Los funcionarios reclaman 4.000 contrataciones en Asturias
La perdida de empleados públicos desde 2012 ha supuesto, según los sindicatos, que se haya perdido calidad en los servicios
Pablo Batalla, 25/11/2016, en La Voz de Asturias
En Asturias hay exactamente 52.579 funcionarios, según datos de que dispone el sindicato UGT y que abarcan la administración local (8591 funcionarios), la autonómica (10.701, incluyendo justicia), la estatal (3727), sanidad (17.344), enseñanza (10.865) y Correos (1351). La plantilla funcionarial ha sufrido, así pues, una merma importante desde 2012, cuando el total de funcionarios era de 56.533: casi cuatro mil puestos de trabajo más, que han ido destruyéndose a lo largo de estos cuatro años como resultado de varios factores. Tal merma redunda a juicio de Emilia Alonso, secretaria de comunicación e imagen de FeSP-UGT, en «que la ciudadanía no reciba la calidad que le corresponde en los servicios a los que tiene derecho». Afirma Alonso que «necesitamos urgentemente más trabajadores». Los sindicatos quieren recuperar los niveles de 2012.
Un mecanismo de recorte especialmente polémico, con el que tanto UGT como Comisiones Obreras exigen terminar, es la tasa de reposición, esto es, la ratio que determina el número de funcionarios de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una administración pública en función de las bajas que, sobre todo por jubilación, se hayan producido durante el año anterior. Actualmente opera una tasa doble que divide la función pública en sectores prioritarios y no prioritarios. Ejemplo paradigmático de los primeros es la sanidad, donde la tasa es del cien por cien: se crean tantos puestos como se pierden. Sector no prioritario es, en cambio, el de los administrativos y auxiliares administrativos, donde la tasa es sólo del cincuenta por ciento y hay sólo una incorporación por cada dos bajas.
«Hay que tener en cuenta que las jubilaciones se pueden producir todas en el mismo ámbito: la tasa de reposición no aplica porcentajes distintos en función de que los distintos ámbitos estén más o menos sobrecargados de personal. Se aplica con carácter general: es una medida puramente economicista y causa un prejuicio enorme no sólo al personal, sino también a la prestación del servicio público», denuncia José Antonio Fernández Morán, portavoz de Comisiones Obreras en la junta de personal de la administración autonómica asturiana.
Los sindicatos también denuncian la falta de convocatorias de nuevas oposiciones. «Después de tres años sin empleo público en la administración autonómica, la oferta aprobada para 2016 es totalmente insuficiente», denuncia Comisiones, que exige, con la disposición transitoria cuarta del TREBEP en la mano, que se aborde «una oferta de empleo público especial, extaordinaria, alejada o separada de los límites que marca la tasa de reposición» que consolide como personal fijo a los empleados temporales, que rondan a día de hoy el cincuenta por ciento de la plantilla total.
Las bolsas no corren
La división de la función pública en sectores prioritarios y no prioritarios no sólo tiene consecuencias para los trabajadores fijos, sino también para los interinos, que ven cómo las bolsas de empleo de los sectores no prioritarios no corren. «Las bolsas de médicos o de auxiliares de enfermería del ERA se mueven tanto que en momentos puntuales, como vacaciones de verano o Navidad, incluso se agotan. Sin embargo hay otras, como las de administrativos o auxiliares administrativos, que se mueven poquísimo o nada, dando lugar a que pueda haber y haya interinos que pasen muchísimo tiempo al principio de la lista y vean que no aparece ningún contrato», expone Fernández Morán.
Otra razón por la que el número de funcionarios se ha ido reduciendo es el incremento de la jornada semanal de los funcionarios a 37 horas y media que aprobó el Gobierno en 2012. Las dos grandes centrales españolas exigen regresar a la jornada de 35 horas que funcionó hasta entonces, lo cual permitiría generar empleo. «Aquella medida se llevó por delante un montón de empleo temporal», recuerda Fernández Morán.
Las dos grandes centrales sindicales españolas impulsan juntas una proposición de ley con la que aspiran, además de a garantizar una subida salarial para los empleados públicos, a adaptar la normativa española a las directivas europeas de tal manera que se acabe con «la discriminatoria concatenación de empleos temporales en la administración pública», en palabras de Emilia Alonso.
La temporalidad es particularmente grave, a juicio de los sindicatos, en el sector de la enseñanza. Según denuncia UGT, actualmente uno de cada cuatro docentes es interino y hay un visible aumento de las medias jornadas, que en la actualidad suponen un tercio del total del trabajo interino. Siempre según datos de UGT, de las 2400 jubilaciones que se han producido en el sector desde 2010 hasta hoy, sólo se han cubierto por oferta de empleo público 774.
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