid en sus alegaciones a la hora de pedir que se levantara dicha medida. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que la organización sanitaria sí que tiene "legitimación activa" para intervenir judicialmente en el proceso.

Por otro lado, para tomar su decisión, la Sala parte de que después de que se publicara esta resolución, ahora suspendida de forma cautelar, la Administración dictó otra "denominada de corrección de errores" que modifica la anterior y que hace referencia a las garantías definitivas que deberá presentar el licitador que presente la oferta más ventajosa económicamente.

La Sala, "sin prejuzgar el fondo del recurso", entiende que la modificación realizada "puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos" al introducir el término "anual" -en la modificación se explicaba que esta garantía pasaba de ser del 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato al 5 por ciento del importe anual de adjudicación del contrato-.

Limitar la libre concurrencia competitiva

Para el TSJM, es "evidente" que la cuantía de fianza contractual "varía sustancialmente según sea del 5 por ciento del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año). "Supone una modificación sustancial de las condiciones de la licitación y del contrato", destaca.

De hecho, añade que este cambio se produce "cuatro días antes de la finalización del periodo de presentación de las ofertas por los licitadores", lo que, a su juicio, "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva" según la última convocatoria con la corrección de errores.

Esto, apostilla, "afecta a la ejecución del contrato" si se tiene en cuenta lo que establece sobre garantías el Real Decreto por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, y que establece "con carácter general que los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones públicas deberán constituir (...) una garantía del 5 por ciento del importe de adjudicación, lo que coincide con la redacción inicial de la cláusula y no con su modificación".

Para la Sala, no se puede pasar por alto "la posible nulidad de tal modificación". "No podemos dejar de ponderar los perjuicios que, tanto para los recurrentes como para los licitadores, como para el interés general se producirían en el caso de que estimáramos el recurso una vez adjudicados y formalizados los contratos y una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias", entiende la Sala.

Ex consejeros de Sanidad imputados

Por último, otro juzgado, el de Instrucción número 4 de Madrid, admitió a trámite en junio una querella presentada por AFEM contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria privatizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también apreció en julio, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de "especial urgencia" para paralizar el proceso. Sin embargo, pese a que se tomaron medidas cautelares, se levantó la suspensión por el mismo tribunal tras conocer las alegaciones de la comunidad madrileña.

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Parón y precedente frente a la austeridad que juega alegremente con la salud y los derechos de los enfermos

La justicia obliga a Galicia a pagar el tratamiento de una dolencia rara

El alto tribunal gallego considera que la austeridad no puede impedir el uso del fármaco prescrito

Es “insólito” que se haya denegado, dice la sentencia

Foto: Patricio Losada al volante de su camión.

Sonia Vizoso, Santiago, en El País.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha sido obligado a financiar, por sentencia judicial, un costoso fármaco cuyo principio activo es el eculizumab y que mitiga los duros síntomas que sufre desde hace seis años Patricio Losada, un conductor de camiones de 30 años enfermo de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) que decidió proseguir su pelea en los juzgados cuando la Xunta se negó reiteradamente a costearle la medicina pese a haberle sido prescrita por su médico. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dictado el pasado mes de abril, ordena al Sergas administrar a Losada el tratamiento con eculizumab, “insólitamente omitido y denegado” en aplicación de la austeridad presupuestaria.

Patricio Losada, vecino de A Rúa (Ourense), sufre desde 2007 el castigo de la HPN, una enfermedad de las calificadas como ultrarraras que padece una persona de cada 50.000 habitantes y que desata en el cuerpo de los pacientes una destrucción crónica de glóbulos rojos, una fatiga incesante y un permanente riesgo de trombosis que amenaza la vida de los afectados. En 2008, tras ser examinado por seis hematólogos —cuatro en Galicia, uno en Madrid y otro en EE UU—, los doctores le pusieron por fin nombre al profundo malestar que arrastraba Losada. Le prescribieron ácido fólico, hierro, corticoides y un protector gástrico, todo lo que, junto a las transfusiones, la ciencia había diseñado hasta entonces para convivir con la HPN. Y Losada siguió subiéndose cada día al camión con el que se gana la vida, soportando como pudo el mal cuerpo y alguna que otra crisis hemolítica —fatiga aún mayor que la habitual, sudores y mareos— que le obligó a cogerse una baja. “Tuve que aguantar”, ha recordado este lunes por teléfono. “Aunque tenía miedo a sufrir una trombosis al volante e intentaba no hacer trayectos demasiado largos”.

En 2010, con las políticas de austeridad plenamente vigentes en Galicia, su médico del Hospital Comarcal de Valdeorras le comunicó que había llegado a España un nuevo fármaco, el eculizumab, que mitigaba los síntomas de la HPN y el riesgo de trombosis, la principal causa de muerte de los afectados por esta enfermedad. El facultativo solicitó oficialmente el tratamiento, pero tanto la comisión de farmacia del centro hospitalario como la del Servicio Gallego de Salud se negaron a costear un fármaco por el que la farmacéutica que lo comercializa cobra unos 300.000 euros al año. “El que lo ve desde fuera pueda decir que es muy caro. Pero yo, que lo llevo en la piel, creo que es incluso barato”, afirma Losada, rebatiendo los criterios de coste-eficacia que aplican los economistas de la sanidad pública.

La Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna asegura que el eculizumab es “el único medicamento autorizado y eficaz” para disminuir el riesgo de trombosis y mejorar “sustancialmente” la calidad de vida de los enfermos, unas ventajas que la sentencia también considera acreditadas. Losada optó entonces por demandar al Sergas, en abril el alto tribunal gallego le dio la razón y en junio Losada empezó a recibir el tratamiento. “Desde hace dos meses sé lo que es estar bien. Solo hay que verme la cara: ya no estoy pálido, ya no tengo los ojos amarillentos. Por fin hago vida normal”, celebra.

Son una treintena los enfermos de HPN a los que las Administraciones autonómicas niegan este costoso tratamiento, denuncia el colectivo que defiende y asesora a los 350 afectados que hay en España, pero solo Patricio Losada tuvo fuerzas para embarcarse en una batalla judicial. “Supone mucho tiempo y dinero. Al final los pacientes desisten”, explica Jordi Cruz, presidente de la Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, que resalta que la sentencia sienta un precedente “que antepone el criterio médico-científico por encima del económico y falla a favor del paciente”. La Xunta, por su parte, a través de un portavoz de la Consejería de Sanidad, responde que pese a este fallo seguirá evaluando “caso por caso” la financiación de estos fármacos.

El fallo considera probado, mediante los informes clínicos del Hospital Comarcal de Valdeorras datados en 2010 y 2012, que Losada “cumple con los requisitos médicos” y “la indicación establecida en base a las recientes guías de consenso” para la administración del medicamento. El alto tribunal gallego dictamina que al denegar al fármaco al enfermo el Sergas vulnera el derecho constitucional de Losada a la vida y a la integridad física y moral, “prescindió del criterio médico” y “se interpuso entre el facultativo correspondiente y su paciente”, todo ello “sin otra presumible motivación que el ahorro”. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo aprecian también que se incumplieron varias leyes, entre ellas la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias —al ignorar el Sergas la opinión científica del médico que prescribió el eculizumab— y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

“Estamos jugando con la salud y los derechos de estos enfermos”, censura Cruz. “Es inadmisible que las autoridades contradigan los criterios médicos que prescriben con urgencia esta terapia y que por motivos exclusivamente presupuestarios denieguen un tratamiento del que depende la vida de estos pacientes”.

Tres millones

• Las denominadas enfermedades raras son un conjunto de más de 7.000 dolencias que se calcula que afectan a un 7% de la población mundial y que en España padecen alrededor de tres millones de personas, según datos del Ministerio de Sanidad.

• Se considera enfermedad rara —o minoritaria, huérfana o poco frecuente— la que afecta a menos de cinco de cada 10.000 habitantes. La mayoría se manifiestan en edad pediátrica y tienen causa genética.

• Las dolencias denominadas ultrarraras son las que padecen menos de una cada 50.000 personas.

• Muchas de estas patologías son graves y poco conocidas por los médicos, por lo que un paciente puede estar años esperando un diagnóstico correcto. En muchos casos no tienen tratamiento específico.

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En el momento en que el Auto de paralización se haga firme ver veremos si Lasquetty se arriesga al desacato

14 causas en los juzgados acorralan el plan para privatizar 6 hospitales

Sanidad sostiene que el “proceso sigue” pese al auto de paralización cautelar

Foto: Salvador Victoria y Javier Fernández-Lasquetty, durante la rueda de prensa.

Pilar Álvarez, Madrid, en El País.

El proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños está sumido en una maraña judicial y administrativa. El l juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 paró este martes de forma cautelar la operación para “proteger derechos fundamentales” hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”. Pero el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, esgrimió este jueves un nuevo auto judicial —cuyo texto no facilitó— que rechaza paralizar el proceso y añadió que todo “sigue adelante”. De todas formas, las concesionarias han abandonado de momento los despachos que ocuparon en los hospitales, y sobre los que pesan al menos 14 causas abiertas en distintas instancias:

Afem. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid mantiene cuatro procedimientos abiertos. Suya es la denuncia presentada ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo 4, que ha parado el proceso de forma cautelar para proteger los derechos fundamentales, en un fallo que cuestiona el ahorro esgrimido por Sanidad para privatizar. En el juzgado contencioso administrativo 16, hay otra causa abierta de Afem, que pedía una “corrección de errores” tras el cambio introducido en el Boletín Oficial de la Comunidad solo cuatro días antes de que acabara el proceso de presentación de propuestas, que reducía un 90% el aval que debían presentar las empresas. Este es el proceso en el que el juez ha rechazado la suspensión cautelar, según anunció el jueves el consejero. También han impugnado los pliegos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y, además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración.

PSOE. El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por 50 senadores socialistas. El pronunciamiento de este tribunal no paraliza el proceso, porque solo el Gobierno puede pedir medidas cautelares en este caso y no lo ha hecho. Ante el juzgado Contencioso Administrativo 2 y ante el TSJM presentaron dos denuncias similares relacionadas con la corrección que redujo el aval a presentar un 90%. El Contencioso aún no se ha pronunciado. La sección tercera de lo Contencioso Administrativo paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio a la espera del pronunciamiento posterior del Tribunal Superior de Justicia que, dos semanas después, levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”. Además, el PSOE se adhirió a la querella de Afem y tiene una denuncia abierta ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea, a la que pide que anule el contrato.

AMYTS. El sindicato de médicos tiene un procedimiento abierto en el juzgado Contencioso Administrativo 32 por el cambio del aval a las empresas. El juzgado se inhibió a finales de junio. El asunto pasó al TSJM, que debe pronunciarse.

UPyD. El partido ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia para denunciar “el posible reparto” de la gestión entre tres empresas. Están a la espera de respuesta. Ayer formalizaron también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que declare nula la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado 27 de diciembre, que incluye la privatización.

Ayuntamiento de Parla. El TSJM admitió a trámite a principios de agosto el recurso del Consistorio, gobernado por el PSOE, contra la privatización de su hospital, el Infanta Cristina. El Ayuntamiento alegó que se han modificado las condiciones de cesión de terreno municipal, destinado a un centro de gestión pública.

CC OO. El sindicato formalizó a finales de julio un recurso ante el TSJM en el que apelaba a la protección de los derechos fundamentales. Están a la espera de pronunciamiento.

SATSE. Un juzgado contencioso administrativo admitió a trámite el recurso del sindicato de enfermería contra los pliegos del concurso. Según fuentes de SATSE, están a la espera de que les envíen el expediente para formalizar la demanda.

CSIT. La central sindical también recurrió ante el TSJM el 15 de julio y esperan respuesta.

Otro juzgado rechaza paralizar la privatización sanitaria

Se trata de un recurso "muy específico" de AFEM contra la modificación de los pliegos

La Comunidad afirma que "no va a parar" el proceso y que "cumple todos los requisitos legales"

Los médicos defienden la competencia del magistrado y rechazan los intentos de politizarlos

José Marcos / Victoria Torres Benayas / Pilar Álvarez, Madrid, en El País.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid ha denegado hoy la petición de suspender de forma cautelar el concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos que le formuló la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), una decisión que llega dos días después de que otro juzgado de lo contencioso, el número 4, sí aceptase esta misma medida cautelar hecha por la misma asociación.

¿Cómo es posible? Porque se trata de dos recursos "muy distintos". "El recurso ante el Juzgado número 16 es muy específico", precisa vía telefónica una de las portavoces de AFEM, Patricia Alonso. "A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, que nos acaba de dar la razón, en este caso no impugnábamos todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso", explica.

A cuatro días de que acabara el final del plazo de presentación de ofertas para la gestión de los seis hospitales, el Gobierno regional introdujo como corrección de errores un cambio sustancial en las condiciones del concurso. Al añadir la palabra “anual” en la garantía del 5% que debían presentar las empresas  adjudicatarias, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en apenas 28.

"Lo que ha hecho el juez es descartar la suspensión cautelar que pedíamos también en este caso, pero el recurso sigue adelante", matiza Alonso, que añade que esperan para los próximos días y meses muchos otros autos judiciales, ya que AFEM tiene "cinco procesos judiciales pendientes contra la privatización".

"Uno es el del Juzgado número 4, en el que recurrimos la privatización apelando a los derechos fundamentales; otro es el del Juzgado número 16, solo contra la modificación de las condiciones del concurso; el tercero es ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); el cuarto es la querella penal contra la primera oleada de privatizaciones, en la que están imputados dos exconsejeros de Sanidad; y el quinto es ante el Tribunal de la Competencia, ya que se presentaron seis ofertas para seis hospitales".

A pesar de que son dos procedimientos judiciales independientes, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha esgrimido este auto para denunciar un supuesto guirigay judicial y para urgir a los tribunales a que se aclaren y aclaren cuanto antes "lo que la Comunidad de Madrid tiene que saber" en beneficio de los ciudadanos, la sanidad pública y los profesionales.

“Ya llevamos cuatro decisiones judiciales. El tanteo va así: dos juzgados de lo contencioso y el TSJM han rechazado los recursos presentados, y uno de lo contencioso no”, ha declarado Lasquetty. “Desde el máximo respeto a la justicia [el miércoles dijo que el auto de Gómez es “político” y que contiene opiniones personales], urge que se aclare esta situación, mientras AFEM y otros sindicatos y plataformas como AFEM, satélite del Partido Socialista, presenta recursos en todos los buzones que ha encontrado en la calle. Lo único que buscan es embarrar y confundir con un enjambre de recursos”, ha añadido.

"Quiero recordarle al señor Lasquetty que detrás de nosotros no se encuentran los partidos políticos", ha dicho hoy el neurocirujano Pedro González, presidente de AFEM, en una comparecencia en el Colegio de Médicos en la que ha pedido públicamente la dimisión del consejero. "Al lado de nosotros están las personas de la calle que no quieren que sus impuestos sirvan, una vez más, para enriquecer a las empresas, sino para curarles a ellos", ha añadido González.

“Las concesiones no han sido anuladas, siguen trabajando”, ha recalcado el consejero, a la espera de los recursos judiciales, que prosiguen su curso. El consejero del ramo no ha dado fechas de cuándo se aclarará el proceso. La oposición da por hecho que el proceso privatizador se retrasará, “si no se paraliza totalmente”, al menos hasta el año que viene.

En el hospital del Henares, tras una concentración para celebrar la paralización cautelar del proceso, más de un centenar de trabajadores se han reunido en asamblea para saber qué va a pasar con ellos y planear nuevas movilizaciones. En este centro -uno de los más activos contra la privatización- hay 764 empleados pendientes del cambio. Los responsables de Sanitas que habían ocupado uno de los despachos de la tercera planta se marcharon el martes. En los papeles que habían entregado a eventuales e interinos con las nuevas condiciones laborales, se especificaba que la fecha de incorporación era el 1 de octubre, pero ahora esa fecha está en el aire.

“No se genera inseguridad jurídica porque el juzgado número cuatro no era competente para pronunciarse como lo ha hecho cuando ya lo hizo el TSJM, que es un órgano superior”, ha intervenido el portavoz de Gobierno regional, Salvador Victoria. “Plataformas como AFEM, instrumentalizadas por la izquierda, están generando caos. Este proceso de externalización no se va a parar. Va a continuar porque cumple con todos los requisitos legales”, ha enfatizado.

Desde AFEM defienden la competencia del magistrado que les ha dado la razón, Carlos Gómez —la Comunidad considera que se debería haber inhibido— y entienden que el auto está bien fundamentado y con argumentos lo suficientemente “brillantes” como para pedir la dimisión de Lasquetty. Frente a la estrategia del Ejecutivo autonómico de intentar restarles credibilidad vinculándolos a unos fines partidistas, la Asociación de Facultativos ha insistido en que “detrás" de ellos "no hay partidos políticos”. De hecho, entre sus filas no es extraño encontrar a quienes venían siendo habituales votantes del PP.

Por otro lado, la Comunidad ha remitido al Consejo Consultivo, conforme a lo que dice la Ley de Acompañamiento, un proyecto de decreto para acreditar los requisitos de las agrupaciones de profesionales que quieran gestionar el 10% de los centros de atención de primaria de la región, según pretende el Gobierno regional.

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Lasquetty & cia. estaban advertidos, pero les dá todo igual de hecho consideran, sin dudar, que “DIMITIR” es un nombre ruso.

¡¡GRAN NOTICIA!!

La justicia paraliza la privatización de los seis hospitales madrileños otra vez

Un juzgado falla "por derechos fundamentales" la suspensión cautelar del proceso

Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas tenían ya adjudicada la gestión de los centros

La Consejería de Sanidad anuncia que recurrirá el auto

• El auto del juez que suspende la privatización
• El escrito del fiscal

José Marcos / Pilar Álvarez, Madrid, en El País

Segundo varapalo judicial al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Madrid ha paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” el cambio de titularidad que el Gobierno regional de Madrid impulsó en los centros a lo largo del último año y culminó en agosto pese a tener varios procesos judiciales abiertos. El Tribunal Superior de Justifica de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el mismo proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación para presentarlo por no ser un afectado directo. La denuncia que ahora ha considerado un nuevo juzgado proviene de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que justificó la petición de una suspensión cautelar en “la imposibilidad de revertir el cambio de modelo”.

 

Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). Un portavoz regional señaló ayer que estudian interponer un nuevo recurso porque este último fallo procede de un órgano “inferior jerárquicamente al TSJM”. El juez de lo Contencioso ha acordado mantener esta medida hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”.

 

Sanidad culminó el 19 de agosto el proceso de adjudicación con tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo) tras 10 meses de conflicto laboral, político y social y 22 jornadas de huelga. Se suspendieron 8.000 cirugías y 76.000 consultas, según datos de la Comunidad de Madrid.

 

Según recoge el auto, del magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”. El juez considera que la “magnitud” del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”.

 

Los contratos tienen una duración inicial de 10 años, lo que “hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”, admite el magistrado. En los seis hospitales trabajan un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la Consejería de Sanidad.

 

El juez considera que el proceso de privatización “resulta una incógnita en el momento actual” y acusa a los responsables de la Administración regional madrileña de asumir “sin más su incompetencia para gestionarlo [el servicio sanitario de los seis hospitales] con mayor eficiencia”.

 

“Es una buenísima noticia, estamos muy satisfechos porque ha sido precisamente una suspensión por un recurso por defensa de derechos fundamentales”, declaró ayer Fátima Brañas, portavoz de AFEM. “La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino que además generaría desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que recibirían los madrileños y por tanto una discriminación”, añadió.

 

Los tres partidos de la oposición en la región (PSOE, IU y UPyD) festejaron ayer la decisión judicial, que asume en parte la paralización del proceso que reclamaron todos en el debate sobre el estado de la región que se celebró ayer en la Asamblea de Madrid. El fallo “prácticamente hace inviable la privatización este año. Había poderosas razones para paralizar este proceso”, manifestó el diputado socialista José Manuel Freire. “El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa para no paralizar este proceso”, añadió Rubén Bejarano (IU). “Esperamos que la Comunidad de Madrid renuncie totalmente a un proceso lleno de irregularidades”, sentenció Enrique Normand (UPyD).

 

Otro juez vuelve a paralizar la privatización de la sanidad madrileña

El titular del juzgado contencioso nº4 de Madrid suspende el proceso a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y con el apoyo de la Fiscalía

 

ARANTZA DE CASTRO, Madrid, en publico.es

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños emprendido por el Gobierno regional, según una resolución a la que ha tenido acceso Público.

 

En el auto, el juez señala que la paralización se prolongará hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento aunque recuerda que cabe recurso de apelación contra su decisión.

 

La decisión del juez responde a una petición de Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y que ha sido apoyada por la Fiscalía.  El magistrado argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.

 

El proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.

 

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), han confirmado a Público la medida adoptada por el tribunal. Según el auto del juez, el proceso de privatización vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños por discriminación ya que, según fuentes de AFEM, "una población iba a ser atendida de una manera y otra población de otra".

 

No es la primera vez que la justicia  suspende cautelarmente el proceso privatizador de la Sanidad Pública madrileña. En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de "especial urgencia" para paralizarlo. Sin embargo,  pese a que se tomaron medidas cautelares, finalmente se levantó la suspensión por el mismo tribunal, tras conocer las alegaciones de la Comunidad madrileña.

 

La causa que dio origen a la denuncia presentada por los socialistas era la reducción de las garantías que las empresas que optaban a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores.

 

Aunque el titular de Sanidad presumió de poder seguir adelante con la "externalización" de hospitales tras el rechazo del TSJM al recurso de los socialistas, el mismo tribunal le recordó que faltaban por resolver las peticiones de Afem y Amyts.

 

Sin embargo, pese a que el Tribunal levantó el 10 de julio las medidas cautelares que paralizaban el proceso de adjudicación de hospitales a las futuras empresas gestoras, los recursos instados por Afem y Amyts seguían en curso.  Por tanto, La Justicia avisó a Lasquetty que si llegase a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias y el TSJM sentenciase después en contra de la privatización, todo el proceso anterior quedaría anulado.

 

Este auto del Tribunal anunciaba que "al no haberse pronunciado aún la Sala" los actos que lleve a cabo la Comunidad en su avance por la "externalización" de seis hospitales de la región "pueden verse afectados en caso de acordarse medidas cautelares".

 

La justicia paraliza de nuevo la privatización sanitaria madrileña

El auto detiene la cesión a contratistas hasta que haya sentencia firme sobre el recurso en contra de la gestión privada

El juez se extraña de que la Comunidad de Madrid admita su "incompetencia" para administrar la Sanidad de manera eficiente al pasar la dirección a empresas

Raúl Rejón, en eldiario.es

Los jueces vuelven a mandar parar momentáneamente la privatización de seis hospitales en Madrid. El juzgado de los Contencioso Nº4 de la capital ha ordenado tomar esa medida cautelar a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM).

 

El auto de 3 de septiembre entiende que todo el proceso privatizador supone un cambio de modelo "irreversible" por lo que, estima, debe pararse hasta que se dicte sentencia sobre las órdenes que sacaron a concurso los seis centros sanitarios y que afectan a un total "de 1.149 camas de un total de 15.459 camas en dicho ámbito territorial), cuatro Centros de Especialidades, 92 municipios (de un total de 179), 2 distritos de la ciudad de Madrid, 1.151.588 personas (el 18,02% de la población con derecho a la asistencia sanitaria) y 5.128 profesionales (sanitarios y no sanitarios), suponiendo, además, “transacciones económicas cuantiosísimas” (con un precio total de la licitación de 4.679.820.419,29 euros), así como la subrogación de los concesionarios en 392 contratos de suministros y servicios vigentes, por un importe total aproximado de casi 44 millones de euros", según recoge el escrito judicial.

 

El texto entiende que los perjuicios a terceros de esta suspensión (los contratistas ya adjudicados que son Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo) son estrictamente "económicos". La paralización cuenta con el informe favorable del fiscal que, afirma, que "el cambio de modelo que se propone es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias como para que las consecuencias que se derivan de todo ello puedan llegar a ser irreparables".

 

El juez duda en su disposición de que la defensa aludida por la defensa de la Comunidad de Madrid sobre la salvaguarda del interés general mediante el ahorro económico sea un argumento contra la suspensión. Y explica: "Al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia. Se cuestiona si el interés general se garantiza más a base de ahorro o del "mantenimiento del sistema actual". La medida se mantendrá "hasta que sea dictada sentencia firme".

 

EL GOBIERNO MADRILEÑO ESTABA ADVERTIDO…

Y REITERADAMENTE ADVERTIDO…

Dos recursos tendrá que presentar Asturias tras la aprobación ayer en el Consejo de Ministros: uno contra el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades, y otro contra la distribución 'a la carta'

El Principado defiende otro reparto del déficit para gastar 1.000 millones más en cuatro años

La distribución que esgrime Asturias, según lo que establece la ley de estabilidad, le permitiría movilizar 317 millones de euros extra este ejercicio y 264 el próximo

31.08.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

La discrepancia del Gobierno asturiano con la forma en que el Ministerio de Hacienda ha procedido al reparto del margen de déficit entre la administración central y las autonomías es total. Lo recurrirá en los tribunales por la vía contencioso-administrativa al entender que el Ejecutivo se ha reservado para sí la mayor parte de la capacidad adicional de gasto concedida por la UE al conjunto de España, otorgando a las comunidades menos de lo que en realidad les corresponde. La distribución que cree lógica el Principado dista mucho de la presentada por Cristóbal Montoro y permitiría a Asturias invertir 1.000 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años.

El reparto de los objetivos de déficit aprobado en el Consejo de Política Fiscal y posteriormente oficializado por el Consejo de Ministros fija los límites a cumplir por las comunidades en los cuatro ejercicios venideros. Para este año marca un 1,3% del PIB -aunque al Principado le toca un 1,06% después de la posterior distribución 'a la carta' entre las propias regiones- que cae al 1% en 2014, al 0,7% en 2015 y al 0,2% en 2016. En estos tres últimos casos la asignación ya será lineal, no asimétrica.

Entiende el Principado que este margen de déficit es mucho menor del que en realidad corresponde a las comunidades autónomas atendiendo a su estructura real de gasto, y piensa que la administración central se ha guardado para sí esos recursos extra. De ahí su decisión de trasladar un requerimiento al Ministerio de Hacienda para que dé marcha atrás en su decisión y apruebe una distribución más equilibrada, paso previo a la presentación de un recurso judicial.

En la motivación de ese requerimiento el Principado explica cuál debería ser, a su entender, el reparto correcto del déficit. Alude a lo que dictamina la ley de estabilidad presupuestaria para señalar que a las comunidades autónomas debería asignárseles este año un objetivo del 2,5% del PIB, que se situaría en el 2,2% en 2014, en el 1,6% en 2015 y en el 1,1% al final de este periodo, en 2016. Cifras, eso sí, que considera un punto de partida y susceptibles por tanto de negociación.

La traslación a cifras absolutas de estos porcentajes constata el diferente margen de maniobra de que dispondrían las comunidades de aplicarse el reparto decidido por el Estado o el expuesto por Asturias. El caso del Principado es un buen ejemplo. Tomando como referencia el PIB de 2012, de 22.071 millones, la aplicación de la primera escala permitiría al Gobierno regional incurrir en déficit por importe de 653,1 millones de euros en los próximos cuatro años. Tomando como guía la propuesta extraída de la ley de estabilidad, podría movilizar 1.633 millones. La diferencia es muy notable, de casi 1.000 millones. En concreto, 979,9.

Estas cifras son, en todo caso, una aproximación, toda vez que se toma como referencia el PIB asturiano de 2012, que irá variando en los próximos años en la medida en que lo haga la economía. Con todo, las previsiones no apuntan a giros muy bruscos de la riqueza regional sino a una recuperación muy, muy suave. Y, además, este cálculo sirve como buen indicador del diferente criterio del Ministerio de Hacienda y del Gobierno asturiano respecto de cómo encarar en los próximos años la reducción del déficit por parte del conjunto de las administraciones públicas españolas.

Un 'no' rotundo

Más allá de eso, el planteamiento del Principado está abocado a caer en saco roto, al menos en lo que tiene que ver con el requerimiento a Hacienda en busca de una rectificación. El movimiento tiene mucho más de gesto político, de paso adelante, que de otra cosa, porque en el seno del Ejecutivo regional se asume que desde Madrid se contestará con un sonoro 'no' si es que no se opta por dar la callada por respuesta. De ahí que se dé por segura la presentación de un recurso contencioso-administrativo.

En realidad habrá dos recursos casi calcados, prácticamente idénticos. El primero, ahora en trámite, tiene que ver con el reparto del margen extra concedido por la Unión Europea a España entre la administración central y las autonomías. El segundo se centrará en el posterior reparto 'a la carta' de los objetivos de déficit ya únicamente entre las comunidades. El Principado todavía no ha movido ficha a este respecto aunque lo hará en poco tiempo puesto que la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue ratificada ayer por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros valida el déficit 'a la carta' y fija a Asturias un límite de deuda del 13,5%

31.08.13 - A. S. | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado ya puede recurrir el reparto 'a la carta' del déficit entre las autonomías. El paso que faltaba, que el Consejo de Ministros validase el acuerdo alcanzado el 31 de julio en el Consejo de Política Fiscal, se produjo ayer, consagrando la asignación a Asturias de un objetivo para este año del 1,06% del PIB y los topes para 2014 (1%), 2015 (0,7%) y 2016 (0,2%).

Todo queda ahora en manos del Principado, que previsiblemente acabará presentando por la vía contencioso-administrativa dos recursos: uno contra el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades, y otro contra esta distribución 'a la carta' ya exclusivamente entre las regiones.

El Consejo de Ministros también ratificó los límites de deuda para el Principado. Será del 13,5% del PIB este año -el segundo más restrictivo tras Madrid- y del 14,6%, el 15,2% y el 15,3% los siguientes.

El Principado será la tercera región que menos podrá endeudarse

El Consejo de Ministros concede a la comunidad un límite del 13,5% para su estabilidad presupuestaria

31.08.2013, Madrid / Oviedo, en La Nueva España.

Asturias será la tercera comunidad con menos margen de endeudamiento para este año, después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer los objetivos finales para la estabilidad presupuestaria. Además del déficit diferenciado que se conoció el pasado 31 de julio, el Gobierno de Mariano Rajoy limita la deuda media al 19,1% del total de lo que deben las autonomías. Sin embargo, el Principado de Asturias debe permanecer por debajo de ese porcentaje y tendrá que cerrar el ejercio con un 13,5%. Solo Canarias (12,9%) y la Comunidad de Madrid (11,8%) tendrán que mantenerse por debajo del Principado.

El mayor endeudamiento lo tendrán la Comunidad Valenciana (31,3%) y Castilla-La Mancha (29,8%), seguidas por Cataluña (27,2%), Baleares (23,2%), Región de Murcia (18,8%), Cantabria (17,2%), Andalucía (16,6%), Galicia y Extremadura (16,2%) respectivamente), Castilla y León (15,4%), Aragón (15,3%) y La Rioja (14,5%). A continuación ya aparecen asturianos, canarios y madrileños.

Distinto es el caso del déficit, para el que el Ejecutivo ha pactado objetivos diferenciados con las diferentes comunidades, asegurando que de este modo se garantizará que «las regiones que no cumplieron el objetivo el año pasado harán esfuerzos considerablemente superiores de consolidación fiscal».

Aunque el objetivo global es limitar el déficit regional al 1,3% del PIB, las metas individuales se moverán en una horquilla entre el 1% permitido a Extremadura y el 1,6% de la Comunidad Valenciana. En este caso, Asturias también está entre las que menos permiso disfrutarán y tendrá que mantenerse en el 1,06%.

El Consejo de Ministros ratifica así los acuerdos alcanzados en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el voto en contra de Asturias, Madrid, Canarias y Cataluña. El gobierno del Principado podrá ya poner en marcha el contencioso administrativo que había anunciado contra la decisión del Consejo de Ministros.

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Y habrá más el gobierno central no deja otras opciones.

El Principado abre el curso con dos frentes judiciales contra Mariano Rajoy

La Consejería de Hacienda tramita un recurso contra el reparto del déficit y la de Fomento acude al Constitucional por la ley de Costas

Foto: Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y Sector Público del Principado.

29.08.2013, Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España.

El Gobierno del Principado inicia el curso político con dos frentes judiciales abiertos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, la consejera de Hacienda ya ha tramitado un requerimiento al Ministerio del ramo contra el reparto del objetivo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Es el escalón previo al inicio en la Audiencia Nacional de un proceso contencioso-administrativo, aunque para dar el paso definitivo el Ejecutivo asturiano ha de aguardar a que transcurra el mes de margen que el departamento de Montoro tiene para responder. Además, el Ejecutivo de Javier Fernández, a través de la Consejería de Fomento, acude al Tribunal Constitucional contra la ley de Costas, por considerar que invade las competencias autonómicas y que «antepone los intereses privados a los públicos». Así lo aseguró ayer la responsable del departamento asturiano de Fomento, Belén Fernández, que acompañó tras el primer Consejo de Gobierno del curso a Dolores Carcedo, titular de Hacienda y ayer en el papel de portavoz, en lugar del habitual Guillermo Martínez.

 

«Es injusto, no es equilibrado y no responde al gasto de las comunidades autónomas. Necesitamos margen presupuestario ahora, para afrontar la crisis, y no dentro de tres años», dijo ayer Dolores Carcedo tras la reunión de los consejeros. El Ejecutivo regional considera que el reparto del déficit entre las regiones y el Estado no cumple con la ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece una distribución equitativa entre ambas administraciones.

 

Con el recurso contra la ley de Costas del PP, el Principado se suma a otras comunidades que o bien ya han iniciado la reclamación judicial o apuran un plazo que expira mañana. Son Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía. Todas ellas, incluida la asturiana, habían participado al inicio del verano en una reunión de la que salió la voluntad de acudir al Tribunal Constitucional.

 

Belén Fernández criticó que la Administración central haya tramitado, desarrollado y aprobado la ley sin «dialogar ni concertar con las comunidades autónomas» afectadas y señaló a la norma, aprobada en el Congreso el pasado mayo, como un texto de «ideológico que demuestra cómo es el PP». Además de la invasión de competencias, el Ejecutivo regional considera que la ley de Costas se apoya «más en razones políticas que técnicas» y, como dijo la consejera, «otorga privilegios y excluye» del texto ciertos «enclaves de dominio público para favorecer intereses privados.

 

A pesar de las críticas a la ley nacional, la responsable de Fomento asegura que su incidencia en Asturias será limitada «porque llevamos muchos dotándonos de normas complejas y eficaces» para proteger el litoral. Belén Fernández aprovechó su comparecencia para anunciar que su departamento trabaja en la redacción de un Plan Especial para proteger el suelo no urbanizable, al que definió como la continuidad y desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). «Servirá para reforzar el blindaje ante una ley de retroceso y degradación de la costa».

 

El Principado recurre al Constitucional la ley de costas y reclama a Hacienda más déficit

Traslada al ministerio un requerimiento para modificar el reparto entre el Estado y las regiones y poder gastar hasta 300 millones más este año

29.08.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

 

El Gobierno asturiano arrancó ayer el curso político intentando marcar la agenda y en su primera reunión tras las vacaciones lanzó dos iniciativas de calado. Por un lado, el anuncio de la próxima presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de costas impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por otro, el traslado de un requerimiento al Ministerio de Hacienda -el pasado viernes- en el que se insta a su titular, Cristóbal Montoro, a dar marcha atrás en el reparto de los objetivos de déficit entre la administración central y las comunidades autónomas. De no ser así, el Principado actuará por la vía contencioso-administrativa.

 

Asturias será, tras Andalucía, País Vasco y Canarias, la cuarta comunidad en acudir al Constitucional para impugnar la ley de costas. El Ejecutivo sustenta su recurso en una «subordinación intolerable de las competencias autonómicas», en las que la ley «se inmiscuye de forma ilegítima», en palabras de la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, encargada de presentar la iniciativa. Se produce, agregó, una «injerencia clara e inaceptable» en la capacidad de decisión del Principado.

 

El Ejecutivo pone pegas a la ley más allá de lo formal y entra también en el contenido. Fernández habló de una normativa que conduce a la «degradación» del ecosistema costero, que pasa a ser tratado como «una mercancía para el aprovechamiento y beneficio de unos pocos». Según su criterio, se reservan «de forma arbitraria» determinados enclaves «para favorecer la actividad privada» buscando «un aprovechamiento lucrativo» y «consolidando privilegios» en contra del interés de la mayoría.

 

Señaló la responsable de la política medioambiental del Principado que el impacto de esta ley será «limitado» en Asturias en la medida en que, aseveró, los sucesivos gobiernos regionales han hecho de la protección de la costa una de sus señas de identidad. Pero, con todo, planteó una doble línea de actuación. Como medida más inmediata, ese recurso judicial buscando la paralización de la normativa. Y, más a medio plazo, un plan especial de suelo no urbanizable de costas para «blindar» el litoral de las prácticas que el gabinete socialista cree lesivas y perniciosas.

 

En lo tocante al reparto de los objetivos de déficit entre el Gobierno central y las autonomías, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, confirmó el traslado de ese requerimiento a Hacienda en el que se insta a rectificar una distribución «injusta y desequilibrada». De no producirse ese cambio habrá recurso contencioso-administrativo, el mismo que se presentará más adelante contra el reparto 'a la carta' del déficit ya entre las propias comunidades. También aquí habrá, pues, frente judicial.

 

Según los cálculos del Principado, la senda de déficit fijada por el Gobierno para Asturias para 2013 (1,06% del PIB), 2014 (1%), 2015 (0,7%) y 2016 (0,2%) no se ajusta a los principios de la ley de estabilidad presupuestaria. Esos porcentajes deberían ser del 2,5%, 2,2%, 1,6% y 1,1%, respectivamente, y permitirían al Principado un gasto adicional para este año de más de 300 millones sobre lo previsto y de unos 250 el próximo.

 

El Principado recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Costas

 

RTPA

 

Asturias ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Costas por considerar que invade las competencias autonómicas, que es arbitraria y antepone los intereses privados a los públicos.Asturias se suma así a Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña, comunidades que van a presentar recursos contra esta ley.

 

El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de estas cinco comunidades autónomas, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y anunciaron su intención de recurrirla. Estas comunidades tienen de plazo hasta el viernes, 30 de agosto, para poder presentar sus recursos contra la ley aprobada en el Congreso el 9 de mayo, que el PP defendió como una "protección" para el litoral, mientras buena parte de la oposición la tildó de "amnistía" y de un paso más para "privatizar" la costa.

 

La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha anunciado que, para hacer frente a esta ley, su departamento se encuentra trabajando ya en un Plan especial de suelo no urbanizable de costas que pretenden tener ultimado antes de que finalice el año.

 

El Gobierno regional recurre el reparto objetivo del déficit hasta 2016

 

RTPA

 

El Gobierno asturiano ha presentado ante el Ministerio de Hacienda un recurso contra el reparto del objetivo del déficit hasta el año 2016. El Ejecutivo ha realizado este primer paso y la consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, ha anunciado que si el Gobierno central no atiende a sus requerimientos, acudirán al Tribunal Constitucional.

 

El  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene de plazo hasta el 27 de septiembre, como máximo, para responder a este recurso de Asturias que, si no se atiende, se trasladará al Constitucional.

 

El gobierno asturiano había encargado el pasado 9 de agosto a sus servicios jurídicos emprender las acciones oportunas contra el reparto del déficit decidido por el Ejecutivo central para el periodo 2013-2016 entre el Estado y las autonomías y según ha señalado Carcedo, hay base para presentar este recurso porque el reparto del déficit acordado por el Ejecutivo central no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

 

"Es injusto, no es equilibrado y no responde al gasto de las comunidades autónomas, que tienen que tener margen presupuestario para afrontar la situación de crisis ahora, no dentro de tres años", ha señalado la consejera.

 

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